Marinaleda se niega a pagar por las tierras ocupadas y exige su cesión al pueblo
El Ayuntamiento de Marinaleda (Sevilla), localidad gobernada por el histórico líder de la CUT y el SOC Juan Manuel Sánchez Gordillo, elegido bajo las siglas de Izquierda Unida (IU), ha aprobado en su último Pleno una resolución para pedir al Gobierno de la Junta de Andalucía la cesión de los terrenos acupados por los jornaleros en el término municipal y expropiados en 1991.
La propuesta, aprobada por los nueve concejales de la CUT- IU y el voto en contra del “progresista” grupo municipal socialista, rechaza la posibilidad que ofrece la Ley para comprar esas tierras, al considerar que ya están “más que pagadas” con la lucha jornalera y el trabajo de décadas en las mismas.
La Ley 1/2011, de reordenación del sector público andaluz, estipula que los adjudicatarios de explotaciones agrarias del Iara en régimen de concesión administrativa podrían comprar las tierras pagando su precio, con reducciones que podrían llegar al 65% del valor. El primer plazo para acceder a la propiedad se fijó en 2011, después en 2014 y finalmente el 31 de diciembre de 2015. Al haber sido incumplido en cualquier momento podrían ser embargadas, y la Consejería de Agricultura ya ha manifestado su disposición a hacerlo.
El Instituto de Reforma Agraria (Iara) expropió 1.616 hectáreas de la finca Los Humosos al Duque del Infantado en 1991, entregando 420 hectáreas a cuatro cooperativas de Écija y 1.196 hectáreas a ocho de Marinaleda. La Consejería de Agricultura estableció un canon de uso de las tierras y las inversiones realizadas, además del procedimiento para acceder a su propiedad en el futuro. Posibilidad a la que se acogieron las de Écija, no así las de Marinaleda. Cada cooperativa de Écija compró en 2011 por 1,1 millones de euros las tierras que explotaban.
De hecho a finales del pasado año de, Sánchez Gordillo, como alcalde de la localidad, y representantes de los cooperativistas dese reunieron con los de la Consejería de Agricultura, los cuales que les advirtieron de que si no solicitaban el acceso a la propiedad antes del 31 de diciembre de 2015 y pagaban por ello, además de abonar lo adeudado, podrían perder la concesión sobre esas tierras y ser desalojados.
Según el acuerdo municipal adoptado, el Ayuntamiento exige que “las tierras del Humoso sean para Marinaleda y su comunidad de manera colectiva y no repartida en trozos”. Además declara su intención de no pagar ni un euro por las mismas al considerar que “la tierra no se compra y mucho menos cuando esta tierra se ha ganado y más que pagado con la lucha de doce años”. Añadiendo que “nadie puede comprar la tierra ni podemos aceptar la privatización de los Humosos por ningún motivo, sino entregando su uso para los trabajadores de manera definitiva”.
Como alternativa plantean que se ceda gratuitamente el uso indefinido de las tierras se entreguen a una fundación, de la que el 33% sea “de los que ya están durante años trabajando en la finca” y que permanezcan hasta su jubilación; un 33% para los trabajadores en paro del Sindicato Andaluz de Trabajadores (antes SOC) y un 33% para los pensionistas que lucharon y que todavía están vivos”.
Conscientes de que la Junta de Andalucía les puede embargar los terrenos en cualquier momento, amparándose en la legislación vigente y en el hecho de que las cooperativas de Marinaleda les adeuden más de 5 millones de euros por el canon de uso de las 1.196 hectáreas de regadío y secano que los jornaleros de la localidad trabajan desde hace 24 años, el acuerdo tambien incluye una declaración en el sentido de que “tenemos que estar dispuesto a dar la vida” contra una “ley injusta, peleando para que las tierras no se vendan a ningún grupo de personas y se rompa con la clase jornalera que nunca tuvo propiedad, que sólo quiere el uso”.
Incidiendo en su determinación de lucha por la tierra, advierten a la Junta de Andalucía en el acuerdo que “para privatizar esas tierras tendrá que pasar por encima de nuestros cadáveres porque sería robarnos lo nuestro”.
Los concejales de la CUT critican las políticas neoliberales practicadas por el PSOE en esta materia y sus propuestas privatizadoras al pretender que las tierras sean subastadas, pasando así a ser propiedad exclusiva de una sola persona o un grupo reducido de personas, impidiendo de esta manera el que “los trabajadores y no lo propietarios dispongan del medio de producción de la tierra”.
Por su parte, Mariano Pradas, portavoz municipal del PSOE en Marinaleda, explicó que el grupo socialista votó en contra de este acuerdo porque “sería una incongruencia absoluta. En primer lugar, se supone que los jubilados de las ocho cooperativas tienen una pensión digna y no necesitan el suelo. En segundo lugar, el SOC está en contra de la privatización, pero su propuesta equivale a un cesión gratuita porque supondría el uso indefinido de esas tierras. En tercer lugar, sería un agravio comparativo para las cuatro cooperativas de Écija a las que la Junta también entregó suelo de los Humosos y que han pagado religiosamente para acceder a la tierra. Si le damos gratis la tierra a la cooperativa de segundo grado Marinaleda, que aglutina a las ocho cooperativas de la localidad, estaríamos premiando a quienes no se esfuerzan en pagar y ser solidarios”.
La Otra Andalucía
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