Concierto sanitario de MUFACE con aseguradoras privadas: “quieren aumentar sus beneficios económicos a costa del Estado”
Hace unos días las aseguradoras privadas, ADESLAS, ASISA y DKV, pusieron de nuevo sobre la mesa su voluntad de no continuar el concierto de MUFACE.
La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, MUFACE, es según una nota de prensa del sindicato USTEA “la treta histórica que posibilita que el funcionariado del estado español reciba asistencia privada de forma gratuita. Desde 2011 se incorporó la posibilidad de que se escogiese la sanidad pública o privada al personal funcionario docente de nueva incorporación”. En los últimos diez años ha aumentado un 66% el número de personas funcionarias que eligen la sanidad pública.
Este inicio de curso, Adeslas, ASISA y DKV, que representan el lobby de la sanidad privada en el estado español, presionaron al gobierno estatal para que aumentase su inversión en los presupuestos para el concierto 2025-2026. Hasta este curso había sido de 2.682 millones de euros. De esta forma, estas aseguradoras privadas recibían una prima media de 1.032,12 euros por cada mutualista. De toda la financiación de MUFACE, tan solo el 20% salía de los mutualistas afirma el sindicato, mientras que el resto de esta asistencia médica privada corría a cuenta de las arcas públicas.
Estas tres aseguradoras privadas han declarado estos días que el modelo MUFACE está “infrafinanciado” y por esto no van a presentarse al concierto sanitario, ya que el gasto de prestaciones médicas que asumieron fue de un 10% superior a la prima recibida. Los medios de comunicación se han hecho eco desde el inicio de las negociaciones de la complejidad que supondría para el Sistema Nacional de Salud absorber a los 1’5 millones de funcionarios/as que estaban inscritas a la sanidad privada.
Desde USTEA afirman que “estas empresas privadas quieren aumentar sus beneficios económicos a costa del Estado”. Y concluyen que “bajo la premisa de la libertad de elección para el funcionariado, MUFACE se ha planteado como un privilegio. Sin embargo, es una herramienta que no solo desvía fondos públicos a empresas de salud privadas, sino que desprovee al funcionariado de la capacidad de asistir al sistema sanitario con mayor capacidad asistencial, el público”.
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