Critican la “ley de la vivienda” por no solucionar los problemas existentes ni garantizar el derecho de la vivienda

Las principales entidades por el derecho de la vivienda, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el Sindicato de Inquilinos de Catalunya, han criticado con dureza el acuerdo del gobierno español con ERC y EH Blidu para modificar la ley del vivienda española y facilitar su aprobación, ya que consideran que el texto legal queda corto. En un comunicado, el Sindicato de Inquilinos habla de una regulación de los alquileres falsa y dice que, tal y como es redactado el texto jurídico, facilitará que los precios sigan subiendo. “El pacto anunciado permite subidas encubiertas, abre la puerta al fraude de los contratos de temporada y no pone soluciones reales a la crisis de la vivienda“, dice. 

El equipo jurídico del Sindicato de Inquilinos catalán ha estudiado el borrador del proyecto de ley, y dicen que la imprecisión de la propuesta no conseguiría frenar el aumento de precios y piden “corregir estos agujeros”. El acuerdo de los grupos políticos dice que, en las zonas tensadas por el precio del alquiler, los grandes tenedores no podrán aumentar los alquileres por encima de un índice de precios y los pequeños propietarios más allá del contrato anterior. Ahora, según el Sindicato de Inquilinos, se podría sortear la regulación: “Se anuncia que el precio del nuevo contrato no puede superar el del anterior, pero la realidad es que es muy fácil esquivar la norma. Tal y como es planteada, se podría subir el precio haciéndolo pasar como gastos de IBI ”.

El acuerdo político del gobierno español con ERC y EH Bildu dice que se prohíbe aumentar las rentas de alquiler por la vía de nuevos gastos, que obligarían a los inquilinos a abonar gastos de comunidad, tasas de basura o cualquier otro gasto no atribuible al inquilino que no se hubieran acordado antes. Pero fuentes del Sindicato de Inquilinos precisan que, en el texto legal, en esta cuestión se excluye explícitamente el IBI, algo que ERC y EH Bildu no explican .

Aparte, el Sindicato de Inquilinos también avisa que bajo esta premisa se crearía un incentivo peligroso: “Expulsar al inquilino actual para poder subir el precio sin límite a un nuevo inquilino, que tendrá muy difícil comprobar cuál era el precio del anterior contrato y si incluía gastos adicionales o no”. Sobre el papel, un posible nuevo inquilino puede pedir la documentación del alquiler anterior, pero la desigualdad entre la figura del propietario y la del posible inquilino podría hacer que si el propietario considera que un posible inquilino lo cuestiona mucho, le alquile el piso a alguien otro.

La entidad también denuncia que se podría subir el precio de un 10% alegando reformas, y lo ejemplifican diciendo que cualquier cambio presentado como una mejora de la accesibilidad, por pequeña que sea, como una rampa y un videointerfono.

Crítica a los límites de las subidas de precios

El Sindicato de Inquilinos tampoco encuentra adecuados los términos que se establecen sobre el aumento de la renta año a año. Este año, este aumento se limita a un 2%, y el próximo año sería de un 3%, pero el acuerdo deja abierta la limitación a partir de 2025, dado que se regirá por un índice todavía no acordado, pero que único límite establecido es que no supere el IPC. Ahora, esto no limita que, tal y como denuncia la entidad, puedan volver a subirse desproporcionadas vinculadas al IPC, por más que el aumento porcentual esté por debajo de la tasa anual de ese momento.

Además, dicen que con el redactado de la ley los arrendadores podrían realizar subidas sin límite recurriendo a la figura del alquiler de temporada . “Dicho de otro modo: el arrendador que quiera saltarse la regulación sólo tiene que poner su piso como alquiler de temporada, como ya ocurre ahora”, denuncian.

Por último, critican que las medidas no se acompañan de un régimen sancionador, por lo que no creen que sean efectivas, ni un reconocimiento de los sindicatos y más entidades de defensa del derecho de vivienda como un interlocutor en casos de conflicto. “Aparte, no son ninguna solución para los miles de personas que esperan un desahucio”, añaden.

Por otro lado, reconocen que se han incluido medidas de sentido común, como el hecho de que el pago de los gastos de agencia deba asumirlo el propietario, y no el inquilino.

Por todo ello, consideran que la regulación hoy anunciada no es la que los sindicatos y la inmensa mayoría de la población piden, y exigen a los partidos políticos corregir los errores y hacer una regulación efectiva de los alquileres.

La PAH dice que continuarán los desahucios de gente vulnerable

La PAH cree que, tal y como queda la ley, continuará sin solucionar los principales problemas a la hora de garantizar el derecho de la vivienda, y avisa de que no permitirá acabar con los desahucios de gente vulnerable porque no tienen una alternativa donde vivir. También critica que las familias hipotecadas hayan quedado fuera del acuerdo en un contexto con el Euribor al alza.

En un comunicado, celebra que se hayan dado pasos para aprobar una ley varada de hace tiempo, pero ve insuficientes las medidas pactadas y dice tener mucho margen de mejora. Pese a que el texto pactado incluye nuevas prórrogas a los procedimientos de desahucio, para la PAH esto supone “alargar la agonía” de las familias. Además, recela de la obligación de someterse a una mediación sin que deba respetarse su resolución.

La PAH también muestra preocupación por el hecho de que el nuevo acuerdo contemple el uso de fondos del plan estatal de vivienda para pagar los realojos de las familias desahuciadas e incluso los alquileres sociales bonificados. Esto, dicen, en la práctica esto consistirá en un “nuevo traspaso de dinero público a manos de grandes tenedores como bancos y fondos buitre en vez de obligarlos a corresponsabilizarse de la actual emergencia habitacional ya movilizar a los viviendas vacías”.

La PAH alerta de la falta de mecanismos para movilizar las viviendas vacías, y recalca que los partidos políticos deben aceptar que en España no hay vivienda pública y que la administración no tiene alternativas para las familias que no pueden pagar. También, critica las medidas que el gobierno español ha tomado hasta ahora ante el encarecimiento de las hipotecas y las tilda de “cosméticas”.

La plataforma reivindica los “pequeños avances” del texto y les atribuye a la presión de los movimientos sociales, como la prohibición de los desahucios con fecha abierta, la rebaja de la definición de grandes tenedores y el blindaje de las competencias de las comunidades autónomas.

Fuente: Vilaweb.