Cádiz: El procedimiento penal contra presuntos responsable de la trampa con cocaína contra Juan Clavero entra en su fase final

El próximo miércoles 26 se cumplen tres años de la detención del activista de Ecologistas en Acción, Juan Clavero, víctima de una trama que pretendió implicarlo en un delito de tráfico de drogas. Tres años después, las diligencias contra los cuatro imputados como presuntos organizadores de la trama entran en su fase final al desestimar la Audiencia Provincial el archivo de la causa.

Clavero fue detenido en la localidad de El Bosque al encontrar una dotación de la Guardia Civil una importante cantidad de cocaína en su furgoneta. La opinión pública y la inmensa mayoría de entidades políticas y sociales de Cádiz no dieron crédito a esta acusación y denunciaron que se trataba de una burda trampa para anular su participación en la campaña por la apertura de caminos públicos en el Parque Natural Sierra de Grazalema. Esta detención tuvo una gran repercusión mediática.

Desde un primer momento las sospechas se dirigieron a algunos responsables de la Sociedad Breña del Agua Investments S.L., del importante empresario belga Marnix Galle, que es la mayor propietaria privada de fincas en el parque natural, y que ha venido provocando numerosos incidentes por el cierre de todos los caminos públicos que discurren por sus fincas.

A los pocos días de la detención, el juez instructor de Ubrique decidió el sobreseimiento de las actuaciones contra Juan Clavero, al evidenciarse que había sido objeto de “actuaciones malintencionadas por parte de terceros” que colocaron droga en su vehículo. 

Tras la exhaustiva investigación realizada por la Guardia Civil, el juzgado de Ubrique imputó a cuatro personas como presuntos autores de la trama: José Miguel Herrera, administrador de la Sociedad Breña del Agua Investments S.L., Oscar González y Juan Luis Pérez Ramírez, capataces de las fincas de dicha sociedad, y Manuel Alcaide, la persona que presuntamente colocó la droga en su furgoneta.

Tras tres años, las diligencias previas entran en su recta final al haber sido desestimados todos los recursos interpuestos por los imputados tanto ante el juzgado de Ubrique como ante la Audiencia Provincial. La Sección 8ª de la Audiencia Provincial con sede en Jerez ha desestimado recientemente la pretensión de los imputados de archivar el procedimiento penal alegando que “no existen indicios sobre su participación”. La Audiencia Provincial asegura por el contrario que “existen indicios sobre la comisión de un ilícito penal” y de la participación de los apelantes “en la denuncia falsa sobre la comisión de un delito contra la salud pública”. La Audiencia destaca en su Auto que “la parte apelante en su recurso se limita a negar los indicios sin mayor explicación”.

La estrategia de los cuatro imputados ha sido presentar continuos recursos, sin justificación ni argumentación legal alguna, para entorpecer y retrasar el procedimiento con una mera intención dilatoria, lo que ha motivado, además, la condena en costas al desestimarse los recursos.

También hay que destacar que los cuatro imputados se han negado a declarar. Y aunque es un derecho de todo investigado-imputado negarse a declarar o no hacerlo contra sí mismo, la Jurisprudencia también ha determinado que cuando las pruebas de cargo requieran una explicación que el acusado debería estar en condiciones de dar, la falta de esa explicación puede permitir concluir, por un simple razonamiento de sentido común, que no existe ninguna explicación posible, lo que aumenta las evidencias de culpabilidad del acusado.

Actualmente, sólo queda resolver la petición de diligencias complementarias que han presentado los abogados de Clavero y de Ecologistas en Acción, que también está personada en la causa. Estas diligencias son de gran importancia para desvelar la totalidad de la trama, y consisten en requerir el listado de llamadas telefónicas entre todos los imputados el día de la detención de Clavero, y que se tome declaración de nuevo, pero en calidad de investigado, al cabo de la Guardia Civil que detuvo a Clavero, pues, como poco, y tras su declaración, ha quedado en evidencia que no puso en su momento a disposición de la autoridad judicial toda la información de la que disponía, que falsificó el atestado, y todo a pesar de que tenía plena constancia de que con ello se le imputaría un delito contra la salud pública a Clavero. Por todo ello, el cabo podría haber incurrido en un presunto delito de cooperación necesaria en denuncia falsa.    

La Justicia es muy lenta, pero tanto Juan Clavero como Ecologistas en Acción se comprometieron desde el principio de este procedimiento a no cejar hasta que se condene a los responsables de este montaje miserable que intentó encarcelar a un activista ecologistas y desprestigiar a Ecologistas en Acción.