Colombia: Tras los acuerdos de paz aumenta la represión y la actividad paramilitar. Ex FARC amenazados y campesinos asesinados
Las FARC han solicitado una reunión extraordinaria con el gobierno de Colombia para evaluar la situación de seguridad que afecta a sus antiguos combatientes y familiares. Han denunciado amenazas de muerte contra sus militantes por grupos de reaccionarios, según expresaron en una rueda de prensa.
Desde que el año pasado el movimiento guerrillero firmó el acuerdo de paz con el gobierno, que los llevó a su desarme y los convirtió en una nueva fuerza política, han sido asesinadas unas 25 personas entre antiguos combatientes, colaboradores y familiares.
Uno de los representantes de la organización, Carlos Antonio Lozada, denunció este hecho y afirmó que han recibido amenazas de muerte en días recientes mediante correos electrónicos. “Exigimos al gobierno nacional plenas garantías para que en el marco de los acuerdos de paz firmados, estas amenazas no queden en la impunidad”, expresó Lozada.
Consideran que detrás de la campaña de intimidación existe un grupo autodenominado Autodefensas Unidas de Colombia, organización paramilitar que hasta 2006 estuvo activa y aniquiló a cientos de campesinos.
En un comunicado las FARC rechazan las amenazas contra la Fundación Legado y la organización Juventud Rebelde y convocan a todos los sectores del país para movilizarse “en defensa de la vida, como premisa fundamental para que pueda haber paz estable y duradera”.
Lozada pidió a los antiguos Presidentes de los gobiernos de Uruguay, José Mújica, y de España, Felipe González, quienes son verificadores del acuerdo “de paz”, que tomen en cuenta sus denuncias.
Comandante disidente de las FARC muere en un operativo militar
Un comandante de la disidencia de las FARC conocido con el alias de “Euclides” murió en una operación militar realizada en el selvático y lluvioso departamento del Guaviare (sureste), acaba de informar el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.
“FF.AA. abatieron a Euclides, disidente de FARC, en Guaviare”, escribió el jefe de Estado en Twitter en donde agregó que el “mensaje es claro: entréguense, de lo contrario les espera la cárcel o la tumba”.
El Ministerio de Defensa, indicó en Twitter que Euclides Mora estuvo en las filas de las FARC durante 32 años y que desde el año 2005 “era de los principales cabecillas de la organización”. Añadió que el guerrillero muerto fue jefe de los frentes 39, 52, 54 y 62 y que desde el año pasado era “cabecilla de Crimen Residual”, que es como llama la oligarquía a los partidarios de continuar la lucha armada.
En diciembre del año pasado el Estado Mayor de las FARC apartó de sus filas a “Gentil Duarte”, “Euclides Mora”, “John Cuarenta”, “Giovanny Chuspas” y “Julián Chollo”, quienes en ese momento cumplían tareas de mando en la organización guerrillera.
Según las FARC se apartaron de la línea político-militar trazada por la dirección, que firmó un acuerdo de paz con el gobierno colombiano el pasado 24 de noviembre, que es una claudicación del movimiento guerrillero después de 52 años de lucha. Sin embargo, algunos guerrilleros se opusieron al acuerdo y otros fueron expulsados del grupo armado por no asumir las directrices de la dirección de las FARC.
Actualmente los disidentes operan en departamentos como Guaviare, Guainía y Vichada, estos dos últimos limítrofes con Venezuela, así como en Nariño, fronterizo con Ecuador, especialmente en la localidad de Tumaco.
Masacre en Tumaco
Desde el 28 de septiembre, miles de colombianos se encuentran en protesta pacífica en Tumaco, exigiendo se detenga el asesinato contra los campesinos y el desalojo forzado de las tierras que trabajan, así como el cumplimiento de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la Farc. Los campesinos protestan pacíficamente en rechazo a la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito y exigen el cumplimiento de los acuerdos sobre sustitución voluntaria.
A las 9:30 de la mañana de este jueves, más de mil campesinos se acercaron a miembros de la fuerza pública que erradicaban manualmente los cultivos en Temuco. De pronto, los integrantes de la fuerza armada amenazaron y dispararon armas de fuego contra la multitud dejando a nueve personas muertas y 18 heridos.
Diversas organizaciones sociales en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), exigieron este viernes a la justicia que se esclarezcan los hechos suscitados en la masacre contra la población campesina de Temuco, en Colombia.
Hasta el momento, el lamentable episodio que ocurrió el pasado jueves, registra al menos seis personas asesinadas y otras 18 heridas (según cifras gubernamentales), cuando un grupo de más de 200 campesinos e indígenas se encontraban en esa zona protestando contra la erradicación forzada de matas de coca que iba a realizar una unidad del Ejército Nacional.
Al respecto, el presidente de la Farc, Rodrigo Londoño, expresó su posición a través de la red social Twitter y exigió que con inmediatez se envíe una misión de verificación en Tumaco “que identifique con veracidad los responsables de la masacre a campesinos movilizados”.
Agregó que los medios de comunicación colombianos tergiversan la información sobre los hechos y buscan ocultar la verdad. “La verdad: Campesinos en Tumaco hacen resistencia a erradicación forzada de cultivos de uso lícito. La erradicación forzada acompañada de la bala, son medidas insensatas y criminales”, agregó Londoño advirtiendo al presidente colombiano, Juan Manuel Santos.
Por su parte, Pablo Catatumbo, integrante del Consejo Político Nacional de la Farc, repudió la masacre y responsabilizó a las fuerzas públicas por lo ocurrido, al tiempo que exigió al Gobierno colombiano la investigación a fondo del acontecimiento, para esclarecer los hechos y dar con los responsables del “atroz crimen y se brinden garantías de justicia, reparación y no repetición”.
A su vez el ELN, que actualmente se encuentra en los diálogos de paz con el gobierno colombiano y mantiene un cese al fuego desde el 1 de octubre, manifestó a través de sus redes sociales en Twitter su condena a la masacre y exigieron la intervención con urgencia de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, así como el apoyo internacional ante la gravedad de los hechos.
Las organizaciones sociales han expresado su apoyo a la población local alegando que Tumaco “es una de las zonas más marginadas del país donde las familias han tenido que recurrir históricamente a la siembra de cultivos de uso ilícito para garantizar sus mínimos vitales y supervivencia”.
Mientras que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, así como el ministerio de Defensa, aseguran que los hechos ocurridos en Tumaco, fue una “respuesta” al uso de cilindros bomba contra los uniformados, la comunidad campesina de Temuco desmiente la versión.
“No hubo ningún combate lo que hubo fue una masacre”, dice la Asociación de Juntas de Acción comunal de los ríos Nulpe y Mataje. Otras organizaciones aseguran que no hay pruebas del uso de cilindros,y piden con urgencia una Misión de Verificación de los Hechos y urgen al estado colombiano que investigue y sancione a los responsables.
Líderes sociales denuncian amenazas de multinacionales
Por otro lado, líderes sociales en Colombia denuncian la vulneración de los derechos de la población y al hábitat de algunas regiones por parte de empresas multinacionales.
Un informe presentado por el Colectivo de Abogados Jaime Alvear Restrepo, denuncia que algunas empresas multinacionales extractivas vulneran los territorios y amenazan a líderes sociales que se atreven a denunciar sus violaciones.
Empresas de hidrocarburos como Pacific E&P y del sector eléctrico como Emgesa son dos de las multinacionales que vienen haciendo toda clase de vulneraciones a las comunidades circundantes y su biótica.
Los abogados defensores de estas comunidades dicen que no descansaran con sus denuncias hasta que las multinacionales que extraen los recursos cumplan con las normas que exige el Estado colombiano.
El Colectivo de Abogados Jaime Alvear Restrepo señala que son cuatro multinacionales que han sido denunciadas, sin embargo, el Gobierno nacional parece no conocer estas denuncias o se hace el de los oídos sordos pues nunca se ha pronunciado al respecto.
¿Qué cambió con la dejación de armas de las FARC?
El 26 de junio pasado las FARC-EP concluyeron el proceso de dejación de armas con la entrega de 7.132 de tales elementos al sistema de Naciones Unidas. Se fijó como fecha el primero de agosto para trasladar esas armas fuera de las zonas veredales para su destrucción; así mismo, se continuará con la inspección de las caletas.
En Colombia la gran mayoría de los habitantes no tiene condiciones mínimas de bienestar, mientras unas cuantas familias acumulan capital y sirven de puente para que las multinacionales se apropien de los recursos naturales y de riqueza social. Tal es la causa del conflicto social, político y armado que se vive en este país desde hace más de 53 años.
La guerrilla de las FARC, luego de un proceso de diálogo con el gobierno nacional, ha decidido dejar las armas y continuar su lucha desde el campo legal. Pero al colombiano de a pie le genera dudas el proceso, tal vez porque el acceso a la información es muy poco o recibe información manipulada de acuerdo a los intereses de los que ostentan el poder. En esa negociación ha salido del juego un actor armado, al cesar sus acciones y entregar sus armas, pero la violencia en la mayor parte del país continúa.
El paramilitarismo, entendido como un mecanismo de guerra sucia del Estado, se ha hecho evidente en los casos recientemente ventilados en los medios de comunicación, en los cuales altos funcionarios públicos, tanto civiles como militares y de policía, se han visto envueltos en investigaciones por sus nexos con estructuras paramilitares.
Tal como lo han denunciado defensores de derechos humanos y víctimas, el paramilitarismo como una forma encubierta de actuar por parte de la fuerza pública y de sectores del poder económico, se sigue expresando en acciones violentas contra la población civil y en el control territorial en algunas regiones de Colombia.
De acuerdo a un informe presentado en el mes de enero por INDEPAZ, se evidenció la presencia de estructuras paramilitares en 344 municipios de 31 departamentos del país[1].
Por otra parte, medidas estatales como la reciente reforma tributaria y la ley de tierras, entre otros actos legislativos promovidos por el Estado, sumado a las necesidades básicas insatisfechas, generan en el país una sensación de desconfianza en su dinámica social y política.
Como si fuera poco, el gobierno nacional y las demás autoridades del Estado han venido incumpliendo los compromisos hechos con comunidades y movimientos sociales del país, tales como la titulación de tierras, la entrega de subsidios para los pequeños productores y la superación de la crisis de la salud. Lo mismo ha pasado con las FARC, a quienes les han bailado el indio con la implementación de los acuerdos.
La mayoría de los miembros de esa organización que se encontraban privados de la libertad a la firma del acuerdo, continúan en las cárceles, ya que los jueces les han negado la libertad en aplicación de la amnistía que ya está vigente. Más aún, varios de los que han salido en libertad, fueron asesinados en lo que va corrido del año, en departamentos como Causa, Nariño y Chocó.
Mientras al mundo se le vende la idea del fin del conflicto y la Paz, las comunidades del Chocó y Buenaventura debieron salir a protestar por derechos básicos insatisfechos. En pleno siglo XXI la gente debe salir a las calles a exigir cosas tan elementales como acueducto, alcantarillado, escuelas, colegios, hospitales o carreteras, entre otras necesidades sin resolver por parte del Estado. Eso dice realmente el momento que vive el país.
Lo anterior solo por citar algunos ejemplos, claro está, sin dejar pasar asuntos de gran calado para el país como la corrupción, el asesinato sistemático y la judicialización de líderes sociales, que hablan de las verdaderas intenciones de Paz del sistema.
Esa Paz de la cual hablan el gobierno, los ricos y las empresas multinacionales, le es ajena a la sociedad en general. Porque el hecho de que uno de los actores armados deponga o entregue sus armas no ha propiciado que las condiciones de vida de la gente mejoren, ni que se resuelvan los problemas más sentidos. Por el contrario, esa ilusión ha sido aprovechada por todos ellos (el gobierno, los ricos del país y las multinacionales) para afirmarse en el poder en el campo político, social, cultural, económico, religioso, etc., para garantizar que seguirán acumulando riqueza y apropiándose del territorio para sus intereses.
En ese orden de ideas, ¿qué ha cambiado con la dejación de armas por parte de las FARC? Y si no cambiado nada, ¿Cómo logrará el pueblo colombiano obtener mejores condiciones de vida?
[1] XII Informe sobre presencia de grupos narcoparamilitares https://colombiaplural.com/wp-content/uploads/2017/02/XII-INFORME.pdf
(Fuente: Diario Octubre / TeleSur / Resumen Latinoamericano)
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