Lleu-lleu, ejemplo de la guerra abierta del Estado Chileno contra el pueblo mapuche
Fuego, balas y celdas: Militarización, mujeres baleadas, aval a las empresas forestales, procesos de control territorial, autonomía y descolonización, más de una treintena de mapuches procesados y/o encarcelados es la verdadera cara de lo que hoy el Estado chileno proclama como proceso de “diálogos” para resolver el histórico conflicto, impulsado hace pocos días y que han hecho mediático a través de los grandes medios de comunicación servicial a las agendas corporativas.
En este reportaje gráfico realizado por werken.cl, mostramos la actual condición en que se vive el día a día en el territorio del Lleu-lleu y sus sectores aledaños (norte de la Auracania bajo ocupación chilena), una de las tantas zonas de conflicto: carabineros con armas de guerra, tanquetas blindadas, asedios y hostigamientos policiales, controles preventivos, monitoreo por aire y tierra, vigilancia completa, es el sello que se marca en esta nueva etapa en la lucha mapuche luego del denominado proceso de dialogo (ver nota anterior: Gobierno convoca mesa de dialogo por conflicto en Araucania sin dirigentes mapuche). Véalo usted mismo en las siguientes imágenes y reflexione, ¿Así quieren resolver la deuda histórica?, ¿Por qué los empresarios que cometen crímenes contra la tierra y personas no son pasados por tribunales?, ¿Qué esconde este proceso de dialogo?, ¿Por qué este contexto no sale en los grandes medios de comunicación?
Policía militarizada portando subametralladoras y armas de grueso calibre, con la última tecnología y aparataje de ciencias militares y de control social importada desde Israel, país que tiene ocupado militarmente el territorio del pueblo Palestino, acá en este amplio territorio del Wallmapu ancestral ocurre una situación semejante, se vive en un agudizado terrorismo estatal, bloqueo policíaco, un contexto de persecución política total y permanente a las comunidades en resistencia y sus miembros, dentro de sus legítimos procesos de restitución territorial, vulnerando hasta los mínimos derechos de las personas mapuche. La realidad que se ve es una inversión policial y jurídica millonaria para salvaguardar los intereses económicos de los empresarios capitalistas instalados en los predios y fundos usurpados, que hoy en día en gran parte está en manos de la industria forestal.
En diversos puntos de esta Zona de Resistencia, están en jaque la productividad de las empresas forestales por el Weichan mapuche desarrollado hace años y sus diversas expresiones, materializándose en experiencias de autonomía, control territorial efectivo y recuperación productiva de cada vez mayor magnitud y coordinación, siendo esto un peligro para las políticas de integracionismo y paternalismo, también a los intentos de seudo dialogo que buscan la cooptación de dirigentes e instrumentalización de sus organizaciones y comunidades para una lógica mercantil de solución del conflicto, proceso de dialogo a toda vista servicial a la protección y progreso de la mega industria forestal, al llamado “extractivismo”, es decir, al monopolio y la explotación de la tierra, sistema de dominación que avala y promociona los organismos y políticas de estado.
Un silenciado estado policial en las Zonas de Resistencia
Por los alrededores de la ruta p-70, que une Cañete con Tirúa, para los órganos de seguridad estatal y en vista de los hechos, es considerada a todas luces, como un emergente y progresivo contexto de insurgencia, debido a una escalada de reivindicaciones, recuperaciones territoriales autónomas de comunidades en resistencia, acciones de sabotaje y ataques incendiarios múltiples, enfrentamientos armados con policías, helicópteros baleados, emboscadas, allanamientos, desalojos y todo tipo de hostigamientos policiales arbitrarios, desproporcionados y continuos, dejando hasta lamgen heridas, como es el caso de Ruth Meñaco Paine (ver nota) y otras mujeres, niños, jóvenes y ancianos, del cual por motivos de seguridad prefieren mantener su anonimato, del cual denuncian el cotidiano descontrol e impunidad que tienen los escuadrones represivos con el uso de armamentos, reiterados casos de abuso de poder por parte de carabineros, PDI y grupos paramilitares, para defender las faenas, áreas de manejo y explotación, máquina, artefactos y camiones de la millonaria industria forestal.
Se prevé que si la situación sigue así podría haber consecuencias fatales, se ha detonado una agudización de las contradicciones en todos los planos, hay un punto de no retorno, ya que el terrorismo de estado cotidiano, versus la legítima autodefensa armada están a la orden del día, sumado al rol de la iglesia que ha demostrado una posición servil al empresariado forestal y voz operante de persecuciones políticas como es el caso de la Machi Francisca, consecuencia de ello se han realizado sabotajes contra iglesias en esta zona y otras. Este contexto en gran parte es responsabilidad de las políticas represivas y asistenciales, que no resuelven el problema de fondo, implementadas hace varios años por el estado en esta histórica zona de lucha y resistencia.
Medidas represivas que ahora han aumentado desde el inicio de los famosos “diálogos”, donde las forestales tienen un lugar privilegiado en este escenario, además de que fueron excluidos las voces y opiniones de comunidades y organizaciones del pueblo mapuche como la CAM y otras.
Resultando en la actualidad un aumento de la represión militarizada para cuidar las rutas principales, fundos y predios en conflicto, con aumento de dispositivos policiales de día y noche, con uniformes, encubiertos y de civil, todos los días de la semana, haciendo controles de identidad a todo lo que se mueva, intimidando con armas y haciendo interrogatorios y “encuadres”, operaciones de servicios de inteligencia, vigilancia y control, a las personas mapuches que transitan por esta ruta de Cañete – Tirua y caminos rurales aledaños, también por sobre las casas y espacios territoriales mapuche. Se puede ver numerosos grupos de “civiles”, disfrazados como universitarios, raperos y trabajadores forestales, merodeando por la zona buscando la forma de seguir, monitorear, fichar, detener, involucrar en un hecho y procesar judicialmente, llevar al mayor número de gente a tribunales, haciendo lo posible por judicializar la vida de las personas mapuche que viven en torno de sus legítimos procesos reivindicativos. Se ha podido constatar entonces, que este inicio de dialogo se ejerce con un panorama de aumento a la actividad represiva, por ende ha coincidido con la ejecución en marcha de la nueva ley de control de detención preventivo, donde se denuncia que en reiteradas ocasiones policías uniformados y de civil en esta zona se toman atribuciones desproporcionadas y arbitrarias a las personas mapuches en general.
En estas imágenes tomadas el viernes 8 de Julio 2016, fuerzas de ocupación del estado chileno, hace una ronda matutina a las afueras de hogares de familias mapuche, con una de sus nuevas adquisiciones, las tanquetas marca PANHARD, intimidando con su presencia a las familias mapuche que viven en el sector. Haciendo interrogatorios y seguimientos a las personas que transitan por la vía pública, como forma de amedrentar y recabar antecedentes, hacer un mapeo completo de todas las personas y actividades que desempeñan, igual que en tiempos de dictadura. Esto es lo que se vive actualmente en Arauco, desde que comenzaron los procesos de “dialogo”.
Persecución política y cárcel: inversión millonaria para la judicialización y monitoreo
Solo en la provincia de Arauco, hay más de veinte personas mapuches que actualmente están siendo procesadas judicialmente en el marco de reivindicaciones y recuperaciones territoriales, con medidas cautelares como prisión preventiva o arresto domiciliario, a toda costa el gobierno quiere resolver la deuda histórica con represión y condenas cada vez más altas, procesos judiciales irregulares, viciados, arbitrareos y hoy en dia sumandole la nueva figura legal de “colaborador ocacional”, que es la nueva forma de lograr condenas al igual que el testigo anónimo a favor de la fiscalia, voz operante a favor de las trasnacionales y grandes privados en territorio mapuche. Un problema que es eminentemente político, histórico, lo han querido resolver -direccionalmente- de forma judicial en desmedro de las comunidades, logrando encarcelar y procesar a una variada gamas de comuneros, hoy recluidos en la cárcel de Lebu de Arauco, y cárceles de otros puntos de Wallmapu histórico, como también en Collipulli, Angol, Temuco, Valdivia, Mulchen y suma y sigue .
Es común que en los grandes medios de comunicación se reitere el discurso condenatorio de que persiguen los actos delictivos y el robo de madera, omitiendo que hay procesos de reivindicación territorial detrás de los hechos que ocurren, demanda histórica que está ampliamente documentada en títulos de merced y antecedentes que prueban la existencia del pueblo mapuche y sus Lof, antes de la llegada del ejército chileno para ocupar el territorio mapuche. El robo de madera es recuperar lo que le pertenece a las comunidades, hoy en mano de la aplastante industria forestal, las acciones de sabotaje son un legítimo acto de defensa que realizan los pu weichafe, para proteger a la tierra del sistema de usurpación y explotación que se desarrolla en estas zonas, para avanzar hacia la recuperación territorial por la vía de los hechos, ya que la institucionalidad no da el ancho para resolver un conflicto donde hay millonarios intereses económicos de por medio, por eso la creciente arremetida policial y judicial.
Dentro de este contexto represivo, hay casos donde GOPE ataca violentamente a las comunidades mapuche, realizando disparos indiscriminados, con el fin de provocar, amedrentar y tomar detenidos a todo aquel que se cruce en su camino, también realizar persecuciones selectivas a voceros y voceras, caras visibles y autoridades ancestrales, que luchan en función de sus reivindicaciones territoriales, como lo ocurrido como el peñi Hernan Paredes Puen (ver nota), quien fue baleado por GOPE cuando se encontraban reunidos con otros comuneros en una sede social y ahora se encuentra en la cárcel de Lebu a la espera de un juicio, junto a un gran numero de otros comuneros mapuche con montajes judiciales en contra.
También hay casos donde un comunero mapuche que se defiende solo con sus manos de un arresto policial ilegitimo, tanto en el campo como en la ciudad, luego son procesados en tribunales con el delito de “atentado a la autoridad”, por el solo hecho de defenderse del arresto arbitrario. Esto son solo algunos ejemplos del modus operandis de las políticas represivas en la zona.
Iglesias quemadas, un ícono del colonialismo religioso que decae
La descolonización esencialmente es un fenómeno violento. En el sector de Antiquina, mismo sector donde fue baleada la lamgen Ruth, a la orilla de la famosa y temida ruta p-70, de un momento a otro, en plena madrugada, una iglesia estaba ardiendo, una gran llamarada agito a toda la población mapuche y no mapuche, causando conmoción en las familias de creencia cristiana del sector, quedando en cenizas no solo el templo religioso, también la fe hacia la iglesia se ha ido desvaneciendo. La acción fue reivindicada por la organización Weichan Auka Mapu, mediante un comunicado público (ver nota) donde se atribuye la autoría de este sabotaje y una treintena más, en diversos puntos del Wallmapu.
Acción que fue realizada a raíz del encarcelamiento injusto sufrido por la Machi Francisca Linconao y otros diez comuneros más en el montaje político judicial llamado caso Luchsinger Mackay, familia de latifundistas, colonos y genocidas del sector de Cautín. Como la persecución política a una autoridad ancestral como una machi es un atentado directo a las creencias del pueblo mapuche, las acciones de sabotaje contra iglesias, infraestructuras y maquinas no se hicieron esperar.
Cuando no existe la voluntad política de solucionar una deuda histórica, no nos queda otro camino que emprender la lucha directa y defensiva de nuestros territorios.
(Fuente: Werken noticias mapuches)
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