Sevilla: La Fiscalía solicita multas para los cuatro okupas de la Corrala Dignidad enjuiciados por un delito de usurpación

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El Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla ha dejado este jueves visto para sentencia el juicio celebrado contra cuatro activistas del colectivo promotor de la ocupación de las viviendas correspondientes a los números 2, 4 y 6 de la calle Fray Isidoro de Sevilla, en el barrio de la Macarena.

Estas cuatro personas han sido juzgadas por un presunto delito de usurpación derivado de la ocupación de las viviendas correspondientes al número 2 de la citada calle, dado que los pisos encuadrados en los números cuatro y seis fueron ocupados por este colectivo cuando ya estaba en marcha esta causa judicial. Todas las viviendas pertenecerían a una sociedad relacionada con la marquesa de Lebrija, según este colectivo auto bautizado como Corrala Dignidad.

Durante la vista oral, según ha informado a Europa Press un portavoz del colectivo, la acusación particular ejercida por la citada sociedad y la Fiscalía han solicitado multas de 270 euros para cada uno de los cuatro encausados, por un presunto delito de usurpación, toda vez que su defensa ha reclamado su libre absolución.

Para ello, la defensa de los cuatro activistas ha esgrimido la “situación de exclusión social y emergencia sanitaria” de las personas sin hogar alojadas por el colectivo en las viviendas ocupadas. Además, la defensa ha argumentado el “abandono acreditado” de las viviendas, que llevaban “al menos cuatro o cinco años deshabitadas” y sin atención por parte de la propiedad. El juicio ha quedado visto para sentencia.

La Corrala Dignidad: Personas sin hogar, más allá del alojamiento paliativo

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(De izquierda a derecha: Miguel Ángel, José Antonio, Francisco, Esperanza, Joaquín y José Carlos)

Entramos en la Corrala Dignidad, colectivo que ha vuelto a poner el foco en la gestión de los recursos de asistencia a las personas sin hogar. Abordamos con diversas entidades y un técnico de asuntos sociales la labor que se realiza en Sevilla y si otro sistema de gestión es posible. Ante las críticas de mala gestión y de falta de control sobre la empresa que gestiona el Umies, Sevilla Directo ha realizado varias preguntas al Gobierno local sin obtener por el momento respuesta.

Puede deberse a la casualidad que mientras esperaba que me abrieran las puertas de la Corrala Dignidad, edificio de la calle Fray Isidoro ocupado por personas sin hogar, desde la estrecha ranura de un contenedor de papel los ojos de un hombre de unos cincuenta años pidieran ayuda para poder salir. Había entrado allí para hacer sus necesidades. Salió de allí con total normalidad, necesitando el más mínimo apoyo. Días después la policía y los bomberos rescataron a un hombre de un camión de la basura. Había caído allí tras quedarse dormido en otro contenedor. Hechos aislados. No hay que descartarlo.

Quizás otro hecho aislado sea que un grupo de personas sin hogar hayan constituido su propio albergue público. Llevan allí desde noviembre, con ampliación incluida a los números 4 y 6, y dicen dar alojamiento a 70 personas y querer ampliarlo a 120. El colectivo lo forman, dicen, 32 personas en el momento de esta visita, personas que denuncian las dificultades de acceso a la vivienda y la privatización de los recursos públicos de atención a las personas sin hogar.

Especialmente críticos son con Grupo 5 Acción y Gestión Social SA, empresa encargada de gestionar el Servicio de Intervención Social en Emergencias Sociales y Exclusión Social (Umies), es decir, la Unidad de Emergencias sociales, la Unidad de Trabajo de Calle y el Centro de Acogida Municipal (CAM) ubicado en la calle Perafán de Ribera. Esta empresa también gestiona el Centro de Noche de Alta Tolerancia y el Centro de Noche de Puertas Abiertas.

Se puede decir que Joaquín Sánchez (30 años) y David Román (26 años) son los portavoces del colectivo. Ellos gestaron la idea de la ocupación. Comenzaron con un grupo de ocho personas sin hogar y una acampada frente al Parlamento de Andalucía, acampada que acabó tras cinco días y tras ser accionado el dispositivo de riego, según critica el propio Joaquín. Los empaparon a todos a las cuatro de la mañana, asegura.

Por un problema familiar por el que sus padres entraron en la cárcel Joaquín se quedó en la calle. Dice llevar más de año y medio. “Vivir en la calle es lo peor del mundo entero. Al principio me escondía porque me daba vergüenza. Después ya dormía donde me cogía”. Pasó quince días en el albergue municipal antes de llegar a la corrala. “No me daban nada, decían que era muy joven y que tenía muchas oportunidades de trabajo. Pero dime tú a mí estando en la calle a ver cómo… Puedes ir a trabajar claro, si consigues el trabajo, eso es lo primero, pero luego, dónde duermes, dónde te duchas”.

David (26 años) sí consiguió trabajo viviendo en la calle. A Sevilla llegó desde Huelva, donde había trabajado en los astilleros. Tras quedarse sin trabajo por el cierre de su empresa y sin red familiar en la que apoyarse se quedó sin hogar. Decidió viajar a Sevilla porque había un albergue grande y donde creía que sería más fácil entrar. Ahí pasó diez días primero, quince después. “Luego me dijeron que para mí no había hueco ni nada y que me buscara la vida, entonces me busqué un sitio en la calle, encontré trabajo en el campo y el primer mes estuve trabajando durmiendo en la calle, fue bastante jodido la verdad, campo y calle”. Un año ha pasado durmiendo al raso en Sevilla y cuatro meses en Huelva. En la corrala ha estado viviendo los dos primeros meses “para echarla a andar”. Y es que con el dinero ganado consiguió alquilarse una habitación. “Para lo demás me mandaron a pedir a Cáritas. Esa fue la respuesta en todos los recursos”, comenta.

Además de la falta de soluciones a sus demandas de vivienda, Joaquín y David critican los requisitos que exigen en el Centro de Acogida Municipal, así como el trato dispensado a las personas sin hogar. Lo equiparan a un régimen penitenciario. “Es verdad que hay trabajadores que son buenos, pero lo que es la empresa el trato es nefasto, la comida es asquerosa, las camas y las instalaciones están destruidas”, comenta Joaquín. David, por su parte, critica las condiciones laborales de los trabajadores, las cuales considera que afectan a la prestación del servicio que imparten. También denuncian “represalias” a los usuarios que protestan. Además, en los últimos días, aseguran que se amenaza a las personas sin hogar con no dejarles entrar en el albergue municipal si usan sus servicios.

José Antonio (52 años) explica que lleva nueve meses esperando que un tribunal médico le declare la incapacidad. “Tengo dos bypass, una hernia, la columna doblada, seis pinzamientos de columna, soy hipertenso…o sea, soy un derribo por dentro”. Se quedó en la calle tras pasar por la cárcel condenado por violencia de género. Asegura que fue una denuncia falsa. Enseña documentos dirigidos al Defensor del Pueblo al quien solicita una ampliación de su estancia en el Centro de Acogida Municipal. Le dan la opción de entrar en el Centro Miguel de Mañara, del que se queja que tiene un régimen de salidas muy estricto.

Es una de las reclamaciones más habituales entre las personas sin hogar y que responde a una demanda de libertad que básicamente no deja de ser igual a la que queremos todos. En esos documentos asegura no haber tenido problemas en el albergue municipal. Sí tiene críticas con la atención dispensada. “En vez de darte las cosas a las 12.00 te las doy a las 12.20, ahora en vez de irse dos personas a desayunar se van cuatro y dejan aquello desatendido. Los usuarios mayores deben tener dos monitores allí, que a veces se caen y son los propios usuarios los que ayudan a esas personas allí, porque sino se quedan en el suelo”.

José Carlos Malongo (54 años) la única denuncia que realiza es a la lluvia, por culpa de la cual no puede salir a aparcar coches. “Aquí la mayoría nos levantamos a las seis de la mañana y llegamos a las 9.00 o 22.00 horas con doce euros…” Respecto a la corrala no deja de repetir que tenía muchas ganas de que alguien le escuchara.

Joaquín destaca que en la corrala no existe ninguno de los requisitos que pone Grupo 5 para poder entrar en el albergue. Denuncian su aleatoriedad y su rigurosidad. En la Corrala las puertas se abren para el que quiera pernoctar de 21.00 a 23.00 horas y salen de 9.00 a 11.00 horas del día siguiente. “La corrala dignidad está albergando las mismas personas que el albergue chico pero sin tres millones de euros”, afirma Joaquín, quien advierte del número de personas sin hogar que llegarán a la corrala cuando el Ayuntamiento dé por terminada la campaña de frío a finales de febrero.

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Corrala de mujeres, niños y niñas y el juicio visto para sentencia

Otro hecho aislado está en un edificio de la calle Macasta. Allí se ha constituido la Corrala Por Nuestros Derechos, compuesta por mujeres y sus hijos e hijas. Según explica Esperanza, son entre 18-20 personas con doce menores de seis a 20 años. Llevan desde principios de enero. Esperanza tiene seis menores a su cargo de ocho, once, 13, 15 (mellizos) y 17 años. Víctima de violencia de género estuvo en un piso tutelado durante seis meses, a cuyo régimen interno no consiguió adaptarse. Estuvo viviendo un mes a orillas del río. Denuncia que el disponer de un certificado de excepcionalidad no le ha servido para adquirir una vivienda protegida.

El futuro de ambas corralas está ligado a sus procesos judiciales, aunque se han abordado procesos de intermediación por parte del Umies y del Defensor del Pueblo. No obstante, desde el Ayuntamiento no se expone ninguna intención de intermediar para encontrar una solución. El juicio contra cuatro miembros de la Corrala Dignidad por usurpación se dejó visto para sentencia este jueves. La propiedad del inmueble, una sociedad relacionada con la marquesa de Lebrija, y la Fiscalía han solicitado multas de 270 euros para cada uno de los cuatro encausados. La defensa ha reclamado su libre absolución esgrimiendo la situación de exclusión social y emergencia sanitaria que padecen las personas alojadas en el inmueble. Joaquín confía en que al final le den una alternativa habitacional, que es por lo que luchan, según asegura.

La propiedad del imueble, según comenta Joaquín, llegó a ofrecer 10.000 euros por persona que estuviera ocupando el edificio para resolver este asunto. “Empezamos a reírnos. Dijimos que con 50 millones de euros donados a las personas sin hogar de Sevilla nosotros nos vamos. Una cifra que dijimos como diciendo que no venimos aquí por dinero”. También denuncian desde la corrala, como si fuera al único clavo que se pueden agarrar, que la propietaria ha incumplido leyes de conservación del edificio.

Mientras tanto continúan con sus acciones de protesta como la que desarrollaron en el Pleno municipal de diciembre, acción por la que David salió con sangre en una mejilla debido a un “roce” con un policía. “Me sacaron entre seis. Demostración de cómo funcionan las cosas”, señala. Desde el Gobierno municipal se les acusa de querer asaltar el Pleno. También aseguran estar abordando un proyecto alternativo de gestión de los recursos para las personas sin hogar con distintas entidades.

“Nuestra intención es mantener la autogestión del edifico y sobre todo el tema de hacer una alternativa, una autogestión ciudadana para una alternativa social a lo que son los recursos privatizados que es lo que tenemos ahora mismo”, señala David.

¿Otra gestión es posible?

Grupo 5 volvió a ganar la licitación para la gestión del Servicio de Intervención Social en Emergencias Sociales y Exclusión Social (Umies). Lo tendrá hasta octubre de 2019. Todo por 8,25 millones. La de enero de 2015 a octubre de 2016 estuvo valorada en 5,9 millones de euros. Después se prorrogó un año más por 3,2 millones de euros. La atención a las personas sin hogar también cuenta con un Centro de Puertas Abiertas recién inaugurado, un Centro de Noche de Alta Tolerancia y un programa de pisos. Todos estos recursos supusieron un total de 449 plazas para la campaña de invierno. El conteo de personas sin hogar realizado por el Ayuntamiento marcó 444, conteo sobre el que se ciernen no pocas dudas.

Por ejemplo las de la Asociación La Carpa. La Carpa defiende una alternativa en la gestión de estos recursos. Pasa por la creación de un espacio de transición para lo que disponen de una carpa y para lo que reclaman un espacio físico donde ubicarla. “Es un sitio seguro donde las personas sin hogar puedan restablecer la inercia que han perdido, es decir, una zona donde lavar, donde podamos regularizar su cartilla sanitaria, una zona donde veamos si es posible su reinserción social”, explica Alfonso Romera, médico ya jubilado, presidente de la asociación. “No queremos que se creen centros muy grandes en la Macarena, queremos atomizar un poquito por los barrios el problema de las personas sin hogar, y sobre todo que el proyecto sea inclusivo”.

Romera también es crítico con la gestión de Grupo 5. Asegura que las condiciones higiénicas y sociosanitarias no son las adecuadas, denuncia una falta de transparencia respecto al trabajo que se realiza, de lo que responsabiliza al Ayuntamiento. Advierte de un desconocimiento sobre la cantidad total de dinero que se destinan a la asistencia de las personas sin hogar, que apunta que va más allá de los ocho millones de euros en los que se cifra la concesión de Grupo 5, los cuales contrasta con las 444 personas que estableció el Ayuntamiento en el último conteo de personas sin hogar. Asegura que las personas sin hogar están en torno a las mil.

“Estas 400 camas, qué tipo de camas son y con qué requisitos y quién las pueden ocupar y cuántas ocupan, y si usted va con un perrito no la puede ocupar, y si usted se enfada con el guardia vas a la calle, y resulta que esas camas no se ocupan, es que no sabemos, no tenemos un parte diario de pernoctación, es lo mínimo”, señala. Por todo ello no cree que se estén logrando resultados positivos. “Cómo lo va a conseguir, si cada cinco días que estás dentro van otros cinco fuera. Y con un régimen en cierta manera carcelario, con un personal con unos contratos muy deficitarios que es muy difícil que vocacionalmente estén allí para hacer ese trabajo, aquello se convierte en centros de reclusión”.

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Un poco de historia

Felipe García Leiva también es miembro de La Carpa. Su conocimiento sobre la gestión de los recursos de asistencia a las personas sin hogar proviene de 15 años involucrado en estudios, investigaciones e intervenciones directas sobre personas sin hogar. Fue gerente de Rais cuando la ONG desembarcó en Sevilla y ha coordinado una mesa de expertos a nivel andaluz. Participó directamente en la puesta en marcha del sistema de atención a emergencias sociales en Sevilla, en la apertura del centro de baja exigencia, en el dispositivo de atención en la calle. También ha impartido charlas, organizadas jornadas.

“A mitad de la primera década de este siglo hay un despertar aquí, por redes de solidaridad, por iniciativa de gente que había estado involucrada en este sector, y se empieza a luchar. Antes nadie quería saber nada de esto, tú lo mencionabas en cualquier sitio, a cualquier político y te cerraban la puerta, de hecho hicimos un estudio para la Junta, se gastaron 30 mEn esa época se empezaron a reivindicar más recursos, se empezaron a mover más subvenciones, a ponerse en marcha más programas, se abre el centro de acogida que llevaba años cerrados por obras, se pone en marcha el centro de baja exigencia. “Y ahí empieza a verse que hay un presupuesto gordo. Entonces es cuando empiezan a desembarcar nuevas entidades, entidades que realmente no habían estado en absoluto involucradas cuando no había dinero, y prácticamente tamponan toda la iniciativa local”. “Hasta ese momento hubo cosas interesantes, hasta el año 2010 más o menos se aguantó pero luego ya fue un desembarco total”, explica Felipe.

Entre las entidades que desembarcaron está Grupo 5, que según Romera proviene del sector de la construcción y que tras el estallido de la crisis se impulsaron a otros sectores relacionados con asuntos sociales. A modo de ejemplo Felipe recuerda la noticia de la adquisición de Grupo 5 por el fondo de inversión Corpfin.

Felipe repite una a una las críticas ya mencionadas. Falta de evaluación del trabajo que realiza, “si esto fuera una empresa privada que se evalúa por números y resultados hubieran cerrado ya y hubieran despedido a la mitad, sobre todo a quien toma las decisiones”; sobre las exigencias en el Centro de Acogida Municipal, “o sea usted tiene que cumplir el perfil tal, y es un perfil de comportamiento y no tener un consumo activo y no tener… Esos son criterios para trabajar, el que no quiera trabajar con gente con problemas de salud mental, con problemas de drogadicción, con sus capacidades cognitivas alteradas, pues que se vaya a plantar arbolitos, que se dedique a otra cosa”; sobre el carácter lucrativo de la empresa, “la mayoría de estas entidades están haciendo negocios de muchos tipos, no solo de dinero, sino también de imagen, de posicionamiento estratégico, etc. Si la administración va a ceder la gestión de un recurso privado realmente los pliegos deben establecer un sistema de seguimiento, de evaluación, serio y cotidiano… Mucho me temo que no se hace”; sobre su mala organización y gestión de los recursos: “53 euros cuesta una plaza al día, noche y día, por persona, lo multiplicas por 30 días y son 1.600 euros, es que es un buen sueldo de una persona, y desde aquí no sale ninguna persona de la calle prácticamente. Y después, los profesionales no tienen tiempo, las atenciones, las citas, las colas, ese es el mundo de las personas sin hogar, el no me han atendido, y los profesionales el no puedo, no tengo recursos, gestionan más el no que el sí”.

“Existen educadores que evidentemente están más en el día a día, pero bueno, gestionando las duchas, yo te doy esto, pórtate bien, ponte en aquella fila, pero de atención cara a cara, de voy a comprender tu problemas vamos, eso prácticamente casi no existe”.

También critica la falta de un trabajo en prevención y detección temprana, la opacidad del sistema, su hiperburocratización. “Yo en los años de investigación he tenido más problemas de acceso a los recursos que a las personas sin hogar, parece que siempre quieren ocultar algo o soltarte un discurso”.

No obstante, no considera que haya una mala voluntad de los profesionales, sino que es un sistema que se presta a estos problemas derivando hacia un sistema de mero control. “Creo que estructuralmente los recursos van enfocados a eso, a lavar la imagen y un poco a controlar para que no estalle una realidad de pobreza y exclusión. Y por qué no decirlo, para represión de las personas sin hogar, para esconder ciertos problemas debajo de la mesa. Estamos en una ciudad turística, una ciudad que tiene cierta sensibilidad, que le hiere ciertas imágenes en la calle, yo creo que estructuralmente los recursos van enfocados a eso”.

Felipe asegura no creer en un modelo de servicios “tan vertical” y con un componente “paternalista” y reivindica un fortalecimiento del sistema de ayudas mutuas, es decir, más apoyo a los tejidos asociativos. “Primero porque el problema que afecta a las personas sin hogar viene a ser el contendor de unos problemas muchos más grandes que tiene la sociedad, a nivel de carencias de viviendas, de carencias laborales, vínculos de proximidad, vínculos solidarios, digamos que es un problema sistémico que ahí llega a un radicalismo muy fuerte, y no creo que a nivel de estructura de sistema se esté ahí incidiendo en esos aspectos”.

Respecto al famoso conteo, a las 444 personas sin hogar contabilizadas por el Ayuntamiento y entidades, Felipe lo califica de pequeña radiografía sin seriedad científica ni sociológica, aunque descarta que el problema sea numérico y admite la dificultad de abordar esta contabilización.

Políticamente hablando, Felipe fija en la entrada en la delegación de Bienestar Social de Ana Gómez como un punto de inflexión en la mejora de las políticas sobre personas sin hogar, años 2005-2006, aunque mejora a nivel cuantitativo, a nivel cualitativo señala que no se ha abordado con la importancia que requiere. La entrada del PP en 2011 supuso un aumento de recursos pero ningún otro cambio más allá de un mayor control de la mesa técnica de personas sin hogar. “La mesa ya tenía unos componentes de: el Ayuntamiento dice yo soy el que pone el dinero se hace lo que yo quiera, eso siempre lo ha habido, pero se daba margen a la crítica, a la heterogeneidad, había debates encendidos, pero a partir de ese momento desaparecen los debates completamente, casi todas las entidades cambiaron su política de denuncia, excepto cuatro casos de gente que trabajaba en el hospital”.

Con respecto al actual equipo de gobierno, que ha aumentado los recursos, aunque hay que mantenerse a la espera de ver cómo repercute la bajada de impuestos negociada entre Espadas y Beltrán Pérez, portavoz del PP, para aprobar los nuevos presupuestos, Felipe critica que sean incapaz de buscar otros interlocutores y de hacer otro tipo de concurso público.

“Lo que Flores (delegado de Bienestar Social del Ayuntamiento) y los demás no entienden es que hay gente que tiene iniciativas, que te trae cosas, Grupo 5 no trae nada. ¿Qué trae Grupo 5?, ¿qué captación de fondos ha hecho?, se come tus fondos pero no te ha traído nada, ningún proyecto, estas entidades lo que hacen es vivir de pero no generan, no captan”.

Cambio de enfoque de Rais

Ejemplo de un cambio de enfoque es el que representa Rais, ONG que ha dejado atrás la gestión de los centros de día en Sevilla y aborda ahora el proyecto Housing First, que consiste en facilitar el acceso a la vivienda a personas que se encuentran sin hogar durante más de tres años, que no están accediendo a los recursos disponibles y que presentan otros problemas añadidos como adicciones, problemas de salud mental o discapacidades. La primera edición de diez viviendas ha sido ampliada a veinte. Todo ello fruto de un convenio de la ONG con el Ayuntamiento, que financia el 60 por ciento del programa, unos 160.000 euros.

“En el caso de los centros de día, es verdad que cubren una necesidad para aquellas personas que no están de manera estable en recursos, que se genera un espacio de encuentro en el que se puede trabajar con ellas determinados temas, pero en el fondo es un espacio que nos permite realizar una intervención mucho menos especializada”, explica Maribel Ramos Vergeles, directora de soluciones de Rais.

Maribel incide en la importancia del acceso a la vivienda como punto de partida para comenzar a abordar una reinserción. “Creemos que lo primero que tenemos que hacer es facilitar el acceso a un hogar, y en la medida en el que la persona tiene una vivienda, que es un espacio de seguridad, de intimidad, de tranquilidad, es mucho más fácil realizar otra serie de proceso personales”. Maribel asegura que los resultados obtenidos con estos programas en Madrid, Barcelona y Valencia, en Sevilla aún están pendientes de su análisis, son “espectaculares”. De 28 viviendas dispuestas, dos años después, el cien por cien de las personas permanecen en ellas, mejorando su calidad de vida, recuperando relaciones familiares, cuidando mejor su salud, reduciendo o suprimiendo adiciones.

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La opinión de otras entidades

La Apdha

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) apunta como alternativas a un mayor reparto de los recursos por toda la ciudad y a una diversificación mayor de la existente. También reclama más centros de puertas abiertas. “Porque mucha gente tiene muchos problemas y unas veces duermen dentro y otras no, gente con una vida personal dura. Entonces hay que hacer cosas para intentar ganárselos, para que no duerman en la calle, hay que hacer trabajo social para trabajar con esa gente”, explica Pablo Fernández, coordinador de la asociación. También critica las exigencias que se demandan en el Centro de Acogida Municipal. “No se atiende la diversidad que hay y cuál es la situación que tiene la persona realmente, porque si a una persona que tiene adición le dices que hasta que no deje la droga no puede entrar, entonces no tiene ningún sentido, es como si la escuela dijera hasta que no aprendas a leer no puedes entrar”.

Pablo asegura que los recursos que se ofrecen en el Ayuntamiento son insuficientes y los existentes son inaccesibles para personas que tienen mucho desarraigo social, y rechaza también el conteo realizado. “De hecho no se hizo en toda Sevilla”, apunta.

Solidarios Sevilla

Para Solidarios Sevilla, entidad presente en la mesa estratégica municipal sobre personas sin hogar, en voz de Marisa Vázquez, su delegada en Sevilla, hay que hacer más trabajo de calle. “Hay una parte asistencial que yo creo que hay continuar, es importante, pero desde mi punto de vista hay que hacer más trabajo de calle para que después la persona fuera al recurso condicionado por su situación, pero es cierto que había que mejorarlo bastante”. Además considera otro fallo del sistema que los recursos estén muy sectorializados. “Si eres una persona que estás en situación de calle y tienes una enfermedad mental, aunque también consumas drogas, no puedes ir a uno o a otro recurso, entonces complicas un poco el proceso de mejora”. Desde Solidarios se asegura no tener información acerca de las críticas a la gestión de Grupo 5 y se reconoce la existencia de muchos recursos de asistencia a las personas sin hogar aunque “quizás no suficientes”.

Médicos del Mundo

Otra entidad en la mesa estratégica municipal sobre personas sin hogar es Médicos del Mundo. Valentín Márquez, coordinador de proyectos de inclusión social, entiende que Grupo 5 están gestionando el servicio “medianamente bien”. “Yo creo que el Ayuntamiento, por lo menos este gobierno, ha hecho una apuesta por el tema de personas sin hogar, por aumentar los recursos, la plazas de atención de personas sin hogar, y creo que se está en el buen camino”, asegura. Es hacia el Centro de Orientación e Intervención Social (COIS), de gestión municipal, hacia donde apunta que han recibido alguna que otra queja por la falta de números para citas.

Valentín fija en unas 500 personas sin hogar las existentes, más allá de las 444 contabilizadas en el último conteo pero lejos de las mil que dicen algunas entidades, lo que le parece un poco exagerado. Su entidad, que el año pasado atendió a 148 personas, participó en dicho conteo en el que admite algunas limitaciones por la dificultad que supone un concepto amplio y de difícil acceso. También advierte la necesidad de una mayor diversidad de recursos que permita atender con más precisión las necesidades de las personas sin hogar, así como la necesidad de evaluar los resultados de los distintos recursos.

“Lo que hay que ve es cuál es el planteamiento de cada uno de los recursos, porque puede ser un recurso de acogida temporal, y si ese es su objetivo, está cumpliendo su objetivo, si lo que se pretende es solucionar el problema del ‘sin hogarimo’, a lo mejor no están cumpliendo”.

Antaris

Antaris es una ONG de tratamiento de adicciones especialmente dirigida a personas con problemas de exclusión social y en situación de calle, para lo que disponen de tres centros, dos en Dos Hermanas y uno en Sevilla capital, en el Hogar Virgen de los Reyes. También participan en la mesa estratégica sobre personas sin hogar.

“Se puede ver el vaso medio lleno y medio vacío, desde nuestro punto de vista que somos una ONG, siempre por una parte lo vemos medio vacío, es decir, hay mucho que mejorar y hay muchas necesidades que no están cubiertas”, afirma Miguel Ángel, trabajador social de la entidad. No obstante considera que en la última legislatura se está avanzando. “No se han implementado nuevos servicios pero estos últimos años si encontramos más eco en las demandas que planteamos en el ayuntamiento y en la propia mesa”. Entre ellas está la implantación de la campaña de calor, para abrir los recursos por las tardes, y el refuerzo de la campaña de frío.

“Posiblemente se necesite mucha más inversión en temas de vivienda y en tema laboral, o de prestaciones básicas o de tutelajes, pero sí veo un avance, que me gustaría que fuera mayor por supuesto, que tuvieran en cuenta muchas circunstancias que desgraciadamente el papel no lo soporta”. “Muchas veces nos olvidamos de que lo que define al colectivo es la falta de vivienda, y políticas de vivienda para este colectivos pues muy pocas”.

Miguel Ángel destaca el programa de vivienda de Rais, hacia donde han derivado 30 personas, de las que luego han cogido a cuatro, y considera necesario la red de centros de días y de programas existentes. “Creo es que no se puede apostar por una única vía, porque si nos dicen que va a haber vivienda para todas las personas sin hogar, perfecto, pero esa no es la realidad, qué hacemos con las que no tienen vivienda mientras tanto”.

Miguel Ángel recuerda las ventajas del mero registro de pernocta en su centro, gracias al cual pueden seguir un tratamiento, acceder a una defensa en procedimientos judiciales, ser registrados como demandantes de vivienda, “de hecho creo que la mayoría de personas sin hogar no están apuntadas en el registro de demandantes de vivienda pública, que es una de las cosas que nosotros hacemos aquí especialmente con las personas que llevan empadronadas un tiempo”. También analizan si tienen derecho a algún tipo de prestación.

Sobre las 444 personas contabilizadas, Miguel Ángel también advierte de la falta de precisión de dicho conteo. En su entidad asegura que atendieron el año pasado a 400 personas, y apunta la existencia de una altísima presión asistencia. Respecto a la gestión de Grupo 5 reconoce la existencia de críticas, achacando algunas a la propia frustración que genera en las personas sin hogar las exigencias del Centro de Acogida Municipal. De una posible falta de transparencia o de falta de rendición de cuentas responsabiliza al Ayuntamiento. “En el sentido de coordinación creo que les pasa lo mismo que a mí, la presión asistencia y la falta de tiempo, que para hacer un trabajo mejor necesitaría tener una mejor ratio de personal para el número de personas que tiene con tantos problemas”.

(Fuente: Sevilla Directo / Autor: Barranquero Maya)

Francisco Campos

Francisco Campos

Nació en Sevilla en 21 de julio de 1958. Trabaja como administrativo. Es autor del libro "La Constitución andaluza de Antequera: su importancia y actualidad" (Hojas Monfíes, 2017).

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