El plan de recuperación económica en Venezuela, uno de los detonantes del intento de magnicidio del 4 de agosto (vídeos)
El Plan de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad diseñado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y el Ejecutivo se presenta como uno de los detonantes del intento de magnicidio del 4 de agosto.
La estrategia gubernamental pretende atacar los focos sensibles de la guerra económica y devolverle al país sudamericano la estabilidad a través del reordenamiento de la política monetaria y cambiaria que se implementará a partir del próximo 20 de agosto.
El plan implica una reorganización del subsidio a la gasolina y una despenalización (mediante la derogación por la Asamblea Nacional Constituyente de la Ley de Ilícitos Cambiarios) del mercado de divisas para restar influencia a los indicadores del dólar paralelo en la formación del sistema de precios.
En ese sentido, un informe emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano (MREV), luego del acto criminal perpetrado contra el jefe de Estado y el alto mando político-militar, reconoce que las medidas financieras dibujan un mapa donde se verán afectados los intereses económicos de las élites de algunas regiones de Colombia.
‘Importantes territorios del oriente de la nación neogranadina, sus élites políticas ligadas al narcotráfico y al paramilitarismo, incluso su tejido económico y empresarial, dependen del saqueo de los combustibles venezolanos para mantener un estado artificioso de soberanía económica, que no es tal’, enfatiza el texto de la cancillería.
Ante esta situación, las medidas planteadas por Maduro no sólo representan un cambio en las reglas del juego, que podría inhabilitar focos sensibles de la guerra económica, o lo que es lo mismo, la pérdida total del capital político de la oposición y Estados Unidos.
Igualmente, provocaría el descalabro de la subsistencia primaria del sistema paraeconómico que funciona al otro lado de la frontera colombo-venezolana, quienes viven del canibalismo del combustible de Venezuela, provocando pérdidas al Gobierno bolivariano valoradas, según estimaciones, en 18 mil millones de dólares anuales.
Las aseveraciones de las autoridades venezolanas de la implicación de la derecha de Colombia en el atentado se ven sustentadas en los cambios que experimentarán esas regiones fronterizas luego que se regule el comercio de la gasolina. ‘Razón suficiente para posicionar como política de Estado en Colombia, derrocar a Maduro para mantener el orden actual de las cosas’, sentencia el documento del MREV.
Etapa de conflicto postsanciones económicas
En aras de valorar de dónde viene el resto de los autores intelectuales del atentado, es evidente que el gran operador de la ofensiva contra Venezuela, Estados Unidos, ya tocó sus propios límites con la acuciante guerra económica que no ha podido derrocar a la Revolución bolivariana.
Los hechos después del 20 de mayo, tras la reelección por la vía democrática del mandatario venezolano, demuestran que Washington trata de avanzar por la vía de las sanciones y sólo logra el fortalecimiento y reconocimiento social de Maduro y su gabinete, ante los esfuerzos de mantener la paz y estabilidad social.
Avanzar por la vía militar tampoco es una opción para las autoridades estadounidenses en las condiciones actuales de la región, razón por la cual se acentúa la tercerización de las operaciones contra la economía y la seguridad de Venezuela desde Colombia, bajo mecanismos paramilitares, diplomáticos, comerciales y financieros.
Es evidente que ya el poder formal de la guerra económica como excusa para intervenir el territorio bolivariano, llegó hasta donde marcan los límites de la legalidad para la derecha nacional e internacional. Apuestan entonces por los ataques orientados a la criminalidad, los asesinatos políticos, como mecanismos de la guerra sucia y las jugadas extrapolíticas.
La imagen del intento de magnicidio fue consistente y sintetiza el nuevo escenario de recrudecimiento iniciado por la oposición después de las elecciones presidenciales, con el objetivo de crear un ambiente de inseguridad social y desestabilización económica. Razones para que si el Plan de Recuperación Económica busca frenar ese proceso, ‘entonces hay que socavarlo’, según demuestran las recientes acciones de la derecha.
Y si las sanciones y la presión internacional no pueden colocar a la población en contra del Gobierno, entonces apuestan por eliminar al líder; el mismo razonamiento de todos los detractores de los procesos progresistas, quienes asesinaron a Patrice Lumumba, Omar Torrijos y Ernesto Guevara. Matar, en esos términos, implica por sobre todas las cosas fracturar una sociedad, romperla para siempre. Eso buscaron los criminales el 4 de agosto, y nuevamente no pudieron.
Fragmentada y acéfala, carente de un proyecto de nación, la oposición en Venezuela y especialmente las facciones más reaccionarias de la ultraderecha centran su postura en atacar por todos los frentes al Gobierno democráticamente electo.
Resulta esta la misma derecha opositora que siguiendo instrucciones del Departamento de Estado de Estados Unidos, saboteó las posibilidades de diálogo en la mesa instalada en República Dominicana, rechazó participar en los comicios presidenciales del 20 de mayo y promueve sanciones económicas contra el país.
Lejos de inducir el caos en la sociedad, el magnicidio frustrado contra Nicolás Maduro ratificó la fortaleza de los poderes del Estado y la unión cívico-militar, y generó un amplio movimiento de apoyo popular al mandatario y las medidas que impulsa el Ejecutivo para avanzar en el Plan de Recuperación Económica.
(Fuente: Prensa Latina / Autora: Odette Díaz Fumero)
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