Vega de Granada: Otro intento de desahucio por parte de la Policía Local y la Guardia Civil en pleno estado de alarma en Atarfe

por Francisco Vílchez · 14/05/2020

Después del éxito obtenido en Fuente Vaqueros, al haber conseguido amedrentar a una familia monoparental, tomándose la justicia por su mano, con prácticas de matones y sin respetar que estamos en un estado de derecho, la familia (esa madre y su hija menor), se han visto obligadas por el miedo a abandonar la vivienda y volver a la situación anterior.

Ante semejante éxito, infringiendo la Ley vigente, en la ciudad de Atarfe, alguien ha decidido copiarlo y sobre las ocho menos cuarto de la tarde del martes 12 de mayo, una pareja de la Policía Local de ese municipio (Atarfe), acompañado de una pareja de la Guardia Civil, se presentaron en el domicilio de una vecina con su hijo de 2 años insistiéndole en que tenían que abandonar su casa en esos momentos, argumentando que unos vecinos habían denunciado la ocupación de esa vivienda.

Esta madre con su menor de dos años llevan viviendo en esa casa aproximadamente unos veinte meses, desde que el pequeño tenía 4 meses, desde que no pudo aguantar los episodios de violencia de género, con sentencia el 20 de agosto.

Esta familia, asiste a las asambleas de STOP Desahucios Granada 15M, formando parte de nuestro grupo desde el verano del año pasado. Está en los ficheros como demandante de vivienda pública protegida del Ayuntamiento de Atarfe y en dos ayuntamientos más, así mismo ha demandado viviendas sociales en las empresas públicas de la Junta de Andalucía y Diputación de Granada (AVRA y VISOGSA).

Su situación legal está judicializada, pendiente de resolución sobre un recurso de la Audiencia Provincial.

Pero lo grave de todo esto es que habiendo un Real Decreto Ley sobre el Estado de Alarma, que impide los desahucios hasta seis meses después del fin de este Estado de Alarma, la Policía Local de Atarfe acompañada de la Guardia Civil (o viceversa), en la tarde de martes 12 de mayo, se presentaron en el domicilio de esta madre y su menor de dos años y a pesar de la prohibición expresa de los desahucios, intentaron desalojarla de su vivienda (no sabemos por orden de quién), sin orden judicial y negándose a identificarse, ocultando los números de placa.

Y nos podemos preguntar, nuestras extraordinarias fuerzas de seguridad, ¿no están para protegernos de situaciones que infringen la Ley? Si no tenían orden Judicial ¿Quién le había dado esa orden? Porque no creemos que haya salido de los agentes.

A caso que la Policía Local y la Guardia Civil, actúen en contra de la legislación vigente, extorsionando a una familia ¿no es lo suficientemente grave, como para que la fiscalía actúe de oficio?

Es el segundo caso en pocos días. Y la intención de este comunicado es para que estas situaciones no se vuelvan a producir porque estaremos vigilantes. Ya que tenemos la desgracia de tener que recordar, que las administraciones públicas (las locales, provinciales, autonómicas y estatales), no han desarrollado el Articulo 47 de la Constitución Española después de más de cuarenta y un año, y que dice literalmente:

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación
Constitución Española

La okupación con “k” es una cosa y la ocupación con “c” -por necesidad- es otra muy distinta. Cuando una familia como esta no tiene trabajo y solo tiene unos ingresos de 527€ de salario social, con esa cuantía no tienen ni para comer, como van a pagar un alquiler de mercado (de 300€ mínimo), además de agua y luz, es evidente que no pueden, las administraciones públicas no han cumplido con su obligación y no hay viviendas públicas sociales y protegidas.

Estas familias (que cada vez hay más, como también aumentan los muy ricos), no pretenden apropiarse de las fincas de bancos ni de fondos de inversión (fondo buitre), sólo quieren ejercer el derecho de habitar una vivienda que normalmente están deshabitadas y esperando especular con ellas. Todas las viviendas tienen un fin social: ser habitadas y en casi todos los casos los ocupas terminan solicitando un alquiler social al banco o inmobiliaria de la entidad. Y no nos sirve el tópico de que “pues que trabajen y se lo gane”, ya quisieran ellos tener un trabajo que les permitiera vivir, no hemos conocido a nadie que no quiera trabajar; eso sí, por algo más de un plato de lentejas, hoy no hay trabajo, lo que hay es semi-esclavitud.

Desde Stop Desahucios Granada 15M denunciaremos cuantas veces sean necesarias estas actuaciones que rozando lo mafioso pretenden amenazar y extorsionar a familias con escasos recursos, como si fuesen juez y parte, y aún más grave es hacerlo en un estado de alarma como el que estamos viviendo en el cual, además, se prohíben los desahucios. Y seguiremos apelando a la intervención institucional para que se detengan estas prácticas, la no interveción las convertirá en cómplices.

Fuente: www.afectadosporlahipotecagranada.com

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Francisco Vílchez

Andaluz de Granada (1980). Grado en Humanidades en la UGR. Pluriempleado en el sector servicios y aficionado a hablar de lo que la prensa no dice ni pío.

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