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La sentencia sobre los 21 encausados por la protesta ‘Rodea el Congreso’ de 2012 se ha hecho pública trece años después de los hechos y tras un proceso judicial que se ha prolongado durante meses. Tal y como habían informado fuentes como El País y Red Jurídica anteriormente, algunos de los acusados han sido absueltos y otros han recibido penas de prisión inferiores a un año, que podrán ser sustituidas por multas económicas, evitando así el ingreso en prisión. La Fiscalía llegó a solicitar penas que, en conjunto, sumaban 112 años de cárcel para el grupo, aunque finalmente la mayoría de las condenas han quedado muy por debajo de esas peticiones iniciales. El caso se remonta a la concentración del 25 de septiembre de 2012 en la plaza de Neptuno (Madrid), donde miles de personas protestaron contra la corrupción y el bipartidismo bajo el lema ‘Rodea el Congreso’. La jornada terminó con 35 detenciones y decenas de heridos, en el marco de fuertes cargas policiales. Durante el juicio, la defensa denunció irregularidades en el proceso, contradicciones en los atestados policiales y la falta de investigación sobre denuncias de abusos y malos tratos policiales, tanto en comisaría como durante las detenciones. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ya condenó al Estado español en 2021 por no investigar adecuadamente las denuncias de violencia policial en esta protesta. De los 21 acusados, seis pactaron con la Fiscalía penas de hasta 11 meses de prisión, sustituibles por multas de hasta 1.320 euros, reconociendo delitos de desórdenes públicos y, en algunos casos, atentado a la autoridad. El resto de acusados, que no aceptaron el acuerdo, también han visto rebajadas notablemente las penas solicitadas, y varias personas han sido absueltas, según informa Izquierda Castellana. Todas las defensas solicitaron la absolución total, alegando falta de pruebas y la existencia de dilaciones indebidas en el proceso. La resolución judicial ha sido valorada como una victoria parcial por los colectivos de apoyo y por los propios acusados, que han destacado el papel de la movilización social y la presión pública durante estos trece años. Las organizaciones y abogados defensores han anunciado que estudiarán en detalle la sentencia para valorar posibles recursos y seguir denunciando la criminalización de la protesta en el Estado español. Fuente: Diario Socialista ...
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Acento Public Affairs, fundada entre 2018 y 2019 por los exministros Pepe Blanco (PSOE) y Alfonso Alonso (PP), se presenta como una consultora “supraespecializada en asuntos públicos y estratégicos”. Sin embargo, su papel como lobby que reúne a ex altos cargos de ambos grandes partidos ha despertado serias sospechas sobre el funcionamiento real del bipartidismo en España. La firma ha incorporado como consejeros a figuras como Valeriano Gómez, Elena Valenciano, José María Lassalle, Elena Pisonero y Esteban González Pons, todos ellos con trayectoria en el PP o el PSOE. Su cartera de clientes incluye grandes empresas, organismos internacionales y, notablemente, la embajada de Marruecos, a la que asesoran en materia agrícola. Esta colaboración ha generado rechazo en sectores agrarios españoles, que ven en ello un conflicto de intereses potencial. Caso Ábalos–Koldo: presiones, silencios y “el tema de Marruecos” Según revelaciones del periodista Unai Cano, el director de Acento, Pepe Blanco, habría ofrecido, junto con el expresidente José Bono, un puesto en consultoría al exministro José Luis Ábalos para garantizar su silencio respecto a gestiones comprometedoras. Esta oferta, según la fuente, habría sido presentada “de parte del presi”. Además, se han filtrado grabaciones de conversaciones entre Koldo García (entonces asesor de Ábalos) y el propio exministro, entre ellas una en la que se afirma: “también está el tema de Marruecos, que eso sale y aquí nadie dice nada”. Este audio, difundido por The Objective, ha levantado sospechas sobre negocios sensibles con Marruecos, como la adjudicación de una desaladora en Casablanca por 340 millones de euros, ejecutada por Acciona, o posibles gestiones en torno al Mundial 2030 o el túnel bajo el Estrecho. Según los informes de la UCO, Koldo y Pepe Blanco mantuvieron al menos ocho reuniones entre 2018 y 2021, muchas de ellas relacionadas con intermediación en contratos públicos. Presión ‘migratoria’ y repatriaciones (18 de noviembre de 2020) En una conversación entre Koldo García y el director general de la Policía, Francisco Pardo, grabada un día antes del viaje de Ábalos a Canarias y paralelo al desplazamiento del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska a Marruecos, se expone el siguiente intercambio: Pardo (Policía): “…la frontera… ahí son marroquíes, nos los están mandando desde Marruecos. Y aquí, como están las fronteras cerradas con Marruecos por parte de Europa, no permiten la repatriación.” Añade que Marruecos está dejando salir inmigrantes desde el Sáhara Occidental, complicando las repatriaciones. Koldo: “Buscaremos también aviones para mandarlos a la península y buscar centros en la península también.” Pardo: “Vienen todos bien vestidos, con los móviles (…) no pueden ver es que, entrando por Canarias, llegan a la península.” En este diálogo se revela una estrategia logísticamente planificada (aviones con fines migratorios) y un reconocimiento oficial de que ...
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El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, ha pedido «responsabilidad» a Compromís y Mès, que estos días se están planteando abandonar el grupo parlamentario de Sumar, y les ha aconsejado aparcar sus diferencias para no ayudar a «debilitar» al Gobierno de Pedro Sánchez, que a su juicio es el único de izquierdas de la Unión Europea (UE), que además trabaja por la paz en el actual contexto de conflicto de Oriente Medio. Al hermano mayor (PSOE) hay que apoyarlo y morir junto a él como buenos socialdemócratas. Dijo sin rubor: «No es posible que ninguna persona de izquierdas progresista en estos momentos contribuya a esa clarísima actividad de desestabilización al único gobierno de coalición de izquierdas que hay en Europa, un gobierno que está en estos momentos intentando salvaguardar la paz mundial», y se quedó orondo. El resto, pensando qué entiende su señoría por «izquierda». Fuente: Insurgente ...
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Gente solidaria concentrada en la puerta de una vivienda que la policía iba a desahuciar en Granada. En el Estado español, más de una familia es desahuciada cada hora por impago del alquiler, una cifra que ilustra la gravedad de la crisis habitacional que atraviesa: solo en el primer trimestre de 2025, los juzgados ordenaron 7.334 lanzamientos, de los cuales el 77% (5.644 casos) se debieron directamente al impago de la renta, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esta situación se produce en un contexto marcado por el auge del alquiler turístico y de temporada, que está reduciendo drásticamente la oferta de vivienda disponible para residentes y disparando los precios en las zonas más tensionadas, como Andalucía, Balears, Canarias, la costa mediterránea y grandes ciudades. Según el Banco de España, hasta la mitad de las viviendas potencialmente habitables en estas áreas se destinan a fines turísticos o están en manos de no residentes, lo que limita severamente la disponibilidad para los hogares locales y dificulta el acceso a la vivienda habitual. En municipios como Marbella o la periferia de Elche, la proporción de vivienda turística ya supera el 60% del parque de alquiler, y en la periferia de Málaga, más del 50%. Este fenómeno, acelerado por plataformas digitales y la demanda internacional, ha contribuido a una subida acumulada de cerca del 30% en los precios del alquiler desde 2022, según datos del Banco de España y la Comisión Europea. El déficit de viviendas disponibles para uso residencial se sitúa entre 450.000 y 600.000 unidades, mientras que la vivienda pública apenas representa el 1,5% del parque estatal de vivienda, frente al 9% de media en la Unión Europea. El impacto social de este proceso se refleja en el aumento de los desahucios por impago de alquiler. Entre enero y marzo de 2025, se registraron 7.334 lanzamientos en todo el Estado, de los cuales el 77% (5.644 casos) fueron consecuencia directa de procedimientos por impago de la renta, según el Consejo General del Poder Judicial. Aunque no existen cifras oficiales que muestren el auge del alquiler turístico con el número exacto de personas que pierden su vivienda por este motivo, tanto el Banco de España como la Comisión Europea reconocen que la expansión del alquiler vacacional y de temporada está expulsando a miles de residentes de sus hogares y agravando la crisis habitacional en las zonas más tensionadas. Fuente: Diario Socialista ...
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