En Arabia saudí compran y venden mujeres marroquíes a través de internet para convertirlas en sirvientas semi-esclavizadas
En Arabia saudí las redes sociales transmiten imágenes de mujeres marroquíes que se venden como sirvientas domésticas a cambio de una suma de dinero, según el medio alemán Deutsche Welle.
Una fotografía difundida en Twitter muestra a dos mujeres marroquíes subastadas como empleadas domésticas. Una de ellas tenía 30 años de edad, con cinco años de experiencia laboral en Arabia saudí, y puede cocinar y limpiar, y le ofrecen 1.500 riales saudíes. A la otra la describien como “capaz de cocinar comida saudí y disfruta con los niños”. También se ofrece al mismo precio.
“Es un ejemplo de esclavitud”, dice a Deutsche Welle Yasmin Ajutat, una bloguera marroquí especializada en derechos de la mujer. Explica que las mujeres extranjeras que trabajan como empleadas domésticas en Arabia saudí tienen restringido muy severamente lo que pueden hacer. Por ejemplo, “muchos árabes saudíes no permiten que sus sirvientes tengan un teléfono móvil para comunicarse con sus familias”, explica.
En un anuncio publicitario, el vendedor decide subastar a una mujer marroquí como ama de llaves por “su ambición por conseguir un teléfono móvil”. En otro mensaje de Twitter, el pasaporte de una mujer marroquí le había sido confiscado a su titular y utilizado para anunciar su venta en la subasta.
Los sirvientes domésticos trabajan bajo el sistema “kafala”, un reglamento de Arabia saudí y otros países del Golfo en el que los patronos emplean a trabajadores extranjeros y siguen siendo responsables de los visados de las mujeres y de la residencia legal durante toda su estancia.
Este sistema feudal ha sido criticado por organizaciones que se oponen a las relaciones abusivas entre patronos y trabajadores. En algunos casos extremos, los patronos abusan física y mentalmente de sus trabajadores, rechazan el pago, se incautan de sus pasaportes y pueden negarse a dejarlos regresar a su país de origen.
En los anuncios hay casos de abuso de mujeres marroquíes. En 2015, por ejemplo, la marroquí Lamia Moatamid, que se casó con un árabe saudí, fue violada por su marido y encarcelada después de intentar denunciar el crimen. Hizo un llamamiento directo al rey Mohammed VI de Marruecos para que la salvara y fue liberada de la cárcel un año después. En febrero del año pasado, su patrono saudí arrojó por la ventana a una criada marroquí. Las redes sociales difundieron un vídeo en el que aparece conectada a una cama de hospital después del atentado.
En algunos casos, las mujeres sufren malos tratos. Muchas mujeres saudíes se indignan por la afluencia de marroquíes desde 2011, temiendo que las trabajadoras marroquíes seduzcan a sus maridos. Hay denuncias de agresiones, acusando a las mujeres saudíes de abusos. El canal alemán destaca que la especial relación entre Rabat y Riad no ha resuelto este problema recurrente desde 2011, año en que se abrió el mercado laboral saudí a las mujeres marroquíes.
(Fuente: Diario Octubre)
La esclavitud doméstica en Arabia saudí
Arabia Saudita debe implementar reformas del sistema laboral, la inmigración y la justicia penal para proteger a las trabajadoras domésticas de los graves abusos contra los derechos humanos que en algunos casos constituyen situaciones de esclavitud, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hace ya diez años. Con frecuencia, los empleadores no reciben ningún castigo por cometer abusos que incluyen meses o años de no pagar salarios, confinamiento forzado y violencia física y sexual, mientras que algunas trabajadoras domésticas se enfrentan al encarcelamiento o azotes por acusaciones espurias de robo, adulterio o “brujería”.
El informe de 133 páginas, “’Como si no fuera un ser humano’: Abusos contra trabajadoras domésticas asiáticas en Arabia Saudita” (As If I Am Not Human: Abuses against Asian Domestic Workers in Saudi Arabia) culmina dos años de investigación y está basado en 142 entrevistas con trabajadoras domésticas, funcionarios superiores de gobierno y reclutadores de trabajadoras en Arabia Saudita y en los países de origen de la mano de obra.
“En el mejor de los casos, las mujeres migrantes en Arabia Saudita disfrutan de buenas condiciones de trabajo y empleadores benevolentes, y en el peor de los casos las tratan prácticamente como esclavas. La mayoría se encuentran en medio de estos dos extremos”, señaló Nisha Varia, investigadora superior de la División de Derechos de la Mujer de Human Rights Watch. “El gobierno saudí debe extender las protecciones del derecho laboral a las trabajadoras domésticas y reformar el sistema de patrocinio de visas, para que las mujeres desesperadas por ganar dinero para sus familias no tenga que jugarse la vida”, agregó.
Se estima que los hogares saudíes emplean 1.5 millones de trabajadoras domésticas, principalmente de Indonesia, Sri Lanka, Filipinas y Nepal. Una cantidad menor procede de otros países de África y Asia. Aunque no existen estadísticas fiables sobre el número exacto de casos de maltrato, cada año, el Ministerio de Asuntos Sociales saudí y las embajadas de los países de origen de la mano de obra acogen a miles de trabajadoras domésticas con quejas contra sus empleadores o las agencias de contratación.
El exceso de trabajo y salarios no pagados, durante períodos que van desde unos cuantos meses a diez años, son algunas de las quejas más habituales. La Ley de Trabajo del Reino excluye a las trabajadoras domésticas, negándoles derechos garantizados para otros trabajadores, como un día de descanso semanal y el pago de las horas extraordinarias. Muchas trabajadoras domésticas tienen que trabajar 18 horas al día y siete días a la semana.
El restrictivo sistema de kafala (patrocinio) vincula las visas de las trabajadores migrantes con sus empleadores, lo que significa que los empleadores pueden negarles la posibilidad de cambiar de empleo o salir del país. Human Rights Watch entrevistó a docenas de mujeres que dijeron que sus empleadores las obligaron a trabajar contra su voluntad durante meses o años. Los empleadores retienen con frecuencia los pasaportes y encierran a las trabajadoras en la casa, lo que aumenta la situación de aislamiento y el riesgo de abuso psicológico, físico y sexual. Después de entrevistar a 86 trabajadoras domésticas, Human Rights Watch concluyó que 36 de ellas habían sufrido abusos que constituían trabajo forzoso, tráfico o condiciones similares a la esclavitud.
Human Rights Watch señaló que las trabajadoras domésticas, en lugar de ver a sus maltratadores ser llevados ante la justicia, lo más probable es que se enfrenten a contra-acusaciones por cargos de brujería, robo o adulterio. Y en dichos casos, las trabajadoras domésticas suelen sufrir graves retrasos en el acceso a intérpretes, asistencia legal o consular, o se les niega la ayuda.
Las sanciones son duras. En una muestra de casos examinados por Human Rights Watch, las penas por “brujería” o delitos “morales” como el adulterio o estar en presencia de hombres no pertenecientes a la familia incluyeron hasta 10 años de prisión y entre 60 y 490 latigazos. Las trabajadoras domésticas que resultan embarazadas como consecuencia de una violación también se enfrentan al enjuiciamiento si no pueden cumplir con las estrictas normas probatorias para demostrar el abuso.
En ausencia de eficaces mecanismos locales de resarcimiento, las misiones diplomáticas de Indonesia, Sri Lanka, Filipinas y Nepal desempeñan con frecuencia un papel esencial en ofrecer refugio, ayuda legal y asistencia a las trabajadoras que tienen reclamaciones salariales o causas judiciales. La demanda de servicios a las embajadas supera con creces sus recursos, y muchas trabajadoras domésticas se quejan de los largos períodos de espera con muy poca información sobre sus procesos y, en el caso de Indonesia y Sri Lanka, del hacinamiento en centros insalubres.
Más de ocho millones de inmigrantes trabajan en Arabia Saudita, lo que constituye aproximadamente un tercio de su población. Cubren vacíos fundamentales en los sectores de la salud, la construcción y el servicio doméstico, y apoyan las economías de sus países de origen, a los que enviaron 15,600 millones de dólares en 2006, alrededor del 5 por ciento del producto interno bruto de Arabia Saudita.
(Fuente: Web de Human Rights Watch)
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