Catalunya: El Consejo de Derechos Humanos de la ONU reclama la libertad inmediata de los presos políticos Sànchez, Cuixart y Junqueras
El Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria, dependiente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha emitido una comunicación relativa a la prisión provisional de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart en el que consideran arbitrarias sus detenciones, por lo que reclama su puesta en libertad “sin dilación”.
El informe interpreta que la privación de libertad de Junqueras, Sànchez y Cuixart vulnera los principios de la declaración universal de derechos humanos, por lo cual exige su puesta en libertad, indemnizaciones y una investigación “exhaustiva e independiente”.
El informe es una iniciativa del abogado británico experto en derecho internacional y derechos humanos Ben Emmerson, que pidió en febrero de 2018 al grupo de trabajo que confirmara o no si la situación de prisión preventiva vulneraba derechos fundamentales recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El escrito consta de 19 páginas y está firmado por el presidente relator de este grupo de la ONU, José Antonio Guevara Bermúdez, y fue trasladado al Gobierno el pasado 27 de mayo, aunque fue aprobado el 25 de abril.
La petición de Emmerson tuvo lugar cuatro meses después del referéndum del 1 de octubre, y en ese momento el abogado y relator especial de las Naciones Unidas se mostró optimista porque creía que hay indicios más que suficientes para condenar España. “Este caso es un clásico de las detenciones políticas arbitrarias”, aseguró, porque afectaba gravemente la pluralidad política, ya que se buscaba hacer “abdicar de sus ideas” a los presos políticos.
En ese momento Emmerson aclaró que el hecho de que Joaquim Forn no figurase en la petición fue una decisión de carácter personal del conseller, que renunció a su acta de diputado y continuó con la actividad política, dentro de una estrategia de defensa diferenciada.
¿Qué dice el informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU?
Demoledor informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas que considera arbitraria la privación de libertad de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y reclama su puesta en libertad “inmediata”, a la vez que pide que se lleve a cabo una investigación “exhaustiva e independiente” de las circunstancias que han provocado esta situación y que se adopten medidas contra los responsables de la violación de sus derechos.
El informe, que ya ha sido enviado al Gobierno, reitera que la privación de libertad de Junqueras, Sànchez y Cuixart es arbitraria y contraviene tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El estado español, como Estado Miembro de las Naciones Unidas, tiene la obligación de seguir las recomendaciones de este organismo en materia de derechos humanos.
El grupo de trabajo analiza cuatro cuestiones: presunción de inocencia, prisión preventiva, el derecho a ser juzgado por un tribunal competente e imparcial, y el derecho a disponer de tiempo y medios adecuados para su defensa. Así determina que el encarcelamiento de los tres presos políticos se hizo “en detrimento de garantías fundamentales” de un proceso y juicio justo, “en particular la presunción de inocencia, ser juzgado por un tribunal competente e imparcial, y a la defensa adecuada”.
El informe afirma que se violó la presunción de inocencia de Junqueras, Sànchez y Cuixart vistos los pronunciamientos de altos funcionarios del Estado “que han mostrado a la ciudadanía una anticipada responsabilidad penal de los detenidos” que han podido llegar a influir en los órganos judiciales.
Como ejemplo, las declaraciones Soraya Sáenz de Santamaría donde se vanagloriaba de haber decapitado a los partidos independentistas, o del ministro del Interior Juan Ignacio Zoido que se refirió a los líderes independentistas como imprudentes, peligrosos o rebeldes.
El grupo de trabajo recuerda que “es norma establecida de derecho internacional que la detención preventiva sea la excepción y no la regla, y que tiene que ordenarse por el menor tiempo posible”. En el caso de Junqueras, Sànchez y Cuixart, recuerda que están en prisión desde octubre y noviembre del 2017 y que se les ha negado reiteradamente la libertad condicional ante el riesgo de reincidencia. En este punto insisten en que la detención es arbitraria “por ser resultado del ejercicio del derecho a la libertad de opinión, expresión, asociación, reunión y participación” y se contraviene el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El grupo de trabajo sostiene que no se puede atribuir a Junqueras, Sànchez y Cuixart ningún acto de violencia y que las actuaciones que se les atribuyen se llevaron a cabo en el ejercicio de la libertad de opinión, expresión, asociación, reunión y participación.
Apuntan que hay elementos que permiten afirmar que los jueces que han instruido el sumario del 1-O “han tenido ideas preestablecidas” sobre el caso. También cuestiona la jurisdicción del Tribunal Supremo, al entender que los competentes para investigar y juzgar los hechos tendrían que haber sido los tribunales de Catalunya, territorio donde se habían cometido presuntamente los hechos delictivos.
Por todo ello, el grupo de trabajo concluye que no se ha observado el derecho a ser juzgado por el tribunal competente e imparcial, derechos reconocidos en la Declaración Universal y en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
Finalmente, el informe sostiene que Junqueras, Sànchez y Cuixart no dispusieron del tiempo suficiente para preparar su defensa, al haber pasado poco tiempo entre la notificación de su condición de investigados y su declaración. Así, se muestra convencido de que el encarcelamiento de los tres se hizo “en detrimento de garantías fundamentales” de un proceso y juicio justo, “en particular la presunción de inocencia, ser juzgado por un tribunal competente e imparcial, y a la defensa adecuada”.
ERC exige la libertad inmediata de los presos tras el informe de la ONU
El portavoz jurídico de ERC, Joan Ignasi Elena, ha exigido que la “consecuencia inmediata” al informe del organismo de la ONU que reclama la libertad de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart sea que el Tribunal Supremo tome la decisión de liberarlos. Por su parte, el adjunto a la presidencia Pere Aragonès ha emplazado el estado español a decidir si está del lado de los que cumplen con las Naciones Unidas.
Joan Ignasi Elena ha asegurado que la posición del grupo de trabajo contra las Detenciones Arbitrarias es “claramente” contrario a la prisión preventiva de los líderes independentistas encausados en el 1-O y que confirma la situación de “detención ilegal y arbitraria”. “Hacemos un llamamiento al Estado y al Tribunal a abandonar esta escalada de represión y que se inicie un diálogo”, ha reclamado.
Según Elena, la decisión de este organismo no entra en el fondo de la sentencia ni en el procedimiento judicial y sólo se pronuncia sobre la prisión preventiva. También ha explicado que, si bien el informe se dirige al Estado, consideran que “correspondería al Supremo” leerlo y poner en libertad a las personas encausadas.
Paralelamente, Pere Aragonès ha destacado que ante este pronunciamiento “el estado español tendrá que escoger si se sitúa al lado de los que cumplen con las Naciones Unidas o de los que no cumplen”.
Para Puigdemont el informe deja en evidencia el discurso del gobierno español
El president Carles Puigdemont ha asegurado que el informe de trabajo de la ONU contra las Detenciones Arbitrarias que reclama la libertad inmediata de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart deja en evidencia el discurso del Gobierno según el cual España es una “democracia ejemplar”.
Puigdemont afirma en un mensaje en Twitter que el documento “es una enmienda a la totalidad a la narrativa de la ‘democracia ejemplar'” y añade que “vulnerar la declaración universal de los Derechos Humanos es una vergüenza para un país de la UE. ¡Libertad ya! “, añade.
En otro tuit Puigdemont asegura que “la ONU deja en evidencia el respeto que tiene el Estado español por|para los derechos humanos” y afirma que “será muy interesante saber” como reaccionan las autoridades españolas delante de este informe. Además recrimina al estado español la vulneración de los “derechos de las minorías, como las de JxCat y ERC en el Congreso” con la suspensión de sus diputados presos.
Emmerson advierte a Sánchez: “O se libera a los presos, o la ONU condenará España”
“Si España no demuestra que puede ser una democracia no tiene espacio en el corazón de una Europa moderna”. Es sólo una de las múltiples fórmulas con que el abogado británico experto en derecho internacional, Ben Emmerson, ha puesto voz al informe de la ONU que exige la liberación inmediata de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y que insta al Gobierno a abrir una investigación exhaustiva e independiente sobre el caso para adoptar las medidas pertinentes contra los responsables de la vulneración de sus derechos. Las Naciones Unidas dan seis meses a España.
El encarcelamiento de los líderes independentistas es arbitrario, las acusaciones de rebelión y sedición tienen el objetivo de coaccionarlos e inhibirlos de sus opiniones políticas, declaraciones como la de Soraya Sáenz de Santamaría celebrando haber decapitado a los partidos independentistas prueban que se les ha vulnerado la presunción de inocencia, y el tribunal que les juzga no es imparcial. Son las principales conclusiones del documento del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU (WGAD), que Emmerson ha presentado públicamente este miércoles en Londres, ante una importante representación de medios internacionales.
Un total de 17 páginas que ponen en entredicho toda la causa del Tribunal Supremo contra el vicepresident, los consellers, la presidenta del Parlament y los presidentes de la ANC y Òmnium durante el referéndum del 1-O. La resolución exige que se les libere, pero también que se les indemnice y que se investigue porque se ha producido este encarcelamiento arbitrario y se persiga a sus responsables. Además, el razonamiento del escrito es una enmienda a la totalidad al juicio. Emmerson, exrelator especial de las Naciones Unidas y que es quien solicitó el informe, ha sido extremadamente contundente. “Son presos políticos”, ha afirmado y ha advertido que “si España ignora esta sentencia estará en una vulneración flagrante de la legislación internacional” y como consecuencia “sería condenada como Estado pirata, la ONU tomaría acciones contra España”.
El abogado se ha dirigido directamente al presidente español. “Tengo un mensaje para Pedro Sánchez, si el nuevo Gobierno quiere demostrar que España está gobernada por el imperio de la democracia, no tiene ninguna otra alternativa que liberar a los presos inmediatamente”. Pero no sólo eso, el exmiembro de la ONU ha avisado de que España también podría ser considerada culpable -de estar violando el derecho internacional- en caso de que se les condene “aunque sea a una semana de prisión”. En este caso, asegura que “colocarán al Estado español en colisión con las Naciones Unidas”.
Sobre si el dictamen de las Naciones Unidas es o no vinculante, Emmerson ha recordado al Estado español que “es signatario del Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos” y que este grupo de trabajo “es el organismo autorizado por las Naciones Unidas para emitir estas sentencias”.
Aunque el informe se solicitó sólo en nombre de Junqueras y los Jordis, Emmerson entiende que la decisión es aplicable y extensiva a todos sus compañeros independentistas presos.
(Fuente: El Nacional.cat)
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