Colectivos sociales de Córdoba denuncian los desahucios por vía penal que promueve la Junta a través de la Agencia de la Vivienda (vídeo)
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), la Federación de Vecinos Al-Zahara y la plataforma Stop Deshaucios han denunciado la práctica que viene utilizando la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), dependiente de la Junta de Andalucía, de llevar por la vía penal los desahucios en su parque público de viviendas.
Los colectivos sociales y vecinales han hecho pública esta situación este lunes junto a un edificio de diez viviendas públicas de AVRA que permanecen cerradas desde hace cinco años en la Plaza de la Corredera, para pedir también que la Junta lleve a cabo “una verdadera política social de vivienda”, denunciando la “ausencia de una política de vivienda social de la Junta de Andalucía”.
El responsable de Vivienda y Derechos Básicos de la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara de Córdoba, Rafael Carmona, y el delegado en Córdoba de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), Carlos Arce, han criticado este lunes los desahucios que, “por vía penal”, está promoviendo la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), a la par que la “ausencia de una política de vivienda social de la Junta de Andalucía”.
Con respecto al edificio en la Plaza de la Corredera, que es responsabilidad de AVRA, según han lamentado, “lleva más de cinco años terminado, con diez viviendas, que es cierto que no resuelven el problema, pero paliaría la situación de diez familias”, lo que les ha llevado a hacer una “llamada a la reflexión a los responsables de la Junta” en Córdoba.
El número 16 de la plaza de la Corredera no es una vivienda más. Estaba pensada como una solución habitacional para 10 familias en riesgo de exclusión social, que no pueden afrontar el pago de unos alquileres cada vez más elevados. Pero, según demandan la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, la asociación vecinal Al-Zahara y Stop Desahucios, problemas burocráticos mantienen esta patio de vecinos cerrado y acumulando basura, pese a estar acabada desde hace más de un lustro.
Entre tanto, según han afirmado Carmona y Arce, AVRA insta los citados desahucios de quienes ocupan sus viviendas sociales, cuando, “desde hace varios años, los colectivos sociales cordobeses le están reclamando por escrito a AVRA que paralice las denuncias por vía penal a las familias que ocupan sus viviendas y locales ante la falta de una alternativa habitacional”, exigiéndole “que antes de iniciar cualquier proceso busquen una alternativa a la situación tan grave de estas familias”.
Por eso, solicitaron a AVRA “una reunión en mayo del presente año, para tratar el tema”, pero no han obtenido respuesta, “mientras sigue aumentando el número de familias que no pueden pagar alquileres de viviendas por la situación de paro que tienen, y se ven obligadas a ocupar viviendas”.
“Desde hace varios años los colectivos sociales cordobeses le están reclamando por escrito a AVRA que paralice las denuncias por vía penal a las familias que ocupan sus viviendas y locales ante la falta de una alternativa habitacional. Le hemos exigido que antes de iniciar cualquier proceso busquen una alternativa a la situación tan grave de estas familias”, señalan.
A juicio de estos colectivos la Junta “no puede vulnerar los derechos de menores de edad, con lanzamientos y desahucios, sin haberse preocupado de buscarle una alternativa habitacional”, añadiendo que “no es comprensible que la administración responsable de la vivienda en Andalucía se dedique a castigar, todavía más, a las familias vulnerables con procesos penales”.
A esto se suma el que “venimos asistiendo a una descoordinación de las administraciones públicas con responsabilidad en este tema, especialmente por parte de la Junta de Andalucía, cuya empresa pública de vivienda AVRA demuestra una falta de sensibilidad extraordinaria”. Por eso “es necesario que, cuanto antes, nos sentemos la administración pública y las organizaciones sociales para abordar la situación extrema que viven muchas familias en Córdoba”.
Los colectivos sociales ya solicitaron en mayo pasado una reunión para tratar el tema “y no hemos obtenido respuesta, mientras sigue aumentando el número de familias que no pueden pagar alquileres de viviendas por la situación de paro que tienen y se ven obligadas a ocupar viviendas”, aducen. Solo en Moreras, hay contabilizadas más de 50 familias que ocupan ahora mismo locales pertenecientes a AVRA. Y algunas de ellas ya han recibido orden de desalojos y han sido condenadas además a multas.
“La Junta de Andalucía no puede vulnerar los derechos de menores de edad con lanzamientos y desahucios, sin haberse preocupado de buscarle una alternativa habitacional”, critican. “No es comprensible que la administración responsable de la vivienda en Andalucía se dedique a castigar, todavía más, a las familias vulnerables con procesos penales”.
Esta es la razón por la que ahora APDH-A presentará a los grupos parlamentarios una proposición no de Ley (PNL), para que insten al Ejecutivo andaluz a “una paralización inmediata de los desahucios por vía penal de su parque público de vivienda social y para que se ponga en marcha, de una vez, una política social de vivienda en Andalucía digna de ese nombre”.
(Fuente: Córdoba Hoy / Cordópolis / Ahora Córdoba)
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