Joaquín Sabina: El entramado financiero de un “hijo predilecto” de Andalucía
Joaquín Sabina dispone de una estructura societaria creada por el despacho de asesores fiscales Nummaria para conseguir suculentas deducciones en los ingresos que obtiene por actuaciones y venta de discos. El entramado, que está operativo desde enero de 2013, también habría permitido al cantante albergar en condiciones preferentes un patrimonio de al menos 6.742.959 euros. Otra parte de su riqueza permanece oculta. Sabina se ha quedado por ahora al margen del procedimiento que instruye la Audiencia Nacional desde abril contra los responsables y principales clientes de Nummaria, pero un portavoz autorizado del músico jienense ha admitido a El Confidencial sus vínculos con el despacho y reconoce que la Agencia Tributaria está investigando sus empresas.
Lo cierto es que la estructura societaria de Sabina reproduce fielmente el esquema que, según la Fiscalía Anticorrupción, habría utilizado masivamente Nummaria para “asegurar la opacidad de las operaciones económicas de sus clientes” ante Hacienda y terceras personas físicas y jurídicas. El Ministerio Público ha concluido que la trama diseñaba redes empresariales con conexiones en el extranjero para imputar fuera de España los beneficios que obtenían en territorio nacional y, de ese modo, camuflar la evasión de impuestos. La otra especialidad de Nummaria no requería abandonar suelo español. Creaba complejas redes mercantiles utilizando comunidades de bienes y uniones temporales que actuaban como firmas instrumentales.
La red de Sabina encaja en el último supuesto. Su estructura tiene en la base a Jimecoro 2012 SL y Ultramarinos Finos SL, dos compañías que comparte al 50% con su compañera sentimental, Jimena Coronado. Ultramarinos Finos SL está en funcionamiento desde 2002, pero Jimecoro 2012 no fue constituida hasta comienzos de 2013. Ese mismo año, las dos sociedades quedaron agrupadas en una comunidad de bienes llamada también Jimecoro. El 80% de las participaciones de la comunidad está en manos de Ultramarinos Finos SL y, el 20% restante, lo controla Jimecoro 2012 SL. Pero eso no es todo. Las dos sociedades limitadas de Sabina y su pareja se agruparon nuevamente en junio de 2014 para crear una UTE que lleva el nombre de ambas mercantiles, UTE Ultramarinos Finos & Jimecoro 2012.
A primera vista, la estructura, que se mantiene en funcionamiento, carece de sentido porque detrás de todas las sociedades están siempre Sabina y su compañera. Pero esa distribución ideada por Nummaria habría permitido al cantante obtener suculentas deducciones fiscales. “El sistema (…) no es otro que el de evitar que la facturación a clientes se haga desde las sociedades operativas, desplazando dicha facturación hacia sociedades sometidas al régimen de atribución o imputación de rentas”, explica la querella de la Fiscalía Anticorrupción que desencadenó el caso Nummaria, aunque Sabina ni sus empresas figuran en ella.
Según consta en el Registro Mercantil, Sabina ha utilizado el grupo para ingresar sólo en 2014 un total de 3.048.718 euros. El conglomerado suma, además, un patrimonio neto de 6.742.959 euros y sus beneficios ascendieron a 1.495.044 euros. Sin embargo, únicamente pagó 263.169 euros en Impuesto de Sociedades, es decir, en torno a un 14% de sus ingresos, muy lejos del 25% al que estaban sometidas sus mercantiles.
La documentación a la que ha tenido acceso El Confidencial refleja que las empresas y la UTE de Sabina fueron constituidas por el notario de Madrid Luis Núñez Boluda, el mismo que intervino en la creación del entramado de los clientes más célebres hasta ahora de Nummaria, los protagonistas de la serie ‘Cuéntame cómo pasó’ de TVE Imanol Arias y Ana Duato, acusados de defraudar a Hacienda al menos 2,9 millones de euros. Los dos están imputados en la causa y ya han tenido que prestar declaración en la Audiencia Nacional.
Ultramarinos Finos SL reconoce en sus cuentas que “ha recibido actas de la Agencia Tributaria” por discrepancias en el “Impuesto de Sociedades y el IVA de los ejercicios comprendidos entre 2008 y 2010”. Un portavoz de Sabina admite que el cantante ya ha tenido que pagar una sanción por esos tres ejercicios y también por los dos años siguientes. Asegura que la investigación de Hacienda continúa y que el músico está litigando en los tribunales para defender la legalidad de su estructura societaria. En conversación telefónica con El Confidencial, este portavoz confiesa que Nummaria llevaba las cuentas de Sabina, pero matiza que se pusieron en contacto con el despacho después de que saltara el escándalo y que sus empleados aseguraron que el cantante no tenía ningún motivo para preocuparse.
La desarticulación del bufete Nummaria dedicado a crear firmas “offshore”
La Agencia Tributaria y la Policía Nacional desarticularon el pasado mes de abril la trama societaria vinculada al bufete de abogados y asesoramiento legal y fiscal Grupo Nummaria, en el marco de la denominada operación Ciy. En concreto, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede que el conglomerado tiene en la madrileña calle de Juan Bravo, donde se ubican las oficinas centrales, y otras distribuidas por la capital.
Según las primeras investigaciones, el despacho habría facilitado la comisión de un presunto fraude fiscal estimado en más de 15 millones de euros, según ha informado la Fiscalía Anticorrupción, que ha dirigido las pesquisas hasta la interposición de una querella. El procedimiento judicial ha recaído en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, que dirige el juez Ismael Moreno, y sobre el que se decretó el secreto del sumario. Fue incoado tras una querella formulada por la Fiscalía Anticorrupción, por los delitos de insolvencia punible, blanqueo de capitales y delitos fiscales.
La querella tiene su origen en una investigación efectuada durante varios meses por la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF), organismo que depende de Hacienda, según un comunicado de Anticorrupción. Las investigaciones se centraron en torno a la actividad de un bufete de abogados de Madrid, que presuntamente habría diseñado y comercializado para sus clientes estructuras societarias opacas al fisco con el fin de defraudar a Hacienda.
Esas estructuras societarias, con ramificaciones internacionales, permitieron crear en favor de los clientes (e incluso en favor del propio bufete y sus profesionales) un esquema de opacidad que llevó, entre otros fraudes, a la ocultación del dinero a la Agencia Tributaria. La cuantía preliminar estimada de fraude fiscal supera los 15 millones de euros en cuotas tributarias y relativas, fundamentalmente al IRPF e Impuesto sobre Sociedades.
En el operativo, dirigido conjuntamente por Vigilancia Aduanera -dependiente de Hacienda- y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, y en el que participaron funcionarios de la ONIF y de la inspección de Hacienda, se efectuó el registro de varias sedes en Madrid del bufete de abogados investigado. En el operativo también se procedió a la detención de cuatro personas (abogados y asesores fiscales) relacionadas con los hechos investigados y a la incautación de documentación referente a los hechos denunciados. Junto a las detenciones y registros, se bloquearon cuentas bancarias y otros activos financieros. También se embargaron inmuebles de las personas y entidades implicadas.
(Fuente: El Confidencial / Autores: José María Olmo y M. Altozano)
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