Otras luchas

Otras luchas

El medio La Zurda entrevista al abogado y periodista Gabriel Villalba sobre el panorama político-social que existe en Bolivia a las puertas de las elecciones generales que se celebrarán mañana ...
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Ecologistas en Acción ha realizado un estudio de las analíticas de las aguas subterráneas del Parque Natural Sierra de Grazalema, realizadas por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (CAGPyDS), concluyendo que existe contaminación por glifosato en aguas que sirven para abastecer de agua potable a los municipios de la zona. El pasado mes de agosto Ecologistas en Acción de Cádiz realizó un estudio sobre la situación de contaminación por glifosato de las aguas superficiales (arroyos, ríos y embalses) del Parque Natural Sierra de Grazalema en base a las analíticas de los años 2017 y 2018 realizadas por la anterior Consejería de Medio Ambiente (hoy Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible-CAGPyDS), proporcionadas a Ecologistas en Acción por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITRED). Y la conclusión de este estudio era clara, la contaminación por glifosato en las aguas de este parque era generalizada. Recientemente, han tenido acceso a los análisis de glifosato de las aguas superficiales del parque desde 2008 hasta la actualidad. Estos resultados corroboran la conclusión de contaminación de las aguas superficiales. Aparte de los hitos que se destacaron en la nota de prensa correspondiente a los análisis de 2017 y 2018, ahora hemos de resaltar la situación muy preocupante de contaminación, especialmente continuada en el tiempo, del río Ubrique y del río Guadiaro. Así mismo, han tenido acceso a los resultados de los análisis de glifosato que se han hecho de las aguas subterráneas del parque, en este caso desde mayo de 2012 hasta la actualidad. Y, lamentablemente, hemos de concluir que las aguas subterráneas del Parque Natural Sierra de Grazalema también presentan contaminación por esta sustancia. El máximo de contaminación por glifosato de las aguas subterráneas del parque natural se ha detectado en la Fuente de los Nueve Caños en Ubrique, siendo este de 1,07 μg/l. Este valor es más de diez veces el valor que las directivas europeas de agua subterránea y de agua de boca consideran como el máximo permisible para cualquier plaguicida que no tenga un límite específico, que es 0,1 μg/l. Además, recientemente, en junio de este año, se ha detectado un nivel de 0,106 μg/l. En el sondeo de Pasada Ancha en Grazalema, 5 de las 11 mediciones que se han hecho dan valores positivos por glifosato, 4 de ellas por encima de 0,1 μg/l, con un valor máximo de 0,38 μg/l. Un tercio de las que se hacen en el manantial de Jimera de Líbar también dan positivo. Pero estos no son los únicos puntos donde se detecta glifosato, en más de la mitad de los manantiales o sondeos en los que se realizan análisis de glifosato en el parque natural se ha ...
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Estos incumplimientos ampliarán las sanciones que la Unión Europea impone al Estado español por deficiente depuración de sus efluentes urbanos. La transposición de la Directiva 91/271/CEE al Derecho español (Real Decreto-ley 11/1995) estableció que la competencia en materia de saneamiento y depuración es de las entidades locales, y subsidiariamente, de las Comunidades Autónomas, con la excepción de que exista una declaración formal de interés general del Estado o se haya suscrito un convenio específico con las Comunidades Autónomas para la ejecución de las actuaciones por parte del Estado. Las responsabilidades para hacer frente a las multas coercitivas están, por tanto, repartidas. En cuanto a la construcción, habría que distinguir entre las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDARs) de interés general (Estado), de las demás, que son de competencia autonómica. Y en todos los casos, los ayuntamientos son los responsables del "abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales" (art. 25 c de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local). Ha faltado criterio en estos treinta últimos años para establecer cuál de los tres niveles de las Administraciones territoriales tiene la responsabilidad de las depuradoras y cómo se garantiza que esta obligación se cumple. Las culpas en el retraso de construcción y mal estado de las depuradoras están compartidas entre el gobierno central, que tiene que establecer un programa de financiación, la Junta de Andalucía, que debe realizar el proyecto y ejercer la potestad sancionadora, y el municipio, encargado de la agrupación de vertidos, de la red separativa de aguas pluviales y fecales, y de facilitar los terrenos para la EDAR. La Junta de Andalucía argumentó sin éxito que la competencia en materia de aguas residuales recae en los Entes Locales. El gobierno central recuerda a la Comunidad Autónoma que las Administraciones Locales son competentes en saneamiento y depuración, pero para realizar un correcto tratamiento de las aguas residuales se necesita construir una depuradora o adaptar la existente, y ahí sí es responsable la Junta porque su ejecución se ha declarado de interés autonómico mediante Acuerdo de octubre de 2010. Es decir, es la causante del incumplimiento y, por lo tanto, debe asumir el pago de la multa. Ecologistas en Acción reclama que este dinero lo paguen los funcionarios y autoridades responsables del daño causado. Así lo establece el artículo 36.2 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público: La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento. Ecologistas en Acción viene advirtiendo desde hace varios años del problema existente ...
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Cuatro conocidas multinacionales se encuentran entre el grupo de empresas que han presentado ofertas para conseguir el contrato de gestión integral del Parque Metropolitano Marismas de Los Toruños y Pinar de la Algaida, en los términos municipales de El Puerto de Santa María y de Puerto Real, según ha denunciado Ecologistas en Acción. Se trata de las empresas: · UTE. FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U / FCC EQUAL CEE ANDALUCIA, S.L. (Carlos Slim) · TALHER, S.A. (Florentino Pérez) · ACCIONA MEDIO AMBIENTE, S.A.U. (Familia Entrecanales) · EULEN, S.A. (Familia Álvarez) Del total de 11 empresas que se han presentado a este concurso, sólo hay una que sea gaditana: EXPLOTACIÓN Y CONSERVACIÓN FORESTAL, S.L. Casi todas las participantes vienen del mundo de la construcción, la obra civil, la limpieza, la seguridad y la externalización (o sea privatización) de todo tipo de servicios de las administraciones públicas. Los temores de las consecuencias que pueda tener la privatización de este parque público de la Bahía de Cádiz aumentan ante la posibilidad -bastante alta en vista de los datos expuestos- de que termine siendo gestionado por empresas multinacionales que nada tienen que ver con la conservación de la naturaleza, ni con la gestión de parques naturales. Era lo esperado. Aparecen al olor del dinero público, en este caso de 2,4 millones de euros. Ecologistas en Acción ha denunciado públicamente la falta de respuesta de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio a la demanda ciudadana para que se paralice este procedimiento de privatización, oposición que viene siendo también defendida por ayuntamientos de la zona y por la Diputación provincial. Además el colectivo ecologista ha exigido a la Junta de Andalucía que suspenda el concurso y que se garantice la gestión del parque por empresas públicas, como se ha hecho hasta ahora con notable éxito.  ...
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Ecologistas en Acción inicia la campaña SOS Costa de Cádiz con un vídeo sobre el pinar de Barbate y el proyecto para urbanizar la zona colindante con el puerto de la ciudad. "La historia de este pinar es fiel reflejo de la desidia de la Administración en la defensa del patrimonio público forestal y de su complicidad en la privatización y urbanización de terrenos forestales", reseña la asociación. El pinar formaba parte del Monte Público Dunas de Barbate, perteneciente al Patrimonio Forestal del Estado. En 1952, durante la construcción del puerto de Barbate, el Patrimonio Forestal del Estado vende al Ayuntamiento de Barbate este pinar con un destino muy determinado, “el establecimiento de industrias e instalaciones del puerto en construcción para el servicio de dicho pueblo de Barbate… por ser absolutamente precisa a los fines de la construcción de los edificios complementarios del mencionado puerto”. Ecologistas recuerda que la zona fue vendida a particulares por el Ayuntamiento, y nunca se construyó ninguna instalación complementaria al puerto. "Cuando en 1989 se declara el entonces denominado Parque Natural del Acantilado y Pinar de Barbate se excluyó esta zona del pinar sin más justificación que los intereses urbanísticos de sus propietarios y las presiones municipales", apuntan. Más tarde, en 1995, se reclasificó como suelo urbanizable con la denominación de SUOT 01 SUB B4 La Breña. "Esta reclasificación de un terreno forestal contó con todos los parabienes del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía, a pesar de ser colindante con el pinar Dunas de Barbate, del que había formado parte", señalan los ecologistas. El Ayuntamiento de Barbate no ha respondido a las reiteradas solicitudes de Ecologistas en Acción para acceder al expediente de enajenación de estos terrenos municipales, se queja la asociación, quien añade que "parece que el tiempo y los cambios políticos no han modificado la actitud de los responsables políticos. De la dictadura a la democracia; del PSOE al PP en la Junta; y los sucesivos alcaldes de Barbate (PSOE-PP-PA), todos han apostado por privatizar y urbanizar este pinar". Este sector de suelo urbanizable tiene una superficie total de 244.934 metros cuadrados, de las que el 60% aproximadamente corresponde al pinar. El PGOU contempla la construcción de 430 viviendas. "El tiempo ha demostrado que su urbanización no es ni necesaria ni demandada, ya que durante 25 años estos suelos han podido urbanizarse y no lo han hecho. Es una zona de alto valor ecológico, formado por un espeso pinar que forma parte de la misma unidad ambiental que el pinar Dunas de Barbate, declarado parque natural. El Ayuntamiento, con el apoyo de la Junta de Andalucía, está reprogramando el PGOU para darle otros 16 años para ejecutarlo", apunta Ecologistas. "Los promotores ...
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El proyecto de Fertiberia para la regeneración de los apilamientos de fosfoyesos en Huelva ha recibido la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El proyecto implica que los residuos tóxicos y radioactivos no sean retirados de Huelva sino que se entierren con una capa de varios centímetros y se planten árboles encima. Una medida mucho más barata para la multinacional. Pese a esto, la empresa ha defendido que se trata de un “paso decisivo” para cumplir con uno de sus principales “objetivos estratégicos”, que es “la materialización de la iniciativa para restaurar esta área de la marisma onubense”. Aunque para eso es necesario que deposite el aval de 65, 9 millones exigidos por la Audiencia Nacional y que aún no ha satisfecho, pese a que ha vencido el plazo. En este sentido, la compañía afirma que ha dado “pasos decisivos” para intentar cubrir la totalidad de las garantías financieras del proyecto mediante aval bancario o seguro de caución y que ya ha logrado constituir avales por valor de 36,1 millones de euros (el 55%) con su ‘pool’ de bancos financiadores (entre los que se encuentran Santander, Sabadell, Caixabank, Bankia y Bankinter), con lo cual ya están cubiertos los primeros cinco años de vida del proyecto. Fuente: www.andaluciainformacion.es ...
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La sección sindical del SAT en AMAYA-INFOCA han mostrado su rechazo ante el despido de los trabajadores temporales. Piden que se amplíe la campaña y se les de una estabilidad ampliando el dispositivo INFOCA al 100% todo el año y anuncian movilizaciones si la situación de precariedad continúa en este colectivo de trabajadores. A continuación reproducimos la nota de prensa publicada: Un año más, se acerca la finalización del periodo de alto riesgo de incendios forestales prevista para el 15 de octubre y cientos de BOMBEROS FORESTALES (fijos discontinuos, relevistas y eventuales) de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, dependiente de la Consejería de Agricultura, Pesca y desarrollo sostenible se quedan en la calle…La sección sindical SAT en AMAYA-INFOCA manifiesta su total desacuerdo con el despido de estos trabajadores temporales… Llevamos años solicitando a la AMAYA que la campaña se amplíe, ya que las condiciones meteorológicas, debido al cambio climático que padecemos, facilita que en esta época se sigan registrando un gran número de incendios y el periodo de alto riesgo de incendios forestales y emergencias medio ambientales debe ampliarse del 1 de mayo al 31 de octubre como norma general. La desestacionalización de emergencias por incendios, búsqueda de personas desaparecidas, emergencias ambientales y/o de protección civil, como labores de apoyo a municipios en épocas de lluvias torrenciales y este año con el dispositivo realizando tareas logísticas, de desinfección y limpieza en muchos pueblos de Andalucía por el Covid19 hace injustificable el desmantelamiento de este dispositivo de emergencias considerado como esencial. Recalcar que el despido de est@s trabajador@s temporales, hará que el Dispositivo INFOCA se quede mermado en un número muy considerable de efectivos, con gran parte de los medios inoperativos, lo que conlleva un empeoramiento de las condiciones laborales del personal fijo de la empresa y una dejadez en las tareas de prevención, que minimizan perdidas económicas, protegen los intereses sociales y cuida de la riqueza ambiental de nuestra tierra. Además, tenemos conocimiento de la ampliación de los contratos en otros dispositivos de extinción. ¿Hasta cuándo la Junta de Andalucía va a mantener precarizados a sus trabajadores?... EXIGIMOS que se dé ESTABILIDAD a est@s compañer@s y se les amplíe el contrato: -Fijos Discontinuos contratados a 9 meses como mínimo y se les pase a INDEFINIDOS. -Relevistas al 75 %. -Eventuales que cubran una baja hasta que se incorpore el/la trabajad@r suplid@ y eventuales que cubren vacante, que estén contratados hasta que salga a Oferta de Empleo Público, ya que estamos hablando de compañeros que han pasado por una OPE, llevan varias campañas en el dispositivo INFOCA (algunos hasta 15 años), y con la inseguridad laboral a la que nos tiene acostumbrada esta Agencia Pública. Es hora de que ...
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Por Narciso R. Crespo. Coordinador de la Asociación Oppidum Eleberis. Protección y difusión del Legado Histórico Granada. También colaborador de otragranada.org Desgraciadamente no es broma, igual que desde las puertas de entrada a la Alhambra puedes ver un aparcamiento de coches, nos lo mostró hace años el autor de este artículo, ahora a sus pies, puedes ver que por arte de birlibirloque, el “Proyecto Paseo de Romayla” (nombre de la acequia histórica del Darro) pierde su sentido original de paseo integrador que recrea un bello paisaje cultural, histórico y ambiental y, con talas de árboles, en su mayoría almeces, y con mucho hormigón, pasa a ser un parque urbanizado. Y todo ello viendo en lo alto la Alhambra y al lado los bosques de la Alhambra. Y, dice Narciso R. Crespo, no es broma. Por ello, la asociación que coordina Oppidum Eleberris pide a los organismos competentes la paralización y archivo del proyecto del proyecto y la intervención de Icomos, organismo asesor de la UNESCO. Mientras tanto, siguen informando a la sociedad granadina y pidiendo firmas contra el proyecto actual. Puente de las Chirimias Empecemos a desgranar el proyecto, ver cómo un proyecto integrador con un paseo que transcurría por un paisaje histórico, ambiental, cultural e incluso agrario, pasa a convertirse en un parque urbanizado a los pies de la Alhambra y sus bosques. Puente del Aljibillo ¿Qué es el “Proyecto Paseo de Romayla” Aclaramos primero; la acequia de Romayla, es un ramal de la acequia de los Axares o de San Juan de los Reyes, que circula por su margen derecho y que toma sus aguas del río Darro en la presa de la Ciudad. A la altura del carmen de la Peregrina, nace el ramal de Romayla, que cruza el río buscando su margen izquierda a través del puente-acueducto del Partidos. La acequia de Romayla es conocida también como de Santa Ana. Acequia en el acueducto de San Pedro Un paseo desde el puente del Aljibillo hasta el puente de las Chirimias En 2016, el director del Patronato y la Consejera de Cultura, de la mano del Ayuntamiento de Granada, anunciaron un proyecto para la regeneración de la margen izquierda del Darro Monumental como paseo, que iría desde el puente del Aljibillo hasta las ruinas del puente del Cadí o de los Tableros, anunciando mediante conferencias y exposiciones una primera fase que iría desde el peunte del aljibillo hasta el de las Chirimías, afirmando que se trataría en todo caso, de una "intervención blanda", cuyo objetivo final sería devolver su esencia y rescatar su sentido original de antiguos cármenes, molinos, huertas y jardines, ya desaparecidos, como bosque y jardines, para el uso y disfrute de los ciudadanos, como ...
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El Parlamento Europeo ha admitido a trámite la petición de Ecologistas en Acción de Cádiz y la Asociación Río Limpio de Trebujena, para que se requiera a la Junta de Andalucía (PP-C's-Vox) y al Ayuntamiento de Trebujena(IU), que procedan a anular la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Trebujena, a desclasificar los terrenos afectados por esta macrourbanización, y a que todo el planeamiento urbanístico de este municipio se someta a una Evaluación Ambiental Estratégica. La Secretaría General del Parlamento Europeo nos ha comunicado que se ha admitido a trámite la Queja que presentamos ambas entidades contra el proyecto de construcción de una macrourbanización en las marismas de Trebujena. La Queja admitida se denomina "Ausencia de Evaluación Ambiental Estratégica en el Plan General de Ordenación Urbanística de Trebujena (Cádiz) y afecciones a Red Natura 2000", con número de la petición 0561/2020. La Directiva 2001/42/CE, y su transposición al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 9/2006, obliga a someter a una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) a todos los planes urbanísticos, lo que no se hizo con el PGOU de Trebujena, que se aprobó con carácter definitivo el 13 de noviembre de 2007, incluyendo como suelo urbanizable una gigantesca urbanización de 2.324.292 m2 en las marismas, denominada Sector "SUS16" con Uso Global Turístico. Esta macrourbanización es colindante con dos Zonas de Especial Conservación (ZEC) dentro de la Red Natura 2000: Estuario del Guadalquivir (Bajo Guadalquivir ES6150019) y Doñana (ES0000024). Además, Doñana es Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), Parque Nacional, Parque Natural en su entorno, Reserva de La Biosfera y Patrimonio de la Humanidad. A todo este espacio perimetral a dos ZEC le es de aplicación el artículo 6.3 de la Directiva Hábitats, 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, que obliga a evaluar el impacto sobre los mismos, lo que tampoco se ha hecho. Con fecha 8 de mayo de 2019 el Ayuntamiento de Trebujena aprobó una modificación del PGOU con claro incumplimiento de las mencionadas Directivas, suponiendo un grave riesgo de afección al ZEC-ZEPA Doñana y al ZEC Bajo Guadalquivir. Esta modificación del Sector "SUS16" implicará: La construcción de 300 viviendas.Incrementar la edificabilidad global hasta un mínimo de entre 0,09 M2t/M2s y 0,10 M2t/M2s, a fin de "hacer viables" las inversiones necesarias para las infraestructuras, la urbanización interior y la construcción del campo de golf.Diversificar los usos, permitiendo usos comerciales y de equipamientos privados. Actualmente, la Junta de Andalucía está tramitando una EAE sólo para esta modificación del PGOU, pero negándose a evaluar la viabilidad ambiental, territorial y social de todo el complejo urbanístico, a lo que está obligada por las mencionadas normas legales. Tanto el Ayuntamiento de Trebujena como ...
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Programa de Resumen Latinoamericano que aborda la situación que están sufriendo en la toma de tierras de Guernica(Argentina). Testimonios de las mujeres e infancias en esas condiciones tan duras, piden que no les desalojen. También entrevistamos a Mohamed Ali Muley Ahmed, representante de la RASD ( República Arabe Saharaui Democrática) para Nuestramérica ...
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La anguila es la especie de pez que ha sufrido una regresión más severa en las últimas décadas en Andalucía. El propio proyecto de Decreto reconoce que "El reclutamiento de nuevos ejemplares de anguila europea (Anguilla anguilla) ha sufrido un extraordinario y rápido declive en toda su área de distribución europea desde 1980, alcanzando en el año 2000 un mínimo histórico con valores de entre 1% y 5% de los existentes en el periodo 1960-1970. Desde entonces, la situación no ha hecho más que empeorar. La situación es tan delicada que en 2008 la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) la clasificó "en peligro crítico". La Junta de Andalucía aprobó en 2010 un Decreto para prohibir la pesca de las anguilas y de sus inmaduros, las famosas angulas. Transcurridos diez años, se propone prorrogar esta moratoria de pesca, que ha resultado totalmente insuficiente, sin adoptar medida alguna para eliminar las causas reales de su regresión. La Comisión Internacional para la Exploración del Mar (ICES) aconseja que debe aplicarse el criterio de precaución a la anguila europea, eliminando todos los impactos antropogénicos que disminuyen la producción y migración hacia el mar de las anguilas adultas. Hay que tener en cuenta que la anguila es una especie migratoria, que desova en el mar de los Sargazos, cerca del Golfo de México, y las larvas migran hacia las costas europeas, remontando los ríos donde maduran, volviendo de adultas otra vez al mar a reproducirse. La causa fundamental del declive de las poblaciones de anguilas es precisamente la proliferación de barreras que les impide remontar los ríos. La segunda era la excesiva presión pesquera sobre las angulas, que es sobre lo que se ha actuado. Por ello, Ecologistas en Acción ha presentado diversas propuestas que consideramos imprescindibles para recuperar las poblaciones de las anguilas en Andalucía: Modificar el estatus de la anguila, que actualmente sigue considerándose una especie pescable, incluyéndola en el Catálogo Andaluz de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, con la categoría de «En Peligro de Extinción». Esta catalogación obliga a aprobar y ejecutar un Plan de Recuperación.Eliminación o permeabilización de las barreras físicas que impiden o dificultan las migraciones de las anguilas a través de los ríos. Hay barreras, como algunas presas y azudes existentes en el curso bajo de los ríos, que carecen de utilidad, y deben demolerse, como se ha hecho con el azud de La Cartuja, en el curso bajo del Guadalete. En caso de ser inviable la demolición, procede permeabilizar los embalses, tanto para el viaje de ida como el de vuelta de las anguilas, priorizando las de los cursos bajo y medio.Eliminar la posibilidad de comercializar "capturas accidentales", subterfugio que puede encubrir ...
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"Hacer pueblo" es un espacio de los Centros Andaluces del Pueblo. Este es el programa número 9, coordinado por el Centro Andaluz del Pueblo "Blas Infante" de Granada. SUMARIO: - Vuelta no-segura a las aulas. Trabajadoras, madres y padres y alumnado cuentan como la están viviendo. - Aniversario de asesinato del hueteño Cipriano Martos Jiménez. - Entrevistamos sobre el incendio de Almonaster (Sierra de Aracena) a Benito Valladares, secretario de acción sindical del Sindicato Unitario en Huelva. - Agendas de los Centros Andaluces del Pueblo. - Fragmento de la charla de Juan Batlle "¿Cómo hacer posibles unas pensiones dignas en Andalucía?". Disponible en Ivoox, Spotify y Youtube. Música: Guadalquivir "Baila gitana" / Mala Rodríguez "¿Quién manda?" / Carlos Cano "El baile del abejorro" / María José Llergo "Pena, Penita, Pena (Homenaje a Lola Flores)" / Queralt Lahoz "María la Molinera" ...
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Los sindicatos del Régimen (UGT y CCOO) y la patronal onubense aúnan sus voces para que se aceleren las inversiones en el nuevo proyecto que militarizará la costa de Huelva, el Center of Excellence of Unmaned System (CEUS). El Proyecto CEUS es una actuación promovida conjuntamente por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), adscrito al Ministerio de Defensa, y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), adscrita a la Consejería de Economía que tiene por objeto la implantación de un Centro de Ensayos para desarrollo e investigación con sistemas no tripulados con un objetivo eminetemente militar. Los secretarios generales de UGT y CCOO en Huelva, Sebastián Donaire, y Emilio Fernández, respectivamente, ha criticado este jueves la postura del Gobierno central y la Junta de Andalucía respecto al proyecto CEUS y han reprochado a la clase política que la demarcación provincial de Huelva "siga en el olvido". En declaraciones a Europa Press, Donaire ha calificado de "decepcionante" lo acontecido después la Junta haya supeditado la financiación del proyecto a un programa de fondos extraordinarios europeos. "Necesitamos unas administraciones que apuesten por poner a Huelva en el triángulo aeroespacial de Huelva, Sevilla y Cádiz". Tras apelar a la responsabilidad de los políticos, ha reivindicado que Huelva sea "destino preferente" de las nuevas inversiones del país. En esta misma línea se ha pronunciado el secretario general de CCOO en Huelva, Emilio Fernández, que ha reprochado a la clase política que "no se atreva a decir la verdad y mantengan esta patética comedia de enredo en la que se ha convertido el desarrollo del CEUS". La Federación Onubense de Empresarios (FOE) también se ha sumado al grupo de plañideras por las inversiones en la industria de la guerra imperialista. La FOE ha lamentado este jueves la postura del Gobierno central y la Junta de Andalucía respecto al proyecto CEUS y ha considerado que "la ausencia de financiación debe hacer encender las todas alarmas porque todo apunta a que no será la única infraestructura negada a la provincia de Huelva". Fuente: www.andaluciainformacion.es ...
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Campesinos del Bajo Patía en el departamento de Nariño (oeste del país), desalojaron a más de 200 soldados profesionales del Ejército Nacional de Colombia, ante la militarización que profundiza las muertes de la misma población. El hecho, ocurrió exactamente en la vereda Peñas Blancas y corregimiento Santa Cruz, zona rural de Policarpa al norte de Nariño, así lo informa el periodista Wisfa. COLOMBIA | Campesinos del Bajo Patia, desalojan a más de 200 soldados del Ejército colombiano.Aquí la ampliación de la noticia. 👇👇https://t.co/XjwM67qUuy pic.twitter.com/CEHdClbs6G— AlCarajo.org (@AlCarajoOrg) September 14, 2020 Nariño ha sido unos de los departamentos más militarizados por el gobierno de Iván Duque, pero es el que registra más masacres en el país. Fuente: www.alcarajo.org ...
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Ecologistas en Acción pone en marcha la campaña que, bajo ese lema, pretende concienciar a la ciudadanía de la importancia de conservar el privilegiado litoral de la demarcación provincial de Cádiz e impedir la construcción de los macro proyectos urbanísticos que lo amenazan. Tras la crisis provocada por el estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008, con demoledores consecuencias económicas y sociales, esperábamos que se hubieran extraído las lecciones adecuadas, pero, lamentablemente, parece que no. No han aprendido nada. Un nuevo tsunami de especulación urbanística amenaza el litoral de Cádiz. Cuando todavía no habíamos salido de la anterior crisis, han comenzado a desempolvar macro proyectos urbanísticos a lo largo de todo el litoral gaditano, que pueden destruir sus grandes valores ambientales y paisajísticos, y sin tener en cuenta la nueva situación generada por la Emergencia Climática. Desde Trebujena a Tarifa, pasando por El Puerto de Santa María, Chiclana, Vejer y Barbate, se resucitan estos viejos proyectos urbanísticos, o se proponen otros nuevos, en nuestro valioso litoral. Quieren convertir playas vírgenes, espectaculares acantilados, valiosas marismas y bellos pinares en urbanizaciones clónicas con miles de apartamentos y adosados, en complejos turísticos con hoteles y centros comerciales, y en campos de golf. La voracidad de los promotores urbanísticos que nos llevaron a la ruina, y la complicidad de los responsables políticos de la Junta de Andalucía y de los ayuntamientos, parece no tener límites. Ahora dicen promover un nuevo modelo "sostenible", pero en la práctica están aprobando normas legales en sentido totalmente opuesto, desregulando el urbanismo y el medio ambiente para facilitar y agilizar los proyectos especulativos. La oposición social y las acciones legales de entidades como Ecologistas en Acción han conseguido tumbar varios de estos planes y proyectos urbanísticos: Valdevaqueros (Tarifa), PGOU de Chiclana o Guadalquitón (San Roque), preservando zonas de alto valor ecológico y emocional. La acción ciudadana ha demostrado ser más responsable y eficaz en la defensa y protección de nuestro territorio y de los enormes valores ambientales, paisajísticos y de biodiversidad del litoral gaditano que las administraciones públicas que deberían garantizarlo. Los que tanto se declaran patriotas, pretenden destruir nuestro litoral para beneficio de unos pocos. Se defiende Andalucía defendiendo nuestra tierra, nuestras playas, nuestros acantilados, nuestras marismas, nuestros bosques, nuestros ríos y nuestros mares. El colectivo ecologista apuesta por seguir movilizándose para paralizar y anular, definitivamente, proyectos urbanísticos como los que se pretenden desarrollar en las marismas de Trebujena, junto a Doñana; en el Rancho Linares (El Puerto); en los pinares de Sancti Petri (Chiclana); en El Palmar (Vejer); en Trafalgar y pinares de La Breña (Barbate) y en la playa de Los Lances (Tarifa). La campaña incluye la recogida de firmas solicitando la paralización de esos proyectos urbanísticos y la protección definitiva de ...
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Varios megaincendios incineran más de un millón de hectáreas. Millones de residentes están asfixiados por el aire tóxico. Apagones continuos y olas de calor con temperaturas altísimas. El cambio climático, en palabras de un científico, le está dando una bofetada a California. La crisis que enfrenta el estado más poblado de Estados Unidos es algo más que una mera acumulación de catástrofes individuales. También es un ejemplo de algo que les ha preocupado a los expertos del clima desde hace mucho, pero que pocos esperaban ver tan pronto: un efecto en cascada en el que una serie de desastres coinciden y se detonan o amplifican entre sí. “Se están cayendo las piezas de dominó como los estadounidenses nunca se habían imaginado”, dijo Roy Wright, quien dirigió programas de resiliencia en la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por su sigla en inglés) hasta 2018 y creció en Vacaville, California, cerca de uno de los incendios más grandes de este año. “Es apocalíptico”. Lo mismo se podría decir de toda la costa oeste del país esta semana, hasta Washington y Oregón, donde los pueblos se vieron diezmados por el fuego mientras los bomberos combatían al límite de sus capacidades. Las crisis simultáneas de California son un ejemplo de cómo funciona la reacción en cadena. Un verano sofocante derivó en condiciones de sequía que jamás se habían experimentado. La aridez ayudó a que los incendios forestales de la temporada fueran los más grandes que se hayan registrado. Seis de los 20 incendios forestales más grandes en la historia moderna de California han sucedido este año. Si el cambio climático era un concepto abstracto hace una década, en la actualidad es demasiado real para los californianos. Los intensos incendios forestales no solo están desplazando a miles de personas de sus hogares, sino que están provocando que químicos peligrosos se filtren en el agua potable. Las advertencias sobre el calor excesivo y el aire asfixiante lleno de humo han amenazado la salud de personas que ya están batallando durante la pandemia. Además, la amenaza de más incendios forestales ha hecho que las aseguradoras cancelen las pólizas de los propietarios de las viviendas y que los principales proveedores de servicios públicos del estado corten el suministro de electricidad para decenas de miles de personas con fines preventivos. “Si no creen en el cambio climático, vengan a California”, dijo el gobernador Gavin Newsom el mes pasado. Los funcionarios se han preocupado por los eventuales desastres en cascada. Pero no pensaron que comenzarían tan pronto. “Solíamos preocuparnos por un peligro natural a la vez”, dijo Alice Hill, investigadora principal del Consejo de Relaciones Exteriores que supervisó la planificación de la resiliencia en el Consejo de Seguridad Nacional ...
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El Juzgado de Instrucción número 4 de Almería ha acordado abrir diligencias previas para investigar la presunta práctica de actividades "irregulares" en el puerto de la capital, y dirimir si se estaría incumpliendo la normativa medioambiental. La jueza ha incoado procedimiento penal después de que la Fiscalía de Medio Ambiente de Almería formulase denuncia en junio a raíz del escrito presentado por Ecologistas en Acción al Decanato de los Juzgados de Almería, según han informado a Europa Press fuentes judiciales. La causa penal abierta a instancias del Ministerio Público indagará si existe "responsabilidad directa o indirecta" del puerto de Almería en "las malas prácticas, en ocasiones peligrosas para la salud" que se llevan a cabo en las operaciones portuarias de carga y descarga, y si se estaría incumpliendo presuntamente "la numerosa normativa legal" al respecto. Ecologistas en Acción indica en su denuncia a Fiscalía que, "hasta hace unos meses y durante muchos años", se han estado moviendo áridos, "uno de ellos extraordinariamente tóxico, el clinker, con consecuencias para la salud, además del yeso y otros "sin la imprescindible Autorización de Emisiones a la Atmósfera por parte de la Delegación de Medio Ambiente de Almería". El colectivo señala que la autoridad competente "era conocedora absolutamente de la situación" y añade que la autorización "no se concedía simplemente porque no reunía las requisitos mínimos". Los denunciantes sostienen, asimismo, que "igualmente llevan años sin controlar inspecciones técnicas y la contaminación por humos de los buques" y aseguran que, desde hace más de 15 años, se "vienen planteando denuncias, quejas, reclamaciones, tanto directamente de los vecinos, como de ecologistas mediante numerosísimos escritos de denuncias a las administraciones, teniendo todas ellas conocimiento expreso y formal de problema". Detalla, como "principales problemas" supuestamente derivados de esta situación "la contaminación atmosférica por polvo tóxico causado por el movimiento inadecuado de graneles sólidos al aire libre, en el muelle de Pechina, a menos de 400 metros de la ciudad" o por "humo tóxico de los buques sin inspecciones al día". Añade la denuncia una presunta contaminación acústica por "ruido y vibraciones intensas" y la "lumínica de los focos colocados a una altura incomprensible". "La variada contaminación producida de forma continuada durante muchos años viene provocando diferentes consecuencias para la salud de todos los ciudadanos próximos, con mayor afectación a las personas mas vulnerables", concluyen desde Ecologistas en Acción. Entre las medidas propuestas figuran paralizar operaciones hasta que se garantice la no afectación al medio ambiente y a la salud pública; alejar de las viviendas las actividades industriales y de atraque y trasladar las operaciones con áridos a otro puerto sin población urbana tan grande o tan próxima; así como realizar de forma cerrada todas las actividades de áridos, ...
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El colectivo Ecologistas en Acción ha denunciado la privatización del Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar de La Algaida. Este Parque ocupa una extensión de algo más de 1.000 hectáreas en pleno corazón de la Bahía de Cádiz, superficie que pertenece a los términos municipales de Puerto Real y El Puerto de Santa María y que se encuentra integrado en el Parque Natural Bahía de Cádiz, siendo zona RAMSAR, ZEC y ZEPA, figuras internacionales de conservación. Si la pasada semana la Delegada de Gobierno de la Junta de Andalucía, Ana Mestre (PP), declaraba en su visita a este espacio, que «los espacios naturales como estos tienen que ser mimados por la Administración Pública», la bomba lanzada por esta misma administración sobre la licitación, con carácter de urgencia, de la Gestión integral del Parque Metropolitano Marismas de Los Toruños y Pinar de La Algaida por una valía de más de 2 millones de euros para que una empresa privada se encargue de los servicios forestales, mantenimiento del parque, vigilancia, eventos, limpiezas de edificios y entretenimiento, hace ver que apuestan claramente por la privatización de los espacios públicos. Hasta la fecha, la gestión realizada por el personal y el director de este parque, dependiente de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ha sido una labor de dedicación absoluta donde se ha trabajado por dinamizar y proteger un espacio que ha sido y es referencia en toda la Bahía de Cádiz. Las actividades programadas, los talleres de diversa índole, campamentos y las relaciones en general con todos los colectivos sociales, culturales y medioambientales de la Bahía ha sido impecable y participativa, por lo que consideramos cuanto menos de "poca vergüenza" el querer desvirtuar y camuflar la privatización, alegando aportar transparencia. Esta zona privilegiada ha pasado por diversos avatares. En la década de los 70 del siglo pasado se incluyó en el proyecto ACTUR del Río San Pedro, que pretendía urbanizar toda la zona desde Matagorda hasta Valdelagrana; una gigantesca urbanización para 100.000 habitantes, fruto de los delirios del crecimiento infinito. La acción decidida de las asociaciones ecologistas de la Bahía, hoy integradas en Ecologistas en Acción, consiguió que en 1989 se incluyera esta zona en el Parque Natural Bahía de Cádiz, lo que garantizaba su protección, su gestión pública y su recuperación del abandono en que se encontraba. Ecologistas en Acción tiene con este Parque Metropolitano unos fuertes lazos afectivos, como gran parte de sus cientos de miles de usuarios y usuarias. Conseguimos su protección, participamos de forma decisiva en su actual diseño, hemos desarrollado multitud de actividades, y logramos impedir atentados como la pretensión de volver a abrirlo a los vehículos a motor. Tras una poco afortunada gestión por la Mancomunidad ...
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La Asociación Mesa de la Ría ha presentado ante la Junta de Andalucía un Recurso de Alzada contra la Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas que se autoriza el "Proyecto de Mejoras Operativas y de Seguridad al Proyecto de Recrecimiento del Depósito de Estériles del Proyecto de Riotinto".La asociación está convencida, según ha precisado en un comunicado, de que de seguir adelante este proyecto "se pondría en grave peligro a los bienes y vidas humanas de una gran parte de la población de Huelva y a la fauna".Ha considerado que de igual manera que en el desastre de Aznalcollar, "al final sería la Junta de Andalucía la que asumiría la gestión económica del desastre con la recaudación de nuestros impuestos, pero nadie se responsabilizaría de los miles de vidas humanas que pudieran perderse". La asociación ha indicado que la resolución recurrida es "contraria a derecho" y se opone a ella desde el mismo título, al considerar que "no corresponde mínimamente con la realidad, ya que ni hay recrecimientos ni hay mejoras, sólo cortinas de humo para justificar una arriesgada disminución de costes y de inversiones en beneficio único de las cuentas de Atalaya Riotinto Minera". Ha precisado que la resolución "sólo pretende legalizar la ilegalidad cometida durante los últimos 5 años con la total connivencia de la administración competente tanto en materia minera como medioambiental, ya que la operativa ilegal incumplía también los condicionados de la Autorización Ambiental Integrada". Tras sentencias anulatorias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que en 2018 y 2019 dictaminan negativamente resoluciones de la Dirección General de Industria y Minas, el proyecto en este tramo final presenta "una característica constitutiva de nulidad", la referida a la actuación que ahora debe ejercer como responsable al frente de la Secretaría General de Industria y Minas, Fernando Arauz, quien "promovió el proyecto como director general y apoderado de la hoy Atalaya Mining". En este punto, ha recusado a esta secretaria como el órgano decisorio en el recurso de la Resolución al "estar viciado e invalidado por un evidente conflicto de intereses que deriva en incompatibilidad" La asociación ha cuestionado el proyecto técnico que es "fácilmente denunciable", ya que la administración, "en lugar de obligar a la operadora a cumplir sus condiciones, acepta los incumplimientos, rebaja su importancia, permite que se siga operando en condiciones ilegales y le solicita la presentación de un proyecto que permita legalizar la ilegalidad".  Fuente: www.andaluciainformacion.es ...
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El debate plenario sobre la compatibilidad profesional con la actividad privada como arquitecto de Antonio Fernández Saénz, el frustrado Coordinador del nuevo PGOU de Chiclana, y la génesis de su nombramiento han puesto de manifiesto, en opinión de Toniza-Ecologistas en Acción Chiclana, algunas notas preocupantes. El colectivo ecologista denuncia como descabellado que se haya considerado la propuesta de la Asociación de Empresarios (AECH): nombrar Coordinador del PGOU, con dinero público, a un empresario del Sector Urbanístico. En concreto, al Secretario General de la AECH. Presentación del arquitecto Antonio Fernández, como Coordinador del nuevo PGOU de Chiclana. (24-8-2020). Mas aún teniendo en cuenta que "la mayoría de los grandes conflictos urbanísticos que padecemos y padecerán las generaciones futuras han sido provocados, en última instancia, por empresarios de ese ámbito de la economía. En casi todos los casos de corrupción urbanística son ellos los instigadores". Los ecologistas consideran alarmante que el empresario nombrado Coordinador del PGOU solicitase "la compatibilidad para seguir ejerciendo su actividad privada como arquitecto". Casi todas las legislaciones europeas avanzadas que regulan los conflictos de intereses no se quedan en los "conflictos reales", como pudiera ser éste. Si se estima que existe "la posibilidad" de que el empleado público pudiera usar, directa o indirectamente, la información pública que tiene para su actividad privada, no se permite tal compatibilidad. Se trata, en principio y, ante todo, de averiguar y valorar si existe "esa posibilidad". Por último ponen en duda la transparencia del proceso que se ha seguido para desembocar en el nombramiento del ex Coordinador del PGOU. Y afirma que "No debía estar muy convencida de su propuesta la Junta Directiva de la AECH cuando, una nutrida representación empresarial, se ha reunido, uno a uno, con los portavoces de los diferentes partidos políticos para tratar exclusivamente una propuesta: la del Coordinador del PGOU. El propio interesado ha sido parte activa en esas reuniones". Desde el colectivo Toniza-Ecologistas en Acción califican la renuncia del ya ex Coordinador del PGOU ha sido una decisión acertada pero motivada por el informe del Secretario General del Ayuntamiento que, al parecer, exigió que se motivase, entre otras cosas, la compatibilidad entre su actividad profesional privada y la pública.  Y proponen que se elabore un Plan de Participación Ciudadana que incorpore la perspectiva de género con su debida dotación presupuestaria como ya contemplan algunas legislaciones autonómicas ...
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