La industria española de armamento exporta por valor de 648 millones de euros a Oriente Medio
El Estado español sigue en lugares líderes del dudoso ranking mundial como exportador de armamento. Según el último informe Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso del año 2016, elaborado por la Secretaria de Estado de Comercio, el valor de las exportaciones se eleva a 4.052 millones de euros, el que supone un nuevo récord histórico en la exportación de armas españolas. Según el informe, que reseñaba hace unos días el Centro Delàs de Estudios por la Pau, de estas exportaciones se derivan tendencias preocupantes, como la consolidación de la Oriente Medio como el mercado prioritario del material armamentístico español. En total, estos países han adquirido armas por valor de 647,97 millones de euros, el que representa un 16% del total de las exportaciones. Los compradores más destacados han sido Egipto (219,29 millones), Omán (208,28 millones), Arabia Saudí (116,19 millones), Irak (52,69 millones), Emiratos Árabes Unidos (26,74 millones) y Bahrein (19,08 millones).
En segundo lugar, el centro Delàs alerta del incremento de las exportaciones españolas de armamento a países asiáticos, que han adquirido el 10% del total de las exportaciones. Países como Malasia, Kazajistán, Tailandia, el India, Corea del Sur, Filipinas, Pakistán, Singapur y Vietnam. Especialmente preocupantes, para el centro. son las adquisiciones realizadas por Corea del Sur, país donde se destinan el 27% de las autorizaciones de exportación totales.
El Centro Delàs atribuye la expansión de este mercado al alta conflictividad geopolítica del continente y a factores como el lanzamiento reiterado de misiles por parte de Corea del Norte, que está generando una escalada militar hacia el conflicto entre las dos Corees y al aumento del gasto militar de la China, que está modernizando su arsenal. En este último caso, el centro Delàs alerta que la escalada china provoca una cursa armamentística en países vecinos como el India, Japón, Vietnam o Filipinas, que incrementan su presupuesto de defensa.
El oportunismo de negocio del gobierno español
Jordi Calvo, coordinador del Centro Delàs, se muestra muy crítico con el papel de la JIMDUU, el organismo estatal encargado de autorizar estas exportaciones y destaca la opacidad como práctica constante de este órgano, puesto que parte de sus resoluciones y actas son secretas. Aun así, apunta al hecho que no se conocen las empresas detrás de estas exportaciones, “pero se intuye que hay las principales empresas del oligopolio de industrias militares de España, como Navantia o Airbus”.
El informe de Delàs también considera que la situación de inestabilidad que se vive en la región –con el apoyo de países como el Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos hacia grupos insurgentes que combaten en el conflicto armado sirio o como parte de la coalición militar que está interviniendo en el Yemen– permite considerar ilegales estas exportaciones. También hace mención a las ventas hacia Irak como instrumento de intervención militar. Con el argumento de favorecer la lucha contra el Estado Islámico se ha contribuido al rearme de Irak y las exportaciones de armas hacia este país llegaron, el 2016, a los 52,69 millones de euros (85,42 millones el 2015).
Según el análisis del Centro Delàs, “la probabilidad que estas armas exportadas y las que se compraron en años anteriores estén siendo utilizadas en los bombardeos a ciudades curdas, sirias, iraquíes o yemeníes es muy alta”. Aun así, añaden que estas armas “pueden haber contribuido a provocar el desplazamiento masivo de ciudadanos y la actual crisis humanitaria de refugiados”.
Legislación existente, pero sin aplicación
La misma legislación española y europea sobre comercio de armas prohíbe explícitamente la exportación hacia países que puedan utilizar las armas para la represión interna, para alimentar conflictos a la región o violar los derechos humanos. Pero, que se puede hacer ante las reiteradas omisiones de la aplicación de la ley española y europea? Calvo destaca que se trata de una problemática que se da a la mayoría de países exportadores, no exclusivamente de España. Y destaca que una posible medida podría ser sacar del espacio gubernamental la capacidad de decisión y aprobación de estas exportaciones a menudo decisiones políticas- y someterlas a un mayor control y seguimiento parlamentario. De este modo, el gobierno se vería obligado a ser más transparente y aumentaría la dificultad para operar. En este sentido, el investigador ha querido destacar el boom en el crecimiento de las autorizaciones de ventas de armamento desde el año 2012, momento en que el exministro de defensa Pedro Morenés ocupaba el cargo. Morenés tenía una larga experiencia y trayectoria en el sector de empresas armamentísticas y había ocupado cargos directivos en empresas como Instalaza, fabricando de material militar de infantería y de las ilegalizadas bombas de dispersión.
Calvo también destaca el papel de la sociedad civil como herramienta de presión, denuncia y fiscalización de las actuaciones del gobierno. “Ya sea por razones electorales, cálculos políticos o de imagen, la presión ejercida los último año desde todos los frentes contra la venta de armas en Arabia Saudi ha tenido un efecto, como se observa en la disminución de exportaciones hacia este país el último año” apunta.
Finalmente, como destaca el informe, el control de las exportaciones de armas es un reto político y humanitario. “De ninguna forma es aceptable que las armas españolas sean utilizadas como una herramienta de política exterior y, todavía más, si esto supone provocar violencia y daños irreversibles sobre la vida de millones de personas”.
Turquía dispara con armamento “marca España”
Empresas españolas como Indra, con sede en Barcelona, obtienen contratos lucrativos para la exportación de tecnología militar en Turquía, a pesar de las vulneraciones de derechos humanos cometidas en este país.
Corría el año 2006 cuando el presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y el entonces primero ministro turco Recep Tayyip Erdogan van copatrocinar una iniciativa de diplomacia preventiva destinada a reducir las tensiones entre Occidente y el mundo islámico y luchar contra el terrorismo internacional por otras vías que no fueran la militar. La Alianza de Civilizaciones nacía con el apoyo de las Naciones Unidas y el interés y la aprobación de la mayoría de potencias (militares) mundiales. Esta buena sintonía también se reflejó en un incremento de los flujos de comercio bilateral entre los dos países impulsores de la alianza; un flujo que se duplicó durante el periodo comprendido entre 2002 y 2008. Turquía aconteció el tercer socio comercial más importante del Estado español y el tercero importador de armas españolas, por detrás de Tailandia y los Estados Unidos. Durante la década de los noventa y principios de los dos mil, el Estado español suministraba en Turquía aviones de transporte militar mediante la empresa Construcciones Aeronáuticas (CASA), fragatas militares F-100 a través de Bazán (Navantia), equipamiento de artillería proveniente de Santa Bárbara Sistemas y material de guerra electrónica de Indra.
Desde entonces, las voces que cuestionan las exportaciones de material militar hacia Turquía han ido creciente. El motivo principal es la vulneración de los derechos humanos perpetrada por el Estado turco en el interior del país y las sospechas fundamentadas que, desde Turquía, se estaría enviando armamento hacia varios grupos gihadistes involucrados a la guerra de Siria.
Masacras fronteras adentro
Desde hace más de un año, el gobierno de Ankara ha lanzado una ofensiva militar cruenta contra el PKK y su base social, con ataques a Bakur y Cizre (Kurdistán turco) y a través de la injerencia militar a los lados curdos de Efrin y Kobane, en el interior de Siria.
El mes de febrero pasado, un informe de las Naciones Unidas reforzaba las evidencias sobre las vulneraciones cometidas por las fuerzas de seguridad turcas en operativos en el Curdistán turco. El informe denuncia desapariciones, torturas, violaciones de mujeres, el desplazamiento forzado de más de 355.000 personas y la expropiación de casas y patrimonio de localidades curdas arrasadas como Nusaybin y Sur.
Según el documento, durante el periodo comprendido entre julio de 2015 y el diciembre de 2016, las operaciones militares a la zona han dejado 2.000 personas muertas –800 miembros de las fuerzas de seguridad turcas y 1.200 supuestas militantes del PKK, según el gobierno turco. El alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, Zeid Ra’ad a -Hussein, criticó la carencia de implicación del gobierno de Ankara a la hora de esclarecer los hechos, “puesto que no ha abierto ninguna investigación formal ni ha esclarecido las responsabilidades de las acciones militares turcas cometidos en este periodo”.
Escalada militar, escalada del negocio
Como en todo buen movimiento de oportunismo geopolítico y económico, la escalada militarista a la región ha ido emparellada, los últimos años, con un aumento de las exportaciones de armamento hacia Turquía por parte de diferentes países de la UE, incluido el Estado español. El gobierno de Mariano Rajoy mantiene buenas relaciones políticas y económicas con Turquía, con un comercio bilateral que superó los 10.000 millones de euros el 2016. De retruque, coincidiendo con las ofensivas militares turcas a las regiones curdas, la presencia de armamento marca España al país se ha consolidado. Según datos del Centro Delàs de Estudios por la Pau, en 2015, el Estado español se situó como el sexto suministrador mundial de armas en Turquía, principalmente a través de aeronaves militares, armas cortas y munición, bombas, cohetes y misiles, buques de guerra y componentes electrónicos y de software.
El principal agente comercial en las negociaciones y las ventas de armamento español al extranjero ha sido el exministro de defensa español Pedro Morenés, quien años atrás había ocupado cargos directivos en empresas de armamento como Instalaza, fabricando de material militar de infantería y de las ilegalizadas bombas de dispersión. En el caso turco, el ministro mantuvo reuniones con su homólogo Ismet Yilmaz para negociar la venta de fragatas militares, entre ellas, la del buque anfibio Juan Carlos Y, con un diseño que se adjudicó Navantia por 140 millones de euros y que se empezó a construir el mes de enero pasado en Turquía.
Un caso destacado fue el que destapó en 2015 el diario turco Cumhuriyet, que hoy en día tiene todos los cargos directivos encarcelados por espionaje. El rotativo habría probado que Maxam Anadolu, filial turca de la multinacional armamentística española Maxam, expidió un convoy de explosivos hacia Siria. El destino final oficial era Jordania, pero se trataba de una ruta casi imposible de acabar con éxito, puesto que pasaba por zonas con presencia de milicias gihadistes. Una parte del cargamento desapareció en el tramo que hay entre la fábrica turca y la frontera. Según las investigaciones de ViceNews, la compra se facturó a través de una emprendida fantasma en Jordania.
Las ventas en Turquía se enmarcan en una campaña expansionista del comercio internacional de armas iniciada en 2011, que sitúan el Estado español al frente del ranking mundial de exportadoras, según el informe SIPRI 2015. El Centro Delàs asegura que un 24% de estas exportaciones han tenido como destino países involucrados en el conflicto del Oriente Medio.
“Cyberarmament” español en Turquía
Indra Sistemas, el gigante español especializado en electrónica y tecnologías para seguridad y defiende, opera en un impresionante edificio de vidrio situado al distrito tecnológico barcelonés del 22@. Hace años que Indra tiene negocios importantes en Turquía –muchos de ellos con finalidades militares– y ya dispone de dos filiales al país. Altos cargos de esta empresa han sido Josep Pujol Ferrusola o el actual director de la filial en Cataluña, Manuel Brufau, hermano de Antoni Brufau, presidente de Repsol, empresa con vínculos accionariales importantes con La Caixa.
El mes de marzo de 2016, Indra se adjudicó un contrato de 38,5 millones de euros para renovar y ampliar la red de vigilancia del espacio aéreo turco. Indra también ganó el concurso convocado por el Ministerio de Defensa turco para la provisión de un laboratorio móvil preparado para llevar a cabo una identificación analítica de amenazas nucleares-radiológicas, biológicas y químicas. Y se erigió como contratista para la construcción de dos centros de formación de pilotaje turcos en Ankara y Estambul mediante los simuladores hiperreals de vuelo de los helicópteros militares SeaHawk y BlackHawk.
A la Península, la empresa controla el 80% de la Sociedad Española de Misiles, una sociedad que estuvo dirigida por el exministro Pedro Morenés hasta el año 2011. “El volumen de ventas de Indra ha crecido de manera exponencial desde su nacimiento gracias al proteccionismo del Estado y los convenios como suministrador de la mayoría de nuevas tecnologías en electrónica a empresas del sector militar”, escribía el investigador en paz y desarme Pere Ortega a la revista Papeles. Y añadía: “Como otras grandes empresas del oligopolio de industrias militares de España (Airbus Defence & Space o Navantia), Indra recibe múltiples ayudas y subvenciones del Ministerio de Industria y de las administraciones autonómicas donde se localizan sus factorías”.
Recientemente, la empresa anunció que había ganado el concurso para la instalación de sistemas de control y vigilancia, de control fronterizo marítimo y de control de la frontera turcobúlgara. tiene experiencia: Indra es la principal contratista de las vallas ceutís y Melilla. Según Jordi Calvo, coordinador e investigador del Centro Delàs: “El crecimiento de negocio de Indra también se debe de al hecho que se ha beneficiado de la adjudicación de contratos para militarizar las fronteras europeas. Indra forma parte del European Organization for Security –uno de los grupos de presión e influencia en la configuración de políticas de seguridad y defiende de la UE–, donde transfiere la idea que se tiene que responder a los movimientos migratorios con urgencia y contundencia”.
Aunque Turquía sea miembro de la OTAN, Calvo defiende que “se paren las exportaciones de armamento hacia el país, puesto que están alimentando otros grupos y conflictos a la zona”. Aún así, la línea del gobierno español sigue la posición expresada por Morenés hace unos años, cuando defendió la venta de armamento a países que no cumplen con la legalidad española –que prohíbe explícitamente la exportación de armas a estados donde estas se puedan utilizar para la represión interna o la violación de los derechos humanos: “Nada es perfecto en política o en el mundo, pero, si al menos se tiende a mejorar las cosas, pues es bastante admisible y lícito mantener contactos en el ámbito político y comercial”.
(Fuente: Directa.cat / Autor: Guille Larios)
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