Puerto Rico: Fracasa el plebiscito anexionista. Sólo participa un 23% de la población
La participación de sólo el 23% de los 2,2 millones de electores puertorriqueños en el plebiscito del estatus de la Isla celebrado el pasado domingo día 11, marca un rotundo fracaso para el gobierno anexionista de Ricardo Rosselló Nevares.
En este aspecto coincidieron diversos sectores de la oposición política, en particular los líderes de los partidos Popular Democrático (PPD) e Independentista Puertorriqueño (PIP), quienes llamaron a boicotear la consulta de estatus, aunque por motivos diferentes.
A las urnas concurrieron sólo poco más de 500.000 votantes, un obvio fracaso que, no obstante el oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP) considera que ha recibido un espaldarazo para impulsar la anexión plena de esta isla del Caribe a Estados Unidos, a pesar de que la consulta no es vinculante.
La baja participación electoral, tras los llamamientos de boicot del PPD y el PIP, entre otras organizaciones echa por tierra los resultados de la consulta de 2012, cuando la anexión obtuvo sobre 800 mil votos.
Con el 98,5 por ciento de los votos contabilizados, la estadidad (anexión) obtuvo 501 mil 193 sufragios, para el 97,18 por ciento; la libre asociación/independencia 7 mil 756, o 1,50 por ciento, y el actual estatus territorial 6 mil 810, para 1,32 por ciento.
Rosselló Nevares mantuvo, al igual que el resto del liderazgo del PNP, un aire triunfalista al sostener que se trató de “un extraordinario día”. “Ahora comienza una jornada hacia la transición para tener el primer estado hispano”, proclamó el gobernador en rueda de prensa en la sede de su partido.
Atribuyó a la oposición política, PDP e independentistas, que llamaron a la abstención, que sumo un 77% de no participación, de no contar con “el apoyo del pueblo” por lo que optó por “una estrategia fracasada”.
Pocos votantes y poco entusiasmo
Los puertorriqueños mostaron muy poco entusiasmo al concurrir hoy a las urnas en un plebiscito de estatus para determinar su futuro con Estados Unidos, impulsado por el sector anexionista del gobernador Ricardo Rosselló.
Después de 118 años de dominación colonial, los boricuas concurrieron por quinta ocasión a un plebiscito que difícilmente marque un cambio en esta isla del Caribe, con una población de 3,5 millones de habitantes, cuyo 47 por ciento vive bajo el nivel de pobreza a pesar de estar cobijada por la nación más poderosa del mundo.
Contrario a otras contiendas, muy pocos electores han hecho alarde de su preferencia de estatus, más allá de los miembros del anexionista PNP, bombardeados con anuncios que hablan de igualdad de derechos con respecto a los estadounidenses y acerca de la necesidad de preservar la ciudadanía impuesta por Washington hace un siglo. “Esta ha sido una campaña de miedo”, dijo un ciudadano, que confirmó que no votará en lo que describió como una farsa.
Ante la impugnación pública al plebiscito que han hecho por separado el Partido Popular Democrático (PPD), principal de oposición; y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el gobernador Rosselló indicó que se trata de “un proceso democrático en donde todas las alternativas que distintos grupos han favorecido están en la papeleta’”
“Vamos a ir a los foros internacionales para defender el argumento de la importancia de que Puerto Rico sea el primer estado hispano de Estados Unidos”, dijo al votar en la academia San José, en el vecino municipio de Guaynabo.
Mientras, la comisionada electoral del PIP, María de Lourdes Santiago, dijo que en el occidental municipio de Cabo Rojo el oficialista PNP estaba violando la directriz impartida por la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Liza García Vélez. “Los funcionarios del PNP insistían en que votaran en ese colegio electoral ciudadanos debidamente inscritos en otra jurisdicción”, anotó Santiago a Prensa Latina.
La también vicepresidenta del PIP afirmó que se incurrió en otras irregularidades en el proceso de votación en las instituciones penales, donde ‘cientos de confinados fueron incluidos como votantes añadidos a mano sin que los funcionarios del PNP a cargo del proceso proveyeran la documentación que en ley se requiere’.
La Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico de 2017 deja margen a que se incurra en irregularidades, ya que impide el cotejo de los sufragios con la lista de inscritos, por lo que puede darse la particularidad de que en una mesa electoral aparezca una cantidad de votos superior a los electores.
Pese a que el padrón establece sobre 2,2 millones de electores, se espera una participación por debajo de los 700 mil electores, al tener en cuenta que muchos anexionistas no están de acuerdo con la forma atropellada en que se ha establecido el proceso, que no cuenta con el aval del Congreso de Estados Unidos.
El Departamento de Justicia federal había solicitado al gobernador Rosselló que aplazara la consulta por unos meses hasta que se aprobaran las definiciones de estadidad (anexión), libre asociación/independencia y actual estatus territorial. También advirtió que es falso que solo bajo la plena integración como estado 51 de la unión norteña se garantiza la ciudadanía estadounidense, impuesta a los puertorriqueños en vísperas de la Primera Guerra Mundial.
Puerto Rico es un Estado Libre Asociado a Estados Unidos desde 1952, carente de poderes soberanos ni control de su economía, que afronta una profunda crisis fiscal y una deuda de más de 73 mil millones de dólares.
Manifestación independentista anti-plebiscito quema un centenar de banderas yanquis
El pintor Félix Cordero, de 86 años, contó una a una los cien banderines de Estados Unidos que quedaron en repudio a la dominación colonial y al plebiscito de estatus celebrado hoy en Puerto Rico.
El acto, frente al edificio de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en el sector bancario de Hato Rey, formó parte de la marcha Independencia Ya, que se realizó a la par que se conocían los resultados de la consulta impulsada por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP). “Fuego, fuego, los yanquis quieren fuego”, gritaban los manifestantes mientras Cordero contaba los cien banderines, un rechazo a la imposición de la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños hace un siglo.
La protesta, que se originó en el puente que conecta a Santurce con Hato Rey y culminó frente al edificio que aloja el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico, estuvo enmarcada en el repudio de la consulta de estatus, la junta de control fiscal, la presencia del FBI, el cierre de escuelas públicas y la ‘única y verdadera descolonización’, que es la independencia nacional.
La sindicalista Eva Ayala, de Educamos, consideró una afrenta que se gastaran 7,5 millones de dólares en la consulta para favorecer la anexión, mientars se despiden trabajadores y se declaran excedentes a maestros.
La marcha estuvo fuertemente flanqueada por descenas de policías, cuyo propósito presuntamente era evitar que se cometiera vandalismo contra la propiedad pública y privada, como ocurrió durante el Paro Nacional del 1 de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores.
Además, reclamaron que se haga una auditoría de la deuda pública de 73 mil millones de dólares, que ha empujado a esta isla del Caribe de 3,5 millones de habitantes a la bancarrota, a pesar de hallarse desde hace 118 años bajo la dominación de Estados Unidos.
Militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores Puertorriqueños-Macheteros llamamaron a ‘organizarse para vencer al régimen colonial’, a la vez que instaba a la lucha de clases y a la revolución. Igualmente se condenó la imposición de la junta de control fiscal en virtud de la legislación Promesa, establecida por Washington.
Entre las organizaciones participantes también estaban la Colectiva Feminista en Construcción, que reclamaba su derecho a decidir en sus cuerpos y en el país; Jornada se Acabaron las Promesas, el Movimiento Ñin Negrón, el Ejército Popular Boricua-Macheteros, el Frente Socialista y el Comité Pro Derechos Humanos. “El plebiscito está en la calle”, advertía una pancarta de los manifestantes, quienes portaban banderas de Puerto Rico, Lares y de algunas colectividades políticas de izquierda.
(Fuente: Prensa Latina)
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