Comienza el Juicio por maltrato animal a los responsables de la perrera de Puerto Real
Nueve años después de que se conociera qué estaba pasando en la perrera El Refugio de Puerto Real (Cádiz), con la que trabajaban muchos ayuntamientos gaditanos (al parecer durante años se sacrificaba sistemáticamente a los animales), este miércoles ha comenzado en el Juzgado de lo Penal número 4 de Cádiz el juicio por un presunto delito de maltrato animal contra el dueño, la directora y un veterinario de este centro (foto adjunta).
El fiscal solicita para los tres un año de prisión, a quienes acusa de un delito de maltrato animal continuado. También pide para ellos tres años de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales. Por su lado, la organización proteccionista El Refugio, que denunció en su momento el caso y actúa como acusación reclama una condena de un año y seis meses de cárcel. Las defensas piden la libre absolución de sus representados. Los tres están acusados de ser responsables de haber aplicado la eutanasia a miles de animales, utilizando un paralizante muscular (Mioflex) que provocaba una muerte “terriblemente agónica por asfixia”.
El juicio se iba a celebrar en marzo de 2013, pero otro de los veterinarios acusados no pudo ser localizado, lo que dio lugar a la suspensión del mismo. Finalmente, más de tres años después, la vista se desarrolla sin él para no paralizar más esta causa.
“Conseguimos por primera vez en España que se cerrara una perrera y se acabara el terrible supuesto sufrimiento que tenían los animales”, ha subrayado el presidente de El Refugio, Ignacio Paunero, que este miércoles no ha dudado en asistir a las puertas de los juzgados en los bajos del estadio Carranza con uno de los perros “salvados” de esas instalaciones y una pancarta con el lema “a juicio el exterminio de la perrera de Puerto Real’”. Esta asociación animalista con sede en Madrid denunció en junio de 2007 los supuestos hechos ilícitos ante el Seprona (la Guardia Civil), iniciándose un procedimiento penal en el Juzgado número 2 de Puerto Real.
En dicha perrera de Puerto Real, según relató en su momento El Refugio, se recogían miles de perros y gatos, anualmente, de varios municipios de la provincia de Cádiz. De hecho la mayoría de consistorios de la Bahía trabajaban con este centro. Supuestamente los animales recogidos eran sacrificados con un paralizante muscular que era inyectado indiscriminadamente “ocasionando a los perros y gatos recogidos una muerte lenta y agónica por asfixia que en la mayoría de las ocasiones podía durar varios minutos, durante los cuales el perro o el gato está absolutamente consciente hasta que muere asfixiado ya que afecta a los músculos respiratorios”.
El “horror” en la perrera –llamada entonces curiosamente El Refugio-, supuestamente llevaba sucediendo durante años. Era una empresa que figuraba como sociedad limitada en el registro de sociedades. La asociación denunciante sentenciaba que “en muchos casos, este tipo de empresas que recogen animales sólo buscan ganar dinero, aparentan proteger a los animales pero en ningún caso lo hacen”.
(Fuente: Diario Bahía de Cádiz)
El veterinario de la perrera admite que usó Mioflex en los sacrificios
Si era o no idóneo la forma de sacrificar a los animales en la antigua perrera El Refugio de Puerto Real, si los responsables de la empresa eran conscientes de los métodos que se estaban aplicando sobre los canes y si a éstos se les provocaba una muerte “lenta y agónica” por asfixia. Esas son las cuestiones que se tendrán que dilucidar en el juicio que ha arrancado este miércoles en Cádiz y que sienta en el banquillo de los acusados a un veterinario, el responsable de este centro de recogida de animales y una administrativa -que según los denunciantes hacía las veces de directora-. La vista se celebra sin uno de los dos veterinarios que trabajaban en la perrera en el momento de la denuncia, ya que no ha podido ser localizado, aunque en la misma sala uno de los abogados ha precisado que se encuentra en Fuerteventura.
El Ministerio Fiscal pide para todos ellos una pena de un año de prisión por un supuesto delito de maltrato animal continuado, porque, según mantiene, fueron sacrificados de forma “indiscriminada” con un medicamento, Mioflex, un poderoso paralizante muscular, que les provocaba una «gran agonía» antes de morir. Las acusaciones particulares, la protectora El Refugio que denunció los hechos, y la pareja italiana cuyos animales, como aseguran, fueron víctimas del caso, solicitan para los procesados un año y medio de prisión. Por su parte las defensas piden la libre absolución de sus representados.
En el arranque del juicio, que se ha alargado durante toda la mañana, se ha podido escuchar la versión de dos de los acusados. Uno de ellos, el veterinario que trabajó en el centro de 2004 a febrero de 2007, ha admitido que sí utilizó durante una época el medicamento cuestionado, el Mioflex. Según matizó, lo usó una vez que en la perrera instalaron una incineradora propia para evitar el ‘rigor mortis’ de los animales y que así se pudieran introducir en el horno crematorio más fácilmente.
Como insistió a preguntas de las partes, inoculaba de manera subcutánea este relajante muscular a los canes pero “siempre” después de un analgésico previo, tiobarbital (que en dosis altas puede funcionar como eutanásico), y cuando el perro “había perdido la inconsciencia”, aunque todavía mantenía el riego, ya que el flujo sanguíneo permitía el mejor reparto en el organismo de dicho relajante muscular, como concretó. Según añadió, “nunca” lo usó como un eutanásico y siempre se lo inyectaba en el período de 20 ó 30 segundos en los que tardaba en morir el can, desde que le había suministrado el citado tiobarbital.
En cuanto si fue él mismo quien le dio al otro veterinario investigado en la causa las instrucciones de que siguiera este mismo procedimiento, no ha sabido precisarlo destacando que los hechos que se juzgan se remontan a hace nueve años. Sin embargo, sí se mostró muy seguro con respecto al número de animales que llegaron a sacrificar en la perrera denunciada.
Como explicó, “el primer objetivo” de la empresa era la donación de los canes que les llegaban y, pasado un tiempo legal, si éstos no eran adoptados se procedía al sacrificio, como así estaba regulado y autorizado. En este sentido, negó que la cifra que manejan acusación y denunciantes de más de 500 animales en un año, se ajuste a la realidad. «Nunca vi ese volumen de sacrificio. Especialmente en 2006 bajaron porque se donaban muchos». Con respecto a este asunto, declaró que la mayoría de los animales que se incineraban en las instalaciones venían de los ayuntamientos ya que ofrecían este servicio a distintos municipios y calculó que a la semana se le practicaba la eutanasia a 6 ó 7, “unos 20 al mes”.
También respondió al respecto del estado y cuidado de las instalaciones. Según manifestó, éstas «eran buenas», matizando que al tratarse de un centro de recogida de animales de forma «puntual» pudo producirse el hacinamiento en las jaulas. Como precisó, se limpiaba tres veces al día con agua a presión, y sí se separaban los animales sanos de los que llegaban enfermos o enfermaban una vez allí. Sobre si era él como veterinario quien llevaba el registro de los animales que se trataban en la perrera, indicó que ayudaba en esas funciones administrativas pero que sólo avisaba cuando había que darles de baja en un registro general que había.
“Me daban las recetas y los pedía”
Por su parte, la otra acusada que declaró, aseguró que a pesar de que se le señala como directora del centro, sus funciones contractuales eran la de administrativa. Aún así, reconoció que daba instrucciones a trabajadores, hacía registros de entrada y salida de animales y también pedidos, aunque éstos, siempre según le indicaban los veterinarios. “Ellos me daban las recetas, yo los pedía”.
La trabajadora que estuvo empleada en la perrera desde los años 90 hasta el decreto de cierre en 2007 afirmó que en todo ese tiempo nadie le habló de un «medicamento comprometido», a pesar de que la fiscal le recordó que durante la instrucción se habló de una reunión entre los procesados en la que se trató el tema del controvertido Mioflex. La acusada dijo no recordarlo. Además negó que se le advirtiera de que había perros en mala situación. A este respecto, aseguró que las instalaciones estaban limpias y que al centro acudían inspectores de manera habitual, además del Seprona y excursiones escolares. La procesada afirmó que la responsabilidad sobre el estado de la perrera recaía en el biólogo. “Me siento indignada. Me están culpando de algo que yo no he hecho”, afirmó entre sollozos al terminar su declaración.
La vista se retomará el próximo día 17 con la declaración del otro de los acusados, el propietario de la perrera, y los testigos.
(Fuente: La Voz de Cádiz)
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