El Gobierno español adelanta una reforma de las pensiones que busca alargar la edad de jubilación
El Gobierno español ha logrado este lunes 28 de junio el consenso con los sindicatos (CCOO y UGT) y empresarios para llevar al Consejo de Ministros el primer bloque de cambios de su prometida reforma de las pensiones que poco gusta a los movimientos de pensionistas, incluyendo medidas como el atraso de la jubilación.
Se deroga el nunca aplicado factor de sostenibilidad. Este mecanismo pretendía establecer el cómputo de las pensiones en relación con la esperanza de vida, por lo que rebajaba la pensión. Escrivá, tras muchas presiones, aceptó derogar el factor de sostenibilidad, pero anuncio que será reemplazado por una nueva fórmula correctora denominada “mecanismo de equidad intergeneracional” que se espera tenga parecidos efectos y que no operará hasta 2027.
Seguir impidiendo el acceso al trabajo de la juventud
Se incluirán modificaciones en las penalizaciones para los trabajadores que adelantan su jubilación de forma voluntaria y en los incentivos para retrasarla más allá de la edad ordinaria de retiro. El cambio busca sobre todo evitar las salidas anticipadas en los dos primeros meses en que está disponible (a partir de dos años antes de cumplir la edad legal de jubilación, por tanto el mes 23 y 24) impidiendo así la incorporación de los jóvenes a un mercado de trabajo que se caracteriza por su incapacidad para generar nuevos empleos.
Otra vía para alargar la ampliación en el mercado laboral de los mayores e impedir acceder al mismo a los más jóvenes es el mayor premio al retiro más allá de la edad legal de jubilación. Se premiará más con incentivos económicos.
CCOO y UGT aplauden las medidas
Los sindicatos CCOO y UGT conformes a su entreguismo ya conocido a los distintos gobiernos neoliberales han mandado un comunicado conjunto sobre el acuerdo consideran, “se devuelve el sistema de pensiones a la garantía de la suficiencia de las prestaciones tanto de los actuales pensionistas como para los futuros jubilados”. Las centrales sindicales destacan también “el compromiso del Estado como garante público del sistema de pensiones”.
El acuerdo está desarrollado en un texto normativo que se convertirá en anteproyecto de ley. Esta es una de las reformas que exige la Unión Europea y de las que dependen los fondos europeos que el Estado español recibirá de Bruselas en 2022.
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