Las trabajadoras de Ayuda a Domicilio de Cádiz denuncian en rueda de prensa precariedad, subcontratación, siniestralidad laboral… (vídeo)

En la mañana de hoy ha tenido lugar una rueda de prensa convocado por el Sindicato de Contratas y Servicios Públicos de Cádiz (SSP) para denunciar los problemas de salud laboral que padecen las trabajadoras de Ayuda a Domicilio de Cádiz, así como el maltrato sistemático que vienen sufriendo por parte de la Dirección Provincial de Cádiz del INSS.

Tras una breve presentación del acto efectuada por el presidente del sindicato, José Luis Moreda Nieto, intervinieron cuatro trabajadoras de Ayuda a Domicilio que pusieron de manifiesto esencialmente los siguientes aspectos de su experiencia personal:

• Los graves problemas de salud que padecen como consecuencia de su actividad laboral (lesiones tendinosas en hombros, problemas de columna, fracturas por caídas, etc.)
• Los muchos y prolongados procesos de incapacidad temporal que han padecido (y padecen) y que, acumulados, llegan a alcanzar periodos de 4, 5 o 6 años de duración total.
• Y las numerosísimas ocasiones en que, a pesar de todo ello, el INSS de Cádiz les ha denegado la incapacidad permanente y obligado a trabajar sin estar en condiciones de salud para hacerlo (dos de ellas precisan de andador para desplazarse).

Tras ellas, intervinieron también los/las representantes jurídicos de las trabajadoras que ofrecieron una visión global de problema que sufren estas trabajadoras, apuntando a sus causas y posibles soluciones.

Así, Pepe Martínez (exdelegado sindical del Hospital Puerta del Mar y Graduado en Relaciones Laborales) apuntó un doble origen en la situación descrita:

Por un lado, los problemas de procedimiento que presenta el sistema, como son: la falta de especialización de los/las inspectores/as en las pluripatologías de estas trabajadoras, la indefensión generada por las condiciones en que se efectúan las citas de revisión (con prohibición de acompañantes y grabaciones), el rechazo sistemático de todas las reclamaciones previas, etc.

Y, por otro lado, la falta de sensibilidad y de perspectiva de género con que desde la dirección Provincial del INSS aborda los problemas de salud de estas trabajadoras y, en general, de todos los colectivos laborales feminizados más precarios (que son la gran mayoría). Y ello a pesar de que la dirección provincial del INSS la ocupa una mujer, Inmaculada Rios, y de su dependencia provincial también de otra mujer, Blanca Flores, que, como subdelegada del Gobierno tiene la competencia que coordinar el trabajo de todas las administraciones de ámbito estatal.

Así mismo, recordó que la misma empatía que hace unos días reclamaba (con toda razón) el Presidente del gobierno a nuestros jueces a la hora de abordar los casos de violencia contra la mujer (“no permitamos que la falta de empatía haga que una mujer se pregunte si denuncia o no”, manifestó) debe exigirse también a todas las administraciones públicas y, entre ellas, a la Dirección Provincial de Cádiz del INSS.

Finalmente, exigió que no se apliquen criterios economicistas a la hora de regular el reconocimiento de incapacidades permanentes, ya que en este país hay recursos de sobra para cubrir tales necesidades sociales, apuntando, como ejemplo, la subida de los beneficios de los grandes durante 2024 en un 21% o el de las empresas del IBEX en un 10%; según Martínez, no se trata de reducir el estado social, como ridículamente reclaman la derecha y la ultraderecha, sino de reforzar y hacer crecer el estado social para resolver los problemas de los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad, como lo es, entre otros muchos, el de las mujeres trabajadoras del sector servicios.

Por su parte, la abogada Marina Escobar, dedicó su intervención a destacar todos los ámbitos de violencia que sufren las trabajadoras de Ayuda a Domicilio, cuyo su trabajo, feminizado, es devaluado, invisibilizado y mal remunerado.

Así, señaló, en primer lugar, el ámbito de la violencia laboral, donde el trabajo de cuidados ha sido infravalorado social y económicamente, lo que se traduce en condiciones laborales precarias:

• Sueldos bajos, incluso por debajo del Salario Mínimo Interprofesional en algunas provincias, como es el caso del Convenio de Limpieza de Cádiz (que es el aplicado a la trabajadoras de Ayuda a Domicilio) .
• Jornadas parciales y partidas que dificultan la conciliación y les impiden acceder a otros empleos.

sus enfermedades y lesiones como patologías profesionales.

A continuación, se refirió a la violencia institucional sufrida por estas trabajadoras en el ámbito sanitario, que se refleja en las siguientes circunstancias:

• Informes clínicos diseñados para encajar en un diagnóstico puramente clínico.
• Su sintomatología no es valorada en muchas ocasiones, ni recogida en los informes médicos, sobre todo cuando hablamos de dolor.
• Tampoco se contempla las limitaciones que implican las patologías, ni que trabajo desarrollan.
• La fibromialgia, las lesiones osteomusculares, los problemas lumbares, las lesiones en muñecas y hombros siguen sin ser consideradas enfermedades profesionales, a pesar de que todas ellas son consecuencia directa de las condiciones de trabajo en el sector de los cuidados (por lo que la carga de la prueba en los juicios recae sobre las trabajadoras), ni se valoran como incapacitantes.
• Negación del seguimiento por parte de las mutuas, alegando que no es un accidente de trabajo.

Violencia en el ámbito de la Seguridad Social, ya que:

• Cuando inician un proceso para solicitar una prestación por incapacidad, el INSS las rechaza por sistema.
• Se ven obligadas a esperar años para obtener una resolución judicial, mientras continúan trabajando con dolor, arriesgándose a sufrir accidentes y poniendo en peligro a las personas a las que cuidan.
• Durante este proceso, su salud física se deteriora y su salud mental se resquebraja, de hecho, gran parte de ellas sufren patologías psíquicas (ansiedad, depresión, etc.) derivada de los cuadros dolorosos que padecen y la falta de reconocimiento de sus patologías.

Y violencia también en el ámbito judicial, ya que:

• Cuando por fin llegan a juicio, se enfrentan a una maquinaria que juega en su contra, deben enfrentarse al abogado/a de la mutua, de la empresa y al abogado/a de la Seguridad Social y de la Tesorería.
• En el juicio no se les escucha, porque los jueces no les preguntan en la mayoría de los casos. Y, si les deniegan la prestación, deberán esperar una vez más los años que tardará en resolverse los siguientes recursos.
• Además, por las manifestaciones que se emiten en muchos casos, salen de los juicios con la impresión de haber sido acusadas de exagerar, de mentir sobre su estado de salud, de no querer trabajar, cuando la realidad es que muchas de ellas están literalmente destrozadas por las condiciones laborales que han soportado durante años.

Marina Escobar finalizó su intervención preguntándose cómo es posible que los procesos de la Seguridad Social estén diseñados para ejercer tanta violencia sobre las mujeres que sostienen el sistema de cuidados, exigió respeto para el derecho a la salud de las trabajadoras de ayuda a domicilio y señaló a la Dirección Provincial de Cádiz del INSS como uno de los principales responsables del sufrimiento y daños que están sufriendo estas mujeres trabajadoras.

Cádiz, a doce de febrero de dos mil veinticinco.