Endavant (OSAN): “Construir un nuevo camino hacia la República de los Países Catalanes, el socialismo y el feminismo (Septiembre 2019)”

Traducción del documento “Construir un nuevo camino hacia la República de los Países Catalanes, el socialismo y el feminismo (Septiembre 2019)”, de la organización revolucionaria de la izquierda independestista catalana Endavant – OSAN (Organització Socialista d’Alliberament Nacional), acerca del porqué se cortocircuitó el proceso soberanista catalán y las perspectivas de futuro.

Por ser el texto tan extenso no publicamos también el original, que os lo podéis descargar aquí:

https://www.endavant.org/wp-content/uploads/2019/09/construir.pdf

Índice:

1.- Balance del pasado ciclo político

2.- ¿Cuáles eran las bases de los proyectos de cambio político y social surgidos durante la crisis?

3.- ¿Por qué fracasaron todos los intentos de romper o reformar el régimen del 78?

4.- El nacionalismo español como aglutinador social a favor del Estado

5.- El papel de la Izquierda Independentista durante este último ciclo

6.- La etapa política que ahora se abre. La renovación del régimen y del bipartidismo

7.- Potencialidades y límites de las movilizaciones sociales para una vida digna

8.- Continuidad de la recentralización

9.- Un proceso soberanista cortocircuitado

10.- La represión y sus efectos políticos

11.- Los nuevos movimientos emergentes: feminismo y lucha contra el cambio climático

12.- Una estrategia nacional de Unidad Popular

13.- Una estrategia de ámbito nacional

14.- Construir un proyecto político desde la minoría y por la mayoría

15.- Deslegitimar el estado y las autonomías

16.- Tres vectores de lucha: soberanías, derechos y autodeterminación

17.- Construir un programa de Unidad Popular

18.- Organizar la resistencia

19.- La insurrección democrática: un horizonte de ruptura con el estado

Balance del pasado ciclo político

El régimen del 78, y con él el estado español, han reforzado con fuerza su poder tras una década de crisis política y social, que culminó en octubre de 2017. Después de una década en la que la expectativa de un hundimiento del régimen político nacido con la constitución de 1978 era una posibilidad vista como factible, hoy en día ya nadie lo pronostica a corto término. Los diversos proyectos políticos de cambio surgidos en los Países Catalanes y las movilizaciones sociales en crecimiento no han conseguido ninguno de los objetivos que habían planteado. Sin embargo, el estado ha tenido que pagar un precio muy alto en cuanto a la pérdida de consenso que los legitimaba.

Si, hasta hace 10 años, los Países Catalanes eran uno de los territorios donde la legitimación de este estado por una mayoría social estaba más asentado, hoy es el territorio donde el estado está más deslegitimado. Hay amplios sectores sociales que, en diferentes grados, no creen que el estado español sea un estado democrático, sino un estado represor; piensan que este estado es intrínsecamente enemigo de nuestros derechos nacionales y que el capitalismo -o al menos su formulación actual- es un sistema que afecta negativamente las condiciones de vida de las clases populares. Este desgaste ha supuesto para el estado que haya tenido que prescindir de muchas de las formalidades democráticas con que se había vestido en las décadas anteriores y haya tenido que utilizar a campo abierto sus mecanismos represivos. Son estas estructuras de poder del estado las que han visto reforzado su papel en detrimento de las estructuras de representatividad política. La represión política por parte de las fuerzas policiales y la judicatura no es ningún elemento nuevo. Lo que es nuevo es como esta represión se ha ido extendiendo hasta amenazar sectores que habían sido constituyentes del régimen político del 78, y como este papel central en la lucha contra los enemigos del estado ha permitido a estas estructuras consolidar sus privilegios o ganar reivindicaciones corporativas, tales como aumentos salariales o impunidad para la perpetuación de sagas familiares en los diversos cargos.

Por otra parte, el poder económico ha podido demostrar cuán impermeable es a las demandas de la población y como tiene subordinado el sistema político, hasta el punto de convertir el principio de soberanía nacional en una ficción. La banca y el gran capital han podido superar la crisis sin ver tocado ninguno de sus privilegios y sin verse obligados, por indicación política, a pagar parte de su rescate o de las medidas sociales de urgencia. La reforma laboral ha quedado intocable, y ni siquiera en un aspecto que generó grandes movilizaciones, como el de la vivienda, no se ha producido ningún cambio que haya afectado en una mínima medida los intereses capitalistas. Así mismo, el proceso de recentralización se ha mantenido inalterable. Ni la cuestión de la autodeterminación de Cataluña, ni los gobiernos del cambio en el País Valenciano y las Islas, ni el papel del PNV como estabilizador del estado, han podido hacer variar la tendencia recentralizadora contra las autonomías y las administraciones locales. El estado que sale de esta fase de la crisis es un estado que no ha tenido que ceder a ninguna demanda política a la movilización social, pero que ha pagado un precio muy alto de pérdida de legitimación. Asimismo, y en una tendencia que no es única en este estado, el estado muestra, ahora de una forma más descarnada su naturaleza autoritaria y se ha armado de mecanismos para poder hacer frente represivamente a una mayor contestación social. Asimismo, por un lado, el nacionalismo español como ideología de estado se ha reforzado no sólo entre las clases dirigentes, sino también en determinados sectores de las clases populares. Por otra parte, a pesar del importante apoyo social que en los Países Catalanes cuestiona la legitimidad del estado español en diferentes aspectos, la derrota política de los movimientos de cambio ha supuesto una pérdida de confianza en las posibilidades de un cambio político a corto plazo.

¿Cuáles eran las bases de los proyectos de cambio político y social surgidos durante la crisis?

La crisis que estalló en 2008 provocó también una crisis en el sistema de partidos y el régimen político. La agudización del proceso de recentralización y el alineamiento del régimen con el poder económico y las directrices de la UE provocaron una serie de cambios. Los partidos que habían tenido responsabilidades gubernamentales caerían en el descrédito en medio del afloramiento de una corrupción generalizada, lo que les situó en una crisis interna importante, pero no letal. Paralelamente, algunos espacios políticos preexistentes (CDC, ERC, Compro-mis, Més, la Izquierda Independentista y la CUP) y otros de nueva aparición (Podemos, Proceso Constituyente y Comunes) pretendieron ofrecer un proyecto político a los millones de personas que compartían la necesidad de un cambio en profundidad y que alimentaban las grandes movilizaciones sociales en la calle. Podemos hablar de fuerzas de cambio en los Países Catalanes como un bloque común? Si analizamos los objetivos, los planteamientos, los intereses de clase y las agendas ocultas de los proyectos políticos que se han reclamado de cambio en la última década, veremos que no tienen nada en común. Las diferencias a todos niveles entre Podemos, la Izquierda Independentista, Compromiso, Més, CDC o ERC son obvias. Los objetivos de cada uno de estos espacios políticos eran muy diversos: provocar un cambio en los gobiernos autonómicos de Valencia y las Islas Baleares para hacer una transformación federal del estado, conseguir la independencia de Cataluña o bien hacer un proceso constituyente en el ámbito estatal. Estos objetivos suponían, como mínimo, una reforma constitucional y, en la mayoría de casos, una ruptura con el régimen político o una ruptura del mismo estado. Sí que tienen en común, sin embargo, que todas estas fuerzas aspiraban a capitalizar en lo posible el bloque social que a partir de la crisis se posiciona en diferentes grados contra el sistema político y económico. Y lo pretendían hacer ofreciendo un proyecto político que pudiera generar estos cambios a corto plazo. Esta idea de que era viable provocar un cambio en profundidad, en pocos meses se convirtió en central en las estrategias de estos espacios políticos. La evolución política ha mostrado como en la mayoría de casos lo que había era un intento de reconducción de la protesta social hacia formas y soluciones reformistas. Es decir, canalizar el descontento en forma de resultados electorales para poder usar esta fuerza para arrancar concesiones y reformas en el estado.

Esto, que era explícito en el caso del soberanismo progresista en Valencia y las Islas Baleares, era también implícito en, al menos, una parte importante del soberanismo gubernamental en el Principado, y terminó siendo también la estrategia explícita de Podemos cuando se dieron cuenta de que no tenían la fuerza electoral suficiente para forzar un proceso constituyente. Los proyectos políticos de cambio no sólo han reproducido la fragmentación política existente en los Países Catalanes, sino que incluso lo han acentuado.

Hay que constatar una divergencia estratégica entre el soberanismo del principado y el soberanismo valenciano y balear. Mientras que el primero ha apostado por una independencia de las cuatro provincias y ha renunciado al nivel nacional, considerándolo un lastre para la aspiración inmediata de independencia, los segundos han apostado por sustituir al autonomismo catalán como fuerza de bisagra en Madrid y renunciar a una vía autodeterminista al considerar que esta vía era un lastre para el crecimiento electoral. Esta dinámica, por un lado ha provocado un reforzamiento de las posiciones regionalistas y ha puesto serias dificultades a los proyectos de construcción nacional. Por otra parte, la supeditación de Podemos y sus aliados a la dirección política de Madrid, así como su inhibición ante la cuestión nacional, también han afianzado esta fragmentación. El papel de la Izquierda Independentista la analizaremos más adelante.

¿Por qué fracasaron todos los intentos de romper o reformar el régimen del 78?

Ninguno de los proyectos de cambio ha sido capaz ni de provocar el derrocamiento del régimen ni arrancarle reformas políticas o económicas. Necesitamos desgranar todas las contradicciones que contenían los planteamientos estratégicos de los proyectos de cambio político, al margen de la sinceridad o del grado de propaganda de estos planteamientos.

A la hora de construir una nueva estrategia es importante poder rebatir todos los artificios teóricos que justificaban las apuestas políticas fracasadas y que la realidad ha constatado. Un error de base fue no valorar correctamente la fortaleza del estado y del régimen político y, en consecuencia, no adecuar la estrategia a una correcta valoración de fuerzas. Para la estrategia legalista del independentismo, el estado español se encontraba en una extrema debilidad que permitiría repetir un esquema similar al de la disolución de la URSS, aún más cuando una parte significativa de la comunidad europea no podría hacer sino apoyar la demanda democrática de la autodeterminación. En los primeros planteamientos de Podemos o de los comunes está la idea de repetir un abril de 1931. El régimen político podría ser derribado por un tsunami electoral y los demás poderes del estado no tendrían capacidad ni voluntad de intervenir en contra de un cambio democrático. A partir de ahí, a través de un proceso constituyente, se reconfiguraría la estructura de poder del estado desde un punto de vista más favorable a los intereses populares y de las naciones sin estado. Los sectores que de todo ello esperaban sacar reformas políticas se situaban en una coyuntura análoga a la de 1978. Es decir, un estado debilitado que para recuperar la estabilidad debería pactar una serie de reformas con la oposición.

Todas estas premisas se demostraron erróneas. El estado español no es un estado fallido ni un estado en descomposición, sino un estado plenamente insertado en el contexto occidental y sus alianzas. Un estado estructuralmente sólido y coyunturalmente en crisis. Esta fortaleza le permitía sobrevivir a la crisis política, mientras que la debilidad provocada por esta crisis la incentivaba a no hacer ningún cesión. El estado español de 2015 no era el estado español de 1931, ni el de 1978, ni la Unión Soviética de 1989. La analogía con la situación de descomposición de la URSS era tan irreal que sólo se entiende como cobertura para justificar un montaje ideológico (el de la independencia mediante la legalidad) que ocultaba la búsqueda de una negociación con el estado. La comparación con 1931, a pesar de tener el atractivo de ofrecer una vía rápida y «indolora» de cambio político, también tenía pies de barro. Mientras en aquel período histórico todos los estados de Europa, excepto Gran Bretaña y Francia, vieron hundirse sus regímenes políticos, en ningún estado europeo ha habido ningún cambio de régimen político derivado de la crisis capitalista actual. Tampoco no era comparable la situación de esta última década con la de 1978. El margen de cesión que tenía el estado sin tener que tocar sus principios básicos era muy mayor, y los incentivos -su supervivencia ante la amenaza real de una ruptura como la producida en Portugal pocos años antes-, también. Por otro lado, la coyuntura internacional también era diferente. La reforma, en 1978, era forzada también desde la comunidad internacional. Por el contrario, en el contexto de crisis de la UE de 2012-2015, la opción de los estados europeos era la de evitar ningún tipo de cambio que desencadenara situaciones no controlables. Otro error fue fiar todo a la vía electoral como una vía que, por sí sola y a través de unos resultados electorales, desencadenaría automáticamente cambios en profundidad.

Según los planteamientos dominantes, los cambios, incluso una hipotética ruptura, vendrían exclusivamente a través de reformas y dentro del ordenamiento jurídico. Es decir, a partir de ganar unas elecciones y cambiar las leyes. Siguiendo estas lógicas, las movilizaciones y las organizaciones sociales debían concebir en exclusiva como generadores de apoyo electoral y desde una posición de acompañamiento al gobierno. La actuación de las organizaciones de masas del independentismo en el Principado son el ejemplo más explícito. La idea de un contrapoder o de una institucionalidad alternativa sobraban bajo este planteamiento. Cuarenta años de cultura progresista ciudadanista desacreditando cualquier forma revolucionaria de acceso al poder y vendiendo el sistema electoral y representativo como un sistema que traducía automáticamente la voluntad popular en cambios políticos, no ponía fácil hacer ningún planteamiento rupturista y allanaba el camino a las estrategias «mágicas» .

Además, el planteamiento de la construcción de contrapoder chocaba de lleno con la idea de que el cambio se produciría inminentemente. ¿Qué sentido tenía iniciar las tareas de construcción de estructuras de contrapoder, un camino largo e incierto, si al cabo de pocos meses se ganarían las elecciones y se iniciaría un proceso constituyente / una nueva república independiente? A este planteamiento se sumó el hecho de que los resultados electorales no fueron tan contundentes como se anunciaban. Las diversas elecciones de 2015 fueron un éxito electoral para las fuerzas políticas «del cambio» en los Países Catalanes. Éstas accedieron, en solitario o en coalición con el PSOE, a la totalidad de instituciones autonómicas y los principales ayuntamientos del país.

Ahora bien, las mismas elecciones fueron un fracaso en cuanto a las posibilidades de tumbar al régimen del 78 por la vía electoral. La necesidad de coaligarse con el PSOE en el ámbito municipal (Barcelona, Valencia, Palma …) o los gobiernos de Valencia y las Islas daba de nuevo alas al PSOE para reconducir este capital político hacia el clásico frente anti-PP. Era una operación que tendría que esperar dos años en el ámbito estatal, pero que ya se veía como inevitable con los resultados de las elecciones españolas de diciembre de 2015, que enterraban las expectativas de Podemos de convertirse en la primera fuerza política estatal.

La victoria y la mayoría absoluta independentista en las elecciones al parlamento de Cataluña tampoco tuvieron el efecto político pronosticado, al no llegar al 50% de los votos que permitía intentar hacer valer esos comicios como un referéndum. Este hecho, y la insistencia de CDC de con-conservar la presidencia a cualquier precio, facilitaron que por primera vez se cuestionara la estrategia que el soberanismo gubernamental estaba siguiendo y que se introdujera el único elemento verdaderamente ruptura de todo el ciclo: el referéndum unilateral de autodeterminación.

Cabe tener muy presente el papel que el nacionalismo español, muy arraigado en una parte significativa de la sociedad y también de las clases populares, jugó a la hora de hacer de dique de contención electoral que salvó las fuerzas políticas del régimen del 78 de un derrumbe similar al vivido en la Italia de 1991. Otra cuestión que explica parte del fracaso de estos proyectos de cambio era la falta de unos objetivos y programa político explícitos o bien de una estrategia contrastable. Una parte importante de los proyectos de cambio no tenían tras de sí un programa político ni una estrategia clara. La laxitud o inconcreción en los planteamientos políticos, justificada muchas veces como una estrategia para aglutinar apoyos, era indicativa de que la corriente de fondo no era luchar por un objetivo concreto, sino estar a la expectativa de lo que se podría obtener en medio de la crisis. Esto dejaba una autopista para reconvertir los discursos rupturistas en discursos de reforma sin muchas dificultades. Quien sí tenía un objetivo claro y una estrategia para alcanzarlo era el independentismo en el Principado. La idea de una república independiente era de una concreción suficiente para evitar maniobras de devaluación. En cambio, la estrategia, basada en una transición de 18 meses y las estructuras de estado, eran un castillo de naipes construido al aire, un artefacto de propaganda destinado a activar y retener electoralmente la creciente base social independentista.

Pero la inconsistencia de la estrategia de transición nacional ya dejaba entrever también lo que los hechos han acabado confirmando: el objetivo último que perseguía una parte de los dirigentes del soberanismo gubernamental era poder iniciar una negociación con el estado. Por lo que lo único que resultó ser un acto rupturista de todo el ciclo político, y que supuso un ejercicio de autoorganización y desobediencia fabuloso, el referéndum del 1 de octubre, era un cuerpo extraño dentro del corpus teórico de la transición nacional. Un elemento no surgido del núcleo dirigente del soberanismo gubernamental, sino de los sectores más críticos con el procesismo.

Existe una última premisa que la realidad invalidó: la idea de que, cuando estos planteamientos y estrategias fracasaran y se pusiera de relieve que los objetivos de muchas de estas fuerzas eran abrir la negociación con el estado y pactar reformas, la base social que les daba apoyo se radicalizaría y sería la hora de una alternativa verdaderamente rupturista.

El nacionalismo español como aglutinador social a favor del Estado

El conflicto nacional que viven los Países Catalanes no hay sólo una población consciente y organizada contra un estado opresor, sino que también hay una parte importante de la población que en las actuales circunstancias legitima este estado opresor. El nacionalismo español es la columna vertebral ideológica del estado. Sus bases ideológicas se sintetizan básicamente en una defensa cerrada de la unidad de estado español y en la identificación de los enemigos del orden social existente, capitalista y patriarcal, como enemigos de la patria y de su unidad. El estado español es un estado que arrastra desde hace más de un siglo profundas contradicciones tanto con respecto a la lucha de clases como en cuanto a la construcción de su identidad nacional y la destrucción de las otras identidades nacionales. El nacionalismo español es la argamasa que solidifica el apoyo de una parte de la población hacia este estado y lo protege cuando estas contradicciones estallan en forma de crisis profundas.

La dinámica interna del nacionalismo español se ha basado en dos polos que ejercían papeles complementarios: un polo más moderado, partidario de desactivar las reivindicaciones nacionales y sociales a través de la integración y de ciertas concesiones políticas que no pusieran en riesgo los principios del estado, y un polo más ortodoxo, partidario de derrotar estas reivindicaciones a través del uso discrecional de la estrategia de la enemigo interior. Si bien podemos identificar una mayor presencia de los primeros en el seno del PSOE, especialmente en los Países Catalanes, donde este partido se conformó también a partir de corrientes fuertemente autonomistas o nacionalistas, esta dinámica no reproduce exactamente la divisoria de partidos. En el momento en el que los acontecimientos políticos de la últimas décadas han acabado cuestionando tanto la unidad de España como el orden social existente, el nacionalismo español ha activado sus mecanismos para poder resistir y ganar la batalla sin tener que hacer una sola concesión de reforma del estado. Por una parte, ha conseguido fidelizar una importante parte del electorado de las opciones de derecha nacionalista española, a pesar del marasmo de descrédito y corrupción en el que estaba inmerso el PP. De hecho, la resistencia electoral del nacionalismo español duro -especialmente la del PP, en unas circunstancias de descomposición interna acusada- evitó un derrumbe del sistema de partidos similar al que vivió Italia a principio de los 90.En segundo lugar, el nacionalismo español ha logrado subordinar parte de las fuerzas políticas partidarias de un cambio a partir de las dinámicas del mal menor. Así, la amenaza de un retorno al poder del españolismo del PP, Ciudadanos y VOX ha servido al PSOE para conseguir rebajar algunas de las pretensiones programáticas de sus socios de gobierno en el País Valenciano o en las Islas, o bien para conseguir, a cambio de nada concreto, los votos de todas estas fuerzas políticas, del PDECAT a Podemos, en la moción de censura.

En el caso de Cataluña, además, la batalla por la autodeterminación ha producido un fenómeno singular: el aumento importante del apoyo electoral de la derecha españolista entre sectores abstencionistas o de antiguos votantes de izquierdas en el contexto del proceso de autodeterminación. La versión dura del nacionalismo español en el Principado está encarnada orgánicamente por sectores que no deberíamos dudar en tachar de fuerzas de ocupación: miembros de los cuerpos represivos o militares, altos funcionarios estatales y ejecutivos de las empresas del Ibex 35. Sin embargo, en los últimos años de proceso de autodeterminación, este aparato político ha logrado conectar electoralmente con sectores significativos de las clases populares. La ideología españolista y conservadora segregada por el estado siempre ha tenido influencia en sectores de las clases populares, pero el proceso de autodeterminación agregó nuevos apoyos sociales a este espacio. El motivo principal del auge electoral de Ciudadanos entre algunos sectores de las clases populares viene sobre todo del rechazo a la idea de independencia. En este rechazo a la independencia encontramos, mezclado en grados diferentes, un fuerte sentimiento identitario españolista, el miedo ante la incertidumbre y la protesta contra una clase dirigente local y su modelo de identidad nacional. Asimismo, existe una correlación entre el retroceso o destrucción del tejido asociativo popular y el aumento de voto a Ciudadanos.

El papel de la Izquierda Independentista durante este último ciclo

Pese a plantear un proyecto político para el conjunto de los Países Catalanes, el papel de la Izquierda Independentista se ha focalizado enormemente en el proceso soberanista en Cataluña. Mientras en Valencia y en las Islas Baleares nos centramos en continuar construyendo movimiento, discurso alternativo y dinamización de movimientos sociales -no sin dificultades y debilidades-, en el Principado la acción política se volcaba en el campo institucional, donde los resultados electorales provocaron un crecimiento espectacular de la CUP que no fue correspondido con un crecimiento similar de la capacidad de movilización y de acción política fuera de las instituciones. La CUP, y de rebote el movimiento, se vio tensada entre dos dinámicas políticas: el seguidismo a la dinámica y los planteamientos políticos del soberanismo gubernamental, y los planteamientos clásicos de la Izquierda Independentista (Países Catalanes, unidad popular …), que encontraban una enorme dificultad para conjugarse con la idea de una ruptura inmediata .

Esta es una dialéctica que no hemos tenido capacidad de resolver de forma eficaz para provocar un salto cualitativo importante. El acceso al poder del soberanismo progresista en las Islas y en Valencia redujo las capacidades de acción política de nuestro movimiento y, junto con la aniquilación del marco nacional que hizo el independentismo en el Principado, ha sacado a relucir nuestras debilidades organizativas.

La izquierda Independentista ha tenido un crecimiento organizativo y político muy importante en estos últimos diez años. Pero el hecho de que la toma de conciencia de millones de personas en aspectos que formaban parte de nuestro programa histórico, como la independencia, la ruptura, la crítica al capitalismo y el feminismo, haya sido capitalizada mayoritariamente por otras organizaciones ha generado una cierta frustración. Si repasamos todos los hechos políticos de los últimos años, seguro que podemos encontrar en cada uno de ellos errores y aspectos en que la acción de la izquierda Independentista pudo ser más incisiva.

Pero el resto de fuerzas « del cambio », además de afianzar su poder como organizaciónes, que han logrado aparte de reconducir la protesta social hacia vías reformistas? Nada. Ninguna reforma, ninguna negociación, ningún agudización de la crisis del estado. Y, todo ello, para acabar convirtiéndose en comparsa del nuevo bipartidismo que el régimen ha asentado.

Nos teníamos que haber sumado a las estrategias «mágicas»? Teníamos que haber vendido medias verdades a cambio de más poder político y más votos? Deberíamos haber intentado sustituir a cualquiera de las otras fuerzas políticas para acabar actuando como ellas? Pensamos que no.

El papel de la Izquierda Independentista era el de agudizar la crisis del estado y desbordar los intentos de reconducir la indignación social hacia un pacto o reforma. Era el de intentar reconstruir un proyecto de construcción nacional en medio de la fragmentación. Era el de intentar organizar la indignación en organizaciones de clase. Sin nuestra acción política, estamos convencidos de que el escenario sería mucho peor. No ha salido bien del todo, aunque hemos sido decisivos para llevar al estado a tener que mostrar su cara más autoritaria y, en consecuencia, acelerar la toma de conciencia de mucha gente. Hemos sido impulsores de autoorganización en barrios y villas que ha sobrevivido al pasado ciclo político, que ha servido de escuela política a miles de personas y que servirá como experiencia para afrontar la nueva etapa que se abre. Porque en esta nueva etapa debemos hacerlo más intensamente y mejor.

La etapa política que ahora se abre. La renovación del régimen y del bipartidismo

El proceso de reasentamiento del estado no podía completarse sin la recomposición del eslabón más afectado por la crisis: el sistema de partidos que sustenta el régimen y a través de los cuales este régimen busca legitimarse. Después de la derrota del independentismo en otoño de 2017, que comportó también un alto costo político para el estado y especialmente para la monarquía, y tras la agudización del proceso de descomposición del PP, diferentes sectores políticos y económicos movieron ficha con la intención de reconstruir el sistema de partidos. La jugada consistía en rearmar un bipartidismo, ahora en forma de frentes, que desactivara las opciones de cambio y regenerara las viejas fuerzas políticas del régimen.

Por un lado, con el retorno del PSOE al poder y la subordinación a éste de todos los partidos que se habían opuesto al régimen; por otro, la regeneración de una derecha que permitiera desplazar el centro de gravedad de la agenda política hacia posiciones más en consonancia con el programa histórico del nacionalismo español. La moción de censura que llevó el PSOE al poder fue el primer movimiento. Fue una moción que contó con la incomprensible ayuda de partidos que meses antes habían sido víctimas de la represión o que hacía años que anunciaban la necesidad de destituir al régimen del 78. Retornar el PSOE a la centralidad política suponía enterrar cualquier opción real no ya de ruptura, sino también de reforma en profundidad.

Aunque, desde 1995, el acceso al poder del PSOE implica obtener el apoyo de los partidos que se sitúan en los márgenes del régimen, los términos de pacto siempre se han mantenido dentro de los límites constitucionales. Cualquier veleidad reformadora no ha pasado del terreno declaratorio. Mientras el PSOE ha obtenido gobernabilidad, los intentos de introducir reformas sustanciales por parte de sus aliados han acabado fracasando. Este esquema de subordinación ha sido, además, alimentado por la necesidad de apuntalar al PSOE en el poder gratis como mal menor frente al PP, y ahora también ante el trinomio PP-Cs-Vox.

La segunda jugada suponía reconfigurar el espacio de la derecha con la aparición a escala estatal de nuevos actores. Esta operación, que ya había comenzado en 2015 con Ciudadanos, se completaba ahora con la aparición de VOX. El surgimiento de VOX es causado por la crisis interna del PP, que provoca que el sector más abiertamente posfranquista abogue por hacer vía propia siguiendo ejemplo de otros movimientos europeos como el RN de Le Pen o la Liga de Salvini. VOX ahora mismo representa esencialmente aquellos sectores de ultraderecha que antes votaban el PP. De momento no ha sido capaz de penetrar sustancialmente en el seno de la clase trabajadora. A diferencia de otros sectores de ultraderecha europeos, VOX juega también un papel instrumental a favor del reasentamiento del estado. No se configura como un partido que surge para impugnar el régimen, sino como una nueva línea de defensa de este régimen. Es un elemento nuevo que ayuda a derechizar la agenda política y situarla en cuestiones de seguridad por encima de cuestiones sociales, que añade un nuevo argumento a la inmovilismo del estado en materia autonómica y que sirve de coartada a determinadas fuerzas políticas para virar hacia una alianza con el PSOE y abandonar cualquier perspectiva de ruptura con el régimen.

Potencialidades y límites de las movilizaciones sociales para una vida digna

La moción de censura del PSOE coincidió cronológicamente con una cierta estabilidad económica. Lo que para la propaganda oficial era la superación de la crisis, en realidad era la normalización de los efectos de la crisis sobre las clases populares. Es decir, la interiorización que el estado normal de las cosas eran salarios bajos, costos de vida altos e incertidumbre laboral y vital. Un aumento de los beneficios empresariales partiendo de este empeoramiento de las condiciones de vida servía para la «recuperación» y, de paso, para invertir sus derivados fiscales en algunas medidas sociales. La política social del PSOE, sin embargo, no ha tocado ni un milímetro los privilegios y los beneficios de las clases dominantes. Se ha basado simplemente en la inversión en política social de un leve aumento de la recaudación fiscal. Es por ello que, si bien se ha aumentado el permiso de paternidad, no se ha tocado la reforma laboral ni ha intervenido efectivamente sobre la especulación inmobiliaria en el mercado de alquiler. En el caso del aumento del salario mínimo, si bien afectaba los intereses de una parte de la patronal, era a la vez una medida que buscaba sobre todo un aumento de los beneficios empresariales a través del consumo que comportara un aumento de la recaudación fiscal vía impuestos indirectos, es decir, pagados por la clase trabajadora. Esta política social no ha afectado problemáticas estructurales en la vida de las clases trabajadoras. Esto ha hecho que estos últimos años haya habido importantes movilizaciones sectoriales, tanto en el ámbito laboral como en el de lucha por el derecho a la vivienda, pero que estas movilizaciones, a diferencia de lo que pasó años atrás con la lucha por la vivienda o contra la pobreza energética, no se globalizaran. Hay una menor difusión de estas luchas sectoriales, lo que implica una menor solidaridad efectiva y una menor capacidad de condicionar la política institucional. Esto es debido a que, a diferencia de 2012, se ha mitigado la sensación de que cualquier persona de las clases populares se podría encontrar abocada a una situación de desempleo de larga duración o en un desahucio, lo que generaba una ola de solidaridad importante que obligó a los gobiernos a aplicarse a fondo para preservar los privilegios del poder económico. Ahora, estas luchas tienen más dificultades para salir de los círculos de afectados y movilizados, y su impacto político y su capacidad de contagio son menores.

Con todo, sí observamos como el aumento de conciencia crítica en estos años de crisis es perdurable. Un ejemplo de esto lo encontramos en la dificultad mayor del estado y la patronal para criminalizar a los movimientos huelguistas. Esta brecha de percepción en el seno de las clases populares entre quien ha estabilizado su situación vital y quien está absolutamente precarizado es uno de los principales riesgos por donde se pueden infiltrar discursos de extrema derecha destinados a destruir la solidaridad de clase.

El desplazamiento del discurso periodístico y de la agenda política hacia cuestiones de seguridad, entre las que se incluyen la inmigración y, de rebote , el cuestionamiento de las ayudas sociales, es uno de los principales instrumentos del poder para desarticular la solidaridad de clase y, la formulación de un programa reivindicativo que ponga en dificultad a los gestores gubernamentales.

Continuidad de la recentralización

En el ámbito territorial, y pese a que se practique una retórica mucho más amable que la del PP, el PSOE no tiene intención de abrir el debate autonómico hasta que no tenga garantizado el hecho de que éste se limitará a los actuales marcos estatutarios. En global, es previsible una continuidad de la recentralización porque así lo marca la dinámica del nacionalismo español y la derrota de cualquier planteamiento alternativo y porque esta recentralización es necesaria para el proceso de reducción de las patas sociales del estado y de una política económica al dictado de la UE. Las sucursales del PSOE en los Países Catalanes tienen bien aprendida la lección amarga del maragallismo que llevó a la crisis del PSC.

La no reformabilidad del estado quedó acreditada con el portazo a la propuesta federalizadora de Maragall. Por ello las actuales propuestas políticas del PSPV y del PSIB beben más del modelo pujolista de reclamar aspectos materiales concretos que del modelo maragalliano de querer modificar la concepción de soberanía centralizada inherente al proyecto nacional español.

Paralelamente, toda la derecha nacionalista española plantea un endurecimiento de los postulados del nacionalismo español y de apretar el marco constitucional. Estos planteamientos duros en materia territorial son instrumentales a la estrategia del PSOE de no traspasar ningún límite estatutario en una negociación que de momento no tiene fecha. Esta dinámica y los resultados electorales han convertido a Compromis y Més en unos partidos totalmente subordinados al PSOE en materia de pactos. En la actual situación de recentralización, estos pactos no permiten arrancar ninguna concesión significativa al PSOE y, al mismo tiempo, no permiten negar el apoyo al PSOE ante la amenaza de retorno del PP y sus adláteres al gobierno. El único rol que pueden jugar Compromis y Més es el de garantizar que se cumpla el programa del PSOE. Así apaciguan las perspectivas de cambio a través de una victoria electoral que lleve a Compromis o Més a la presidencia autonómica, y el marco de la hipotética futura negociación se vuelve cada vez más favorable a los intereses del nacionalismo español. Basta tomar como ejemplo la legislación en materia lingüística o en materia de afectación a los intereses turísticos en las diferentes autonomías para ver cómo actúa este proceso.

Un proceso soberanista cortocircuitado

El planteamiento de «gobierno efectivo» en el Principado ha sido un fracaso clamoroso y evidente. Sus presupuestos eran los de continuar el hilo de lucha del 1 de octubre recuperando los resortes de poder autonómico también para este fin. En la práctica se ha demostrado que la única opción de continuar el hilo de lucha del 1 de octubre es la de entrar en una resistencia abierta contra el estado.

La estrategia de “gobierno efectivo» simplemente ha permitido reasentar dos estructuras de partido en el gobierno autonómico que tienen como marco de acción un terreno de juego aún más acotado que antes del 155. El «gobierno efectivo» es el gobierno con menos autonomía de todos los gobiernos autonómicos de Cataluña desde 1931. La estrategia de ERC y del mundo postconvergente, a pesar de los conflictos derivados de la lucha por la hegemonía, apuntan en la misma dirección: conservar las posiciones institucionales para aprovechar una posible oportunidad de negociación con el estado que se pueda plantear a medio plazo. Ensanchar la base o restituir el gobierno legítimo, y todos los debates adyacentes sobre mayorías, referéndums pactados o implementaciones de la república, no son estrategias para ejercer la autodeterminación a corto plazo, sino para ganar la hegemonía política dentro del campo soberanísta.

Ninguna de estas dos estrategias dan respuesta a las contradicciones que llevaron al colapso del proceso soberanista, sino que pretenden construir un relato a la defensiva capaz de atraer la mayor parte de voto soberanista. Este abandono de los objetivos políticos que decían defender durante los últimos años no borrará la crisis de legitimidad que el estado español ha vivido en el Principado, ni muy posiblemente restará apoyo electoral global a los partidos del soberanismo gubernamental. Cuanto más factible sea una alternativa de gobierno encabezada por Ciudadanos o en el que participe esta formación, más activará el voto defensivo hacia ERC o JxCAT. En definitiva, se trata del mismo mecanismo que a nivel estatal ha acabado situando al PSOE de nuevo al poder a pesar de su crisis interna.

La represión y sus efectos políticos

La estrategia represiva que el estado articuló en otoño de 2017 contra el independentismo catalán ha funcionado. Encarcelar una parte del gobierno autonómico y a los líderes de Òmnium Cultural y de la ANC y forzar el exilio de otra parte de este gobierno autonómico y de una diputada de la CUP tenía como objetivo, aparte de satisfacer las ansias de venganza de un estado humillado por el 1 de octubre, atemorizar al grueso de la población. En las últimas décadas la represión contra el independentismo buscaba como objetivo destruir las organizaciones independentistas y alejarlas del apoyo social a través de la criminalización: «son gente peligrosa y quien se adhiera puede terminar como ellos».

La represión derivada del 1 de octubre, además, sumaba directamente la amenaza contra toda la población: «si se atreven a aprisionar todo un gobierno autonómico, es que son capaces de cualquier cosa para mantener la unidad de España». El impacto y el revuelo político de estos encarcelamientos no nos puede hacer olvidar, sin embargo, que la represión tiene un alcance mucho más amplio y ha afectado de forma directa a cientos de cargos públicos pero también cientos de represaliados en las huelgas generales y jornadas de lucha. Una represión que normalmente es ejecutada por los Mossos, demostrando así la falta total de operatividad de los planteamientos del «gobierno efectivo». La represión continúa afectando a las organizaciones del independentismo revolucionario con el objetivo de debilitar su fuerza y aislarlas del conjunto de la población. En Endavant también hemos sido y somos objetivo de esta represión, no sólo con el exilio de Anna Gabriel o con la inhabilitación de Montse Venturoso, sino también con decenas de militantes imputados por desobediencia y delitos similares en las diferentes jornadas de lucha de los últimos años. Y muchas otras organizaciones independentistas están pagando costos parecidos. La represión también tiene un coste para el estado. La existencia de presas políticas y exiliadas y la gestión de la sentencia le suponen un coste negativo que el independentismo puede rentabilizar en la medida en que lo haga con objetivos claros. Este coste negativo también lo será para el gobierno autonómico en la medida que la represión contra el independentismo de base no quede invisibilizada.

Los nuevos movimientos emergentes: feminismo y lucha contra el cambio climático

Estos últimos años hemos asistido a la emergencia de dos movimientos sociales que marcarán la batalla política de la próxima década: el feminismo y el ecologismo, en su forma de lucha contra el cambio climático. Ambos movimientos tienen sus raíces en posiciones políticas de ruptura con el sistema actual, y han logrado conectar con amplios sectores sociales, especialmente de las clases populares. El potencial transformador de ambos movimientos, y en especial del feminismo, hacen de ellos unas armas de intervención política estratégicas y necesariamente transversales a cualquier programa político revolucionario. Este potencial de ambos movimientos también los convierten en un nuevo espacio de batalla entre las posiciones rupturistas y las posiciones reformadoras. Los sectores progresistas también están intentando ejecutar su estrategia de reconducción de estos movimientos hacia propuestas digeribles e inofensivas para los intereses del sistema. Esta reconducción se basa en intentar fijar propuestas que no supongan afectar los privilegios de las clases dominantes e intentar situar el foco de lucha exclusivamente en las actitudes individuales, rehuyendo de asociarlos a aspectos estructurales ligados a la lucha de clases. Asimismo, pretenden que estas propuestas les sirvan de bandera para iniciar una guerra cultural con los sectores conservadores que retroalimente ambas patas del bipartidismo. La batalla real para el avance de ambos movimientos se situará muy probablemente en los próximos años entre una perspectiva de un programa progresista de cambios limitados y la perspectiva de un programa de cambios reales que afecten intereses de las clases dominantes.

Una estrategia nacional de Unidad Popular

La vía revolucionaria es el único camino hacia la consecución de nuestros objetivos políticos. Cómo hacer una revolución en el siglo XXI en un estado occidental es un debate que habrá que afrontar sin apriorismos. Ahora bien, estos últimos años nos han mostrado que no hay atajos que permitan saltarse la pantalla de la revolución. No hay resultados electorales ni cifras de manifestantes ordenadas que por sí solas provoquen cambios. El acceso del pueblo al poder político requiere de una acción combinada de formas de autoorganización y de lucha al margen de la política formal representativa.

Una estrategia de Unidad Popular

El objetivo de la Izquierda Independentista no es que «pasen cosas» o que «se produzcan cambios», sino la construcción de una República Feminista y socialista en los Países Catalanes. La estrategia de Unidad Popular es la propuesta de agrupar una mayoría de las clases populares en torno a un programa de transformación social y autodeterminación para los Países Catalanes y de una práctica política rupturista para conseguirlo. Sólo la clase trabajadora y demás clases populares tenemos la capacidad de provocar cambios en profundidad contra el actual sistema. El espacio de Unidad Popular no lo concebimos como un espacio político más entre muchos otros actores, sino un espacio con la vocación de convertirse en una alternativa política nacional al conjunto de las fuerzas políticas. Esta estrategia no es fruto de opciones éticas o estéticas, sino del convencimiento de que es la más adecuada para llevar a cabo un proceso de liberación nacional en los Países Catalanes.

El hecho de que la existencia de una base social soberanista conservadora en la mayoría de territorios sea minoritaria y que, en cambio, haya una importante penetración de la ideología de estado en el seno de las clases populares, hacen que la vía para poder construir un bloque histórico revolucionario pase por un proyecto liderado por las clases populares y al servicio de las clases populares. Sin este carácter material y de clase, la reivindicación independentista está condenada a recluirse en un comunitarismo victimista sin ninguna posibilidad de éxito.

Una estrategia de ámbito nacional

El marco nacional de los Países Catalanes es el único marco capaz de garantizar los derechos nacionales de las sus habitantes. Pero además, estratégicamente, es un marco más favorable para poder torcer el poder del estado que no el marco fragmentado de cada territorio autonómico. El peso demográfico, económico y político de los Países Catalanes en su globalidad permite abrir una crisis en el estado con mucha más profundidad que la que han podido abrir los diversos proyectos de cambio de la última década. El hecho que actualmente el escenario sea extremadamente fragmentado no justifica abonar vías fragmentadas hacia la autodeterminación, sino todo lo contrario. Se trata de situar en primer término la tarea de revertir esta fragmentación a través de una estrategia de ámbito nacional que no sea una simple traslación de la estrategia del Principado hacia toda la nación, sino una estrategia con aplicaciones tácticas adecuadas a las diversas realidades territoriales. Así mismo, tener una estrategia de ámbito nacional para la autodeterminación pone en duda tanto la viabilidad de los planteamientos interclasistas del soberanismo gubernamental como la creencia de que a partir de las prácticas autonomistas desatadas de cada territorio se podrán acabar con los límites de soberanía que impone el estado. No tenerla o no practican significa vernos arrastradas por estos dos planteamientos y desdibujar nuestro proyecto político.

El balance de construcción nacional en esta última década es, sin ninguna duda ni paliativo, negativo. La Izquierda independentista tiene, diez años después, una organización y un discurso político mucho más regionalizado. A pesar del crecimiento organizativo y de recursos, en diez años no hemos conseguido generar ninguna estructura de construcción nacional exitosa. La creencia en la viabilidad del ejercicio de la autodeterminación de forma inminente en el Principado hizo entrar en grave contradicción con el proceso de construcción nacional de la Izquierda Independentista. A pesar de que este hecho ya ha desaparecido, la inercia de las prácticas regionalistas continúa paralizando las tareas de construcción nacional. Es, pues, imprescindible retomar las tareas de construcción nacional y adecuar las estructuras organizativas y las prácticas políticas en este objetivo.

Construir un proyecto político desde la minoría y por la mayoría

Ahora mismo somos minoría. La mayoría de población que ha conectado en los últimos diez años con el anhelo de cambio nacional y social, la que se moviliza de forma creciente con el feminismo, no tiene el proyecto de la Unidad Popular como su referente político principal. Somos, sin embargo, una minoría presente y activa en la agenda política. Y es desde esta posición que tenemos que construir un proyecto para una mayoría. Es un error que la Izquierda Independentista haya sufrido el hecho de que por querer ser mayoría haya que actuar como si ya lo fuera . Es decir, adoptar los discursos y las prácticas políticas que hoy en día son mayoritarias, filtrar nuestra acción política «como si ya fuéramos el gobierno» o creer que el crecimiento de un proyecto político se gesta esencialmente en transacciones con otros proyectos políticos que pugnan por la misma representatividad. No más podemos hacer que nuestro proyecto político sea mayoritario si conectamos con las aspiraciones y reivindicaciones de las clases populares y si lo hacemos desde una forma y planteamiento distintos a los que plantean los actuales proyectos políticos hegemónicos. Y estos planteamientos no tienen que responder a la idea de ganar respetabilidad sino a la idea de generar cambios políticos en Profundidad. Las ideas de cambio son por sí mismas conflictivas. Ser mayoría sin ser herramienta revolucionaria sólo sirve para sustituir los actuales gestores políticos por unos nuevos.

Construir un proyecto desde la minoría y por una mayoría significa asumir que se trata de un proceso dialéctico que transforma al mismo tiempo la conciencia política de la población y las formas organizativas del movimiento. Esto también nos obliga a transitar una vía alternativa. El modelo individualista de activista y el menosprecio a las formas de organización y decisión colectivas no es ninguna vía al crecimiento político como se ha querido presentar muy a menudo, sino el camino hacia la difuminación. Por el contrario, las prácticas políticas que no buscan el crecimiento militante están condenadas a la minorización permanente que las lleva a la marginalidad o a asumir un papel de lobby. Nuestra aspiración debería ser la de construir un movimiento permeable y con capacidad de cambio que cultive una cultura organizativa sólida.

Deslegitimar el estado y las autonomías

El consenso democrático sobre el estado de las autonomías se ha construido sobre dos presupuestos: que España era un estado plenamente democrático y que las autonomías dotaban de derechos políticos, sociales, económicos y culturales a las diferentes nacionalidades.

La crisis hace una década dejó al descubierto que ambos presupuestos son falsos, y la represión desatada sobre todo alrededor de octubre de 2017 lo volvía a certificar. Cuando hablamos de deslegitimar el estado y las autonomías nos referimos a poner al descubierto la falsedad sobre la que se construye su consenso democrático. En espacios muy politizados esta tarea de deslegitimación es abandonada porque son argumentos que se presuponen. Pero este abandono ha sido ocupado en buena parte por diferentes variantes del nacionalismo victimista. Recuperar esta acción propagandística también debe servir como estrategia para disputarle el terreno al nacionalismo victimista.

Hay que trabajar en esta tarea a partir de cuatro líneas:

.- La solidaridad y acción antirepresiva desde una perspectiva amplia, que no se restrinja sólo a las presas políticas y exiliadas de noviembre de 2017 sino que abarque los cientos de represaliadas a todos los niveles por cuestiones políticas de los últimos años, y que no esté al dictado de las estrategias del soberanismo gubernamental.

.- La denuncia de los privilegios de las clases dominantes y de la manera como el estado subvierte mecanismos formalmente democráticos para proteger estos privilegios.

.- La denuncia del carácter reaccionario y machista del nacionalismo español.

.- El vaciado de soberanía imperante en las instituciones autonómicas.

Tres vectores de lucha: soberanías, derechos y autodeterminación

En la etapa política anterior a 2009 los partidos hegemónicos daban respuesta a aspiraciones diferentes a las que nosotros queríamos responder. La mejora del marco constitucional vigente y las aspiraciones individualistas de sectores sociales ascendentes en un contexto de crecimiento económico ocupaban los debates de los partidos institucionales. En cambio, la impugnación del estado surgido de la transición, la lucha contra la precariedad y contra la destrucción del territorio o la crítica a los efectos de la globalización capitalista eran el marco de trabajo de los movimientos políticos antagonistas.

En el último ciclo de lucha la agenda política ha ido convergiendo. Todos los actores políticos y sociales estamos tomando posiciones alrededor de los mismos temas: la autodeterminación, el empobrecimiento de las clases populares, la gestión y la financiación de los servicios públicos, la discriminación de las mujeres, el cambio climático… las respuestas que alrededor de este tema impugnaban el actual status quo han sido demasiado poco concretas y sin ningún dibujo táctico claro. Esto ha generado la apariencia de amplios acuerdos que han permitido a los sectores más reformistas recuperar y canalizar muchas reivindicaciones, lo que ha acabado arrastrando las fuerzas más rupturistas hacer seguidismo por miedo a perder la conexión con la mayoría social.

Por tanto, el proyecto de Unidad Popular tiene el reto de salir de esta dinámica de seguidismo. Para ello es imprescindible que fijemos unas reivindicaciones, un programa político y una táctica propias y diferenciadas de los proyectos hoy mayoritarios.

En este sentido, identificamos cuatro ejes a trabajar para la clarificación de nuestra propuesta política:

.- Contra la idea de profundizar en la soberanía a partir de la gestión autonómica, la idea de la autodeterminación como único camino hacia la soberanía.
.- Contra un planteamiento legalista de la autodeterminación, una estrategia rupturista para ejercerla.
.- Contra el discurso liberal-progresista de derechos sociales consistente en poner los parches posibles sin tocar ningún privilegio, la estrategia de disputar soberanía económica y hacer retroceder los privilegios de los sectores oligárquicos.

.- Contra la tendencia de ir recluyendo exclusivamente el feminismo en el ámbito de la modificación de conductas individuales, hay que plantear la lucha también en el campo del feminismo de clase y de las reivindicaciones materiales.

Para transportar estas ideas a espacios de lucha reales, planteamos una táctica en tres vectores diferenciados: soberanías, derechos y autodeterminación. Unos vectores que sitúen la disputa del poder en un punto intermedio entre la simple reforma legislativa o la postergación de todo cambio hasta el estallido revolucionario. Y que este punto intermedio permita generar una ampliación de la conciencia política, desenmascarar el carácter anti-democrático del poder político y económico, y practicar autoorganización en el camino para afrontar un nuevo escenario de ruptura.

Soberanías

El modelo anterior de lucha por unas condiciones de vida dignas se basaba en la capacidad de movilización y disuasión del movimiento obrero o vecinal que podía acabar generando una acción legislativa o gubernamental que fijara unas mejoras concretas a través de la legislación y / o los presupuestos. En el contexto actual la capacidad disuasoria del movimiento popular y la soberanía de los órganos representativos del estado ante el poder económico son mucho menores. Esto provoca que el impacto de esta estrategia sea mucho menor. Y que, además, en una situación como la de los Países Catalanes, con unos poderes municipales y autonómicos diferentes del poder estatal, pueda generar un cierto blanqueo de las políticas sociales anti-obreras, trasladando la responsabilidad a instancias superiores. És necesario, pues , generalizar y profundizar en un modelo de lucha que combine, desde la acción institucional y popular, la construcción de diques de contención contra la ofensiva capitalista y alternativas para las clases populares. Además en este sentido, hay también que apuntar un cambio cualitativo en la normalización de los efectos de la crisis capitalista.

El fuerte impacto de los movimientos reivindicativos en el inicio de la crisis (vivienda, estafa bancaria, sanidad) tuvo lugar porque se rompió la línea divisoria que la ideología conservadora había introducido en el seno de las clases populares entre sectores precarizados y sectores estabilizados. El conjunto de las clases populares sentían el riesgo de aquellas injusticias en sus propias vidas y sentía empatía hacia quien las padecía. A pesar de que el poso de esta solidaridad continúe vivo y sea uno de los diques de contención a la ofensiva de la derecha españolista, hay que constatar que hay un intento de resquebrajar esta solidaridad. Por tanto, creemos que las luchas que hay que priorizar deberían ser aquellas que contengan el potencial de religar otra vez la solidaridad del conjunto de clases populares. En este sentido, hay que valorar el potencial de las reivindicaciones que contraponen un sentido común con intereses económicos inconfesables. La carga rupturista de reivindicaciones aparentemente reformistas es un elemento a tener muy en cuenta.

Derechos

Ante el fenómeno de retroceso y vaciado de contenido de los derechos civiles, políticos y sociales, nuestra acción política no se puede circunscribir sólo en el campo de la denuncia, aunque ésta es esencial para la tarea de deslegitimación del estado. Volver a poner en valor derechos devaluados y construir consensos populares alrededor de nuevos derechos permite dibujar una buena parte del programa político de futuro. Esta fijación de derechos no debe ser un simple ejercicio teórico para una futura aplicación, sino también una práctica presente que haga entrar en contradicción la esencia antidemocrática del estado con su fachada democratizadora. Esta podría ser una práctica que podría basarse en la autotutela de derechos a través del auto-organización popular, la fijación explícita o implícita de derechos a través de las instituciones, y el ejercicio de desobediencia civil.

Autodeterminación

La experiencia del proceso soberanista en el Principado nos señala la certeza histórica de la Izquierda Independentista de situar la autodeterminación como motor de cambio político. Su potencial rupturista ha producido, a pesar de las intenciones contrarias de los dirigentes políticos, al único desbordamiento masivo del marco legal en todo el ciclo de lucha. La autodeterminación no sólo es la única vía para garantizar los derechos nacionales de los Países Catalanes, sino también el único instrumento para fijar las soberanías y derechos que dignifican las vidas de las clases populares en un nuevo marco político. Ejercer la autodeterminación es hacer una revolución política de verdad. Las revoluciones políticas no se hacen con votaciones en el parlamento ni negociando mecanismos de arbitraje con el estado; en todo caso, estos hechos son una de las muchas consecuencias de una revolución política. Para una revolución política es necesaria una movilización masiva y sostenida, una práctica de resistencia al poder y el hecho de que las organizaciones del movimiento de resistencia tomen un carácter institucional para sustituir las antiguas instituciones.

Construir un programa de Unidad Popular

Una de las principales carencias del pasado ciclo político es que no se construyó ningún programa político de cambio. Ni desde las posiciones más rupturistas, ni desde las posiciones más moderadas. Se puede argüir que esta ambigüedad en torno a la idea de cambio es muy útil a corto plazo a la hora de agregar sectores muy diversos y amplios, pero a medio plazo es letal para la consecución de objetivos políticos rupturistas que vayan más allá de la sustitución de la actual clase dirigente por una nueva. Tanto la experiencia del anterior ciclo político como las luchas y movilizaciones de la nueva etapa deberían ir cristalizando en un programa político de Unidad Popular, en un conjunto de reivindicaciones en clave de autodeterminació, cambio social, feminismo y ecologismo que puedan hacer suyos los sectores más concienciados de las clases populares; es decir, una propuesta construida dialécticamente desde las organizaciones políticas y los movimientos populares.

¿Cuáles son las funciones de este programa de Unidad Popular?:

.- Visualizar el horizonte buscado. Llenar de contenido el horizonte del ejercicio del derecho de autodeterminación y la construcción de una República feminista y socialista en los Países Catalanes.

.- Permitir el crecimiento del proyecto de Unidad Popular. Si la fuerza militante expande sobre todo en la práctica a las luchas, el apoyo popular se agrega todo para una identificación positiva con los objetivos políticos.

.- Clarificar las diferencias tácticas y estratégicas con los actuales proyectos mayoritarios que bajo la bandera del cambio lo que proponen son básicamente reformas al sistema actual.

.- Ayudar a superar los encorsetamientos de la tendencia al identitarismo político, situando como elemento principal un programa reivindicativo y no una identidad política previamente existente.

.- Comprometerse con el programa tanto el movimiento popular como sus expresiones institucionales, siendo una herramienta que permita el control de las dinámicas institucionales no sólo a través de mecanismos estrictamente burocráticos.

Todo planteamiento estratégico debe responder a tareas a realizar desde ya, pero también a objetivos que ahora mismo no figuran en el corto termino pero que sirven para enfocar correctamente el trabajo más immediato. La construcción de la Unidad Popular no provocará la ruptura con el estado por sí sola. Hay que situar los elementos necesarios para esta ruptura para saber porque se está construyendo Unidad Popular desde ya.

Organizar la resistencia

Todo movimiento de liberación nacional, a medida que avanza en sus objetivos, fuerza al estado a adoptar abiertamente su papel de ocupante, liquidando la máscara de consenso democrático que hasta entonces la había legitimado. En contrapartida, el movimiento de liberación nacional se ve empujado a adoptar una forma de poder alternativo que le vaya disputando la legitimidad a este Estado. En los contextos de independencia por disolución del estado, como los de Yugoslavia o la URSS, fue válido el mecanismo de transformar las repúblicas federadas en repúblicas independientes. En contextos en los que la independencia se gana contra un estado en crisis pero resiliente (*), como Irlanda o Argelia, ésta se ha conseguido sacrificando las instituciones-autonómicas previamente existentes. En el caso de los Países Catalanes el primer intento de autodeterminación parcial fue en contra de un estado en crisis pero resiliente, y sin embargo se ha querido transitar por la vía de conservar como bien supremo las instituciones autonómicas y convertirlas en una república a partir de un tráfico legal, como si estuviéramos ante un estado en liquidación. En el contexto de aplicación del 155 y exilio y encarcelamiento de los dirigentes autonómicos, el independentismo tenía la posibilidad de optar por pasar a una etapa de resistencia y disputarle la legitimidad en el estado desde la construcción de un contrapoder. Pero la opción elegida por el soberanismo gubernamental fue la de preservar la autonomía a pesar de saber que esto significaba cortocircuitar el proceso de autodeterminación. Este dilema volverá a aparecer cada vez que se plantee una nueva ofensiva para desbordar el estado. Para poder realizar este paso necesario con suficiente apoyo popular, aparte de evaluar correctamente la correlación de fuerzas, habrá sido necesario haber hecho una labor propagandística previa que lo justifique, un trabajo de contrapoder que neutralice la acción de las instituciones autonómicas y haber abordado la proyección de instituciones alternativas que disputen la legitimidad a las del Estado.

La insurrección democrática: un horizonte de ruptura con el estado

Decíamos más arriba que la autodeterminación es el motor del cambio político y que sólo puede ejercerse a través de una revolución política. El estado español ya ha dejado claro que no habilitará ningún mecanismo para resolver a través de un juego democrático arbitrado la cuestión de la autodeterminación. Su esencia ideológica se lo hace indigerible y, por otra parte, las democracias liberales dejan de ser democracia cuando ponen en cuestión la continuidad de pilares fundamentales del sistema. Y la unidad de España es el pilar fundamental del estado español y su defensa se sitúa como un bien superior a cualquier otro ordenamiento jurídico internacional o derecho democratico. Por tanto, como siempre que una mayoría social se ha mostrado decidida a efectuar un cambio político en profundidad, será necesario que el pueblo movilizado habilite un mecanismo propio en forma de insurrección democrática. Las condiciones para llevar a cabo una revolución política serían: una movilización masiva y sostenida, una práctica de resistencia al poder y que las organizaciones del movimiento de resistencia tomen un carácter institucional para sustituir las antiguas instituciones.

La insurrección democrática es la culminación de este proceso con las únicas herramientas que el pueblo dispone en nuestras circunstancias históricas: el impacto de su movilización masiva, permanente y sostenida. Esta movilización puede combinar diferentes formas: referéndum de autodeterminación, desobediencia masiva a las leyes, huelga general, construcción de instituciones propias, etc. No más a través de una movilización de este tipo se podrá garantizar el ejercicio de la autodeterminación y poder dar pie a un proceso democrático de construcción de una República para los Países Catalanes.

Nota LOA: Resiliente; con capacidad para adaptarse a situaciones adversas.

(Fuente: La Haine / Tradución: Borroka Garaia da!)