Intimidación en las urnas: Las patrullas electorales de Trump

El 3 de noviembre de 1981 durante las elecciones para la gobernación de Nueva Jersey, el Comité Nacional Republicano desplegó una operación de patrullaje electoral masivo para asegurarse que el candidato de su partido ganara en esos comicios. Después del recuento de boletas que se extendió por varias semanas, se divulgó el resultado final: el republicano Thomas Kean “ganó” por una ventaja de 1 797 votos. Por cierto, el jefe de campaña del aspirante a gobernador fue Roger Stone, amigo personal de Trump y uno de los principales artífices de esa maniobra fraudulenta.

Esas elecciones y las tácticas empleadas han trascendido como el ejemplo más ilustrativo y escandaloso de una ofensiva republicana de hostigamiento e intimidación de votantes. Todo fue posible gracias a la creación del denominado National Security Ballot Task Force. Este grupo especial estaba integrado por sheriffs y policías locales, quienes fueron contratados por los republicanos para amenazar y coaccionar a los votantes afroamericanos e hispanos.

Esos agentes públicos el día de las elecciones se encontraban fuera de servicio, pero portaban sus armas de reglamento, empleaban sus sistemas de comunicaciones y exhibían el brazalete identificativo de la fuerza de tarea. Ese 3 de noviembre, esas patrullas electorales se dedicaron a impedir que los votantes de las minorías arribaran a los centros de votación y varios de los que pudieron llegar fueron sacados de las filas con el empleo de la violencia.

En ese contexto y como parte del ambiente de promoción del miedo, según la publicación The Conversation se colgaron carteles en las inmediaciones de los precintos electorales aludiendo a que esa área estaba patrullada por el National Security Ballot Task Force. También divulgaron avisos que promovían la recompensa de 1 000 dólares para aquellas personas que brindaran información sobre supuestas violaciones a las leyes electorales estaduales.    

Después de esos acontecimientos, el Partido Demócrata decidió presentar una demanda en diciembre de 1981 argumentando que no debían permitirse este tipo de acciones de intimidación y represión contra los votantes negros e hispanos. Como resultado de esta solicitud, en noviembre de 1982 a partir de una orden judicial se emitió un documento conocido como “compromiso de consentimiento”. El texto firmado por los republicanos señalaba que no volverían a emplear criterios raciales para garantizar la “seguridad de las boletas” ni desplegarían observadores electorales armados. Aunque el Partido Republicano continuó acudiendo a prácticas de supresión del voto durante varias décadas, estaba limitado legalmente a realizar una campaña al estilo de Nueva Jersey.

Tras varios intentos de los republicanos por levantar esa orden judicial, un juez de ese propio estado la dejó sin efecto hace apenas dos años. Después de casi cuatro décadas y coincidentemente en tiempos de Trump la situación se ha modificado sustancialmente y están creadas las condiciones para el despliegue de una fuerte ofensiva. Según la revista Rolling Stones, el abogado principal de la campaña de Trump, Justin Clark, sobre esta decisión afirmó: “por 40 años el Partido Republicano ha estado peleando esta batalla con una mano atada en la espalda”.

El levantamiento de esta prohibición, ha generado entusiasmo en los miembros del Partido Republicano encargados de implementar los planes para obstaculizar el voto de las bases demócratas. Según el medio The Intercept, el propio Clark a finales del 2019 en un encuentro con la Asociación Nacional de Abogados republicanos afirmó que lo diferente entre el día de las elecciones de este 2020 con el 2016 es que el “compromiso de consentimiento” no existe y enfatizó “será un programa más grande, mucho más agresivo y mejor financiado”.

Es evidente que los sucesos de Nueva Jersey están resonando con fuerza en el equipo de campaña de Trump como referente a seguir. Inspirados en este ejemplo, desde hace un tiempo vienen organizando con intencionalidad un grupo de acciones dirigidas a garantizar que el próximo 3 de noviembre alrededor de 50 000 observadores electorales estén en capacidad de impedir una eventual victoria del candidato demócrata.

Para lograr estos propósitos, los estrategas de campaña y el Comité Nacional Republicano han elaborado un diseño que comprende los siguientes aspectos: sólido respaldo financiero, estructuras de coordinación, acciones legales en estados competitivos y ejecución de las operaciones el día de las elecciones. Este andamiaje es necesario para asegurar la selección, reclutamiento, entrenamiento y despliegue efectivo de las patrullas electorales de Trump en los lugares de votación claves de los estados decisivos.

Con relación al financiamiento, disponen de fondos millonarios donados por una poderosa red de hombres de negocios, activistas conservadores y organizaciones vinculadas a la derecha religiosa que han tomado la decisión de apoyar a Trump bajo la convicción que es el presidente indicado para proteger sus intereses. En el centro de esta gestión financiera está el Honest Election Project, institución creada en febrero del 2020 que promueve campañas dirigidas a la supresión del voto.

El principal organizador de esta iniciativa es el influyente abogado y activista conservador Leonard Leo, quien es un donante importante de Donald Trump y artífice de las designaciones para la Corte Suprema de los jueces Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh. Según el periódico The Guardian, esta organización se financia con el llamado “dinero oscuro”, que son aquellas donaciones sobre las que no se conoce la identidad de los donantes, lo cual constituye un mecanismo para evadir controles y límites legales cuando se gestionan grandes sumas de dinero.

Dentro de los mecanismos organizativos, sobresale el grupo True the Vote que está registrado como una institución no lucrativa para preservar la “integridad de las elecciones”. Su directora Catherine Engelbrecht es la que está coordinando la selección, reclutamiento y entrenamiento de los observadores electorales republicanos. De acuerdo al medio The Intercept, durante una conferencia realizada en febrero de este año patrocinada por representantes de la derecha religiosa se promovió la necesidad de reclutar ex militares para estas funciones. En ese evento, Engelbrecht enfatizó que estas personas “entienden y respetan la ley, el orden y la cadena de mando”.

Según The Intercept, la organización True the Vote está realizando una convocatoria para reclutar ex miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses y ex policías para que formen parte de las patrullas electorales. Con ese mismo objetivo, han lanzado una iniciativa llamada “Continuando en el Servicio”, en la que esencialmente están vendiendo la idea de que involucrarse en este tipo de actividades es como si fuera una misión de combate y serían los “primeros en responder”.

Este trabajo de alistamiento ya se está desplegando simultáneamente en varios estados. En este contexto, la Asociación Nacional de Abogados republicanos participa en las sesiones de preparación de las personas que han sido seleccionadas para que conozcan los elementos legales necesarios. El Partido Republicano ya ha contratado en 15 estados claves a los directores para el día de las elecciones, quienes con sus asistentes se encargarán de reclutar y capacitar a los observadores electorales.

Sobre las acciones legales, el Comité Nacional Republicano anunció en febrero que gastarían 10 millones en la presentación de demandas. En la actualidad, esa cifra ha ascendido a 20 millones al iniciarse varios litigios en una docena de estados entre los que sobresalen Michigan, Minnesota, Pennsylvania y Florida. En el caso de este último, las pretensiones están orientadas fundamentalmente a impedir que el estado pague los sellos de las boletas por correo y que las boletas timbradas el día de las elecciones no sean contadas. En esencia, el objetivo es afectar la capacidad de las personas para ejercer el sufragio en particular las de bajos ingresos.

Todas estas acciones que se vienen realizando tienen como propósito estratégico que Donald Trump sea reelegido en cualquier circunstancia y empleando todos los medios disponibles. A partir de esta lógica, los republicanos consideran que las maniobras que se lleven a cabo el 3 de noviembre resultan importantes y, en especial, el papel que desempeñen sus observadores electorales podría ser determinante. Por lo tanto, es previsible una fuerte presencia de estas personas en los centros de votación que pueden decidir el resultado de las elecciones.

Recientemente la cadena Fox News durante una entrevista con Trump le preguntó si planeaba tener observadores electorales, él respondió: “vamos a tener de todo. Vamos a tener sherrifs y oficiales de aplicación de la ley”. Aunque legalmente esto no es posible, sí está claro que se desplegarán las patrullas conformadas por trumpistas que emplearán las siguientes tácticas intimidatorias: verificación exhaustiva de los votantes pertenecientes a minorías, hostigamiento a estas personas en el entorno de los precintos, promoción de altercados en los lugares de votación y presiones a las autoridades durante el conteo de las boletas.

Este tipo de comportamientos en las circunstancias que vive Estados Unidos marcada por una profunda polarización y por la promoción de la violencia, solo tendrán como resultado la generación de fuertes enfrentamientos, disturbios y represión policial. El nivel de agresividad en las manifestaciones y su impacto a nivel nacional no tendrían precedentes comparadas con las protestas que se desarrollan en estos momentos.

Este posible escenario profundizaría esa “etapa de oscuridad” que mencionó Biden durante su intervención en la Convención Nacional Demócrata caracterizada por la ira, el miedo y la división. No obstante, la alternativa para evitar esta situación es que una avalancha de votantes decida que ya es suficiente el daño que Donald Trump le ha causado a ese país y al mundo, lo que tiene que reflejarse abrumadoramente en las urnas el próximo 3 de noviembre. Esa es la única opción.

Fuente: www.cubadebate.cu