El Congreso español continúa considerando los detalles y autores del asesinato de García Caparrós como un secreto de Estado (vídeo)
El Congreso de los Diputados ha autorizado un acceso parcial a las actas de la comisión de la Cámara Baja que investigó el asesinato de Manuel José García Caparrós, un joven malagueño, sindicalista y trabajador de la fábrica de Cervezas Victoria, que murió hace 47 años por el disparo de un policía mientras participaba, junto a otros 200.000 andaluces, en las grandes manifestaciones por una autonomía que iba a ser equivalente a una soberanía limitada según la propaganda de la época, el 4 de diciembre de 1977 en Málaga.
La Mesa ha votado a favor de la desclasificación del expediente, pero manteniendo el anonimato de los nombres propios que aparecen en él, es decir, tachándolos de sus páginas. Esta decisión, avalada por el criterio jurídico de los letrados del Congreso, ha vuelto a cubrir con el velo del secreto al asesino y los responsbles policiales de García Caparrós.
Lo que ha autorizado el Congreso es lo mismo que ya se había hecho en 2017. La respuesta por escrito de la Mesa, a la que ha tenido acceso El Diario, reitera que “la documentación cuya consulta se solicita sin anonimizar tiene carácter secreto” y sólo el órgano rector de la Cámara Baja “podría autorizar” su consulta.
Pero acto seguido rechaza hacerlo porque la propia comisión que investigó la muerte del joven malagueño declaró que sus deliberaciones tenían “carácter reservado” y, por tanto, se mantiene el anonimato de los implicados “para proteger las declaraciones de los testigos convocados o las personas que se habían ofrecido voluntariamente como tales”. “El Congreso se impuso el deber de confidencialidad en relación con las declaraciones de los testigos”, reza el escrito.
Fuentes del Congreso explican que la decisión que ha adoptado la Mesa es coincidente con el acuerdo previo que ya se tomó hace ocho años, ante una solicitud idéntica, y que cumple las directrices de los letrados de la Cámara Baja. “Si lo hiciéramos al contrario cualquiera de los comparecientes que lo hicieron con esa prerrogativa podría denunciarnos, más aún tras conocer el criterio de los letrados. No podemos ir contra la ley ni contra los informes jurídicos”, abundan estas fuentes.
El informe también alega que en el dictamen de la comisión que investigó el asesinato del joven malagueño se encuentran “numerosos informes” de otras instancias, desde el Ministerio de Gobernación, hasta el Comandante Jefe de la Comandancia de Málaga, pasando por los centros sanitarios que atendieron a los heridos en la manifestación del 77. “El Congreso debería solicitar permiso para su difusión a los autores” de dichos informes, se advierte.
Sobre el asesinato del joven sindicalista malagueño se han escrito varios libros con información sacada de las actas del Congreso. Uno de ellos es Las muertes de García Caparrós, de la secretaria judicial Rosa Burgos, que en 2007 consultó la documentación del expediente. En este volumen señaló al cabo primero M. P. R., ya fallecido, como el policía que disparó la bala que mató al muchacho mientras se manifestaba en Málaga.
El informe de la Policía Armada recogía tres cargas policiales -32 agentes dispararon al aire- después de que los manifestantes colgaran la bandera andaluza de la fachada de la Diputación de Málaga, una de ellas en el lugar en el que recibió el tiro mortal. Algunos de esos agentes fueron “expedientados y arrestados” por aquel suceso, según el expediente.
Sin embargo, el Estado español se afana en ocultar un secreto de Estado ya revelado. La película-documental 23 disparos ya reveló en 2018 el nombre del policía que asesino a Manuel José García Caparros. Solo falta que las instituciones responsables asuman públicamente los hechos:
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