Familias destruidas en Ica (Perú): Obreros agrícolas detenidos de forma ilegal afrontan prisión

Familiares de los trabajadores agrícolas de Ica detenidos el 25 de enero en el centro poblado de Expansión denuncian arrestos arbitrarios durante incursión policial en zona urbana en las protestas contra el régimen de Dina Boluarte. Defensoría y CODEHICA afirman que la Policía vulneró los derechos humanos de los detenidos con maltratos físicos, restricciones para el ingreso de alimentos y la negativa para el acceso de abogados.

Por Ghiomara Rafaele

Yoni Mendoza Llamocca salió de su casa en Ica, aproximadamente a las tres de la tarde, para recoger a su hija de ocho años que se encontraba en la casa de su suegra, a tres cuadras de la Panamericana Sur. Desde su vivienda escuchó gritos de personas y sintió el olor de las lacrimógenas. El sonido de disparos alertó a los ciudadanos de Expansión de que la Policía había ingresado al área urbana. De acuerdo al documento fiscal, la PNP hizo su ingreso al centro poblado a las quince horas y diez minutos.

A pesar del peligro, Yoni salió de su casa con una sola idea en mente: trasladar a su niña a un lugar seguro. Cuando estaba a punto de ingresar a la vivienda de su suegra, unos civiles, con rostros cubiertos, lo detuvieron violentamente y en conjunto con la Policía lo empezaron a golpear.

INCURSIÓN ILEGAL

En la Panamericana Sur, a la altura de Ica, se ubican tres sectores: Barrio Chino, Expansión y El Álamo. Son centros poblados que albergan a ciudadanos de diversas provincias del Perú que arriban durante las temporadas altas de cosecha y siembra. 

No es la primera vez que estos tres sectores se organizan para protestar en la carretera. Durante el gobierno transitorio de Francisco Sagasti, en el 2020, dejaron sus herramientas de trabajo para exigir un pago justo por sus labores realizadas en los fundos iqueños. Hoy reclaman la renuncia de Dina Boluarte, el adelanto de elecciones y una Asamblea Constituyente, al igual que en diversas partes del país.  

En Ica los enfrentamientos entre civiles y agentes policiales han dejado 63 heridos de ambos lados. Sin embargo, el 25 de enero, según la Coordinadora de Derechos Humanos de Ica (CODEHICA) y la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional incursionó con 600 efectivos liderados por el General Jorge Castillo Vargas de manera violenta e ilegal en las zonas urbanas de Expansión, donde viven niños, ancianos, madres, padres y adolescentes que no participaban de las protestas.

“Ese día el Gobierno Regional había convocado a alcaldes, al sector empresarial y algunas organizaciones de la sociedad civil para pedir diálogo y dejar la Panamericana. En esa misma hora [de la reunión], la policía estaba incursionando en el centro poblado Expansión urbana… En Expansión hubo un enfrentamiento entre la población y la Policía, pero ese enfrentamiento fue provocado por la Policía”, narra Rosario Huallanca, vocera de CODEHICA.  Incursión policial en Expansión, Ica, en donde se aprecia a efectivos lanzar piedras a viviendas. Fuente: La Lupa

La represión fue brutal: el olor de bombas lacrimógenas en los hogares, el sonido de disparos de perdigones cerca de las losas deportivas y la presencia de civiles que -protegidos por la Policía- agredían a ciudadanos, los atrapaban y los entregaban a los agentes. Las personas que permanecían en sus casas se vieron obligados a salir de sus hogares. Sus paredes, puertas y ventanas no los podían defender de la violencia. Uno de ellos era Yoni Mendoza.

A pesar de que a Yoni lo detuvieron lejos de la carretera, como lo confirma el video compartido por los familiares a Wayka, en el atestado policial se detalla otra información. Según el documento de la PNP, dice que él «arrojaba piedras en ambos sentidos de la pista» y en la mano derecha llevaba un «balde de aceite». Sin embargo, en el video se observa a Yoni sin ningún objeto o material en las manos, además es agredido por un contingente policial y civiles.

Ahora Yoni afronta una prisión preventiva de cuatro meses por presunto delito contra la tranquilidad y seguridad pública en la modalidad de disturbios en contra del Estado y de un suboficial, delitos contra los medios de comunicación, transporte y otros servicios, violencia y resistencia contra la autoridad. Pero él no es el único, hay diez personas más procesadas. Entre ellos, Felimón Huamaní Medina, quien llegó a Ica con su esposa Susana Cori y su hija de cinco años desde Ayacucho, buscando mejores posibilidades de empleo. A ambos campesinos les habían contado que podían ganar algunos soles si trabajaban en la cosecha de uva. Dejaron sus chacras y emprendieron un viaje de más de siete horas. Sus pocos ahorros solo les permitió  alquilar un cuarto en el tercer piso. Una habitación para tres con paredes de madera y un techo de calamina, donde padecen calor y frío.

Ese mismo día, Felimón salió de casa por la mañana para ver qué era lo que ocurría en la carretera. Susana le pidió que evitara salir, pero Felimón insistió. Dejó su cuarto de madera y se dirigió a la Panamericana Sur. En una esquina, observaba la manifestación y luego la represión de la Policía y respuesta de los civiles. Pero por la tarde, de un momento lo detuvieron y es acusado por los mismos cargos que Yoni.

Susana veía pasar las horas en su cuarto, mientras esperaba el regreso de Felimón. Lo llamó a su teléfono, pero estaba apagado. Salió de casa a buscarlo y no lo encontró. Pensó lo peor, hasta que se enteró por las redes sociales que había sido detenido. A Susana le angustia la salud de Felimón, porque es paciente de epilepsia.

“Yo quiero justicia para él, así de la nada lo han detenido. No hay quien me mantenga a mí ni a mi hija. Yo tengo una hijita de cinco años y quiero justicia. Es injusto. Yo quiero que salga lo más pronto posible”, exige Susana.

Felimón también es investigado por el delito contra la tranquilidad y seguridad pública en la modalidad de disturbios en contra del Estado y de un suboficial, delitos contra los medios de comunicación, transporte y otros servicios y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos.

Otro caso es el de Ezequiel Fernández Ponce, quien reside en Ayacucho y trabaja sembrando papas. Cada temporada de la cosecha de uva viajaba a Ica para trabajar en alguno de los viñedos. Con su trabajo apoyaba económicamente a su madre anciana y a su hermana, madre soltera de una niña de tres años. Había llegado una semana antes de ser detenido.

Cuando se dio la incursión policial, Ezequiel salió alertado de su habitación. Un cuarto de madera, construido intuitivamente en el arenal de Expansión. El motivo de su preocupación era su prima: temía que alguna bomba lacrimógena, algún perdigón o un policía le hiciera daño. Ella vivía a cinco cuadras de la Panamericana Sur y según testimonios de los amigos de Ezequiel, él se había encontrado con ellos antes de llegar a la casa de su prima. No logró llegar a visitarla porque fue detenido a pocos pasos de tocar la puerta.

“Lo acusaron de tener piedras, huaracas, dice que estaba bloqueando la pista. Así dicen que lo sembraron. Pero prácticamente no era así. A mi hermano no le gusta salir a la calle, no le gusta participar de esas cosas. Solo estaba buscando a la prima”, cuenta su hermana Yolanda.

La primera fiscalía provincial penal corporativa de Ica, acusa a Ezequiel de atentar contra la tranquilidad y seguridad pública en la modalidad de disturbios en contra del Estado y de un suboficial, delitos contra los medios de comunicación, transporte y otros servicios, violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones agravado .

Yolanda fue una de las primeras en enterarse de la detención de su hermano en la comisaría de Guadalupe, pero hasta ahora no le permiten verlo directamente en el penal. “Yo quiero que lo liberen a mi hermano. Yo prácticamente a mi hermano lo yo necesito mucho. Para mí, para mi mamá mucha falta tenemos”, pide Yolanda.

¿FUERZAS PARAPOLICIALES?

Durante la intervención policial se observó la presencia de Julio Carbajal presidente del Frente de Trabajadores Agrícolas (Frentagri), personaje vinculado a las protestas golpistas contra Castillo en Ica y cercanías al fujimorismo. Según una entrevista en La Mula a Hernando Guerra García de la bancada de Fuerza Popular, dijo que se había reunido con Carbajal hasta en tres oportunidades. Asimismo, otros dirigentes agrarios como Susan Quintanilla, presidenta del Comité de Lucha del Sector Agrario de Ica, y Miguel Trujillo, secretario de Organización, Agrícola Chapi, afirmaron que no reconocen al llamado de Carbajal e incluso que mencionan que se autoproclamó presidente del Frentagri.

Según el defensor del Pueblo de Ica, Jorge Hernández, Carbajal estaba participando en la liberación de la vía. La intervención de Carbajal sería irregular debido a que la Policía es el ente encargado de llevar a cabo esta acción, no civiles. Debido a esta acción la Defensoría declaró que “se debería llamar la atención a la Policía porque la responsabilidad del restablecimiento del orden es de la Policía Nacional, no de la población civil. El hecho de permitir civiles en los enfrentamientos es un hecho irregular”, declaró Hernández para CODEHICA.

Según testigos de la zona y videos compartidos por el portal La Lupa, las personas que portaban hondas, huaracas con piedras, eran civiles que estaban al lado de los agentes policiales, agrediendo a los ciudadanos que protestaban o quienes no participaban de las protestas.

TRATOS INHUMANOS

Según los familiares de los ciudadanos que ahora se encuentran privados de la libertad, la PNP no les brindó alimentos ni bebidas; hecho que se confirma con la declaración de Porfirio Barnechea, comisionado de la Defensoría del Pueblo, quien visitó la zona de Expansión para corroborar las vulneraciones de derechos humanos.

“Cuando son trasladados a la dependencia policial se desarrolla un segundo momento de violencia. Se han denunciado actos de violencia contra los detenidos. No se ha respetado las condiciones o garantías para el acceso al abogado, hubo demoras del Ministerio Público para llegar al lugar de la detención, que se le informe de sus derechos y de los motivos por el que está detenido. Además, no les dieron comida y agua”, declara Barnechea.

Una de las familiares que denuncia el maltrato por parte de la Policía a su esposo es Maritza Infante, esposa de Wilber Huamaní Flores y madre de tres niños. “Nos han puesto trabas para que el abogado hable con él. Lo golpearon, no lo alimentaron. Nosotros hemos llevado [alimentos], no le han dado”, cuenta Maritza. Wilber también es investigado por los supuestos delitos atribuidos a Felimón y Ezequiel.

PRISIÓN PREVENTIVA 

El 28 de enero, tres días después de ser detenidos, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica declaró fundada el pedido de prisión preventiva del Ministerio Público para once personas por cuatro meses, por el supuesto delito de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos. 

Estos ciudadanos provienen de Junín, Bagua, Ayacucho, La Libertad, Tacna, varios llegaron al valle para laborar por la temporada agrícola. Ahora se encuentran tras las rejas. La comisión de la Defensoría del Pueblo logró visitarlos en el penal Cristo Rey de Cachiche y señalan que los ciudadanos detenidos se encuentran con moretones en el cuerpo e incluso dos de ellos han tenido que ser atendidos de emergencia.

“La historia clínica elaborada en el penal de Cachiche no menciona ningún tipo de afectación a la salud de las personas. Pero en la entrevista con los detenidos, ellos nos decían: me han golpeado, tengo acá las marcas, las costras. Se les veía los golpes, mostraban las heridas. Había uno que le dolía mucho el lado izquierdo de las costillas”

Debido al pedido de la Defensoría se llevó una nueva evaluación en el penal de Cachiche y se dejó constancia de diversas heridas en el cuerpo de los ciudadanos privados de la libertad como costras en la cabeza, moretones en el cuerpo y uno de ellos tuvo que ser atendido por una fisura en el lado izquierdo de la costilla. Otro de los detenidos, Wilber Huamaní, sufrió de un ataque de epilepsia cuando la comisión se encontraba en las instalaciones de Cachiche.

Las esposas, madres, las y los hijos de los ciudadanos que ahora tienen prisión preventiva en el penal de Cachiche piden justicia. Maritza reclama la liberación de su esposo Wilber, quien laboraba para mantener a su familia mientras ella cuidaba de sus tres hijas. “Quién me va a dar de comer. No hay nadie quién trabaje, no tengo recursos. Yo quiero justicia, quiero que suelten a mi pareja”. 

Yolanda y su madre también piden la libertad para Ezequiel, quien solo salió a visitar a su prima. Susana, esposa de Felimón, pide justicia: “él solo venía de trabajar” y la hija de Yoni ha dejado de comer y pregunta constantemente dónde está su padre. Los familiares aún mantienen la esperanza de verlos salir del penal e ingresar por las puertas de sus hogares.

Fuente: Resumen Latinoamericano.