El preso palestino Bilal Kayid suspende su huelga de hambre después de 71 días

Bilal Kayid, preso político palestino bajo custodia israelí, en “detención administrativa”, suspendió hoy la huelga de hambre que mantenía desde hacía 71 días para protestar contra su arresto administrativo después de llegar a un acuerdo sobre su caso, informó la ONG Adamir.

En un breve comunicado, la organización de defensa de presos políticos anunció la suspensión de la protesta de Kayid, ingresado en el hospital de Barzilai (sur de Israel), donde permanecía esposado y vigilado las 24 horas del día y sin permiso para ser visitado por sus familiares o un médico de su elección.

Kayid, de 34 años, cumplió el 13 de junio su condena de 14 años y medio por participar en ataques del brazo armado del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP).

El día que se preparaba para ser puesto en libertad fue trasladado al tribunal militar de Ofer, que le informó de la nueva detención administrativa, sin explicarle sus causas.

Dos días más tarde se declaró en huelga de hambre para denunciar su situación y la detención administrativa, una figura que utiliza Israel para detener a sospechosos, esencialmente palestinos, sin necesidad de imputación o cargos y que es renovable de forma ilimitada cada seis meses.

La salud del Kayid se había deteriorado de forma considerable en las últimas semanas y numerosas figuras, incluido el primer ministro palestino, Rami Hamdala, o el coordinador de Asistencia Humanitaria y Ayuda al Desarrollo de la ONU en los territorios palestinos ocupados, Robert Piper, habían mostrado su preocupación.

(Fuente: Palestina Libre)

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Detención administrativa israelí: sin acusaciones, sin juicio, sin derechos

En la actualidad, unos 750 palestinos se encuentran bajo detención administrativa en el Estado de Israel. Uno de ellos, Bilal Kayed, se ha mantenido 71 días en huelga de hambre para protestar contra este encarcelamiento indefinido sin juicio ni acusaciones.

uando Philip K. Dick escribió Minority Report, una distopía en la que una unidad de policía precrimen especial detiene a la gente por delitos que aún no han cometido basándose en las visiones de tres mutantes, la Guerra Fría estaba en pleno auge alimentando el imaginario creativo del celuloide y las novelas.

Lo que no sabemos es si K. Dick, al describir a esta unidad de precops y de humanoides se inspiró en algún momento en el derecho penal del enemigo que “castiga los fines de la conducta sin que ésta se haya cometido” que va poblando las legislaciones europeas y que encuentra en su vertiente israelí una versión absolutamente funcional a su estrategia de ocupación y apartheid. Es la detención administrativa una medida por la que se puede mantener encarcelado a alguien por periodos de seis meses renovables indefinidamente, sin juicio y sin una acusación concreta. Los cargos se basan en supuesta información secreta recogida por los servicios de inteligencia, documentos que nunca se ponen al servicio de los abogados o acusados.

“La media de duración de las detenciones administrativas –explica Sahar Francis, directora de Addameer, una organización que se centra en los prisioneros políticos y los derechos humanos– es de uno a dos años”, pero de manera continuada, la persona que más tiempo ha pasado en prisión sin cargos ni juicio ha sido unos dos años.

Las detenciones administrativas son una práctica habitual en el territorio palestino ocupado. Su uso se remonta a la época del mandato británico como medida punitiva contra la población palestina. Israel supo recoger el guante y desde la ocupación en 1967 pasó a ser una práctica habitual. Actualmente hay unas 750 personas bajo detención administrativa, el número más alto desde 2008, incluyendo tres miembros del Parlamento, dos mujeres y ocho niños. “¿Qué amenaza para la seguridad de Israel puede representar un chaval de 16 o 17 años para ser detenido indefinidamente?” se pregunta Sahar Francis.

Según explica esta abogada, las detenciones administrativas se ceban sobre todo con activistas y miembros de organizaciones que luchan contra la ocupación israelí. De hecho, desde hace unos años se está aplicando sobre todo a activistas de las redes sociales, “hay muchos periodistas y personas que a nivel individual ponen mensajes en Facebook y Twitter y se les acusa de exaltación e incitación a la violencia, de promover manifestaciones. “Lo cierto es que en un territorio que sufre violaciones de derechos humanos de manera sistemática y en lo más cotidiano, cualquier reivindicación o mensaje en las redes es susceptible de ser considerado un delito. Además, la detención administrativa, como indica Francis, se convierte en una herramienta muy práctica para el Estado de Israel: “como todo los informes y archivos son secretos, no tiene que probar nada”.

Uno de los casos más paradigmáticos es el de Bilal Kayed, detenido en 2001 y condenado a 14 años de cárcel. Tras cumplir su pena, y el mismo día que iba a salir de la cárcel, el 13 de junio, le volvieron a encerrar aplicándole la detención administrativa. Dos días después, Kayed, tras rechazar una deportación y librarse de la cárcel, comenzó una huelga de hambre, que ha mantenido durante 71 días hasta que ha logrado que su detención no vaya más allá de los seis meses. El caso de Kayed ha sido apoyado a través de diferentes campañas por la sociedad palestina, la comunidad internacional y más de 100 prisioneros que se sumaron a la huelga de hambre, una de las pocas herramientas de lucha de los presos y presas palestinos.

Según la directora de Addameer, “estar detenido indefinidamente sin saber cuándo te van a liberar ni qué puedes hacer es, psicológicamente, algo muy duro, es una forma de tortura, sobre todo en casos como el de Kayed, que cumplió una pena de 14 años y cuando iba a ser liberado no lo es”. Francis lo tiene claro, y para ella detenciones como la de Kayed son completamente arbitrarias y se trata de una estrategia más de la ocupación israelí.

(Fuente: Diagonal / Autora: Izaskun Sánchez Aroca)

Francisco Campos

Francisco Campos

Nació en Sevilla en 21 de julio de 1958. Trabaja como administrativo. Es autor del libro "La Constitución andaluza de Antequera: su importancia y actualidad" (Hojas Monfíes, 2017).

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