Más de sesenta teléfonos del independentismo espiados por Pegasus en el Estado español
La información la ha revelado esta misma mañana de lunes Citizen Lab, un laboratorio interdisciplinar radicado en la Escuela Munk de Asuntos Globales de la Universidad de Toronto, que explica que más de sesenta teléfonos móviles habrían sido objeto del mismo sistema de spyware, probablemente usado por los servicios de inteligencia del Estado español.
Según se apunta en el documento, titulado «Extensive Mercenary Spyware Operation against Catalans Using Pegasus and Candiru», y del que también se hace eco la publicación estadounidense “The New Yorker”, entre los afectados, estarían Arnaldo Otegi, el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, además de un nutrido grupo de conocidos representantes del espacio político y social del independentismo catalán. Se trataría de Anna Gabriel, Antoni Comín, Artur Mas, Carles Riera, David Bonvehí, David Fernàndez, David Madí, Diana Riba, Elisenda Paluzie, Elsa Artadi, Ernest Maragall, Ferran Bel, Gonzalo Boye, Jaume Alonso Cuevillas, Joan Matamala, Quim Torra, Jordi Sànchez, Jordi Solé, Josep Costa, Josep Lluís Alay, Josep M. Ganyet, Josep Maria Jové, Josep Rius, Laura Borràs, Marc Solsona, Marcel Mauri, Marcela Topor, Marta Pascal, Marta Rovira, Meritxell Bonet, Meritxell Budó, Meritxell Serret, Míriam Nogueras, Oriol Sagrera, Roger Torrent, Sergi Sabrià, Xavier Vendrell y Xavier Vives.
Son, como destaca también la revista neoyorquina, más de sesenta personas, entre las que también se encuentran abogados como Gonzalo Boye y Andreu Van den Eynde, que han representado a varios encausados en el proceso abierto contra el independentismo catalán.
Hace dos años “El País” ya había informado de que los servicios de información españoles disponían del programa espía israelí, y que había sido utilizado para espiar al expresident del Parlament Roger Torrent y el exconseller Ernest Maragall, entre otros, algo que queda corroborado ahora, aunque llama la atención el enorme número de personas afectadas.
Controla tu vida a través del móvil
Pegasus es un software de vigilancia creado, según sostiene la compañía israelí –calificada por “The New Yorker” como «quizás la empresa más exitosa, controvertida e influyente de una generación de startups israelíes que han convertido al país en el centro de la industria del software de espionaje»–, de forma específica para gobiernos y agencias gubernamentales, de modo que es fácil intuir que probablemente es el CNI el que ha hecho uso del mismo para espiar a Otegi, Iñarritu y a los políticos y políticas de Catalunya.
Para poder activar su sistema de espionaje, Pegasus lanza algún mensaje o realiza una llamada al teléfono que le interesa, de modo que se instala en el dispositivo sin que sea necesario que la víctima abra el mensaje o atienda la llamada para que se active.
El método más usado para infectar un teléfono mediante este spyware son las llamadas de Whatsapp.
Una vez este software se instala en el teléfono, este es dirigido por un panel de control remoto a través del cual se puede activar el micrófono, la cámara y además herramientas, y se puede acceder a la geolocalización de este para localizar a su propietario.
El método más utilizado para infectar un teléfono mediante este spyware son las llamadas a través de Whatsapp –aunque el software puede adecuarse para otras redes sociales o aplicaciones–, que no quedan registradas en el historial y pueden ser borradas de forma inminente. Y una vez dentro, se trata una tecnología muy difícil de detectar, ya que funciona como una aplicación más del smartphone, y lo único que puede provocar es que el procesador vaya más lento, se consuma más batería o desaparezcan datos, algo que puede pasar desapercibido o parecer normal si el móvil no es nuevo.
Un largo historial de espionaje
El episodio más conocido hasta ahora, porque llegó a juicio, fueron las escuchas a las que el CESID –precedente del CNI– llevó a cabo durante años en la sede de Herri Batasuna en la calle Ramiro de Maeztu Gasteiz.
Aquel episodio, que se descubrió cuando varios técnicos que había contratado la formación abertzale para la realización del cambio de centralita, entre ellos un trabajador de Telefónica, se dieron cuenta de varias anomalías en la sede, se saldó con la condena por parte de la Audiencia Provincial de Araba de los ex directores generales del CESID Emilio Alonso Manglano y Javier Calderón a tres años de prisión como autores de un delito de “interceptación ilegal de comunicaciones telefónicas”. Sin embargo, el Tribunal Supremo absolvió después a ambos.
Es conocido, asimismo, que el CNI estuvo al tanto de las conversaciones entre el propio Otegi y Josep Lluís Carod-Rovira el 11-M, en una trágica mañana en la que el dirigente abertzale fue el primero en asegurar que no contemplaba ni como hipótesis que ETA estuviera detrás de los atentados de Madrid.
El tiempo le dio la razón, igual que cuando hace tres años dijo no tener dudas de estar siendo espiado. Porque los poderes del Estado son tan previsibles como su actuación escandalosa y antidemocrática.
«Extremadamente grave»
El diputado de EH Bildu, Jon Inarritu, ha pedido este lunes al Ejecutivo español que aclare «el ataque masivo a la disidencia política».
El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, el líder de ERC, Oriol Junqueras, el diputado de la CUP Carles Riera y los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Elisenda Paluzie y Xavier Antich, participarán en una rueda de prensa unitaria para referirse a lo ocurrido. En la comparecencia, prevista en el Parlamento europeo, participarán el investigador de ‘Citizen Lab’ John-Scott Railton y el exrelator especial de la ONU sobre libertad de expresión David Kaye.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, dará otra rueda de prensa, a las 16.30 junto al conseller de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró, para analizar un «ataque extremadamente grave» a la democracia y a los derechos fundamentales.
«Este programa de espionaje solo puede ser adquirido por los estados. El Gobierno español tiene que dar explicaciones inmediatas y llegar hasta el final. Sin excusas. Espiar a representantes públicos, abogados o activistas de los derechos fundamentales civiles es una línea roja», ha apuntado Aragonès en un mensaje difundido en redes sociales, en el que advierte de que la Generalitat apoyará a los afectados y evaluará las acciones a tomar: «Llegaremos hasta donde sea necesario».
Desde el grupo parlamentario europeo Los Verdes/ALE también han reclamado una investigación sobre lo ocurrido. Y la eurodiputada Hannah Neuman ha incidido en que se trata de «un ataque a al nucleo de nuestra democracia parlamentaria».
Asimismo, Amnistía Internacional ha pedido medidas a la Unión Europea (UE) para «poner fin a los abusos» cometidos con el sistema Pegasus. Ha recordado que en octubre de 2020 pidió al Gobierno español datos sobre todos los contratos con empresas privadas de vigilancia digital, una información que no fue revelada.
«El Gobierno español debe aclarar si es o no un cliente de NSO Group», ha apuntado Likhita Banerji, investigadora de Tecnología y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.
Desde el Ministerio del Interior ha insistido en negar cualquier relación la empresa israelí NOS Group, desarrolladora del sistema Pegasus.
Fuente: Naiz.
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