Comunicado de USTEA: Educación y racismo: el caso de Ventas de Zafarraya
La educación de adultos está en peligro en Ventas de Zafarraya. El cierre del aula el 9 de agosto por parte del ayuntamiento ha interrumpido la impartición normalizada de clases en un período de especial demanda en esta zona, donde tradicionalmente se asientan muchos inmigrantes que realizan trabajos agrícolas (pese al cierre, el maestro continúa enseñando en la calle, tal y como se ve en esta fotografía).
La labor de alfabetización, inmersión lingüística y cultural e integración social que realiza el maestro Eduardo Arrebola es un ejemplo de magisterio y compromiso educativo que este sindicato quiere remarcar y elogiar. Sin embargo, esta labor ha sido cuestionada desde la misma alcaldía, cuyo alcalde al parecer sostiene que la educación de adultos genera en el pueblo un pernicioso efecto llamada. El alcalde niega haberse manifestado en estos términos, pero lo cierto es que está haciendo bien poco por desmentirlo: bastaría que hiciera público su apoyo a la labor que el maestro realiza y que le permitiera ejercer su trabajo en período vacacional, algo que en cambio sí le permite la delegación de educación para adaptar el calendario a las necesidades educativas de la zona. Este razonamiento puramente xenófobo que está detrás de las excusas municipales para el cierre veraniego de la escuela de adultos en la localidad (arreglo en el aula, próxima jubilación del maestro…) está en la misma línea que los que están utilizando los gobiernos de algunos países como el nuestro para obstaculizar, impedir y perseguir las labores de ayuda humanitaria que realizan diferentes ONGs en alta mar (véase el caso del Open Arms o la persecución que ha sufrido Elena Maleno), prácticas todas que acaban criminalizando cínicamente a activistas de los derechos humanos y contradiciendo normas básicas de esos mismos países.
En el caso que nos ocupa, no tenemos que ir muy lejos para encontrar en nuestra Constitución el derecho a la educación como derecho universal (art. 27), la obligación de todos los poderes públicos para “facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, social y cultural” (art.9.2).Pese a que el mismo Estatuto de autonomía recoge entre las competencias en materia de inmigración, ”las políticas de integración y participación social, económica y cultural de los inmigrantes” (art. 62.1), así como las competencias propias sobre educación y servicios sociales, es preciso recordar que el único acuerdo sobre inmigración del actual gobierno andaluz (acuerdo num. 20) hace hincapié exclusivamente en materia de seguridad y protección de fronteras. De hecho, en el ámbito educativo los recortes a la atención a los inmigrantes vienen ya del anterior gobierno. USTEA Granada denunció a comienzos del curso anterior la situación de las aulas de interculturalidad: pocas y con horario insuficiente. En concreto, denunciábamos que en el CPR Los Castaños de Venta de Zafarraya y en el CEIP Enrique Tierno Galván de Zafarraya, con la mitad de su alumnado inmigrante (en torno a 100 en cada uno), había un único docente de interculturalidad que iba a cada centro sólo una vez por semana.
El sindicato USTEA de Granada denuncia el abandono de sus obligaciones educativas tanto por parte de la Consejería de Educación como del ayuntamiento de Ventas de Zafarraya. En el caso de su alcalde, le instamos a que abra inmediatamente el aula de educación permanente y que propicie la integración de los inmigrantes. En el caso de la Consejería de Educación le pedimos que amplíe la oferta de aulas de Interculturalidad, aumentando recursos humanos y horarios. En el caso de la Delegación de Educación pedimos su intervención directa en este asunto y que supervisen con la mayor diligencia la sustitución del maestro en vías de jubilación.
USTEA Granada Educación
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