El conflicto de Papúa Occidental se intensifica

Las condiciones de detención de un activista independentista, en riesgo de morir en prisión, son la punta del iceberg de la intensificación del conflicto en Papúa Occidental desde hace meses. Entre los ingredientes del contexto están las protestas de papúes contra el recorte de una autonomía por el gobierno indonesio que ya antes consideraban insuficiente, la represión continuada de las fuerzas indonesias contra los manifestantes -con ofensas racistas por medio- y los choques entre el ejército y una organización armada independentista, que han costado las vidas de varios combatientes.

La semana pasada, la relatora de Naciones Unidas sobre los derechos de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, alertaba sobre el activista independentista Victor Yeimar que corre el riesgo de morir después de que las autoridades indonesias le estén restringiendo, desde hace meses, un acceso adecuado a los tratamientos médicos que necesita. Está encarcelado desde mayo, acusado de los delitos de traición e incitación a la violencia después de haber participado en manifestaciones a favor del derecho a la autodeterminación de Papúa Occidental en 2019.

Yeimar es el portavoz del Comité Nacional de Papúa Occidental (KNPB), una de las organizaciones creadas en Papúa Occidental los últimos años para denunciar la ocupación indonesia, la expoliación de los recursos naturales, la violación de los derechos humanos, el racismo institucional y la negación del derecho a la autodeterminación.

Papúa Occidental, antigua colonia de los Países Bajos, fue cedida por este país en Indonesia en 1962, que la ocupó militarmente el año siguiente. En 1969, Indonesia organizó un referéndum en el que sólo pudieron votar 1.026 personas, escogidas por el ejército. El resultado fue unánime a favor de la anexión. Desde entonces, un conflicto armado entre Indonesia y organizaciones papúes ha producido cientos de miles de muertos en Papúa. Parte han tenido lugar en masacres cometidas por el ejército indonesio contra las poblaciones papúas durante cinco décadas,  que aún están siendo documentadas y cuantificadas.

Los movimientos papúes -históricamente desde el exilio pero, recientemente, cada vez más organizados dentro de Papúa mismo, como el KNPB- reclaman la implementación del derecho a la autodeterminación de Papúa Occidental que, denuncian, les fue negada en 1962. El gobierno indonesio argumenta que los Países Bajos habían retenido ilegalmente Papúa Occidental en 1949, cuando Indonesia obtuvo la independencia, y que, en consecuencia, Indonesia tenía el derecho de recuperar el territorio una vez la potencia colonial se retirara. El máximo que Yakarta ha aceptado hasta ahora es conceder una autonomía limitada en Papúa Occidental, en 2001.

Autonomía recorte y racismo institucional

La autonomía ha sido implementada de manera lenta e incompleta, y sin consulta previa con las organizaciones de Papúa Occidental. Los ánimos en Papúa se crisparon aún más este 15 de julio, después de que el Parlamento indonesio aprobara la extensión de la ley autonómica durante 20 años más. La mayor parte de los papúes reclaman el ejercicio del derecho a la autodeterminación, pero además, denuncian que la nueva ley recentraliza competencias hacia Yakarta y abre la puerta a dividir Papúa Occidental en varias regiones administrativas (actualmente son dos). Por el contrario, el gobierno indonesio asegura que la ley contribuirá a mejorar los estándares de vida en el país.

La situación de Yeimar y la extensión de la ley autonómica son dos de los factores que están empujando a la población papú a salir a las calles a protestar contra la ocupación de su país. Y las fuerzas indonesias están respondiendo como es habitual: con brutalidad, agrediendo a los manifestantes y mostrando su racismo contra los papúes. Así lo denuncian las organizaciones papúes y Amnistía Internacional, que ha publicado un informe crítico con la actuación policial durante las protestas de julio y agosto en varias ciudades de Papúa Occidental y Yakarta. La organización pro derechos humanos documenta que las fuerzas indonesias dispararon fuego real contra manifestantes pacíficos, los golpearon con porras y han llamado “monos” a varias personas detenidas. Los pueblos papúes, melanesios, tienen la piel más oscura que el resto de indonesios, y son a menudo objeto de este tipo de insultos racistas.

La vía armada

Paralelamente se desarrolla un conflicto armado entre el ejército indonesio y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional de Papúa Occidental (TPNBP), que este año ha dejado un número indeterminado de muertos en choques que a menudo se localizan en regiones selváticas y montañosas. Uno de los más reportados ha sido el ataque que el TPNBP llevó a cabo el 2 de septiembre contra una posición militar del ejército a Maybrat, en el extremo occidental del territorio, con el resultado de cuatro soldados muertos.

En un comunicado, la organización armada papú aseguró que los ataques continuarán mientras Indonesia mantenga el empleo de Papúa Occidental. El TPNBP tiene una capacidad militar muy limitada, pero suficiente para preparar emboscadas o asaltos rápidos en lugares aislados, habitualmente dirigidos contra militares pero, ocasionalmente, también contra personal civil al servicio del Estado indonesio.

A partir de esta situación, el gobierno indonesio ha declarado este 2021 a la OPM, organización madre del TPNBP, como “grupo terrorista”. Según la organización indonesia proderechos humanos KontraS, la designación deja entrever que el gobierno indonesio prioriza una salida militar al conflicto y teme que pueda ser utilizada para perseguir activistas papúes pacíficos bajo acusaciones genéricas de terrorismo.

La violencia de estos choques impacta negativamente en las poblaciones locales. El incidente de Maybrat, por ejemplo, ha provocado el desplazamiento de varios miles de personas.

El exilio ve una estrategia oscura

Desde Londres, Benny Wenda, líder de la principal organización papú en el exilio, el ULMWP, dice que los incidentes armados son provocados por el ejército indonesio con el objetivo de tener pretextos para incrementar la militarización de Papua y profundizar en el desplazamiento de decenas de miles de personas. Según la ULMWP, el objetivo es facilitar las condiciones para la explotación de los recursos naturales de Papúa. La organización asegura que hay “vínculos profundos” entre las fuerzas especiales del ejército, generales retirados y varios proyectos extractivos.

Entre estos proyectos hay de mineros y también de la industria de las plantaciones. Greenpeace ha publicado este 2021 un informe detallado en el que denuncia la connivencia entre sectores gubernamentales y empresas privadas para la obtención de permisos de explotación, con “numerosas irregularidades”, en un sistema donde los pueblos papúes son “marginados” y desposeídos.

En conjunción con esto, el gobierno indonesio continúa construyendo cientos de kilómetros de carreteras en Papúa Occidental, en la lógica del “desarrollo económico” y de “apertura” hacia la economía de Indonesia. Yakarta asegura que es la vía más rápida para la mejora de las condiciones de vida en el territorio.

Pero, por Benny Wenda, “esto no va sobre ‘desarrollo’ o sobre cuántos puentes y carreteras se construyen. Va de nuestra soberanía, de nuestro derecho a la autodeterminación, de nuestra supervivencia “.

Fuente: Nationalia.