Denuncian a la Concejalía de Urbanismo y a la Policía Local de Granada por allanamiento, daños y detención ilegal

La Asociación de Vecinas de Sacromonte junto con residentes del Cerro de San Miguel denuncian a miembros de la Concejalía de Urbanismo y al jefe de la Policía Local de Granada por varios delitos de allanamiento de morada, daños y detención ilegal por el operativo policial ejecutado el día 26 de enero de 2023.

A finales del mes de enero, medio centenar de agentes de la Policía Local y Nacional de Granada desarrollaron desde primera hora de la mañana un dispositivo especial contra los enganches ilegales a la red de suministro eléctrico y de abastecimiento de agua en el entorno de San Miguel Alto y el Sacromonte, y de forma más concreta en las casas-cueva de la zona. Algunos de sus habitantes han denunciado, en testimonios a los que ha tenido acceso esta redacción, que a algunos vecinos se les retuvo en el interior de sus viviendas.

La denuncia, presentada el pasado 7 de febrero de 2023 en el Juzgado de Guardia de Granada, recoge el testimonio de ocho residentes de casas-cuevas del cerro de San Miguel Alto, que mantienen que “agentes de la Policía Local, en colaboración con trabajadores de Inagra y policía nacional, accedieron de forma ilegal al interior de patios y jardines de numerosas viviendas, destruyendo todos los objetos personales que se encontraban en los mismos y reteniendo a los moradores durante toda la operación”,todo ello “sin orden judicial y atentando contra los derechos constitucionales a la inviolabilidad del domicilio y a la libertad de movimiento de las residentes”.

Una de las vecinas, que reside en una casa-cueva desde el año 1986, denuncia que los agentes “rompieron el muro que delimita el jardín de su casa intentando acceder al mismo y el alicatado de su cuarto de baño al pisar en el techo de su vivienda.”

Por su parte, otros vecinos relatan que tras el acceso a su jardín de varios agentes sin su consentimiento, trabajadores de INAGRA, que seguían expresas instrucciones de los mismos, “rompieron la valla delimitadora y talaron numerosos árboles”.

Durante toda la operación, los vecinos fueron retenidos en el interior de sus viviendas sin ningún motivo justificativo, mientras recibían insultos por parte de los agentes como “guarros” o “desgraciados”.De entre las pertenencias que fueron sustraídas cabe destacar un sistema de almacenaje que suministraba agua a una familia.

La denuncia se dirige contra el concejal y un técnico de Urbanismo, al entender que el operativo fue “planificado y controlado desde la concejalía”, así como contra el jefe de la policía local y el jefe del operativo que se encargaron de su ejecución, tal y como explica la letrada de los denunciantes, María Gallego Cano.

La asociación denunciante sostiene que “este tipo de actuaciones que atentan contra los derechos más elementales vienen siendo, desde hace ya décadas, el modus operandi del Ayuntamiento contra las familias que viven empadronadas en las cuevas del Cerro de San Miguel. Unas actuaciones que el Ayuntamiento pretende justificar oficialmente como “operaciones de prevención de la delincuencia”, pero de las que finalmente no transciende nunca ningún resultado policial. La realidad es que los habitantes de San Miguel no amenazan la seguridad del barrio, sino los proyectos de especulación urbanística. El enésimo plan del Ayuntamiento para el barrio histórico de cuevas de San Miguel Alto no cuenta con sus vecinas ni con las cuevas. Prevé la destrucción de las cuevas y la expulsión de sus habitantes (mas de 50 familias),sin ofrecer ninguna alternativa habitacional. A falta de argumentos o herramientas legales que respalden sus pretensiones, el Ayuntamiento recurre a actuaciones violentas para conseguirlo: criminalización y estigmatización de sus habitantes, cortes de suministro de agua, acoso, amenazas, manipulaciónde la opinión pública.”

Fuente: Granada Hoy.

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