Levante Almeriense: Técnicos de Defensor del Pueblo estatal visitan de nuevo el CIMI Tierras de Oria
El Defensor apunta que existen alternativas a la sujeción para afrontar una situación de tensión o de violencia. En esta línea, aboga por “técnicas no invasivas, propias de una nación civilizada y del desarrollo del conocimiento científico, que permiten abordar con éxito situaciones límite sin poner en riesgo la vida ni la integridad física de quienes han de ser sometidos a ellas”.
Esta tesis coincide con lo expresado por el Comité de Prevención de la Tortura (CPT) que, en su informe emitido en 2017 consideraba que “inmovilizar a menores en una cama o esposarlos a objetos fijos en una celda de aislamiento es un uso desproporcionado de la fuerza y una medida incompatible con la filosofía de un centro educativo que debería enfocarse en la educación y la reintegración social de los menores […]. En su lugar, deberían emplearse métodos alternativos en la gestión de incidentes violentos y otros medios de contención, tales como las técnicas verbales que impiden que aumente el conflicto y el control manual”.
Técnicos de la Institución inspeccionaron el pasado martes de nuevo el centro “Tierras de Oria” en el que en julio de 2019 falleció el joven andaluz Iliass Tahiri mientras se le aplicaba esta medida de contención. Esta es la segunda visita a este lugar. En marzo de 2018, el Defensor del Pueblo en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), ya encontró deficiencias relacionadas con la práctica de contenciones mecánicas, tales como una falta de adecuación de la habitación para la aplicación de este tipo de medidas coercitivas y la ausencia de un libro de registro en el que quedara apuntado el uso de la contención a los menores.
Por ello, tras esta inspección, la Institución sugirió a la Junta de Andalucía que adecuara una habitación de mayores dimensiones para la aplicación de las sujeciones mecánicas, con la cama articulada y anclada en el suelo en posición central, con interfono y sistema de vídeovigilancia con audio.
Asimismo, el Defensor del Pueblo pidió a la Administración “una reflexión general sobre la idoneidad del empleo de esta medida en las actuales circunstancias (deficiencias estructurales y falta de formación del personal) en los centros de menores infractores”.
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