El agua, el último escollo para la reapertura de la mina Cobre Las Cruces
La empresa Cobre Las Cruces ha solicitado oficialmente a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la concesión de aguas públicas para su proyecto de mina subterránea y planta polimetalúrgica, con un uso máximo de 4.360.000 m3/año, de las que 3.330.000 m3/año serán de aguas subterráneas.
La petición salió a exposición pública el 19 de agosto, se cerrará en algo más de dos meses, en noviembre y se acompaña de una prolífica documentación que justifica el uso de esas aguas, incluyendo la cesión de usos de fincas afectadas, entre ellas una propiedad de Cayetano Martínez de Irujo.
El nuevo proyecto denominado PMR (Polymetallurgical Refinery o Refinería Polimetalúrgica) ya ha obtenido la autorización por parte de la Consejería de Transformación Económica, que incluye su plan de restauración ambiental, la Autorización Ambiental Unificada y la Autorización Ambiental Integrada, pero le queda el principal escollo, el uso de las aguas subterráneas. Esta cuestión motivó una condena que en La Otra Andalucía calificábamos como “muy barata” por delitos contra el medio ambiente y de daños continuados al dominio público contra la empresa en 2016.
Sus antecedentes le preceden, recuerda Isidoro Albarreal, de Ecologistas en Acción, que insiste en que CLC “siempre han cogido mucho más de lo que le han concedido”. Ese antecedente es una de sus bazas dentro de las alegaciones que presentarán formalmente a la CHG, ya que Ecologistas considera que el proyecto dejará “sin reservas” en época de sequía a Sevilla al pretender extraer hasta 6 millones de metros cúbicos de aguas subterráneas protegidas, la cantidad que se le ha otorgado en las autorizaciones ambientales unificada e integrada (AAU y AAI), una cifra que la organización considera excesiva.
Trayectoria “infractora”
Si en 2004 se autorizó una mina a cielo abierto con la condición de no afectar a las aguas subterráneas, por eso la CHG le autorizó sólo 180.000 m3/año, la historia de la mina ha demostrado que de 2009 a 2019, CLC consumió 1.000.000 m3/año por encima de la autorización. Y además, en 2008 se tuvo que paralizar la planta por contaminar con arsénico el acuífero, hechos por los que fueron condenados “sus tres máximos dirigentes” en 2016.
“Dada la trayectoria infractora de CLC”, sus “aguas de mina” harán que finalmente se extraigan 30 millones m3/año del acuífero, que además de ser reserva estratégica en tiempos de sequía “equivale al consumo de los 700.000 habitantes de Sevilla durante un año”. “El sistema de drenaje e inyección, nunca ha funcionado”, se lamenta Albarreal, que alerta además de que la empresa minera vierte directamente al Guadalquivir 900.000 m3 al año y ahora se pueden alcanza los 2.340.000 m3.
Además destaca un detalle importante. CLC pasará de un proyecto minero de extracción a cielo abierto, en el que se producían residuos secos y en cuyo tratamiento se invertía al ser el cobre de muy alta calidad, a una extracción en galería subterránea, como las antiguas, con una planta de tratamiento de los cuatro principales materiales de la Faja Pirítica que producirá residuos en forma de lodos.
“Es una ventaja que puedan tener la corta para depositarlos, lo que evita que pase lo de Aznalcóllar, pero sí puede filtrarse al acuífero, como ocurre en Riotinto, por lo que tendrán que invertir en su impermeabilización”, asegura. Aunque también recuerda que la “detracción masiva e ilegal de aguas subterráneas” fue una de las causas de que en 2019 se produjera el derrumbe masivo de la escombrera norte hacia el interior de la propia corta minera.
La empresa, sin embargo, insiste en que se ha presentado toda la documentación requerida a cada uno de los organismos competentes y “confía” en el proyecto, que es muy robusto, en términos de empleo, pero también sostenible medioambientalmente. Según afirma CLC el nuevo proyecto minero y metalúrgico de CLC, destinado a la producción de cobre, zinc, plomo y plata, tendrá un periodo de actividad de al menos 14 años, supondrá una inversión directa superior a los 500 millones y otra adicional de 177 millones para la construcción de instalaciones de energías renovables dirigidas al autoconsumo, ya que alimentarán de energía limpia esta nueva línea industrial. Además, el desarrollo previsto a lo largo de la vida del proyecto se estima que generará unos 450 millones en ingresos públicos.
Fuente: Andalucía Información.
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