Euskal Herria: Familiares de los jóvenes condenados de Altsasu ven en la sentencia un “afán de venganza” y seguirán la “batalla jurídica”
Familiares de los jóvenes condenados por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas, englobados en el grupo Altsasu Gurasoak, y la plataforma Altsasukoak Aske, han considerado que la sentencia de la Audiencia Nacional, que confirma las penas 2 y 13 años de cárcel, “demuestra su afán de venganza” y han destacado que “seguiremos en la batalla jurídica”.
Representantes de ambos colectivos han celebrado este sábado una rueda de prensa en Pamplona en la que han leído, en castellano y euskera, un comunicado en el que han lamentado que “llevamos dos años y medio desde que nos metieron en un túnel de sufrimiento y dolor en el que no podemos ver la luz”. Asimismo, han hecho un llamamiento a movilizarse las próximas semanas y en la que han convocado una manifestación para el próximo 24 de marzo, a las 12.00 horas en la Avenida Pamplona de Alsasua, bajo el lema Esto no es justicia. Altsukoak aske.
Han afirmado que la Audiencia Nacional “no es un órgano de justicia” y han considerado que en la reciente sentencia “se demuestra su afán de venganza y de servidumbre a la Guardia Civil, de avanzar por la senda de recortes de libertades y derechos hacia un modelo punitivo y de impunidad para las fuerzas de seguridad”. Una sentencia que “vuelve a castigar a nuestros jóvenes con condenas claramente desproporcionadas”. “Incluso si el relato en que se sustenta la sentencia fuera verdad las penas de tantos años de cárcel es una barbaridad”, han subrayado. “Por un tobillo roto se imponen penas de privación de libertad de 72 años, hay delitos mucho más graves que reciben penas menores”, han remarcado.
En este sentido, han apuntado que “en el mismo año que se produjeron los hechos, hubo 9.571 casos de atentados a la autoridad” y “ninguno se instruyó ni se enjuició con la calificación de terrorismo, no fue enjuiciado por la Audiencia Nacional ni llegó a castigos tan alarmantes incluso en el caso de utilización de armas o atropello con vehículos”.
Los familiares de los condenados han rechazado “la utilización torticera de la calificación de terrorismo que ha realizado la Audiencia Nacional, con la juez instructora Lamela como responsable máxima” y que, han aseverado, “buscaba distorsionar el procedimiento judicial para poder imponer un castigo vengativo y arrogarse el caso frente al criterio de la Audiencia Provincial de Navarra”. “No se les condena por terrorismo pero se les impone penas como si fueran terroristas, todo esto ha sido y es un abuso de poder”, han censurado.
“No es solo una cuestión de desproporción, es un secuestro de los principio que deben regir la acción del sistema judicial: se vulnera el derecho a la presunción de inocencia, a un juicio justo, a una investigación neutral, a un tribunal imparcial y el principio de que la carga de la prueba recae en la parte acusatoria y que se deben demostrar los hechos más allá de la duda razonable”, han remarcado.
Igualmente, han rechazado la “utilización del agravante de discriminación ideológica” que “abre la puerta a un uso extensivo del modelo punitivo y vengativo en función de criterios políticos e ideológicos que en absoluto se corresponden con un Estado social de Derecho y con el respeto a los derechos y libertades fundamentales”. Por otro lado, han hecho hincapié en una “evidencia que echa por tierra toda la sentencia y cuestiona la veracidad del relato de las acusaciones” y que demuestra, han asegurado, “que los denunciantes han mentido e introduce serias dudas sobre la veracidad del relato”.
Se han referido de esta manera a un vídeo que recoge “los instantes posteriores a los hechos encausados y donde se observa al sargento de la Guardia Civil buscando a personas que participaron en los hechos”. “No se le ha dado suficiente relevancia al hecho de que cuando está buscando a sus supuestos agresores en el vídeo se observa que se encuentra cara a cara con tres de las personas imputadas en este caso y no los identifica como agresores”, han resaltado. “Si no los identifica instantes después de los hechos teniéndolos cara a cara, cómo es posible que los reconozca en unas ruedas de identificación días después o a través de fotos”, se han preguntado.
Altsasu Gurasoak y Altsasukaok Aske han incidido en que “la única prueba de la parte acusatoria frente a todos los testigos y pruebas llevadas por las defensas ha sido el relato de los denunciantes”. “La sentencia se basa únicamente en ese relato para poder incriminar a nuestros jóvenes”, han insistido.
(Fuente: InfoLibre)
“Esta nueva sentencia muestra su afán de venganza”, destacan los padres y madres de los jóvenes de Altsasu
“La Audiencia Nacional no es un órgano de Justicia, no obra con criterios de Justicia, no busca Justicia, no hace Justicia”, han denunciado los padres y madres de Altsasu hoy en Iruñea para valorar la sentencia que confirma las duras penas que se han impuesto a sus hijos.
“Con esta nueva sentencia se demuestra su afán de venganza, de servidumbre a la Guardia Civil, de avanzar por la senda de recortes de libertades y derechos hacia un modelo punitivo y de impunidad para las fuerzas de seguridad”, han destacado.
Junto a ello, han subrayado que la nueva sentencia de la Audiencia Nacional española vuelve a condenar a sus hijos con penas “completamente desproporcionadas, incluso si el relato en el que se sustenta fuera verdad”. En este sentido, han recordado que las condenas suman 72 años de prisión por un tobillo roto y que en 2016 se registraron 9.571 casos de atentados a la autoridad y ninguno de ellos fue enjuiciado en la Audiencia Nacional ni calificado como “terrorismo”.
“La utilización torticera de la calificación de terrorismo que ha realizado la Audiencia Nacional con la instructora [Carmen] Lamela como responsable máximo buscaba distorsionar el procedimiento judicial para poder imponer un castigo vengativo y arrogarse el caso frente al criterio de la Audiencia Provincial de Navarra. No se les condena por terrorismo, pero se les imponen penas como si fuesen terroristas. Todo esto ha sido y es un auténtico abuso de poder”, han añadido.
Además, han denunciado que se han vulnerado principios básicos y han recordado que en el vídeo que grabó Iñaki Abad no solo aparece el sargento con la camisa impoluta, sino que también queda en evidencia que es incapaz de identificar a los supuestos autores de la agresión. “¿Cómo es posible que los reconezca en unas ruedas de identificación días después o a través de fotos?”, han preguntado antes de subrayar que hay personas cumpliendo condena en prisión por esas identificaciones cuestionables.
“Queremos resaltas que la utilización del agravante de discriminación abre la puerta a un uso extensivo del modelo punitivo y vengativo en función de criterios políticos e ideológicos que en absoluto se corresponden con un Estado social de derecho y con el respeto a los derechos y libertades fundamentales”, han advertido.
Tras agradecer la solidaridad recibida desde hace dos años y medio, llamaron a movilizarse en ciudades y pueblos durante las próximas semanas con los lemas “Hau ez da justizia. Altsasukoak aske”, “Esto no es justicia. Altsasukoak aske” o “This is not justice. Altsasukoak aske”.
Estas movilizaciones reforzarán la cita del 24 de marzo, cuando una marcha partirá a las 12.00 desde las inmediaciones del parque de bomberos de Altsasu. “Queremos que sea una gran movilización que siga haciendo historia en esta dinámica de lucha por la justicia y la dignidad”, han agregado.
Asimismo, han confirmado que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Supremo y han destacado que sus hijos siguen en prisión a pesar de que la sentencia no es firme, a diferencia de lo que ocurre en otros casos.
(Fuente: naiz.info)
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