Huelva: La Fiscalía archiva el “expediente de riesgo” abierto al IES El Andévalo y advierte contra los ataques al personal docente.
La Fiscalía de Menores de Huelva ha decidido archivar el “expediente de riesgo” que abrió para analizar los actos que con motivo del Día Internacional de la Mujer estaban siendo preparados en el IES El Andévalo de Puebla. Lo hace al comprobar que no se han realizado actividades que hayan implicado la vulneración de derechos de los menores. Sin embargo, la Fiscalía advierte en una nota que “los ataques personales o telemáticos al personal docente podrían ser constitutivos de delitos y, en ese caso, serán perseguidos”
Cabe recordar que el Instituto estaba preparando una actividad que consistía en retrasar simbólicamente cinco minutos la salida al recreo de los niños para, en un ambiente de actividad educativa razonada, explicarles la discriminación que había sufrido la mujer a lo largo de la historia.
Sin embargo, varios mensajes colocados en twiter por militantes, simpatizantes del partido ultraderechista Vox y algunos usuarios de la red, entre ellos Francisco Serrano, portavoz en Andalucía y parlamentario, entendieron que se trataba de un castigo. Así que filtraron el documento preparatorio y comenzaron a agitar internet. Criticaron con palabras gruesas la actividad y se generó un ambiente de desconcierto en el profesorado y una cascada de reacciones mediáticas que llevaron a los educadores a suspender la actividad educativa.
En algunos mensajes se llegó a amenazar literalmente al profesorado con “repartir ostias” por haber convocado esa actividad. La Dirección del Instituto de Enseñanza interpuso una denuncia ante la Guardia Civil para que se investigara la filtración de documentos internos del centro andevaleño.
El pasado día 6 de marzo de 2019 la Fiscalía incoó un expediente de riesgo para comprobar si la actividad organizada por un centro educativo de la provincia de Huelva (el IES el Andévalo de Puebla de Guzmán) podría suponer una vulneración de los derechos a no ser discriminado y a la libertad ideológica y de conciencia de los alumnos menores de edad.
Según explica la Institución de Justicia en una nota, “el expediente de riesgo es el vehículo normal que utiliza la Fiscalía de Menores para comprobar situaciones de posible desamparo, vulneración de derechos u otra clase de riesgos previstos en la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor”. Y añade que en lo que va de año 2019 se han incoado unos 170 de esos expedientes de riesgo y el año 2018 se cerró con 505. Con arreglo a la mencionada Ley Orgánica, la Fiscalía de Menores tiene la obligación de prevenir, detectar y reparar esa clase de situaciones. Este tipo de procedimientos no tiene como propósito descubrir o investigar delitos, como tampoco atribuir responsabilidades a persona alguna, subraya la Fiscalía.
En el presente caso, el Fiscal de Menores ha recabado los informes y datos que ha estimado oportunos. “Con ellos ha podido comprobar que el I.E.S. El Andévalo no ha realizado actividades que hayan implicado una vulneración de derechos fundamentales de personas menores de edad. Y la consecuencia de ello es la de que, en el día de hoy, el Fiscal ha decidido el archivo del expediente de riesgo. No se estima necesaria ninguna actuación adicional al respecto”, señala.
En el comunicado, la Fiscalía apunta que “la Constitución Española encomienda al Ministerio Fiscal la defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos. Le ordena que ejerza sus funciones sometido a los principios de legalidad e imparcialidad”. Y añade que el Fiscal de Menores “ha cumplido el mandato de la Ley guiado únicamente por criterios técnico jurídicos y el interés superior del menor; comprobando personalmente la noticia de que los derechos fundamentales de un grupo de menores de edad de la provincia podrían ser lesionados. La Fiscalía actúa ajena e indiferente ante cualquier otra clase de intereses o ritmos informativos”.
El Fiscal ha aprovechado esta nota de prensa para, en interés de los menores, “pedir respeto por la labor de los profesionales de la educación. Los ataques personales o telemáticos al personal docente podrían ser constitutivos de delito y, en ese caso, serán perseguidos”.
(Fuente: Diario de Huelva)
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