Rechazo a las leyes contra las huelgas y las movilizaciones obreras en Reino Unido y Argentina

por Samuel Axarquía · 18/12/2023

Los sindicatos y las organizaciones de izquierda del Reino Unido se están preparando para impugnar la legislación antihuelga del gobierno conservador. El 8 de diciembre entró en vigor la Ley de Huelga (Servicios Mínimos) de 2023, aprobada en julio de este año.

La Ley de Huelga aprobada este verano restringe mucho el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores de diferentes sectores, como el de la sanidad, la educación, los bomberos, el transporte, la seguridad fronteriza o el nuclear, que pueden incluso ser despedidos si entran en conflicto.huelga, destaca el Morning Star. Los sindicatos, si no cumplen con las nuevas normas, se enfrentan a multas de hasta un millón de libras.

En este contexto, algunas de las organizaciones más combativas, como Unite, el Sindicato Nacional de Educación (educación), el PCS (servicio público), UNISON, CWU (comunicaciones) o RMT (ferrocarriles), se sumaron en el congreso extraordinario que promovió el TUC –el primero desde 1982, afirma Morning Star–, con el objetivo de afrontar la nueva legislación.

Los sindicatos se han comprometido a apoyar a cualquier trabajador en huelga que sea objeto de una requisa, a impugnar las nuevas leyes en los tribunales y a exigir que los empleadores no llamen a los trabajadores durante los períodos de huelga.

El Congreso también decidió convocar una movilización “en defensa del derecho de huelga” para el 27 de enero en Cheltenham (Sudoeste de Inglaterra), para señalar “la desafiante oposición a los servicios mínimos de los conservadores, a las restricciones a la actividad sindical y a cualquier amenaza al derecho de huelga”.

El gobierno argentino, a través de la ministra Bullrich, anunció un duro y polémico protocolo «antipiquetes»

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, dió detalles esta tarde de «un protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación«, conocido como protocolo «antipiquetes» dentro de la consigna «dentro de la ley todo, fuera de la ley nada«, y de cara a las protestas sociales ya anunciadas para la semana próxima.

En un anuncio que realizó en la Casa de Gobierno, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, precisó que «por instrucción del presidente Javier Milei y contemplando el concepto de dentro de la ley todo, fuera de la ley nada», Bullrich ofrecerá a las 16.45 en la sede de la cartera ubicada en Gelly Obes 2289 del barrio de Recoleta una rueda de prensa para dar detalles del protocolo.

Según adelantó Adorni, incluye «sanciones severas a todos aquellos involucrados en impedir la circulación de los argentinos, que alcanza al que corta, al que transporta, al que organiza y al que financia».

El anuncio de esta tarde se conoce luego de que la conducción nacional de las organizaciones de izquierda nucleadas en la Unidad Piquetera (UP) confirmara esta semana que el próximo miércoles realizarán un «paro activo» en la Plaza de Mayo, como respuesta a «los anuncios» del ministro de Economía, Nicolás Caputo.

«Se decidió realizar un paro activo el 20 con otros sectores, gente del movimiento obrero, sindicatos docentes, de la Unión Ferroviaria, ante los anuncios de Caputo, que son un ‘Rodrigazo’ brutal contra los trabajadores», confirmó el martes a Télam el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.

La jornada de protesta coincidirá con el 22 aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001 cuando el gobierno de Fernando de la Rúa reprimió una protesta social, que culminó con 38 muertos y finalmente la renuncia del exmandatario radical.

Durante su gestión en el gobierno de Mauricio Macri, Bullrich -en el mismo cargo, al frente de la cartera de Seguridad- también había lanzado en febrero de 2016 un protocolo «antipiquetes» para evitar los cortes de tránsito en la vía pública.

El llamado «Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas» procuraba, entre otros objetivos, ordenar la circulación ante cortes de calles y rutas llevados a cabo por manifestantes.

En aquel momento, Bullrich había advertido que quienes protestaran tendrían «5 o 10 minutos» para desalojar los caminos, autopistas o rutas que cortaran antes de ser desalojados y, eventualmente, detenidos. «Si no se van, los sacamos», expresó en declaraciones periodísticas.

La medida, que según la ministra buscaba establecer «reglas claras para los funcionarios, los jueces y los manifestantes», fue cuestionada por dirigentes y organizaciones políticas y sociales, que alertaron que se trataba de una decisión que criminalizaba la protesta.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), por ejemplo, mencionó en esa oportunidad que el Protocolo limitaba «de manera inconstitucional el derecho a la protesta», a la vez ampliaba «las facultades policiales para reprimir y criminalizar la protesta social» en la Argentina al colocar el «orden público por encima de todo».

El CELS también evaluó que se trataba de una medida incompatible con la Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos.

El Protocolo había sido puesto en conocimiento de los representantes de las provincias agrupados en el Consejo de Seguridad Interior nacional, pero no se tradujo en una resolución o disposición oficial que se publicara en el Boletín Oficial.

La decisión comunicada en su momento por Bullrich también regulaba el trabajo periodístico, porque establecía que la policía iba a indicar a los trabajadores de prensa dónde podían ubicarse de modo que “no interfieran con el procedimiento de seguridad. De ese modo, incidía en forma negativa sobre la libertad de expresión», resaltó el CELS en 2016.

Presentación de protocolo de seguridad de Patricia Bullrich 14 de diciembre 2023

Las 4 fuerzas federales y el servicio penitenciario federal van intervenir frente a cortes o piquetes totales y parciales.
Podrán intervenir de acuerdo a los códigos procesales vigentes: si hay un delito en flagrancia se puede intervenir de manera inmediata, en el corto plazo se presentará a una nueva ley. Las fuerzas provinciales deberán actuar en las zonas de su competencia, con un trabajo en conjunto.
No vamos a tomar en cuenta la existencia de vías alternativas: si se corta la vía principal se libera, más allá de la existencia de vías alternativas. Se va a actuar hasta la liberación total del espacio de circulación.
Las fuerzas emplearán “la mínima fuerza necesaria y suficiente y será gradudada en proporción a la resistencia”
Serán identificados los autores, instigadores y cómplices de estos delitos; y los vehículos y sus conductores, procediendo a incautar los vehículos que infrinjan las normas de tránsito.
Se va a actuar en estaciones de tren, incautando palos, caras tapadas, o formas de participar en una manifestación intentando no ser reconocidos.
Los datos de los autores, cómplices e instigadores van a ser remitidos a las autoridades de aplicación correspondiente (ej: IGJ para ver la personería)
Se tendrá en cuenta si cobran un plan (aclara que no le corresponde a ella el anuncio de este tipo de medidas)
Se le dará nota al juez competente en caso de daño al ambiente (ejemplo: “quemar gomas”)
En el caso de participación de niños y adolescentes de dará aviso a las autoridades, habrá sanciones para quienes lleven niños.
Facturas a las organizaciones por el gasto en fuerzas de seguridad por el costo de los operativos. En caso de tratarse de extranjeros se dará aviso a Migraciones.
Se deroga el protocolo “garantista de Nilda Garré”.
Las personas que reclamen en la vereda no tendrán ningún tipo de problema.