Los Ecologistas piden revocar la reapertura de la mina de Aznalcóllar en el 20º aniversario del desastre provocado por Boliden
Las cinco principales organizaciones ecologistas (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF) han pedido a la Junta de Andalucía a que revoque la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) para que no se repita la catástrofe sufrida hace veinte años.
Los máximos dirigentes de estas organizaciones exigieron este martes una revisión de oficio de la adjudicación a la multinacional Grupo México, calificada de “claramente irregular” por Francisco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción, que se investiga por la vía penal y que supone una “espada de Damocles” para Doñana, en palabras del secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo.
Segura y otros dirigentes ecologistas denunciaron que la adjudicación se realizó mediante una red de empresas interpuestas, lo que dificultaría la exigencia de responsabilidades al Grupo México, con total opacidad, y sin que ni siquiera se haya debatido en el Consejo de Participación de Doñana, como es legalmente preceptivo.
Segura e Isidoro Albarreal, de Ecologistas en Acción Sevilla, denunciaron que la reapertura de esta mina, que en abril de 1988 causó el mayor desastre ambiental minero de España, se acordó antes de conocerse el estudio de impacto ambiental, la autorización ambiental y el plan de restauración de la mina.
Alertaron de que Grupo México pretende extraer catorce hectómetros cúbicos de lodos contaminados de la corta de Los Frailes, donde quiere extraer el mineral, y verterlos al río Guadiamar, un volumen muy superior a los seis hectómetros cúbicos que causaron el desastre ambiental de 1998.
Además, la mina requerirá una “tremenda demanda de agua”, cuyo origen se ignora, y los restos del mineral extraído se verterían en la cercana corta de Aznalcóllar, que ya almacena los lodos retirados del Guadiamar tras el desastre ecológico de 1998, lo que aumentaría la amenaza ecológica sobre el Guadiamar, principal río de Doñana.
Aznalcollar, 20 años después: la descontaminación sigue pendiente
Veinte años después del accidente de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), considerado uno de los mayores desastres ambientales de España junto al del Prestige, la limpieza de los 62 kilómetros contaminados del río Guadiamar se valora como una actuación ejemplar, aunque importantes objetivos de este titánico proyecto siguen pendientes.
La coordinación entre las administraciones, la limpieza bajo criterios científicos y el desembolso de unos 200 millones de euros facilitaron que las 4.600 hectáreas anegadas por aquella riada tóxica, considerada por el CSIC cien veces mayor que la del Prestige, estén hoy descontaminadas y hayan recuperado su riqueza ecológica, salvo algunas pequeñas zonas.
La rotura de esta balsa minera en la madrugada del 25 de abril del 1998 vertió al Guadiamar unos dos millones de metros cúbicos de lodos y otros cuatro de aguas contaminadas, en una riada de 500 metros de anchura que recorrió 62 kilómetros, aguas abajo, hasta Entremuros, tramo final del Guadiamar y límite del Parque Nacional de Doñana.
Científicos del proyecto Foil Plant, del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología (IRNA) de Sevilla, dependiente del CSIC, analizan desde 1998 esta catástrofe y sostienen que la retirada de los lodos contaminados y la depuración de las aguas ácidas, aisladas con muros de tierra para que no entrasen en Doñana, han sido un ejemplo mundial de descontaminación minera, aunque recomiendan volver a limpiar algunos puntos contaminados con metales pesados.
Pero esta modélica generación no ha logrado algunos objetivos más importantes, como recuperar la economía de la zona, que padece niveles de paro iguales o superiores a los de 1998; consolidar el Guadiamar como corredor ecológico entre Doñana y Sierra Morena o cobrar a la multinacional sueca Boliden, propietaria de la mina, un solo euro gastado en esta limpieza.
El Guadiamar, principal afluente de Doñana, fue declarado Paisaje Protegido por la Junta de Andalucía tras su limpieza, pero aún hoy carece de una mayor protección legal y de vigilancia que lo consoliden como un corredor ecológico efectivo entre las marismas del Guadalquivir y Sierra Morena.
Y, sobre todo, mantiene en su cabecera, como espada de Damocles, la mina causante del desastre, cuya reapertura ha adjudicado la Junta de Andalucía en un polémico proceso, bajo investigación judicial, a Grupo México, multinacional con una pésima reputación ambiental por sus desastres ecológicos en Iberoamérica.
Además, a escasos kilómetros funciona Cobre Las Cruces, la mayor mina de cobre a cielo abierto de Europa, promocionada como un modelo minero respetuoso con el medio ambiente pero que suma condenas por delitos ecológicos y pretende extender su actividad bajo tierra hasta el 2034.
Los grupos ecologistas reiteran que no se reabra la mina de Aznalcóllar para preservar a Doñana, uno de los más valiosos espacios protegidos de Europa, Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera, una amenaza de la que también alertó el director de la Estación Biológica de Doñana, Juan José Negro, antes de ser cesado por la dirección del CSIC.
El coste final de la regeneración del Guadiamar, incluida la expropiación del cauce para evitar el comercio de cultivos y ganados contaminados y el programa estatal Doñana 2005, para recuperar los recursos hídricos de este espacio protegido, supera los 300 millones de euros.
Los intentos por cobrar a Boliden algo de estos fondos públicos han fracasado, tras lustros de litigios judiciales, aunque la Junta de Andalucía mantiene una demanda por los 89 millones de euros gastados en la limpieza inicial del Guadiamar.
Pendiente queda el destino final de los millones de metros cúbicos de tierras contaminadas trasladados a la corta de la antigua mina de Aznalcóllar. Y pendiente sigue dignificar la memoria de los cuatro camioneros portugueses fallecidos cuando transportaban los lodos a destajo.
(Fuente: Andalucía Información)
Comunicado de Ecologistas en Acción en el 20º Aniversario Catástrofe de Aznalcóllar
En la madrugada del 25 de abril de 1998 una riada de lodos tóxicos invadió las tierras de los pueblos ribereños del río Guadiamar y llegó hasta Doñana. Un embalse de 8 Hm3, propiedad de la empresa sueca Boliden, millones de litros de lodos ácidos con un alto contenido en metales pesados y otros elementos tóxicos.
La balsa de las minas de Aznalcóllar, propiedad de la empresa Boliden-Apirsa, vertió millones de metros cúbicos de lodos y aguas tóxicas al río Guadiamar, afectando a los Parques Natural y Nacional de Doñana, y al estuario del Guadalquivir. Nadie dimitió, nadie ha sido procesado.
Ecologistas en Acción desde un primer momento se comprometió ante la opinión pública a exigir responsabilidades políticas, administrativas y penales hasta el final. Ante los incomprensibles archivos llevados a cabo por el Juzgado de Sanlúcar la Mayor primero, y la Audiencia Provincial de Sevilla después, se presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que, desgraciadamente, terminó archivando definitivamente esta causa.
Los Tribunales han desestimado también las demandas civiles presentadas por el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía que pretendían hacer pagar a Boliden 150 millones de euros, sólo una parte de los 250 millones de euros que ya nos ha costado a todos los ciudadanos este desastre. Ni hay ni habrá responsabilidades penales ni tampoco civiles. Boliden no solo se ha ido sin pagar las facturas del vertido, sino que ha cobrado 36 millones de euros de subvenciones.
Es evidente que los Tribunales no han cumplido con el deber de tutelar el bien jurídico protegido, cual es el derecho fundamental a un medio ambiente adecuado y a la salud pública. La impunidad en nuestro país ante una catástrofe ecológica de esta envergadura va a ser total.
Las consecuencias ecológicas del vertido tóxico han sido de unas dimensiones enormes: 80 kilómetros de cauces afectados, 4.600 hectáreas de nueve municipios envenenadas, caladeros cerrados por contaminación de cadmio, cinc, cobre y arsénico, siete millones metros cúbicos de lodos retirados, 30 toneladas de animales muertos, acuíferos altamente contaminados, récord mundial de concentración de metales pesados en aves acuáticas, 5.000 puestos de trabajo hipotecados…
La mina de Aznalcóllar es una evidencia de la insostenibilidad del modelo de minería a cielo abierto. Los beneficios económicos obtenidos en su día, más por la obtención de subvenciones públicas y por el tráfico de residuos que por la explotación de mineral, fueron a parar a la multinacional sueca Boliden, mientras que la gestión de los millones de metros cúbicos de residuos generados que forman enormes escombreras altamente tóxicas y la de la corta repleta de lodos tóxicos corre a cargo de la Junta de Andalucía, que no exigió nunca los avales exigibles por ley a la empresa para asegurar los gastos de restauración, gastos que pueden llegar a los 500 millones de euros de dinero público.
(Fuente: Web de Ecologistas en Acción)
Para más información sobre el tema descargarse el trabajo “El desastre de Aznalcollar” editado por WWF en esta dirección:
http://assets.wwf.es/downloads/_informe_2008.pdf
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