Sindicatos y organizaciones de estudiantes denuncian que las reformas de Macron ponen en riesgo los servicios públicos en Francia
La Asamblea Nacional francesa (Parlamento) aprobó este 19 de marzo, en primera lectura, el proyecto de ley “por una escuela de confianza”, conocida también como reforma Blanquer, el ministro de enseñanza que lo ha propuesto. A la vez, las trabajadoras del Estado francés se movilizaban en una jornada de huelga convocada por parte de una plataforma intersindical, en contra de esta reforma y del proyecto de ley de transformación pública, que se presentó el pasado 13 de marzo.
Las cifras de seguimiento de la huelga son confusas: solo se ha calculado el seguimiento en el ámbito de la enseñanza, el cual ha sido de un 16,09%, según el Ministerio francés de Enseñanza, y de un 40% según los sindicatos convocantes. Las manifestaciones, eso sí, fueron numerosas: unas 50.000 a París, según la CGT, 5.000 en Marsella o 4.000 en Burdeos. En Perpiñán, donde se podían ver varios sectores representados, así como reivindicaciones ecológicas en contra del cambio climático, la manifestación reunió unas 2.000 personas.
Esta huelga general viene acompañada de una serie de huelgas sectoriales que marcan la agenda económica y política del Estado francés y su clase trabajadora: a partir del 28 de febrero y hasta finales de marzo están de huelga las trabajadoras de las finanzas públicas; desde el 1 de marzo, están en huelga los trabajadores de las cantinas escolares de Marsella; el 8 de marzo iniciaban una huelga las trabajadoras de las aduanas; desde el 11 de marzo y hasta el 31 hacen huelga los xòfers de buzo de Marsella y, también este lunes, las escombraires de Tolosa empezaban una huelga indefinida. Recientemente los trabajadores de correos de Hauts-de-*Seine han anunciado una parada indefinida a partir del 26 de marzo.
Una agente de aduanas en huelga, sindicalista de la CGT, explicaba ayer a la manifestación de Perpiñán: “hace muchos años que perdemos personal y cada vez tenemos más carga de trabajo, pedimos que nos den personal y también medianos para poder trabajar normalmente”. Y añadía que “haremos huelga hasta que se nos escuche y se nos dé el que pedimos”.
La transformación de la función pública
La ministra de Cohesión de los territorios y de Relaciones con las colectividades territoriales, Jacqueline Gourault, junto con el secretario de estado y exministro de acción de cuentas públicas Olivier Dussopt, presentaron el pasado 14 de febrero el proyecto de ley de transformación de la función pública. “A través de esta gran reforma, se tratará de construir la función pública del siglo XXI: más ágil, más abierta y más atractiva, con servicios públicos más eficaces y más cerca de los territorios”, según se puede leer en el web el Ministerio de la Acción y las Cuentas Públicas. Algunos de los ejes clave de esta reforma son: un diálogo social “más estratégico”; un desarrollo en los incentivos de gestión, objetivo que pasa por la remuneración basada en el mérito para las personas jubiladas; transparencia y equidad en el marco de la gestión, la cual deja la puerta abierta a la supresión voluntaria de centros departamentales en pro de fusionarse con otros de la misma región y crear centros interdepartamentales de gestión para sustituirlos; y facilitar la movilidad de trabajadores del sector público al privado.
Esta reforma ha posado en pie a todos los sindicatos de trabajadores del estado, los cuales se reúnen en varias estructuras intersindicales según territorios para hacer frente. “Si se aplica esta ley, el estatuto de funcionarios se acabaría, lo cual quiere decir que habría una supresión de derechos de los funcionarios: habría contratos temporales, se podría suprimir lugares de trabajo sin ningún problema”, tal como afirma el portavoz de los bomberos de Perpiñán, sindicados a la CGT. “El gobierno francés quiere privatizar todas las cosas para hacer dinero, como pasó con el Pôle Emploi. Han hecho pasar una ley hace pocos días para los aeropuertos de París, para la lotería francesa… El objetivo del gobierno francés es hacer dinero con estas privatizaciones. Y sí, pueden llevar dinero, pero para grupos financieros, y no para la gente”, añade Bertran Plantou, trabajador del Pôle Emploi y sindicalista de la FSU.
Esta reforma también tendría afectaciones en el ámbito local, tal como explica Plantou: “si se aplica esta ley, hará que la gente, y sobre todo aquí en Cataluña Norte, tenga de menos en menos servicios públicos. Y si quieres hacer algo, solo podrás hacerlas en grandes ciudades. Por ejemplo, los estudiantes de aquí tendrían que ir a Montpellier. A escala local hay puestos de trabajo que desaparecerán, y no llegarán los servicios a todos los lugares.”
Finalmente los bomberos reclaman “que se pare la reforma, fe más de veinte años que el gobierno quiere hacer una reforma del estatuto de funcionarios en Francia y nosotros estamos en contra porqué el funcionariado damos el mismo servicio a cualquier persona, sea rica o pobre, porque es la función de un funcionario: trabajar para dar un buen trato en la gente.”
Un espejo convexo de la ‘ley Wert’
Actualmente, según la ley Le Miedos -aprobada en 83-, el equipo docente tiene el derecho, como ciudadano, de expresar su opinión, participar en una manifestación o firmar una petición sin, pero, tomar un posicionamiento en nombre de la enseñanza nacional. A esto se le dice derecho de reserva. Ahora, esta ley ha sido reformada: bajo la idea del deber de reserva el ministerio ha decretado que el profesorado no podrá expresar su opinión hacia la realidad social dentro ni fuera de las aulas, a título profesional ni personal, apelando al “deber de ejemplaridad” que tiene la tarea de enseñante.
Este apartado de la reforma de la ley de enseñanza, conocida como ley Blanquer, se votó y aprobar el pasado sábado 2 de febrero por la noche y, desde semillas, son numerosas las voces de los equipos docentes y asociaciones de padres y madres que se oponen organizándose en sindicatos y asambleas. El maestro de escuela y delegado sindical Frederic Traby, representante sindical de la FSU- SNUipp, afirma que “hasta ahora los funcionarios tenían cierta seguridad a su puesto de trabajo respecto a las presiones jerárquicas o del poder político. A partir de ahora, si tienen que obedecer siempre y callar sin criticar pasará que si algo no va bien no se podrá manifestar, y esto es una catástrofe para el sistema público francés”. Su compañero de sindicato Jean-François Noguès manifiesta que “los docentes tienen que poder ejercer su libertad de expresión y de crítica sin estar amenazados, es así como mejora el sistema”.
Esta es una parte de la reforma educativa, pero hay más. Se quiere imponer la escolarización a los tres años, lo cual, según los sindicatos, supondrá la financiación de los hogares de niños privadas, puesto que “ya hay un 97% de alumnos que son acogidos a partir de los tres años, por el contrario, la consecuencia es que los ayuntamientos que pagan por la escuela pública del villaje tendrían que pagar también por las escuelas maternales privadas, porque es así que es hecha la ley. Si lo hacen obligatorio, las escuelas maternales privadas tendrían que recuperar un presupuesto público, y esto es una vergüenza para el pueblo, financiar la escuela privada”, según explica Traby.
Otro de los puntos claves es la supresión del consejo de evaluación actual, el cual era casi independiente del estado, formado por gente de horizontes diferentes para comentar y evaluar el sistema educativo. Por el contrario, la nueva entidad llamada CENSCO (Conseil National de Évaluation lleva Système Scolaire) será un grupo más reducido, todos escogidos por el ministro.
“La ley Blanquer es un tipo de popurri en pleno de pequeñas cosas de las cuales ninguna habla de pedagogía ni alumnas, es una manera de ligar las escuelas con los collèges. Con la pérdida de los directores de escuela, los cuales eran colegas, enseñantes, sin ninguna jerarquía, ahora será un solo director por todo el sector de colegios, el cual tendrá más poder. Lo cual implicará, por ejemplo, que el contacto con los padres de los alumnos sea más difícil”, concluye el delegado sindical de la FSU Frederic Traby. También centralizará la dirección de los centros rurales, en detrimento de su autonomía.
Las plataformas intersindicales coinciden en el hecho que esta ley corresponde a una lógica neoliberal financiera que pasa por la supresión de puestos de trabajo, cierre de escuelas e institutos, para ahorrar dinero al estado y conducir el alumnado hacia la privada. Así como una progresiva privatización de la enseñanza pública. Según los sindicatos, se suprimirán borde 120.000 puestos de trabajo de funcionarios, lo cual acontecería en una sobrecarga para el profesorado, con las clases saturadas de alumnas. Se prevé que estas consecuencias se magnifican en los espacios rurales. “Es así como se reducen las desigualdades?”, se pregunta en Jean-François Noguès.
Después de que ayer se aprobara la primera lectura de esta reforma, ahora hay que esperar que pase por el senado, y si se aprueba, se volverá a debatir a la Asamblea Nacional.
(Fuente: Directa.cat / Autora: Noa Tendero)
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