Málaga: Colectivos sociales, sindicales y políticos piden un bosque urbano en los terrenos de Repsol

Grupos políticos (PSOE, Málaga Ahora, IU-Málaga para la Gente y el edil no adscrito Juan José Espinosa), los sindicatos CC OO y UGT, asociaciones ecologistas como WWF y Ecologistas en Acción, profesionales de la arquitectura y del Colegio de Geógrafos, la asociación de consumidores Facua y las federaciones vecinales Unidad y Solidaridad forman parte de la mesa de trabajo impulsada por la plataforma ciudadana Bosque Urbano Málaga con el objetivo de seguir reivindicando la creación de una gran zona verde en los terrenos de las antiguas instalaciones de Repsol en la ciudad.

Esta unión de una quincena de colectivos ha sido escenificada este lunes en esta parcela de 17 hectáreas en las que el planeamiento urbanístico vigente contempla cuatro rascacielos de hasta 34 plantas, áreas comerciales, un hotel y un parque de 70.000 metros cuadrados. “Nos estamos uniendo toda la parte de la sociedad malagueña que quiere una gran zona verde con el objetivo de explicar a la ciudadanía por qué es importante contar con un pulmón verde en unos distritos tan masificados como Carretera de Cádiz y Cruz del Humilladero”, ha explicado el portavoz de la plataforma, Pedro Francisco Sánchez, quien ha hecho un llamamiento a los malagueños para que se sumen a la concentración convocada para la tarde del próximo día 23 en la plaza de la Marina.

Todos los colectivos asistentes al encuentro de esta mañana, que empezarán a trabajar desde esta misma tarde para marcar una hoja de ruta, han coincidido en que el éxito o el fracaso de esta reivindicación pasa por la movilización ciudadana, en vista del bloque institucional que existe en el Ayuntamiento, donde el equipo de gobierno del PP apuesta por mantener el proyecto de las torres, los grupos de izquierdas defienden que toda la finca se destine a zonas verdes y Ciudadanos propone una solución intermedia.

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El PP entierra la consulta ciudadana sobre los terrenos de Repsol

Por mucho que primero en enero y luego en septiembre apoyara con su voto la celebración de una consulta ciudadana para zanjar el debate sobre el tamaño que debe tener el parque en los terrenos de Repsol, el equipo de gobierno del PP nunca ha llegado a apostar decididamente por dejar en manos de los malagueños el futuro de esta parcela sobre la que el planeamiento vigente contempla cuatro torres de hasta 34 plantas para viviendas, oficinas y un hotel; otros cuatro edificios para 400 VPO, equipamientos y 70.000 metros de zonas verdes.

Pese a las reticencias mostradas hasta la fecha y los continuos intentos por llegar a una solución consensuada -pero sin renunciar nunca a los rascacielos-, el PP se ha plantado de forma definitiva y dio por enterrada la convocatoria de la consulta. La tercera reunión del grupo de trabajo integrado por los cinco grupos políticos y colectivos vecinales celebrada ayer será la última, toda vez que desde el gobierno municipal insisten en que el plebiscito es “inviable jurídicamente”.

En una tensa sesión marcada por los reproches de toda la oposición y de los colectivos asistentes por haber ocultado durante tres meses un informe de la Intervención General que avala la posibilidad de que los malagueños puedan decidir con su voto, el concejal de Participación Ciudadana, Julio Andrade, puso sobre la mesa la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que entró en vigor el pasado día 2, para rechazar su viabilidad. La normativa estatal establece que podrá prescindirse de los trámites de consulta “cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen”.

Y a eso se agarran los populares, apoyándose en los informes de la Gerencia de Urbanismo y del Área de Economía que cifran en un mínimo de 94,7 millones de euros el perjuicio que supondría para las arcas públicas renunciar a las torres de viviendas. Mientras tanto, el informe que toda la oposición (PSOE, Málaga Ahora, Ciudadanos e IU-Málaga para la Gente) da por bueno es el del interventor, emitido el 18 de julio aunque no hecho público por el gobierno hasta el pasado viernes 14.

En este documento, el habilitado nacional concluye que la consulta “no afecta a la hacienda local, sin perjuicio de las consecuencias económicas que pudiera ocasionar”. En este sentido, llega a remarcar que no se puede excluir de una posible consulta un asunto porque tenga mayor o menor incidencia económica, ya que, “si fuera así, prácticamente se vaciaría de contenido esta vía de participación pues resulta difícil o prácticamente imposible que un asunto no tenga consecuencias económicas”.

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Escenario incierto

Tras el carpetazo dado por el equipo de gobierno, la única salida para desbloquear el proyecto pasaría por un acuerdo político. Aunque a día de hoy se prevé lejano, ya que hasta en Ciudadanos, su socio de investidura, no están por la labor de seguir negociando con los populares después de que el alcalde, Francisco de la Torre, desautorizara todos los avances alcanzados con el Área de Ordenación del Territorio en los que se asumía la renuncia a los derechos urbanísticos de alguna de las tres torres que le corresponden al Ayuntamiento (la cuarta pertenece a la Sareb o ‘banco malo’).

El último intento del PP por convencer a Ciudadanos tuvo lugar en la mañana de ayer, aunque sin resultados. “Por nosotros no va a quedar porque la única opción es negociar”, reconocía el viceportavoz del C´s, Alejandro Carballo, quien sí que afeó a los populares que “hayan tenido escondidos los informes” y les pidió coherencia: “Si no quieren hacerla, que no voten que sí en el Salón de Plenos y luego se traigan este juego. “La mesa se constituyó para definir algo que ahora resulta que no es viable, así que lo único que cabe es su disolución”, afirmó Julio Andrade, quien trató de justificar por qué el PP ha votado dos veces a favor de la consulta asegurando que «una moción es una declaración de intenciones, pero su ejecución es otra cosa porque requiere de informes de viabilidad».

Mientras en Ciudadanos se mostraron cautos con respecto a la nueva legislación estatal -«la analizaremos y si dice que no se puede hacer, la acataremos; pero sí no lo dice, seguiremos pidiendo la consulta”, precisan-, los grupos de izquierdas calificaron lo ocurrido de “tomadura de pelo” y avanzaron que seguirán presionando en el Ayuntamiento y también en la calle, llamando a la movilización vecinal. “No vamos a renunciar a la consulta ni al gran pulmón verde que se merece Málaga”, advirtió la concejala del PSOE, Estefanía Martín Palop, quien lamentó la “postura antidemocrática del alcalde por negarse a escuchar a la gente”.

En esta misma línea, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, tachó de “vergonzosa la forma de dar carpetazo al asunto”. “Mi temor era que se celebrara la consulta y que no aceptaran el resultado, pero no la cobardía de no llegar siquiera a preguntar a los ciudadanos”, se quejó. Tampoco ocultaban su “enfado e indignación” en IU-Málaga para la Gente. “Nos parece de muy poca vergüenza la actitud del alcalde y no lo vamos a permitir. Vamos a luchar contra esta decisión en la institución, con los medios legales que tengamos y también desde la movilización en la calle”, aseguró su portavoz, Eduardo Zorrilla, quien recordó a De la Torre que gobierna en minoría con el siguiente mensaje: “Si no quiere, no habrá consulta, pero si el resto de grupos nos mantenemos coherentes en nuestra postura, tampoco habrá torres”.

(Fuentes: diario Sur / La Opinión de Málaga)

Francisco Campos

Francisco Campos

Nació en Sevilla en 21 de julio de 1958. Trabaja como administrativo. Es autor del libro "La Constitución andaluza de Antequera: su importancia y actualidad" (Hojas Monfíes, 2017).

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