Andalucía

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El pasado sábado el secretario general del PCE en Andalucía afirmo, a través de un post en Facebook, que la bandera rojigualda es "la bandera de tod@s los españoles" (sic). La bandera de los colores impuestos por el franquismo y luego afirmados por la segunda restauración borbónica dice el secretario general del PCA que es "la bandera de tod@s". Se entiende que también pensará que la del Pueblo Trabajdor Andaluz pisoteado, expoliado y oprimido históricamente por el Estado español. No se extrañen por lo que luego digan ministr@s como Yolanda Díaz o Alberto Garzón. Este es el grado de entrega política al Régimen de una organización que dice ser "comunista". Válgame ...
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La Junta de Andalucía recortará 135 millones de la financiación a las universidades de la comunidad, un ajuste que el Gobierno andaluz asegura que será compensado en el futuro con los remanentes no afectados, fondos que se nutren de los sobrantes de presupuestos con los que se dotan anualmente a las universidades cuando sus gastos son inferiores a los inicialmente previstos. Los ajustes propuestos servirán para contribuir al Fondo de Emergencia Social y Económica contra el Covid-19 de 700 millones. El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, ha mantenido una reunión telemática con los máximos responsables de las diez universidades, en las que ha avanzado los principales cambios sobre el presupuesto de la Junta en esta materia, a fin de hacer frente al gasto sanitario y social derivado de la pandemia del coronavirus. Velasco ha informado a los rectores de las universidades públicas andaluzas sobre el pago de la deuda acumulada desde el año 2015 del anterior Gobierno autonómico. El abono de esta partida les permitirá disponer de recursos extraordinarios para emplearlos en inversiones, “una medida que contribuirá a fomentar la reactivación económica”, ha destacado en una nota. Se trata, por una parte, de asignar la partida extraordinaria para el pago de la citada deuda; por otra, de habilitar una línea para inversiones de las universidades andaluzas dotada con 125 millones de euros; y en tercer lugar, se ajustarían 135 millones de presupuesto inicialmente previsto para 2020, cuantía que se compensará por la aportación de idéntica cantidad de los denominados “remanentes no afectados”. El consejero ha asegurado que “la educación superior es uno de los servicios públicos básicos que la Junta de Andalucía garantiza presupuestariamente”. “Las universidades andaluzas siempre cuentan con los recursos que necesitan para asegurar la prestación de ese servicio y su correcto funcionamiento, algo que no va a cambiar”, ha añadido, “ya que la labor que desarrollan las universidades públicas andaluzas constituye una actividad de alto interés para la comunidad autónoma y la base del sistema andaluz del conocimiento, que es uno de los pilares en los que se ha de fundamentar la competitividad empresarial y el desarrollo económico de Andalucía”. El ajuste de los remanentes y la nueva dotación para inversiones e infraestructuras será debatido con los rectores, con el objetivo de alcanzar en la medida de lo posible un consenso pleno en el reparto de todos estos recursos. Los criterios que se apliquen, en cualquier caso, responderán, bajo el principio de proporcionalidad, a la capacidad financiera de cada universidad. A juicio de Velasco, “estas circunstancias excepcionales requieren del esfuerzo conjunto, la responsabilidad y la solidaridad de todos”. Fuente: www.lavozdelsur.es ...
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Ha tenido que ser el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) quien anule la retirada de una gran celosía de cedro macizo y dos toneladas de peso del muro que separa la Mezquita del Patio de los Naranjos para facilitar el paso de cofradías al interior del templo. Concentración de Nación Andaluza por la devolución de la Mezquita de Córdoba al Pueblo Andaluz, en mayo de 2014. La gran celosía, que es ya uno de los iconos de la joya andalusí, forma parte de un juego de cuatro piezas de similar tamaño que se colocaron en 1972 para resolver uno de los problemas endémicos del muro norte. En ese lateral de la Mezquita, la mayor parte de los grandes arcos que dan al Patio de los Naranjos fueron tapiados siglos atrás por deseo de los prelados para colocar capillas adosadas en su interior. El templo perdió así su centenaria luz natural y solo quedaron cuatro vanos sin cegar. Fue el prestigioso arquitecto Rafael de la Hoz Arderius quien ideó, cuando era director general de Arquitectura a principios de los setenta, esta solución de madera noble que se adaptó perfectamente al edificio, según reconocen la mayoría de los expertos. En 1984, la Mezquita fue declarada Patrimonio Mundial por la Unesco y todos sus elementos, incluidas las cuatro celosías, quedaron bajo su protección. La supresión se produjo en medio de una gran controversia en 2017 por orden del Cabildo catedralicio, administrador del monumento universal, para facilitar el paso de las cofradías de Semana Santa al interior del edificio, en cuyo corazón se alza la Catedral. El fallo representa un duro varapalo no solamente para los intereses de la Iglesia católica sino para la Consejería de Cultura, por cuanto le reprocha no haber protegido el monumento como era su obligación y haber autorizado una actuación que vulneraba claramente su propia ley. La sentencia recuerda que las "intervenciones sobre bienes del catálogo general del patrimonio histórico deben procurar por todos los medios su conservación, restauración y rehabilitación". Y añade que, en todo caso,  "las restauraciones deben respetar las aportaciones de todas las épocas existentes, así como las pátinas, que constituyen un valor propio del bien", tal como recoge literalmente la Ley de Patrimonio Histórico andaluz. "La eliminación solo se autorizará", cita textualmente la sentencia, "siempre que quede fundamentado que los elementos que traten de suprimirse (…) fuese necesario para permitir la adecuada conservación y una mejor interpretación histórica". Usurpada por la Iglesia Católica La Iglesia se apropió de la Mezquita de Córdoba en 2006, bajo el gobierno de José María Aznar. La Mezquita de Córdoba, que fue declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1984, llevaba doce siglos perteneciendo al Estado. Gracias a una ley franquista que el presidente del PP ya mencionado ...
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El provincianismo "andaluzo-oriental" se esmera en ocultar sus estrechos vínculos con la extrema derecha granadina vendiéndose como una proyecto "por Granada", a pesar de que algunos de sus personajes públicos manifiestan sus simpatías políticas con la ultraderecha abiertamente. Que tienen poco que ver con la clase trabajadora granadina es evidente. Que son vectores de difusión del chovinismo español en la ciudad de Granada también. Que forman parte de la extrema derecha no hay más que echar un vistazo a las imágenes que los periodistas gráficas publican cada vez que hay una movilización de la misma. Y este sábado tampoco podían faltar en la movilización del fascismo y la ultraderecha en Granada: ...
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El vertido ilegal de los escombros de la demolición de la Residencia de Tiempo Libre en Cádiz al Rancho Linares, en El Puerto, ha puesto en el disparadero a ambos proyectos, promovidos por el Grupo Q Hoteles. La Delegación municipal de Urbanismo del Ayuntamiento gaditano ha paralizado la salida de camiones con escombros de la obra por este supuesto traslado de residuos a un vertedero ilegal. Asimismo ha retenido temporalmente la fianza depositada por la empresa encargada de las obras a la espera de la resolución que recaiga en el expediente sancionador iniciado por el Departamento de Residuos y Calidad del Suelo de la Junta de Andalucía. El concejal gaditano de Urbanismo, Martín Vila, ha recordado que según el Reglamento de Residuos de Andalucía que establece las competencias de la Junta como de los ayuntamientos, dado el volumen de estos residuos, es la propia Junta de Andalucía la que debe asumir la vigilancia, inspección y sanción del destino de los residuos. En El Puerto de Santa María Por otro lado, la empresa Q , además, tiene prevista la construcción de 1.260 viviendas en Racho Linares pese a que, tal y como denuncia Ecologistas en Acción, no cuenta con la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), por lo que “es de nulo derecho”. La organización advierte de que “de seguirse tramitando se podría incurrir en responsabilidades penales por presunta prevaricación”. Hoy está previsto que la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento “proceda a aprobar el proyecto de urbanización”. “La carencia de EAE es lo que ha motivado la anulación del PGOU de El Puerto, por lo que es insólito e incomprensible que se sigan tramitando planes urbanísticos en base a este PGOU ilegal, y con el mismo error de no someterlos a EAE”, añade Ecologistas en Acción, que recuerda además que el proyecto se inició “con una modificación del PGOU a la carta aprobada en 2011”, recalificando un “importante bosque autóctono, el más biodiverso del municipio, con más de 200 especies de plantas silvestre”, en residencial. Ecologistas en Acción estudiará emprender acciones legales, tanto por la vía contencioso-administrativo como penal contra los ediles que voten a favor de su aprobación. Así las cosas, y tras el expediente a la empresa por depositar estos residuos en Rancho Linares piden al alcalde que paralice “el proceso hasta que la Junta se pronuncie y se aclare esta situación”. Fuente: www.andaluciainformacion.es ...
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Atendiendo a los últimos datos publicados por el Ministerio de Comercio español, los incrementos en las importaciones de aceituna de mesa de terceros países en el Estado han sido de un 185% más con respecto al mismo mes del año anterior. Las importaciones se están produciendo especialmente desde Egipto. Andalucía aglutina la inmensa mayoría de la producción de aceituna de mesa con un 78,5% del total estatal, por lo que estas importaciones perjudican seriamente el tejido productivo andaluz. Producción de aceitunas de mesa en el Estado español según www.statista.com El presidente sectorial, Gabriel Cabello, ha tenido una respuesta más que tímida a estas cifras manifestando que “los flujos comerciales a nivel mundial responden al libre mercado en el que vivimos, lo cual no exime a las administraciones públicas de vigilar escrupulosamente que se están cumpliendo los mismos requisitos que los establecidos para nuestras propias producciones”. La fe neoliberal de Cabello puede deberse a su condición de presidente de Agro Sevilla, mayor productor y exportador de aceitunas de mesa del mundo y consejero de Agro Sevilla Aceitunas desde 2014. Habrá que estar atentos a la reacción del pequeño campesinado a estas cifras. Analizando el primer trimestre en su conjunto, estos incrementos también son abultados rondando el 63%. Fuente: www.agroinformación.com / www.andaluciaeconomica.com ...
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La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha mostrado su “máxima preocupación” por la decisión de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía de recortar el número de plazas de los recursos de protección de menores y dejar en la calle, durante el estado de alarma a partir del 1 de junio, a unos 150 jóvenes que han alcanzado la mayoría de edad en marzo, sin ofrecer ninguna alternativa ni programas que garanticen la continuidad de sus proyectos vitales. Hacen hincapié en “la gravísima situación de abandono y exclusión” en la que se encontrarán los y las jóvenes que han alcanzado la mayoría de edad desde que se decretó el estado de alarma, lo que “pone de manifiesto, una vez más, la falta de voluntad, planificación y previsión a la hora de implementar soluciones duraderas orientadas a la inclusión en el sentido que exige el Comité de Derechos del Niño”. Por lo tanto, exigen “que no se deje a ningún ni ninguna joven en situación de calle y se garanticen cuantos recursos y programas sean necesarios para velar por la continuidad de sus proyectos vitales, siendo imprescindible que todos y cada uno de ellos salgan en una situación administrativa regular, con autorización de residencia y trabajo”. Lamentan que “la decisión no se ha tomado teniendo como base el bienestar de las y los menores y las necesidades reales del sistema de protección” y recordamos que todas las actuaciones y decisiones de las instituciones y administraciones en materia de la infancia “deben regirse exclusivamente por el principio del interés superior del menor y el de no discriminación, conforme al Convenio de Derechos del Niño y nuestra normativa estatal y autonómica”. Por último, apelan a la responsabilidad de las instituciones y cargos públicos para “evitar discursos que supongan un enfrentamiento entre personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad a la hora de acceder a recursos, especialmente grave cuando una de las partes de las que se está hablando son niños, niñas y jóvenes extranjeros que viven en Andalucía”. Si cualquier recorte en materia de protección de la infancia es inadmisible, “no hay justificación alguna para la supresión de plazas en programas específicos dirigidos a la infancia y juventud de origen extranjero que vive en Andalucía sin referentes familiares adultos”. A este respecto, consideran que “existen vías y recursos posibles para responder y garantizar los derechos y el bienestar de todas las personas, para que nadie quede atrás, es una cuestión de voluntades políticas y decisiones valientes” ...
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La eufemísticamente denominada LEY DE IMPULSO PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA (LISTA), una ley diseñada para desregular un sector que provocó la gran crisis de 2008, y para favorecer los intereses especulativos. Ecologistas en Acción muestra públicamente su alarma por el contenido de esta Ley que acaba de presentar la Junta de Andalucía. La Ley incluye en su exposición de motivo unos objetivos loables: mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, ciudades inclusivas y resilientes, urbanismo sostenible, regeneración y rehabilitación urbana, mitigación del cambio climático, eficiencia energética... todo lo contrario que lo que dispone su articulado, que apuesta por la desregulación del urbanismo y la apertura obscena y sin paliativos a la urbanización del suelo rústico. Se pretende paliar la crisis del coronavirus favoreciendo de nuevo al virus de la especulación urbanística, con el riesgo de su perversa secuela, la corrupción. La nueva Ley reduce a dos, las clases de suelo: urbano y rústico, eliminando el suelo urbanizable; y no por reducir las expectativas de expansión urbanística, sino por todo lo contrario, pues casi todo el suelo rústico se considera apto para urbanizar. La tan cacareada simplificación y agilización pretende en realidad facilitar la urbanización del suelo rústico, el denominado hasta ahora suelo no urbanizable. El suelo rústico común se puede urbanizar presentando una "Actuación de transformación urbanística" que aprobarían los ayuntamientos. Estas "Actuaciones" las pueden presentar particulares, por lo que las empresas promotoras decidirán el desarrollo urbanístico de las ciudades. Urbanismo a la carta que abre todas las posibilidades a la especulación y a la corrupción urbanística. La Ley asegura que sólo se podrá urbanizar el suelo rústico colindante con el suelo urbano, pero hay tantas excepciones, que las invocaciones al modelo de ciudad compacta mediterránea queda en una pura falacia. La nueva Ley permitirá que siga la expansión descontrolada del urbanismo por todo el territorio andaluz, con sus secuelas de impactos ambientales, destrucción del territorio y generación de un modelo de ciudad dispersa, imposible de gestionar y de financiar sus servicios públicos. Sólo el suelo rústico en el que específicamente exista una prohibición expresa, quedaría exento de urbanizarse. Pero las excepciones son tantas que prácticamente se puede hacer de todo en todo tipo de suelos, estén protegidos o no. Así, se permite las actuaciones declaradas de interés público y social por los ayuntamiento, incluyendo equipamientos e instalaciones industriales, turísticas, terciarias y, lo que sería más demoledor, "podrán autorizarse conjuntamente edificaciones destinadas a uso residencial", ¡en suelo rústico! El uso residencial está prohibido en la ley actual en los suelos no urbanizables, salvo viviendas unifamiliares ligadas a las explotaciones agropecuarias. Con esta norma se abren las puertas a la generalización de las segundas residencias en ...
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Hoy Nación Andaluza ha registrado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Granada por el atraque del barco Bahri Jeddah en el puerto de Motril el pasado 20 de marzo. Además del enorme riesgo que dicho atraque supone para la población que vive en el entorno del puerto, para los bañistas que frecuentan las playas de la zona así como para los miles de pasajeros que diariamente pasan por el puerto de Motril, esta actividad constituye la violación de varios reales decretos y directivas europeas. Nación Andaluza han solicitado también que se paralice cualquier actividad de este tipo en el puerto de Motril mientras se realizan las investigaciones oportunas. El pasado 20 de marzo el barco Bahri Jeddah atracó en el puerto de Motril para realizar una carga de contenedores con explosivos y material de guerra. Dicho barco había pasado previamente por el puerto de Dundalk (Baltimore, USA) donde habría cargado blindados ligeros fabricados por General Dynamics equipados con una torreta armada con cañón automático, ametralladora coaxial y 8 lanzadoras de granadas. La carga anteriormente cargada en otros puertos por el Bahri Jeddah -añadida a la carga embarcada en Motril- podría superar la carga máxima admisible sobre barco para material militar y explosivos según la INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA NÚMERO 20 del Real Decreto 130/2017. El Bahri Jeddah habría atracado en Motril habida cuenta que General Dynamics, propietaria del armamento que recogió el Bahri Jeddah en el puerto de Dundalk, es propietaria también de Santa Bárbara Sistemas, que a su vez es propietaria de la fábrica de armas del El Fargue (Granada). Además de Baltimore, el Bahri Jeddah también habría pasado por otros puertos americanos (Salvador de Bahía, Pensacola, Houston...) llenando sus bodegas de todo tipo de armamento y material explosivo. Todo el cargamento del Bahri Jeddah tuvo como destino el puerto de Yeddah (Arabia Saudí). Arabia Saudí lidera la coalición militar que desde 2014 combate contra los hutíes en la guerra de Yemen provocando decenas de miles de muertos y heridos entre la población civil. Esta coalición la componen varios Estados árabes como Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Egipto, Jordania o Marruecos y ha contado con el apoyo militar de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Dicha actividad de transporte y carga de explosivos y material de guerra en un puerto como el de Motril entendemos que viola además la DIRECTIVA EUROPEA 2014/28/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, que se refiere a material con fines civiles quedando claro que el material embarcado en el puerto de Motril y con destino a Arabia Saudí, consistente en munición y explosivos esta considerado como material de guerra y no con fines civiles. Además de ser un puerto de pasajeros donde atracan ...
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El nuevo secretario general del PCA, Ernesto Alba, ha afirmado que la sucursal andaluza del PCE apuesta por la creación de un "nuevo sujeto político andaluz" y hacerlo "con toda IU" y "sin imposiciones de nadie". De sus declaraciones se deduce la importante fractura que está viviendo Adelante Andalucía (AA) en estos tiempos. Adelante se constituyó como un espacio de confluencia de IU y Podemos, además de otros grupos salidos de la disolución del Partido Andalucista. La salida de Anticapitalistas de Podemos y su pervivencia en el seno de AA en el país andaluz -con Teresa Rodríguez como su principal capital político y cara visible de la coalición- no hizo sino generar más fricciones. Fricciones que han aumentado aún más tras la inclusión -hace tan solo unos días- de Anticapitalistas en AA, sin el consentimiento del PCE. Las espadas están en alto ...
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La historia del Motril andalusí es muy poco conocida, hay escasas fuentes bibliográficas y documentales y prácticamente inexistentes testimonios arqueológicos; pero da la impresión de que se trataba de núcleo de población de cierta consideración en estrecha relación con la fortaleza de Salobreña cuyo alcaide, conjuntamente con un cadí nombrado por el cadí mayor de Granada, tenían jurisdicción sobre toda la costa, aunque el gobierno efectivo de la comunidad musulmana motrileña lo ejercían directamente el alguacil y los viejos honrados El Mutrayil musulmán de fines del siglo XV estaría conformado por un núcleo central amurallado, dos arrabales conocidos como Curucho y Manjón, un reducido barrio en la zona de la calle Pozuelo y otra pequeña judería en lo que hoy es el entorno de la ermita Señor de Junes. Tenía cinco mezquitas, una alhóndiga, dos mesones, seguramente tres fábricas de azúcar, hornos de pan, algunas tiendas, un molino y un baño. No podemos precisar el número de habitantes que tendría Motril en esta época de las últimas décadas del siglo XV, pero debería aproximarse a unos 400 vecinos, unas 1.200 personas. Con el paso de tiempo, prácticamente todos los edificios musulmanes más significativos fueron derribados y el único que se conservó casi completo hasta mediados del siglo XIX fue el baño. El baño musulmán o hammam es un edificio típico de las ciudades islámicas, donde se une el carácter privado con lo religioso. La mayor parte de ellos se levantaban cerca de las mezquitas y zonas de gran afluencia como puertas, plazas y zocos. Muchos de ellos eran públicos y también algunos privados construidos dentro de las casas de las familias más importantes. Forma parte de tejido urbano de la ciudad y la construcción de un baño daba prestigio a las poblaciones y se convirtió en un edificio esencial de la sociedad islámica por razones religiosas y de higiene. El baño del Motril musulmán a fines del siglo XV pertenecía a la reina Aixa al Horra, madre del rey Boabdil de Granada y, tras la conquista cristiana de Motril, le fue concedido por los Reyes Católicos a Francisco Ramírez de Madrid en 1491 por los muchos servicios prestados a la Corona. Estaba situado al sur de la población por encima de la acequia y por dentro de la muralla, en lo que hoy es la plaza de la Tenería. Se abastecía del agua de la acequia principal por una pequeña canalización conocida como el “caño del agua” y también con una noria. Tomás de Aquino, antiguo historiador de motrileño, escribía que el baño conocido como el “Bañuelo”, tenía tres naves a lo morisco labradas y estaba situado colindando con el hospital de Santa Ana edificado en la misma plaza en ...
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/ / Andalucía, Granada
El gobierno español ha informado, en un respuesta parlamentaria, de que se han presentado 950 denuncias por posibles torturas en las cárceles del Estado español, acumulándose casi el 40 por ciento de los procedimientos en los últimos tres años y siendo Castellón II la prisión que con más casos (75). El Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce el derecho a la vida y consagra la prohibición de la tortura y de los tratos inhumanos o degradantes, según el cual los Estados Parte se comprometen a asegurar los derechos reconocidos a toda persona bajo su jurisdicción. Sin embargo, en España, en los últimos tres años se detecta un aumento de estas denuncias por torturas ya que se registran casi el 40 por ciento de los casos totales. La prisión con mas denuncias acumuladas es Castellón II con un total de 75, seguida del centro penitenciario Puerto III de Cádiz con 67 y la cárcel Sevilla II con otros 67 posibles casos de maltratos. En 2017 y 2019 se registraron los datos más altos en esta década con 130 denuncias respectivamente, seguido de 2018 con 117, lo que hacen un total de 377 procedimientos abiertos por posibles malos tratos. Para volver a estos números tan elevados hay que ir a 2013 donde también se registraron 117 casos de torturas. En el resto de la década estos números oscilan entre las 62 y 90 denuncias presentadas, sin alcanzar la centena. Fuente: www.theobjective.com ...
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El Sindicato de Enfermería (Satse) en Andalucía ha denunciado la firma de un convenio entre la empresa privada farmacéutica y la Consejería de Salud y Familias por el que se les suministrará test anticuerpos totales para todo el personal que trabaja en las farmacias. Satse cuestiona los motivos de este convenio para un colectivo tan específico mientras siguen sin realizarse las pruebas diagnósticas fiables a todos los profesionales de la Sanidad andaluza. Satse ha recordado mediante un comunicado que “en el actual contexto de grave crisis de salud pública, motivada por la pandemia, ocasionada por el Covid-19 y los datos tan alarmantes de los contagios en el personal sanitario, ha pedido reiteradamente en cada una de las reuniones con la Administración que se realicen de manera inmediata pruebas diagnósticas fiables a todos los sanitarios (PCR y Elisa), además de los medios de protección adecuados, los denominados EPI”. El Sindicato de Enfermería ha expresado que “asiste ahora con sorpresa a la firma de un convenio de la Consejería con la empresa privada farmacéutica, por el que la Consejería de Salud y Familia, se le va a suministrar test de anticuerpos totales para todo el personal que trabaja en las farmacias”. Tras tener conocimiento de este convenio, el Sindicato de Enfermería ha dirigido un escrito al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en el que explica que “valoraría este acuerdo, positivamente, siempre y cuando, se cumpla, lo que ha solicitado en multitud de ocasiones a la Administración, y en cada una de las Mesas Sectoriales de Sanidad y Comités de Seguridad y Salud que se han celebrado, considerando que “es fundamental y determinante que al 100% de los profesionales sanitarios se les realice test fiables, por el bien de la salud de todos los andaluces, extremo este, que aún no se ha cumplido”. En la misma línea, el Sindicato de Enfermería ha expuesto que “entiende que la lucha contra esta grave crisis sanitaria requiere de la adopción de medidas excepcionales, como es llegar a acuerdos con empresas privadas, pero en primer lugar, hay que suministrar y realizar los test diagnósticos al 100% de los profesionales de la sanidad, tanto del ámbito público como privado”. Satse ha recalcado que “podría entender que, de forma excepcional, se firmen acuerdos con empresas privadas que han estado colaborando en esta crisis sanitaria, como pueden ser pequeñas y mediana empresas de alimentación, supermercados, servicios de urgencias de mensajería, transportistas, camioneros, así como otras empresas consideradas por el mando único del Ministerio de Sanidad como esenciales”. Para la organización sindical es “del todo incomprensible la firma de este acuerdo con una sola empresa privada, ni la derivación de dinero y recursos públicos de manera selectiva a un ...
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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado el recurso interpuesto por Agaden-Ecologistas en Acción que anula el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Chiclana de la Frontera. Hay que destacar que el principal argumento para la anulación del PGOU ha sido la ausencia de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y el empecinamiento del Ayuntamiento de Chiclana en sustituir este tramite fundamental, según la normativa estatal y europea, por una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que, a pesar de lo que asegurara la Junta de Andalucía, no es lo mismo, y así lo han dejado claro numerosas sentencias judiciales que la Junta y algunos ayuntamientos siguen ignorando. La sentencia da un fuerte varapalo a la Junta de Andalucía, porque la considera "perfecta conocedora de la ilegalidad de los instrumentos de planeamiento aprobados sin Evaluación Ambiental Estratégica". La ausenciade EAE en el planeamiento significa que el PGOU recurrido incumple la directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27-6-2001 y la leyes españolas 9/2006 y 8/2007. Por otra parte, tampoco se cumplieron con las fases que según la ley deben desarrollar una EAE: no hubo fase de Consultas Previas, ni Informe de Sostenibilidad Ambiental, que analizara la necesidad de las actuaciones proyectadas y posibles alternativas, incluyendo la alternativa cero, y tampoco se incluyó en el planeamiento la Memoria Ambiental. Todos estos requisitos son obligatorios en todos los planeamientos a partir del 21 de julio de 2006, lo que fue advertido reiteradamente por las asociaciones ecologistas al Ayuntamiento, sin que se dignara a considerarlo; así les está yendo. En la sentencia el TSJA destaca que en el PGOU se ha sustituido la EAE por una EIA. La EIA es un requisito obligatorio para proyectos urbanísticos, pero no para planes urbanísticos. Precisamente, por eso dictamina que es "nula y fraudulenta la resolución de la Delegación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 20 de mayo de 2015",que asegura que ambos procedimientos son equiparables y similares. La Junta de Andalucía, tanto antes con el PSOE como ahora con PP-Cs, ha mantenido sus argumentos de que el PGOU se ha tramitado correctamente, lo que ha sido clara y contundentemente desautorizado por el tribunal. El Ayuntamiento se ha limitado a decir que ha seguido las instrucciones de la Junta de Andalucía. Los máximos responsables políticos de la Junta y del Ayuntamiento que han avalado y aprobado este PGOU, y los técnicos de estas administraciones que lo han informado favorablemente, deberían explicar ahora estos graves incumplimientos de la legalidad en que han incurrido, que no puede quedar impune por el daño que están provocado al municipio de Chiclana. La sentencia del TSJA deja claro, tal y como advertimos las asociaciones ...
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Ecologistas en Acción ha mostrado su más enérgico rechazo al proyecto de ampliación del vertedero de residuos peligrosos y no peligrosos de Bolaños, propiedad de Verinsur S. L, en Jerez, y ha reclamado su clausura y sellado por no cumplir los criterios de la Unión Europea en su programa de Economía Circular, que plantea la reducción progresiva de los residuos que se llevan a la mal llamada “eliminación”, dado que simplemente son enterrados. La organización advierte en las alegaciones a la modificación sustancial de la autorización ambiental integrada de las instalaciones, en exposición pública desde el 13 de abril, que “el tratamiento de valorización, por reciclaje o reutilización, a 2.200 toneladas de residuos no peligrosos y más de 10.000 toneladas de residuos peligrosos que dio Verinsur en 2019 es una cifra claramente insuficiente y muestra que no se está acometiendo proyecto alguno para reducir el porcentaje de residuos llevado a vertedero”. Y advierte de que “la pretensión de prolongar la actividad del vertedero hasta 2035 representa una renuncia a hacer efectivos estos compromisos legales de recuperación y reciclado de los residuos, haciéndonos acreedores de las multas que inevitablemente llegarán por llevar a vertido residuos que no debieran ser eliminados”. Bolaños recibe además los rechazos generados en la planta colindante de tratamiento de residuos municipales Las Calandrias y, con el decreto de alarma, los residuos urbanos “bolsa gris sin concluir previamente su proceso de clasificación” procedentes de Jerez, El Puerto y Rota y Arcos, dos de los motivos para solicitar la ampliación del depósito antes del verano, de acuerdo a la orden dictada por el delegado de Desarrollo Sostenible, Daniel Sánchez, antes del verano. “No es cierto que este depósito es fundamental para poder seguir prestando servicio”, sostiene Ecologistas en Acción. En primer lugar, apunta, la planta no recibe los residuos para los que estaba diseñada, los de la Sierra y la Costa noroeste. Por otro lado, la recepción de residuos de los municipios de la Sierra no será necesaria a partir del funcionamiento de la planta de compostaje de Villamartín, en proyecto, y, por último, “la planta de Las Calandrias arrastra problemas de descapitalización recortes de plantilla y mala gestión por lo que su optimización para efectuar de verdad un tratamiento mecánico biológico, con el compostaje de la fracción orgánica en primer término, no solo es una exigencia medioambiental, sino una obligación legal”, que minizaría de manera drástica el vertido a Bolaños. y haciendo innecesaria su ampliación. Proyecto indefinido y contaminante El espacio reservado para la instalación de valorización, con 55.000 metros cuadrados, queda indefinido. Ecologistas en Acción reclama a Verinsur que precise “qué cantidades serán recuperadas y con qué horizontes de actuación deberían formar parte del proyecto”. Y advierte ...
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Desde NACIÓN ANDALUZA, el PCPA Y EL SUA se llama a una movilización este sábado 23 de mayo, en Almería capital, a las 8 de la tarde, en una nota de prensa que han publicado y reproducimos a continuación: La crisis económica y social que el capitalismo ya arrastraba, se ha agudizado con la pandemia del coronavirus. El paro, la precariedad, la falta de recursos, está machacando a la clase trabajadora y a los sectores populares.  Y particularmente en nuestra Andalucía por la dependencia colonial que padecemos.Y esta vez, Almería tampoco se libra. Ha sido la provincia andaluza donde más aumentó el paro durante el último mes. En abril, el número de parados registrados en el SEPE en Andalucía llegó casi al millón de personas. El 45,8% de la subida del paro en todo el estado español, se concentró en Andalucía. Siendo Almería la provincia andaluza que en términos relativos más aumentó el paro, un 7,16%. Desde el Gobierno de Madrid no se han aplicado medidas realmente contundentes y necesarias para paliar la crisis. Trabajan a las órdenes del gran capital y además han maniatado los intentos de contestación y de respuesta de los sectores más combativos, permitiendo eso sí, que la extrema derecha campe a sus anchas. Y nada podemos esperar tampoco del gobierno de la Junta de Andalucía, representante de los intereses de los sectores más reaccionarios  de la oligarquía andaluza, además de que como institución, la Junta de Andalucía, está vacía de toda soberanía.Cada día es más evidente para qué nos quiere el capitalismo españolista, para ser jornaleras mal pagadas, para estar parados y mendigar una “ayudita”, para ser quienes con trabajos precarios y de temporada, sirvamos a los turistas europeos y de países ricos. Mientras, todos los beneficios y los impuestos que se llevan y que pagamos a las grandes empresas en Andalucía, van a la Comunidad de Madrid y a otras zonas del estado. Desde Nación Andaluza decimos claramente que no queremos volver a la normalidad, la normalidad es la responsable de que hayamos llegado en estas condiciones. Los ricos cada vez más ricos,  mientras a la clase trabajadora, sobre todo a las mujeres, nos espera precariedad, temporalidad, desahucios, recortes en derechos sociales, no poder llegar a fin de mes. Por no hablar de la contaminación y destrucción constante de nuestro medio ambiente, del abandono de nuestros mayores, de los ingentes gastos militares y las guerras. A esa normalidad no queremos volver. Estamos a tiempo de pararlo. De que no ocurra como en la crisis del 2008, que la pagamos las trabajadoras y salieron ganando la banca y los grandes empresarios. Es el momento de levantarnos, de salir a la calle, de decir que no, de organizarnos ...
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El Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) de Motril ha hecho público un comunicado en el que denuncia la represión del Ayuntamiento de Motril sobre varios trabajadores del consistorio, reproducimos a continuación la nota: El Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) de Motril – Costa Tropical y la sección sindical de personal laboral del Ayuntamiento motrileño, quieren manifestar su profundo rechazo a causa de las sanciones que desde el consistorio se quiere aplicar a cuatro trabajadores municipales por verter críticas a la gestión municipal. El Ayuntamiento ha abierto expedientes disciplinarios a dos trabajadoras de limpieza por criticar la falta de material de equipos de protección contra el coronavirus por redes sociales. En los expedientes disciplinarios el Ayuntamiento indica que las publicaciones de Facebook de los empleados pueden «ser constitutivos de una falta disciplinaria, máxime cuando el Ayuntamiento está haciendo un gran esfuerzo por garantizar la seguridad de sus trabajadores». Además, el Consistorio ha abierto otros dos expedientes a conserjes que custodiaban el pabellón de deportes ,cuando era refugio para las personas sin techo, por criticar la decisión en grupos o perfiles públicos de la misma red social. Desde el SAT de Motril y la sección sindical, consideramos que el derecho a la libertad de expresión otorga a la personas el poder de expresar ideas y opiniones libremente, siempre que se haga de forma respetuosa con los límites constitucionales y que este derecho no se pierde cuando los trabajadores comenzamos nuestra jornada laboral. También queremos poner en conocimiento de la opinión pública que las lógicas y fundadas quejas de estos cuatro trabajadores (dos mujeres y dos hombres) se produjeron después de ser desatendidas por los responsables municipales. Desde el SAT estimamos que se ha producido una injustificada limitación del derecho de nuestros compañeros a la libertad de expresión y que un derecho fundamental, no puede conculcarse ante un supuesto "deber de lealtad" a la empresa que no se ajusta al sistema constitucional de relaciones laborales. Por lo dicho, exigimos la inmediata retirada de los cuatro expedientes disciplinarios y que el Ayuntamiento dote de medios y EPIs (equipos de protección individual) a sus trabajadores y trabajadoras y contemple medidas de amparo hacia las personas sin techo que se cobijaban en el pabellón. La decisión de abrir expedientes disciplinarios a cuatro trabajadores en momentos de emergencia como este pone en evidencia la actitud de la alcaldesa de Motril que acude a las medidas represoras para acallar las críticas a su muy mejorable gestión, críticas que parten de empleados públicos que están dando la cara y actuando con una entrega encomiable para contener la pandemia. Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras (SAT) Motril - Costa Tropical ...
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Más facilidades para la especulación urbanística en nuestro país. El Consejo de Gobierno de la Junta (PP-C's_Vox) tiene previsto dar luz verde hoy al inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley de impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía que -a pesar de su denominación- persigue todo lo contrario: eliminar trámites para urbanizar rápidamente y a gusto de constructores y promotores el poco suelo que queda en Andalucía sin cemento. La excusa es "atraer inversiones que permitan reactivar la economía y crear empleo", tal y como dan la noticia los medios del Régimen. La realidad es que con la excusa de la pandemia del coronavirus Covid-19 se va a dar rienda suelta a todos las intenciones especulativas que capitalistas andaluces e internacionales tienen depositadas en el gobierno de la Junta. Juanma Moreno lleva dos meses repitiendo el mantra de que "la preservación de la salud debe ir de la mano de una reactivación progresiva de la economía", y lo está aplicando. De hecho ha reconocido que el anteproyecto sigue la misma "filosofía" del decreto ley 9/2020 para la simplificación administrativa aprobado hace un mes y que ha levantado ampollas entre el pequeño comercio, ecologistas y otros sectores del Pueblo Andaluz ...
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La Asociación de Cubanos Residentes en Andalucía “Tocororo” ha denunciado la inclusión de Cuba por los Estados Unidos en el grupo "de los países que no cooperan en la supuesta lucha antiterrorista" que, afirman, encabeza el gobierno norteamericano. Según esta asociación cubano-andaluza "Los pueblos del mundo conocen las agresiones sufridas durante siglos por parte del imperialismo y que sería imposible resumir en pocas lineas.  El gobierno de los EEUU está implicado directamente en agresiones contra pueblos utilizando su potencial militar con una crueldad sin límites. Ha bombardeado países asesinando a millones de personas como Vietnam, Siria o Libia. Participó en la organización de crueles golpes de estados como Argentina, Chile, Uruguay, Honduras, etc. A lo largo de su infame historia invadió naciones implantando gobiernos sanguinarios." Además afirman que "la declaración cínica del gobierno de los EEUU de incluir a Cuba en un grupo de supuestos países que no colaboran en la lucha contra el terrorismo parece obedecer a la reciente agresión sufrida por la Embajada de Cuba en Washington, que se suma a una larga historia de los ataques a dependencias diplomáticas cubanas en Estados Unidos, y que el gobierno norteamericano no parece dispuesto a esclarecer." ...
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Ecologistas en Acción ha averiguado que los escombros vertidos ilegalmente en el Rancho Linares, en el término municipal de El Puerto de Santa María, proceden de las obras de demolición que se están llevando a cabo en la antigua Residencia de Tiempo Libre de Cádiz. Tras la denuncia de los hechos, se siguen vertiendo escombros. Este edificio era de titularidad pública, hasta que la Junta de Andalucía lo privatizó. La empresa adjudicataria del concurso de venta de este edificio fue Vico Black 98, filial del grupo "Q Hoteles", que la adquirió por 11.811.410,01 euros. Esta empresa está procediendo a la demolición de parte de la edificación existente. Los cientos de camiones de escombros que ha generado esta demolición no se ha llevado a un gestor autorizado para su reciclaje, como es obligación legal, sino que se han vertido en unos terrenos de El Puerto de Santa María de gran valor medioambiental. La empresa que está desarrollando los trabajos de demolición y cuyos camiones han vertido los escombros en esa finca de El Puerto de Santa María, es "Demoliciones DAYTA". Ecologistas en Acción ha denunciado estos hechos al alcalde de El Puerto, al delegado de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y al Ayuntamiento de Cádiz. En las denuncias solicitamos la inmediata paralización de este vertido ilegal, que se proceda a la incoación de los preceptivos expedientes sancionadores y de restauración de la legalidad, exigiendo a la empresa responsable la retirada de la totalidad de los escombros, y que se trasladen a planta autorizada para su reciclado. Además, hemos solicitado a Germán Beardo, alcalde de El Puerto, que nos informe de las actuaciones que ha realizado el Área de Medio Ambiente ante este atentado medioambiental, pues no es comprensible que se haya producido ese trasiego de camiones sin que ningún responsable de este área municipal se haya enterado. Lamentablemente, no se ha impedido todavía el acceso de los camiones, que siguen vertiendo los escombros de forma impune en este espacio forestal. Ni siquiera se ha procedido a precintar el acceso a la escombrera ilegal, como debería haberse hecho como medida cautelar. Ecologistas en Acción organizó en la tarde de ayer un acto de protesta en la escombrera del Rancho Linares, guardando todas las normas de prevención contra el coronavirus. Las medidas del Estado de Alarma, que algunos han utilizado para buscar la impunidad en un atentado ecológico, no pueden impedir el derecho a manifestarse de los ciudadanos para denunciarlo, siempre con las medidas de seguridad que dicta la lucha contra la pandemia ...
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