Marruecos: Polémica por la aprobación de la ley 22.20 de medios sociales

El pasado 19 de marzo, Marruecos aprobó un proyecto de ley, el 22.20, que no ha hecho público hasta el 28 de abril. El proyecto de ley versa sobre la persecución a las noticias calificadas por el gobierno como «falsas». Sin embargo, la nueva medida ha tenido que ser aplazada tras la enorme polémica que se ha generado, ya que desde la oposición y distintos sectores de la sociedad marroquí, temen que se convierta en una herramienta para limitar la libertad de expresión -más de lo que ya está-.

El proyecto de ley está formado por 25 artículos, de los cuales 22 hacen referencia a sanciones administrativas o multas. A través de este texto se permitiría al gobierno poder exigir correcciones en un texto publicado, ordenar la eliminación de contenidos considerados por las autoridades como falsos, bloquear páginas web porque se considere que difunden información falsa o que van contra el interés del Gobierno. Se prevén multas de hasta más de 4.000 euros, y tres años de prisión. Se protegen también las marcas, pretendiendo evitar boicots.

Desde el Consejo Nacional de Derechos Humanos, la presidenta Amina Bouayach ha indicado que no han sido consultados para la elaboración de este documento. Tampoco hablaron con el Consejo Nacional de Prensa, presidido por Younes Mujahi.

Dos partidos de la oposición marroquí han anunciado su rechazo a un proyecto de ley aprobado por el gobierno que regula el uso de los sitios web de medios sociales en el reino.

Las autoridades han afirmado que el contenido del proyecto de ley que está circulando había sido rechazado previamente por los miembros del gobierno, lo que significa que no es definitivo y que cualquier discusión al respecto sigue siendo prematura.

El secretario general del Partido de la Autenticidad y la Modernidad de la oposición, Abdellatif Ouahbi, atacó al gobierno de Saadeddine Othmani, acusándolo de aprovecharse: “Las abominables condiciones de salud causadas por el coronavirus para pasar por una escandalosa regresión de los derechos humanos”.

El secretario general del opositor Partido del Progreso y el Socialismo, Nabil Benabdallah, afirmó que la filtración del proyecto de ley que regula el uso de los sitios web de medios sociales: “es irresponsable, dadas las condiciones actuales que requieren cohesión, unidad nacional y una amplia movilización con el objetivo de luchar contra el coronavirus”.

Benabdallah subrayó que su partido: “Rechazará enérgicamente el proyecto de ley que regula el uso de los sitios web de medios sociales, en caso de que resulte que el texto filtrado es el texto definitivo, al tiempo que hará esfuerzos para revisar los artículos, sobre todo porque no se ajustan al espacio de las libertades que buscan los ciudadanos”.

Según las filtraciones que han suscitado una amplia controversia en el reino, el artículo 14 del proyecto de ley establece que quien llame deliberadamente a boicotear algunos productos, bienes o servicios, o lo incite públicamente, a través de los medios de comunicación social o de las redes de difusión abierta, será castigado con una pena de prisión de seis meses a tres años y una multa de entre 530 y 5.300 dólares, o sólo con una de estas dos penas.

El proyecto de ley filtrado también estipula que quien comparta contenidos en línea que incluyan noticias falsas que pongan en duda la calidad y la seguridad de algunos productos y bienes y los presenten como una amenaza y un peligro para la salud pública y la seguridad del medio ambiente, será castigado con una pena de prisión de seis meses a tres años y una multa de alrededor de 213 a 2.130 dólares.

Fuente: www.monitordeoriente.com / www.diario16.com

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Francisco Vílchez

Andaluz de Granada (1980). Grado en Humanidades en la UGR. Pluriempleado en el sector servicios y aficionado a hablar de lo que la prensa no dice ni pío.

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