Economía

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La huelga general fue convocada contra las medidas de ajuste y ataque a los derechos laborales impulsadas por el gobierno de Narendra Mohdi. Este jueves unos 200 millones de trabajadorxs realizaron una huelga general en la India llamada por 10 centrales sindicales contra las políticas del gobierno de Narendra Mohdi, Primer Ministro del país. El paquete de reformas incluye nuevas leyes laborales, mayor flexibilización en las regulación de relacionadas con la seguridad y la salud en los lugares de trabajo y el sector agrícola, junto con privatizaciones del sector público. El gobierno aprobó cuatro códigos laborales que reemplazan las leyes de protección de los trabajadorxs. Dichas normas permiten a empleadorxs y gobiernos aumentar la carga de trabajo, dificultar la obtención de salarios justos, despedir fácilmente a los trabajadorxs, reducir la cobertura del seguro médico y dificultan la formación de sindicatos. Junto a los sindicatos, una plataforma de más de 300 organizaciones de agricultorxs convocó una protesta para mañana en coordinación con los sindicatos. Trabajadores de los principales sectores industriales, como la producción de acero, carbón, telecomunicaciones, ingeniería, transporte, puertos y muelles, bancarios y transporte se sumaron a la huelga, mientras en varios estados se prepara un paro rural. Las reformas contra los derechos de los trabajadores, que propone el gobierno, se dan en el contexto de los efectos que tiene la pandemia por el coronavirus en el país. El gobierno de Modi ante la pandemia, priorizando las ganancias de las grandes empresas y la protección de las fortunas de los multimillonarixs por sobre la protección de las vidas y los medios de subsistencia de los trabajadorxs. India tiene más de 9.2 millones de personas contagiadas por el COVID-19, el segundo recuento más alto del mundo y casi 135.000 muertes, según los datos oficiales. La pandemia se extendió en las grandes ciudades como Delhi, Mumbai y otros centros urbanos, y en áreas rurales donde la atención de salud pública es escasa o inexistente. Millones han perdido ingresos, y esto en un país donde antes de la pandemia el 50 por ciento de todos los niños estaban desnutridos. Con la economía de la India contrayéndose en un 23,9 por ciento en el trimestre de abril a junio, mientras se espera que se reduzca en alrededor de un 10 por ciento durante el año fiscal de 2020 – 2021, decenas de millones han perdido permanentemente sus trabajos o se les ha reducido el horario. Según un informe del FMI de octubre, 40 millones más de indios quedarán en la «pobreza extrema», definida como sobrevivir con 1,90 dólares o menos al día, para fines de 2020. Lxs trabajadorxs industriales, empleados del sector de servicios y público exigen el aumento de los salarios mínimos, el fin del trabajo precarizado, el control de los precios de los productos básicos esenciales y el fin de la política gubernamental de privatizaciones del sector público. Las demandas incluyen ...
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Fruto del sistema de contrataciones en origen avalado por la Junta, el Estado y la Unión Europea un total de 14.000 temporeras marroquíes se desplazarán a Huelva para participar en la campaña agrícola 2020-2021. El partido ultraderechista Vox ha reivindicado aplicar este sistema de relaciones laborales -abiertamente perjudicial para los trabajadores- a los cultivos bajo plástico en la comarcas de la costa mediterránea andaluza. Según UPA Huelva, la tramitación de los expedientes para la llegada de estas mujeres está lista, por lo que todo está preparado para que puedan venir. UPA destaca que este año se han autorizado la llegada de 14.000 temporeras, lo que supone un recorte de 2.500 personas que no afecta a las trabajadoras repetidoras de años anteriores, sino a las alrededor de 6.500 seleccionadas que fueron aptas para llegar el año pasado ...
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Poco a poco, Vox ha ido marcando su impronta en los presupuestos y aspira ha dar un gran paso adelante en nuestro país tras pactar unas ayudas de un millón de euros en total a diferentes asociaciones antiabortistas.  Así, el partido de ultraderecha va trabajando en la creación de su modelo social y sus propias líneas de ayudas, según informa el diario Público. Estas ayudas van dirigidas a entidades sin ánimo de lucro que se ocupan de mujeres embarazadas y por asociaciones antiaborto, y lo consideran una "estrategia", justamente lo contrario de la definición que dieron de las ayudas a colectivos feministas que trabajan para la igualdad de género: "Financiación de chiringuitos". Así lo recogen los tres partidos en su acuerdo, que firmaron la semana pasada el vicepresidente Juan Marín (Ciudadanos), el consejero de Hacienda, Juan Bravo (PP), y el portavoz de Vox, Alejandro Hernández: "Se procederá a la convocatoria inmediata de 1,5 millones del programa para asociaciones sin fines de lucro y entidades públicas que presenten proyectos".  "Se considera imprescindible la puesta en marcha de un programa de asistencia a la mujer embarazada en dificultades, con el objetivo de proceder a la atención de dichas mujeres". "Las mujeres embarazadas, sobre todo en situación de mayor vulnerabilidad, dispondrán por tanto de una asesoría en el embarazo y posparto que les preste apoyo durante el proceso, en su entorno cercano". "La Consejería de Salud y Familia impulsará una campaña a través de la RTVA en la que se fomentarán los valores de la maternidad" ...
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El Partido Popular ha registrado enmiendas al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) con el objetivo de mejorar el sueldo a los militares, un colectivo que le resulta afín. En concreto, pide una subida lineal de cien euros mensuales a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, haciéndose eco de la propuesta planteada por las asociaciones de militares como primer paso para una equiparación salarial con Policía Nacional y Guardia Civil. Los ‘populares’ también ha registrado otra enmienda para acabar con la según ellos pérdida retributiva que sufren los militares en la reserva al cumplir los 63 años, otra de las principales demandas de las asociaciones. El Gobierno ha incluido en los Presupuestos un aumento de gastos de personal en Defensa de 175 millones de euros que ha sido sin embargo rechazado tanto por las asociaciones como por los partidos de la oposición, que calculan que se traducirá en un incremento de solo 24,4 euros mensuales. Sobre los extraordinarios sueldos que reciben en «misiones internacionales» no se ha comentado nada. Fuente: Insurgente ...
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La multinacional Abengoa está manteniendo contactos con la Generalitat para trasladar su sede, que actualmente se encuentra en Sevilla, al País Valencià. Según han indicado a Europa Press fuentes del Gobierno valenciano, la multinacional contactó con la presidencia de la Generalitat y en la actualidad mantienen conversaciones en esta línea. Detrás de la decisión de la empresa andaluza se dice que está la falta de apoyo recibido por la Junta, que no encuentra el modo de respaldar con 20 millones de euros el plan de reestructuración de la compañía, que quedó descabezada la pasada semana tras el cese de su presidente ejecutivo, Gonzalo Urquijo, en la junta extraordinaria de accionistas. La historia de la empresa fundada por Javier Benjumea (primer marqués de Cazalla) es larga. La familia Benjumea estuvo ligada a la dictadura de Primo de Rivera y al régimen franquista, además de a la Compañía de Jesús. Ya en otras ocasiones hemos informado de como realizaba anuncios públicos de viabilidad del proyecto industrial y beneficios de más de 5.500 millones de euros solo en el primer trimestre de 2017 y, que en paralelo seguía con los procesos de despidos colectivos. No parece sino un proceso de hundimiento de la empresa (la única andaluza que ha cotizado en el índice Ibex 35) desde dentro como han denunciado en numerosas ocasiones los trabajadores ...
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El profesorado del IES Aricel de Albolote ha expresado a través de un manifiesto conjunto su “protesta” y “más absoluto rechazo” a las medidas adoptadas por las autoridades políticas y educativas para resolver el contagio del Covid en las aulas. Unas medidas que los docentes califican de “negligentes” y “claramente insuficientes”. En su escrito el profesorado manifiesta sentirse abandonado. “No se conoce ningún colectivo profesional tan abandonado a su suerte como el de quienes nos dedicamos a la enseñanza, algo que se hace evidente con la paradoja de que en la calle solo se puedan reunir hasta seis personas y en las aulas nos impongan ratios de hasta 33 alumnos en 1º y 2º de E.S.O”, al tiempo que reprochan a los responsables políticos y educativos que en estos últimos ocho meses “no hayan aportado ni el espacio, ni el material, ni el personal necesarios para que se pueda desarrollar nuestra actividad con un reducido riesgo y con ciertas garantías de éxito”. “Ese tiempo ha servido para que las autoridades hagan dejadez de sus funciones, apelando a la ya manida autonomía de los centros y delegando decisiones y responsabilidades en los equipos directivos y seguidamente en el profesorado”, y acusan a esos mismos responsables de “mentir recurrentemente y con alevosía” sobre las condiciones de trabajo, las ratios, el material y los espacios que hay en los centros educativos, recoge el manifiesto. “La panacea para evitar el contagio son geles y mascarillas a granel”, ironizan. Fracaso tecnológico El colectivo señala que la Junta de Andalucía, a pesar de enarbolar la bandera de la modernidad, no se ha preocupado de renovar ni de incrementar los equipos informáticos de los centros, ni tampoco hay ninguna voluntad de que los centros se vayan renovando y tecnificando, “algo que queda demostrado al no permitir que se invierta en material inventariable más del 10% del presupuesto global”. El profesorado pone como ejemplo de ese fracaso tecnológico la recomendación de que se utilice en exclusiva una plataforma privada, Google Classroom, como vía de comunicación telemática con el alumnado en lugar de la plataforma Moodle Centros, “que se ha tenido que desestimar porque no han invertido lo suficiente ni en servidores adecuados con la capacidad suficiente, ni en personal cualificado y necesario que la mantenga”. En su escrito los docentes recuerdan que la enseñanza telemática “es posible gracias al esfuerzo económico del profesorado que, aparte de formarse en sus horas libres y atender a familias y alumnado a horas intempestivas, paga de su bolsillo la conexión a internet con la que realiza buena parte de sus funciones docentes fuera del centro educativo”. Los docentes reconocen que en las últimas semanas los centros han recibido ordenadores nuevos para el ...
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La Federación Andaluza ENLACE compareció ayer ante la Comisión de Hacienda y Financiación Europea del Parlamento Andaluz para valorar el Proyecto de Ley de Presupuestos 2021. Representan a 180 entidades que atienden anualmente a más de 90.000 personas en programas de acompañamiento, tratamiento, incorporación social y prevención de adicciones. Auxiliadora Fernández, tesorera de ENLACE, explicó en la comparecencia que, “aunque el Presupuesto total para la Comunidad Autónoma aumenta un 4,28%, el Presupuesto de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación aumenta solo un 2,57%. Consideramos que, en estos momentos de crisis, las políticas sociales merecen un esfuerzo presupuestario mucho mayor (al menos proporcional al incremento general), ya que las necesidades más básicas y el número de personas y familias que las están sufriendo se han disparado con la aparición de esta pandemia y el panorama a corto plazo no tiene visos de mejorar”. Pasando al presupuesto destinado a Adicciones, que se encuentra dentro de la Consejería de Salud y Familias, las entidades consideran que la bajada es grave e injustificada, ya que el Plan Andaluz sobre Drogas y otras disminuye un 6,5% respecto a 2020. En palabras de Auxiliadora Fernández, “no le encontramos justificación alguna a esta bajada ante la realidad que vivimos día a día. Los problemas de adicciones no han disminuido, y además nos encontramos con nuevas demandas que nos desbordan a las que estamos intentado darle nuevas respuestas, con el esfuerzo que eso supone, sobre todo de adicciones sin sustancia (apuestas, juego on-line, móviles) y casos de patología dual muy difíciles de abordar y que necesitan de recursos extras con los que no contamos actualmente”. La partida destinada a subvenciones a entidades privadas que ejecutan proyectos de prevención e intervención sufre una bajada del 23,5%, casi una cuarta parte del presupuesto de 2020. En cuanto a las transferencias de capital, dirigidas a proyectos de reforma y construcción, directamente desaparecen: de 614.208 € en 2020, pasan a 0 en 2021. Los conciertos con instituciones del sector privado sí aumentan respecto a 2020, un 12%, pero, las entidades de adicciones consideran que “esa subida no es suficiente para cubrir los planes previstos para 2021. A corto plazo, todos los recursos asistenciales actualmente conveniados con entidades del Tercer Sector (comunidades terapéuticas, viviendas de apoyo al tratamiento, viviendas de apoyo a la reinserción, centros de encuentro y acogida, centros de tratamiento ambulatorio y centros de día) tienen que pasar a concierto social, pero con unos precios/plaza ajustados a los costes reales. El precio/plaza de los recursos de adicciones lleva congelado desde hace más de 10 años. En la anterior crisis económica se bajaron y nunca han sido actualizados ni siquiera con la subida del IPC. Mientras tanto, las exigencias técnicas ...
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Según los datos publicados el pasado viernes, en las etapas de segundo ciclo de educación infantil y educación primaria se han producido hasta 568 supresiones netas de aulas públicas al tiempo que, en un contexto de pandemia, se han mantenido aulas masificadas ilegalmente. Por contra, se mantiene el número de aulas de la escuela privada subvencionada con fondos públicos. USTEA viene denunciando desde hace muchos años el constante ataque que sufre la educación pública en Andalucía, siendo una de sus expresiones más graves, consecuencia de las políticas privatizadoras del gobierno andaluz, la continua pérdida de aulas en los centros públicos de nuestra comunidad. La cifra de estas supresiones se puede contar por miles en la última década, siendo especialmente preocupante el dato del actual curso, donde la diferencia entre creaciones y supresiones de unidades se salda con un valor negativo de 568 unidades menos que el curso anterior. El escandaloso y preocupante dato de supresiones puede ser la explicación de que, este curso con el actual contexto de pandemia en el que nos encontramos, la publicación de esta información se haya demorado sobremanera, habiéndose publicado ya en la segunda mitad del mes de noviembre, cuando es habitual que estos datos sean publicados a finales de agosto. USTEA ha exigido, sin éxito, conocer estos datos con mayor antelación, sin recibir respuesta alguna. Probablemente hubiese sido difícil de justificar por parte de la administración una supresión tal de unidades en un inicio de curso marcado por la pandemia y por la denunciada masificación, en muchas ocasiones ilegal, de las aulas andaluzas. No deja de ser chocante e inadmisible que, precisamente en un momento en el que todas las recomendaciones de ámbito sanitario para prevenir la propagación del Covid-19 conducirían a la utilización de todos los recursos posibles para la reducción del número de alumnos y alumnas en las aulas, se hayan cerrado cientos de ellas. Además, mientras se recorta y ataca a la Escuela Pública, observamos como las unidades en los centros privados subvencionados con fondos públicos apenas sufren modificación. El resultado global, consecuencia de políticas como la del nuevo decreto de escolarización a la que se opuso el conjunto de la comunidad educativa de la escuela pública, es la reducción constante del peso de la pública en el conjunto del sistema educativo andaluz, mientras que los centros privados subvencionados (concertados) no paran de aumentar su presencia. Por si esto fuese poco, en las últimas semanas el gobierno de Andalucía ha hecho pública, e incluso ha reflejado en su acuerdo presupuestario con la ultraderecha, el aumento y extensión de los conciertos con centros privados para las etapas postobligatorias. Todo parece indicar que en Andalucía se pretende seguir el modelo madrileño, el cual ha provocado que la Comunidad de Madrid sea la región de toda Europa con mayor segregación escolar ...
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Entrevista del programa "Graffiti" de Radio Euskadi a Antonio Montoro, coordinador general de la ONGD vasca Mundubat que, junto a Gune Irekiak y la productora brasileña Forward Films, han producido el documental Ocupación S.A.. Se trata de un trabajo de investigación que desvela los intereses de varias empresas españolas, muchas de ellas del IBEX-35, en Marruecos y en el Sáhara Occidental. La explotación de recursos naturales de este territorio pendiente de descolonización desde hace 45 años ha hecho posible que se mantenga un status quo insostenible para el pueblo saharaui. La actividad de estas empresas viola la legalidad internacional y bloquea una solución democrática al conflicto del Sáhara, y es lo que quiere denunciar este documental dirigido por Laura Daudén y Sebastián Ruiz Cabrera. Su próximo estreno ha coincidido en el tiempo con la ruptura por parte de Marruecos del alto el fuego vigente desde 1991. El Frente Polisario ha advertido de que la situación es de guerra en el Sáhara, y Antonio Montoro, que trabajó como cooperante en los campamentos del Tinduf, reconoce que el pueblo saharaui tiene derecho a la autodeterminación y a hacer uso de la fuerza como recurso legítimo para conseguir sus objetivos ...
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La Comisión Europea tiene contratos firmados o a la vista con Pfizer y BionTech (EEUU/Alemania), Sanofi-GSK (Francia/Reino Unido), Curevac (Alemania) AstraZeneca y la Universidad de Oxford (EEUU/Reino Unido) Johnson & Johnson (EEUU) y Moderna (EEUU). Con Pfizer, 200 millones de dosis, com Moderna, 160 millones, con Astrazeneca, 300 millones, con Johnson, 200 millones y con Sanofi 300 millones. Bruselas negocia con las farmacéuticas que “desde el inicio cree que tenían potencial para desarrollar una vacuna”, recordó el portavoz jefe de la Comisión Europea, Eric Mamer. Por ahora, la Comisión tiene contratos firmados o a la vista con Pfizer y BionTech (EEUU/Alemania), Sanofi-GSK (Francia/Reino Unido), Curevac (Alemania) AstraZeneca y la Universidad de Oxford (EEUU/Reino Unido) Johnson & Johnson (EEUU) y Moderna (EEU). Pfizer y la empresa alemana BioNTech La primera de todas es la ya conocida vacuna de la farmacéutica Pfizer. Esta vacuna cuenta con un 95% de eficacia. Pero tiene que conservarse a -70 grados y necesita de congeladores para poder ser suministrada. Europa ha acordado tener 200 millones de dosis. Lo que supone que el Estado español podrá contar con 20 millones, según ha confirmado el Ministro de Sanidad, Salvador Illa. Moderna La segunda vacuna es la realizada por la empresa Moderna, con la cual no hay un pacto firmado, pero Bruselas ya está negociando la compra de 160 millones de dosis. Esta vacuna cuenta con un 94,5% de efectividad. Al contrario que la anterior, se puede mantener durante 30 días a una temperatura de entre 2 a 8 grados.  Incluso, puede conservarse durante seis meses a -20 grados. Además, la empresa cuenta con una filial en el Estado. AstraZeneca y Oxford La tercera vacuna es la realizada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica Astrazeneca. Con esta vacuna la UE ha firmado un acuerdo de 300 millones de dosis con opción a otros 100 millones y se plantea que a finales de diciembre podría estar preparada. Esta vacuna aún no ha anunciado su porcentaje de efectividad. Johnson & Johnson Otra vacuna es la de la empresa Johnson & Johnson junto a los investigadores del Beth Israel Deacones. A diferencia de las anteriores, esta vacuna solo ha administrado una  dosis. El resto lo han hecho en dos. Aunque se ha planteado realizar un segundo ensayo para observar los efectos de una segunda dosis. Tampoco ha anunciado su porcentaje de efectividad, pero con esta vacuna la Comisión Europea ha firmado un contrato para la compra inicial de 200 millones de dosis en nombre de todos los Estados miembros de la UE, y que podrá posteriormente adquirir hasta 200 millones de dosis de vacunas adicionales. Sanofi y GSK La vacuna de la multinacional Sanofi y GSK, por su parte, acaba de iniciar la fase 3. Esta vacuna candidata está basada ...
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Pesticidas, calor inhumano… Así viven quienes trabajan en el mar de plástico en El Ejido. El estallido racista que se produjo hace veinte años en la localidad almeriense conmovió al mundo, pero el sistema económico y agroalimentario sigue intacto ...
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Nación Andaluza denuncia la introducción de 360 militares en las labores de rastreo del coronavirus mientras hay más de 930.000 andaluzas en paro. Nación Andaluza entiende que la Junta (PP-C’s-Vox) ni quiere, ni puede hacer una gestión eficaz y soberana de la salud de las andaluzas pero fomenta la penetración del Ejercito en la vida de las andaluzas para hacer más fácil de implementar la deriva autoritaria del Estado español. Recientemente hemos podido conocer que la Junta de Andalucía ha accedido al ofrecimiento del gobierno de Madrid y ha incorporado 360 rastreadores militares para el seguimiento del Covid, de los cuales ya están actuando 270. Desde Nación Andaluza queremos denunciar: 1º Es indignante que, mientras casi un millón de andaluzas están en el paro el Servicio Andaluz de Salud incorpore a personal del Ejército español en lugar de formar y contratar personal sanitario y civil andaluz preparado para esta tarea. Más aún cuando la sanidad pública andaluza necesita urgentemente un aumento de plantillas. Recordemos que tan solo hace unos días, Nación Andaluza hacíamos una pregunta a la consejería de Sanidad sobre que número de rastreadores tenía para más del medio millón de habitantes del Área Metropolitana de Granada, donde viven más de medio millón de habitantes y confesaban que solo tenían 40 rastreadores. 2º La presencia en la sanidad andaluza en forma de rastreadores se une a la ya habitual presencia del ejército en labores de extinción de fuegos o en las tareas de desinfección, que bien podían llevar a cabo servicios municipales o autonómicos o protección civil. Sin duda hay una intención de normalizar la militarización de nuestras vidas y la presencia del Ejército español en las calles andaluzas a costa de ir restando puestos de trabajo públicos. 3º Ya lo denunciamos el pasado mes de abril a propósito de la presencia de distintas unidades del Ejército en las calles y de la realización de controles de movimientos militares de la población andaluza. Esta pandemia está sirviendo como una nueva excusa para aplastar los derechos civiles y colectivos del Pueblo Trabajador Andaluz y avanzar en la deriva autoritaria del Estado español y en la recentralización. Por todo ello entendemos que se explicita una vez más que Andalucía no tiene autonomía ni soberanía política. El gobiernillo de la Junta (PP-C’s-Vox) ni quiere, ni puede hacer una gestión eficaz y soberana de la salud de las andaluzas. En cambio, apuesta y fomenta la penetración del Ejercito en la vida de las andaluzas para hacer más fácil de implementar la deriva autoritaria del Estado español. El Estatuto no vale para nada sin soberanía , y esta es imposible, mientras estemos sometidos al estado español. Los problemas endémicos que sufre desde hace siglos ...
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Unicef Andalucía ha advertido de que "los programas de lucha contra la pobreza de la infancia más vulnerable presentan algo menos del 1% de incremento respecto a 2020, cuando un 40,8% de los menores de 18 años en Andalucía se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social" según recoge Europa Press. Unicef-A ha trasladado por medio de una nota que "una vez presentado el presupuesto más alto de la historia de la Andalucía, con un aumento del 2,7% sobre el anterior ejercicio, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación (sin tener en cuenta agencias) supone solo el 1,9% del total del presupuesto". En el caso de las partidas del presupuesto de la Consejería de Igualdad, Unicef Andalucía ha apuntado que "el apartado 31E (ayudas económicas familiares, niños víctima de violencia, acogimiento familiar y residencial) aumenta apenas un 0,8%, en medio de la mayor crisis de los últimos 50 años, vuelve prácticamente a los niveles de hace un par de años". DISMINUYE UN 4,6% EL PRESUPUESTO DE LA RENTA MÍNIMA "El apartado 31G relativo a la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (Remisa), el presupuesto disminuye un 4,6%", han proseguido explicando las representantes de Unicef Andalucía. "El bienestar de nuestra infancia empeoró tras los ajustes presupuestarios de la crisis de 2008. Tenemos que hacer que ahora sea diferente", han argumentado las representantes de Unicef Andalucía. "Estamos por debajo de la inversión media, que teníamos hace 10 años, por persona menor de edad y con las mismas cifras de pobreza y exclusión, que empeorarán en el futuro si no tomamos las medidas necesarias", han indicado ...
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El mismo día que el Congreso aprobaba la Ley Celaá de Educación, aprobaba también las Recomendaciones emitidas recientemente por el Pacto de Toledo. El Gobierno ha aprovechado el debate sobre la Ley de Educación para “colar” también la aprobación de estas recomendaciones, sin dar tiempo a los diferentes grupos parlamentarios a defender las enmiendas presentadas y sin que el gran público haya tenido ocasión de conocerlas en detalle. La imposibilidad de que los movimientos de pensionistas pudieran manifestarse por causa del covid ha propiciado también esta maniobra. El silencio que han guardado sobre este hecho los grandes medios de comunicación, tan dados a criticar cualquier avance progresista, constituye una prueba más de que lo aprobado no es positivo para los y las pensionistas actuales o futuros. Desde el Gobierno se nos ha querido vender estas resoluciones como un avance, resaltando los aspectos positivos como la reafirmación del carácter retributivo de las prestaciones básicas de jubilación, viudedad y orfandad; el reconocimiento de la deuda que tiene el Estado con la Seguridad Social por los gastos impropios que ésta ha soportado sin corresponderle, y la referencia de la subida de las pensiones al IPC. Pero esos aspectos positivos con frecuencia son meras declaraciones sin resultado práctico. Así, al reconocimiento de los gastos impropios que ha tenido la Seguridad Social no le acompaña la resolución de devolver la deuda que el Estado tiene con la Seguridad Social. Y la subida de las pensiones de acuerdo con el IPC no se concreta lo suficiente, quedando pendiente de un posterior acuerdo y pudiendo referirse a periodos diferente al IPC anual. Por el contrario, no anula las reformas de las pensiones realizadas en 2011 y 2013 que garantizan que las pensiones futuras sean progresivamente menos cuantiosas, al exigir más años para calcular el monto de la pensión a cobrar y requerir cada vez más años cotizados para poder cobrar el cien por cien de ese monto. Tampoco contempla ninguna vía para devolver los más de quinientos mil millones de euros que el Estado extrajo del sobrante de las cotizaciones de los trabajadores desde los años ochenta del pasado siglo, como consecuencia de que eran muy superiores a las pensiones pagadas. Además de no contemplar la devolución de ese monto, abre la vía a que se disuelva el importante patrimonio de la Seguridad Social constituido por hospitales, edificios y otros bienes inmuebles, traspasándolo a las Comunidades Autónomas. Y para completar la jugada asegura la instauración de las pensiones privadas de manera casi obligatoria, disfrazándolas de planes de pensiones de empresas, que recibirán desgravaciones y todo tipo de apoyos legales. El MADPP rechaza la aprobación en el Parlamento el pasado 19 de noviembre sin tiempo para debatir y ...
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La Fiscalía de Sevilla ha criticado la «falta de coordinación» y la «nula o escasa» iniciativa de la Junta de Andalucía respecto a las residencias de mayores durante la primera ola de coronavirus y ha tildado sus «comunicaciones» con estos centros de «parciales, desestructuradas y dispersas«.En un informe fechado el 27 de octubre al que ha tenido acceso Efe, que completa el decreto en el que archiva las diligencias abiertas tras la primera fase de la pandemia y abre unas nuevas por el «segundo rebrote», el fiscal Norberto Sotomayor recuerda que, entre el 20 de abril y el 10 de julio, hubo 151 fallecidos sobre un total de 8.016 residentes repartidos en 172 residencias, sólo 10 de ellas públicas, en la provincia de Sevilla. «Desde un primer momento se apreció falta de coordinación» entre las delegaciones de Salud e Igualdad, apunta el fiscal, que lamenta la «falta de relación fluida» entre ambos departamentos, que tampoco disponían de «comunicación inmediata» con las residencias, por ejemplo a través de «un grupo de correo». En el documento, también critica «la gravedad de la falta de un conocimiento completo» de las residencias «por parte de la Administración», que le proporcionó un listado en el que «no estaban todas, algunas ya estaban clausuradas y otras de nueva apertura no aparecían». Además, los datos que le mandaron en las primeras semanas «en ocasiones no se correspondían» con los que le enviaban «las propias residencias«. «La mayoría no recibió comunicación alguna» El fiscal recuerda que «la mayoría» de las residencias «no recibió comunicación alguna» de la Junta hasta que se declaró el estado de alarma o «incluso» más tarde, por lo que actuaron «por su propia iniciativa». «En la mayor parte de las ocasiones, la iniciativa de la Administración fue nula o escasa para mantener informadas a las residencias y facilitarles pautas de actuación», prosigue Sotomayor, que igualmente detectó una «absoluta situación de desabastecimiento» de equipos de protección y «tardanza» en realizar los test. En este sentido, elogia el «enorme compromiso y esfuerzo desinteresado» de los médicos que han trabajado en las residencias y lamenta que ese déficit perjudicó su toma de decisiones. El fiscal no aprecia delito alguno en la actuación de los responsables de las residencias, ya que «reaccionaron» cuando se les pidió y «adoptaron las actuaciones necesarias dentro de la medida de sus recursos». «No se les puede exigir un nivel de responsabilidad sanitaria igual que a un centro hospitalario«, agrega Sotomayor, para quien la falta de un material adecuado «en caso alguno puede ser atribuible a las residencias». El fiscal también expone que, en cinco de las 16 residencias afectadas en Sevilla, no hubo ninguna revisión «durante 2019 y 2020 hasta el estado de alarma«, mientras que en ...
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A nadie se le escapa (o no se le debería escapar) el papel dominante de la banca en el capitalismo. Y aunque con Marx sabemos que la causa profunda de las crisis es la inherente desorganización del sistema que no puede evitar la caída de la tasa de ganancia, damos por hecho que fueron precisamente las turbulencias del sector financiero las que provocaron, en tanto que causa inmediata, el estallido de 2007-2008. Un estallido que lo fue en el centro mismo del sistema, después de estar décadas ahorcando a los pueblos “periféricos”, entre otras cosas, con la soga criminal de la deuda externa, principal mecanismo “moderno” de las potencias imperiales para exportar las miserias propias a los países dependientes. Pero no bastaba. Los rescates del sector financiero terminaron por acercar los límites de la basura sistémica a países hasta entonces intermedios. Sabido es que al nuestro le tocó entrar en la condición nada honorable de ser uno de los PIGS(pain) (de cerdo en inglés). Tampoco se nos debería escapar de la memoria, solo sea porque tiene poco de pasado superado, el correlato de recortes sociales y laborales que supuso salvar a esos parásitos financieros. Y cómo, a pesar de los miserables recortes, la deuda pasó oficialmente del 35 a más del 100%, augurando que ni siquiera el sacrificio popular serviría para arreglarle su tinglado a los secuaces del sombrerito de copa. Pues bien, cuando el augurio se estaba cumpliendo, es decir, cuando de nuevo las turbulencias en el dichoso sector financiero estaban provocando una segunda réplica de la crisis, cuando se anunciaba una nueva recesión sin haber salido realmente de la anterior, resulta que llegó el coronavirus… y (nos) mandó a parar. Además de su innegable infección estrictamente sanitaria, el coronavirus ha terminado por contaminar sobremanera a la verdad, a la memoria y, lo peor, a una lucha social más necesaria que nunca. Y es más necesaria que nunca esa lucha social, porque la segunda réplica de la crisis llega con una menor capacidad de maniobra del capital para utilizar mecanismos puramente monetarios, anticipando por tanto más y más desestructuración interna de un sistema que no se sostiene. Y más y más ataques a las condiciones generales de vida. Asistimos en estas semanas a la enésima concentración bancaria. Por cierto que, a este ritmo, poco va a quedar para las fusiones… a no ser que sea la banca internacional la que termine por comerse a los tiburoncitos patrios. Pero esa concentración, producto de la reducción de los márgenes de rentabilidad del negocio financiero, no es una consecuencia inesperada del coronavirus. Toca recordar, en línea con lo que estamos diciendo, cómo todas las alarmas estaban encendidas a finales del 19, antes ...
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La Audiencia de Sevilla ha ordenado el ingreso en prisión de Carlos Estévez Ruiz de Castañeda, ex director de Minas de Riotinto, en cumplimiento de una de las condenas que pesan sobre él por la gestión de la explotación minera. El tribunal cree que no ha hecho “ningún esfuerzo” por pagar una indemnización de 320.127 euros a una empresa suiza. La Sección Primera de la Audiencia condenó a Estévez a un año y tres meses de cárcel porque, teniendo conocimiento de que la mina iba a entrar en liquidación, contactó con Shorthorn Limited, compañía suiza con sede en Zurich, dedicada a la intermediación mundial en la compraventa de minerales, y mantuvo distintas reuniones, entre octubre de 2003 y abril de 2004, para que prestara apoyo financiero en la subasta de los activos de la mina. La indemnización de 320.127 euros se corresponde con facturas falsas a empresas que, o no existían o nunca habían contratado con la compañía que explotaba la mina. “Se ignora el destino dado a esa cantidad”, según la sentencia de la Audiencia, que condenó al empresario y a su socio Luis A.F. por un delito de apropiación indebida. “No es merecedor del beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena”, dice la Audiencia, que por tanto ordena el ingreso inmediato en prisión aunque la decisión puede ser recurrida en súplica ante el mismo tribunal. Fuente: Huelva Información ...
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Así se entiende mejor la desindustrialización galopante de Andalucía. Una consecuencias más que sea en Madrid donde se hace "el reparto" del dinero de los andaluces y andaluzas. El Ministerio de Industria estatal ha seleccionado en Andalucía sólo siete proyectos en la convocatoria de ayudas a entidades que hayan realizado inversiones para la fabricación de productos higiénico-sanitarios, EPIs y otro dispositivos de emergencia en relación con el Covid-19, durante el ejercicio 2020, que totalizan una subvención de 1,69 millones de euros. Teniendo en cuenta el peso poblacional del país andaluz en el Estado (oficialmente el 17,89% de la población) y que la dotación total de esta convocatoria es de 11 millones de euros, la cuantía debería de ser de 1,96 millones. Es decir 270.000 € más. Aparte dejamos otras variables como la grave desindustrialización del país andaluz que se plasma en una baja aportación al VAB industrial estatal y que en Madrid nunca contemplan. Una desindustrialización andaluza que es una constante en las políticas económicas estatales. De las siete empresas andaluzas seleccionadas, dos se localizan en Córdoba, otras dos en Jaén, dos empresas granadinas y, por último, también ha sido seleccionada una empresa en la provincia de Málaga. En cuanto a productos fabricados, hay 17 proyectos relacionados con la elaboración de mascarillas (quirúrgicas, FFP2 y FFP3), 12 proyectos para fabricar soluciones hidroalcohólicas y, el resto, tienen que ver con batas desechables e impermeables, iniciativas para producir PCR u otros tipos de elementos y equipos de protección. Fuente: Andalucía Información ...
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El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha subido en Andalucía un 0,8% durante octubre con respecto al mes anterior según los datos difundidos este viernes por el INE. Por sectores, los precios en Andalucía registrados en octubre en comparación con el mes precedente experimentan una subida en Vestido y Calzado (10,9%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (2%), Enseñanza (0,4%) y Menaje (0,4%). Los precios han descendido en Comunicaciones (-3,1%), Vivienda (-1,1%), Ocio y cultura (-0,5%), Transporte (-0,3%) y Medicina (-0,1%), mientras que han permanecido invariables en Bebidas alcohólicas y tabaco, Hoteles, café y restaurantes y Otros (0,0%). En términos interanuales, en comparación con octubre de 2019, la mayor subida le ha correspondido a Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,4%), seguido de Vestido y Calzado (1,0%), Otros (0,9%), Hoteles, café y restaurantes (0,7%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%), Enseñanza (0,6%) y Medicina (0,3%). La bajada interanual del IPC en octubre en Andalucía la ha liderado Transporte (-5,1%), seguida de Comunicaciones (-4,2%), Vivienda (-2,3%), Ocio y cultura (-0,9%) y Menaje (0,1%). Por demarcaciones provinciales, con respecto al mes anterior, el IPC de septiembre ha subido en todas las comarcas de las provincias en las que Isabel II dividió Andalucía: Almería (1,1)%, Huelva (1%), Córdoba y Jaén (0,9%), Cádiz y Sevilla (0,8%), Granada (0,7%) y Málaga (0,6%). Fuente: Andalucía Información ...
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El modo de producción capitalista se cobra una nueva vida en Andalucía. Un vigilante de seguridad que trabajaba de madrugada en la tienda de artículos para el hogar Leroy Merlin situada en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra ha fallecido en un accidente laboral. El hombre realizaba tareas de vigilancia cuando sufrió graves lesiones al caerle encima una de las cancelas del aparcamiento del establecimiento, situado en la autovía A-92 que comunica Sevilla con el este de Andalucía. Todo ocurrió durante la madrugada del pasado miércoles, pero su fallecimiento se ha producido este viernes en el hospital Virgen del Rocío, al que fue trasladado para ser tratado de sus graves heridas. El trabajador pertenecía a la empresa de seguridad Grupo Eulen contratada por Leroy Merlin. Sobre este accidente, desde su comité de empresa han detallado que el accidente se produjo porque la puerta del aparcamiento estaba estropeada y el empleado trató de cerrarla manualmente. Desde el sindicato también señalan que durante la mañana de ese fatídico miércoles la empresa encargada del mantenimiento del edificio estuvo manipulando la puerta pero dejaron la reparación a medias para concluirla al día siguiente. Fuente: Digital Sevilla ...
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