Sevilla: Última hora. Los 6 de la Macarena en libertad provisional. La US pidió al juez la excarcelación de uno, alumno de ella
(Concentración de apoyo a los encarcelados, esta mañana en los juzgados)
Álvaro Martín, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, ha firmado este viernes un auto de libertad provisional para las seis personas que fueron encarceladas de manera preventiva por un intento de ocupación de viviendas en el núero 42 de la calle Macarena. Las seis personas, entre las que se encuentran un joven para quien la popia Universidad Había pedido su puesta en libertad para que pudiera seguir con su Grado en Antropología Social, saldrán a las 18 horas de este viernes de la cárcel de Sevilla I.
Los abogados han mostrado su satisfacción este viernes al conocer la nueva resolución, que reforma el auto de prisión, y han coincidido en destacar la “desproporción” de la medida cautelar adoptada por el juez. Cinco de los seis investigados han acudido a los juzgados este viernes para declarar pero se han acogido a su derecho a no hacerlo después de que el fiscal haya informado positivamente respecto a la nueva petición de libertad que habían cursado previamente los letrados, entendiendo que las acusaciones no eran lo suficientemente importante como para que continuara una medida “tan gravosa”.
El juez no se ha opuesto a la nueva solicitud de las defensas y, con el informe favorable del fiscal, los investigados han sido conducidos desde los calabozos hasta la prisión para recoger sus cosas y quedar en libertad. Los padres del estudiante habían pedido al juez que revisara la trayectoria de su hijo y que reconsidera la continuación de una medida que consideraban igualmente “desproporcinadísima”.
Los representantes legales de las personas hasta hoy encarceladas han consignado una cantidad de 500 euros por cada uno de ellos por los posibles daños que pudieran haberse causado durante los hechos y que aún no han sido cuantificados. Un nutrido grupo de personas se ha concentrado esta mañana en los juzgados de Sevilla para mostrar su apoyo a los investigados, a quienes se les acusa conjuntamente de hasta seis delitos (coacciones, daños, desórdenes públicos, lesiones, atentado a la autoridad y, como origen, delitos de usurpación).
La Universidad de Sevilla pidió la excarcelación de uno, alumno suyo
El Departamento de Antropología Social de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla (US) había pedido la “reintegración en la vida académica” del joven estudiante que lleva casi dos meses en prisión preventiva por su presunta participación en el intento de ocupación de un bloque de viviendas el pasado 15 de febrero, por el cual otras cinco personas también están en la cárcel. Los seis han sido llamados por el juez para declarar este viernes en los juzgados de Sevilla.
A través de un escrito firmado por el director del departamento, y que se hará llegar al juez instructor de la causa a través del abogado del joven de 20 años que estudia el primer curso del Grado, se informa de que ha asistido regularmente a las clases con “un alto nivel de participación” y ha hecho los exámenes finales de tres asignaturas con aprobado, notable y sobresaliente. También se indica que el joven ha sido director del proyecto ‘Arte y Compromiso. Experiencias para el cambio social’ en la Universidad Pablo de Olavide, cuyo objetivo es la creación de espacios de socialización para colectivos vulnerables del Polígono Sur.
“Con este perfil académico y el nivel de compromiso social, presentamos este escrito de aval de las actividades del estudiante, sin menoscabo de las responsabilidades penales que finalmente fueran definidas en el juicio de su caso. Sin embargo, dado el perfil y el contexto social y familiar ahora truncado por la situación de prisión preventiva del auto de 17 de febrero, consideramos conveniente su reintegración en la vida académica, a fin de que pueda continuar sus estudios en este segundo cuatrimestre con normalidad”. Dicho escrito se aprobó por la unanimidad de los 27 asistentes al Consejo de Departamento el pasado 4 de abril y se decide “trasladar esta solicitud al señor juez instructor de la causa”.
Similar escrito también se ha elaborado, para igual fin, desde la Residencia Universitaria Flora Tristán, donde residía el joven encarcelado durante los dos últimos cursos. En él, el Consejo de Residentes pide exactamente lo mismo al juez y resalta la “excelente” relación del joven con el resto de residentes y con el personal que gestiona los diferentes servicios, “tanto en el trato humano como en su dedicación y atención a cualquier persona que pudiera tener alguna necesidad o apoyo de su parte”.
Los residentes de la Flora Tristán profundizan en la labor del joven de “voluntariado social” en el Polígono Sur, centrándose en el “apoyo a menores en situación de riesgo social” en los IES Romero Murube y Antonio Domínguez Ortiz, así como en la Parroquia Jesús Obrero. “Deseamos avalar el compromiso social y la disponibilidad” del estudiante, apunta el Consejo de Residentes.
Apoyo de sus compañeros
Por otra parte, los compañeros de la Universidad y de la residencia Flora Tristán del estudiante también han querido hacer “una petición al juez Álvaro Martín Gómez para que reconsidere su postura sobre la medida preventiva tomada de privación de libertad, pues creemos que si esto no se valora y el caso queda relegado a la Audiencia Provincial, la prisión preventiva se prolongará de forma indefinida”.
Los estudiantes narran en unos carteles que han distribuido que “la mañana del desalojo, nuestro compañero de alto compromiso social, como muestra en su entrega al voluntariado realizado en el Polígono Sur, aportaba alimentos al lugar de los hechos. Según algunas fuentes también quería proporcionar libros para consolidar una biblioteca para personas sin hogar. Además, de interrumpir el proyecto de arte y compromiso que por segundo año le había concedido la Universidad Pablo Olavide, ha tenido que interrumpir toda su vida estudiantil desde el pasado 18 de febrero”, explican.
“No entendemos cómo la justicia impone la prisión preventiva como una medida instrumental ya que ésta, en lugar de dar ejemplo, solo anima a continuar nuestra lucha para conseguir la libertad. Esperamos con dignidad y esperanza que la justicia esté con nosotros y se utilice para lo que realmente es necesario y no como medida de represión”, señalan los estudiantes.
Dos meses en prisión preventiva por un desalojo a los 20 años
Tiene 20 años y estudia Antropología Social y Cultural en la Universidad de Sevilla. Reside, con una beca, en la Residencia Universitaria Flora Tristán y colabora en diversos servicios y proyectos sociales como voluntario. Su vida dio un giro la mañana del 15 de febrero cuando fue a apoyar un movimiento ciudadano por una vivienda digna en el número 42 de la calle Macarena. Durante el precipitado desalojo, fue detenido y, al día siguiente, encarcelado. Lleva 43 días en prisión preventiva.
El juez acaba de prorrogar la medida, pero su abogado y sus padres esperan que el juzgado reconsidere su decisión porque, además de considerarle inocente de los delitos de los que se le acusa, no tiene ni antecedentes policiales ni penales y creen que ha sido su “fuerte compromiso y vocación social” lo que le llevaron a estar en el sitio equivocado, en el momento equivocado.
Principalmente, ven desproporcionada la medida y su prolongación en el tiempo. “La prisión provisional en democracia no está pensada para estas situaciones. No hay riesgo de fuga, no se van a destruir pruebas y, por supuesto, no se van a atacar bienes jurídicos del propietario, en este caso un funcionario de policía. El juez claramente lanza un mensaje (prevención general de la norma penal): se acabaron las ocupaciones y el movimiento de solidaridad por el derecho a la vivienda. Urge visibilizar y contraargumentar esta barbaridad jurídica desde posiciones garantistas y firmes”, dice su abogado, contrario a los argumentos esgrimidos por el juez.
En su recurso, el letrado acompaña certificados, fechados en las últimas semanas, de los directores de los proyectos de los que el joven es “asiduo colaborador” (Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui, IES de Sevilla,…), que terminan con un “para que conste a los efectos oportunos”. El joven realiza labores de voluntariado con jóvenes en zonas de exclusión social como el Polígono Sur, según dice también la carta del director de la residencia Flora Tristán realizada bajo el mismo fin, y es “una persona muy conocida y querida en el movimiento asociativo en Sevilla”, añade el recurso de la defensa. “Es un estudiante normal con una vida estructurada, con una amplia vocación social, comprometida y de justicia social, alejada cualquier tipo de comportamiento violento”, resume el escrito, que destaca su “arraigo social y familiar”.
Aunque los hechos imputados puedan calificarse como los delitos que indica el juez, “no son en su mayoría delitos de carácter grave y no se ha determinado ni individualizado por la policía el grado de participación de mi representado en los mismos, o ni siquiera si ha participado en todos o en parte, debiendo regir el principio de presunción de inocencia. Aún cuando se le imputaran los todos los delitos, en este caso serían penas inferiores a los dos años”, explica el abogado.
“Con ánimo y dignidad”
¿Cómo está siendo la estancia del joven en la prisión de Sevilla I desde el pasado 17 de febrero? “Está aprovechando el tiempo y tiene buen ánimo, pero toda su vida de estudiante y de ayuda social se ha visto interrumpida”, explica su madre en una cafetería del barrio de Los Remedios donde reside. Sus progenitores llevan la situación “con ánimo y dignidad” pero piensan que “su ingenuidad y compromiso” le han traído esta “injusticia”.
El joven, durante estas semanas, se ha hecho ayudante del gestor de le biblioteca de la prisión y ha ganado un premio por un poema que escribió con motivo del último 28 de febrero, Día de Andalucía, explica su madre. En los últimos días ha pasado al módulo de estudio, señala mientras muestra orgullosa uno de sus relatos cortos, sobre un niño de Alepo, que también le hizo merecedor de un galardón en un concurso. Ella y su padre, en todo caso, tienen “esperanza” en una pronta solución, fuera de la cárcel, al margen de lo que decidan los tribunales y del futuro juicio.
“El juez piensa que, si le deja salir, va a volver a ocupar pero ni él ocupó ninguna vivienda ni las otras doce personas investigadas que están en libertad han tratado de hacerlo de nuevo”, apunta su padre. Los testigos, además, no señalan a su hijo en el atestado policial, añade, como así ha hecho constar el abogado en su escrito. “Es un toque de atención a todos los demás que está pagando mi hijo”, lamenta al considerar que es “una medida desproporcionadísima y un aviso a navegantes”.
Los progenitores piden al juez que reconsidere su posición y valore la documentación aportada. “Él no sabía que se iba a producir un desalojo. Creía que era un local abandonado y fue a llevar comida”. Efectivamente, el desalojo se produjo de manera sorpresiva la mañana después de la ocupación, como ya informó este medio. “Se ha criado en un ambiente de solidaridad y compromiso social. Su ingenuidad le hizo estar presente ese día”, insisten.
Sin identificar por la Policía
El abogado, que también adjunta al juez movimientos de su cuenta bancaria que acreditan su condición de estudiante becado y dependiente económicamente de su familia, señala que en la declaración del aparejador que acudió a las viviendas no se identificó al joven como una de las personas que realizaron posibles coaciones o lesiones.
En cuanto al delito de usurpación, además de recordarle al juez que reside en una residencia universitaria, señala que en el atestado policial “no figura que mi representado fuera una de las personas que presuntamente intentaran ocupar el edificio, ni siquiera en el lugar que fue detenido (dentro o fuera del edificio)”. Por tanto, “nos encontramos en lo que, en todo caso, podría denominarse una ocupación temporal, que no es constitutiva del elemento de voluntad de permanencia que requiere el tipo y por ende esta conducta no sería punible”.
Acerca de las lesiones, al margen de considerar que en ninguno de los partes conste que se haya requerido un tratamiento médico quirúrgico posterior, “tratándose en todos los casos de lesiones leves”, el abogado argumenta que “los funcionarios de policía individualizan las lesiones identificando presuntamente a las personas que se las causan” y “en ninguna de ellas aparece el nombre de mi representado como autor de las mismas, ni tampoco en la declaración” del mencionado aparejador. Este argumento lo utiliza igualmente para los presuntos delitos de atentado a la autoridad y desórdenes públicos.
(Fuente: el diario.es / Autor: Javier Ramajo)
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