Cinco activistas kurdos se suicidan y miles inician huelga de hambre para exigir la libertad de Öcalan y el fin del aislamiento de presos políticos

El pasado 1 de marzo, miles de prisioneros políticos decidieron empezar una huelga de hambre para exigir la liberación de Öcalan y el fin del régimen de aislamiento. En la última semana antes de que hoy se celebren las elecciones municipales en varias ciudades turcas, cinco de estas personas se han quitado la vida, cuatro de ellos en prisión.

Cientos de miles de personas se encuentran encarceladas en distintas prisiones del estado de Turquía por motivos políticos, y otros tantos perseguidos o exiliados en el extranjero. La gran mayoría de ellos están acusados de pertenecer al PKK, Partido de los Trabajadores Kurdo, considerado organización terrorista en gran parte del mundo. Como consecuencia, miles de ellos se encuentran en huelga de hambre como último recurso con el objetivo de lograr el fin del aislamiento del líder kurdo y fundador del PKK, Abdullah Öcalan, así como acabar con las prisiones tipo F, un régimen carcelario que implica el aislamiento total de los presos.

El pasado 1 de marzo, miles de prisioneros políticos decidieron conjuntamente unirse a esta lucha y empezar la huelga de hambre a la cual también han continuado sumándose varios políticos y activistas, tanto indefinidamente como temporalmente. En la última semana antes de que hoy se celebren las elecciones municipales, cinco de estas personas en huelga de hambre se han quitado la vida, cuatro de ellos en prisión.

La primera persona en empezar la huelga de hambre fue Leyla Güven (foto adjunta), parlamentaria por HDP (Partido Democrático de los Pueblos), el 8 de noviembre de 2018. Güven se encontraba en prisión en el momento de empezar la huelga, siendo liberada bajo custodia recientemente debido a su estado de salud. Actualmente, la parlamentaria se encuentra en su residencia en Diyarbakir. Le siguió Nasir Yağiz que se encuentra en Erbil y empezó la huelga de hambre el 21 de noviembre. A ellos se sumaron más de 300 personas en diciembre, mayoritariamente presos pero también varios activistas kurdos en distintos puntos de Europa. A día de hoy, el número exacto de huelguistas es difícil de calcular debido a la falta de transparencia del estado turco.

La actual situación recuerda lo vivido tras el golpe de estado militar del 12 de septiembre de 1980, cuando miles de revolucionarios de izquierda kurdos y turcos fueron encarcelados. La prisión más conocida, debido a sus extremas condiciones, fue la prisión militar número 5 de Diyarbakir que sigue abierta y dedicada a casos políticos. Una de las acciones que marcó este período en dicha prisión fue la inmolación de Mazlum Doğan, hecho que conduciría posteriormente a una huelga de hambre de los presos iniciada el 14 de julio de 1982.

En paralelismo a la acción llevada a cabo por Mazlum Doğan hace casi cuatro décadas, en febrero de este año, Ugur Sakar, se prendió fuego públicamente en Krefeld (Alemania). Murió semanas después en el hospital, el 22 de marzo. Él mismo explicó sus motivos en una carta en la cual especifica que su “protesta es contra los países europeos, que son la cuna de la llamada democracia”, y hace un llamado a que “la población kurda siga luchando por la libertad” al mismo tiempo que saluda a sus compañeros en huelga de hambre “quienes aman tanto la vida como para morir por ella”.

 

Unos días antes de la muerte de Doğan, el 16 de marzo, en la prisión de Tekirdag en Estambul, Zulkuf Gezen, originario de Diyarbakir y también en huelga de hambre desde el 1 de marzo, acababa con su vida. Gezen fue enterrado en el cementerio Yeniköy de Diyarbakir. Durante el funeral la policía atacó y bloqueó a miembros del partido HDP y activistas que quisieron acudir a la ceremonia, entre ellos un grupo de activistas noruegos que iban a celebrar la fiesta de Newroz y fueron arrestados.

El 23 de marzo, moría Ayten Beçet de 24 años, en prisión desde los 18, dejando una carta explicando los motivos de su acción que los oficiales de la prisión se han negado, hasta el momento, a entregar a sus abogados. Solo un día más tarde falleció Zehra Sağlam, encarcelada en la Prisión Cerrada Tipo T de Oltu, seguida por Medya Çinar en la Prisión Cerrada Tipo E de Mardin, muerta el 25 de marzo, terminando también con sus vidas como parte de la misma protesta. A todos ellos se les ha impedido un funeral digno en el que puedan participar sus familiares debido a las acciones de bloqueo llevadas a cabo por la policía.

En palabras de Hişyar Özsoy, vicepresidente de Asuntos Exteriores de HDP en Diyarbakir, ”no hay ninguna señal de que el gobierno tenga intenciones de finalizar el aislamiento de Abdullah Öcalan”, que se encuentra detenido en la isla-prisión de Imrali desde 1999 y en completo aislamiento sin posibilidad de comunicación ni con su familia ni con sus abogados desde 2016. Al contrario, “las autoridades turcas están extendiendo las políticas de aislamiento a los fallecidos y a sus familiares: sus cuerpos han sido retenidos por la policía y enterrados en secreto”. En una conferencia de prensa, organizaciones como TIHV (Fundación de los Derechos Humanos de Turquía) han enviado un mensaje de presión al gobierno pidiéndole que se responsabilice de las muertes sucedidas en los últimos días.

Esta realidad que tiene lugar bajo un sistema supuestamente democrático se ha convertido en costumbre y parte de un estado que ejerce políticas basadas en el miedo y la persecución ideológica. La máxima opresión llevada a cabo por este régimen ha sido históricamente dirigida a minorías como los kurdos así como aquellos que comparten sus ideales. En vísperas de las elecciones del domingo 31, las persecuciones y acusaciones iban en aumento apuntando a partidos políticos de la oposición como CHP (Partido Republicano del Pueblo) y Iyi (Partido del Bien). Estos dos partidos han sido acusados por Erdogan de cooperar con PKK y “por extensión” con HDP.

Tanto Mehmet Aker, vicepresidente de IHD —asociación dedicada a la monitorización de vulneraciones a los derechos humanos fundada en Turquía en 1986—, como Deman Güler, vicepresidente de la organización de abogados BAR, ambas en Esmirna, declaran que la mayoría de los casos con los que trabajan son sentencias derivadas de publicaciones en redes sociales, manifestaciones en espacios públicos o acusaciones por ser parte de la oposición al actual gobierno de AKP (Partido de la Justicia y el Desarrollo), que lidera Recep Tayip Erdogan. El abogado y activista Bahattin Özdemir, afirma que este mismo nombre, Erdogan, “figura como la acusación en numerosos casos, así pues, nuestro papel se reduce al de intermediarios y comunicadores, compartiendo con la sociedad lo ocurrido en los juicios cerrados debido a la imposibilidad de ejercer una defensa legítima”. Un dato relevante dado también por IHD es que solo en la región de Esmirna, durante el pasado año, se han producido aproximadamente 23.000 sentencias consideradas anticonstitucionales.

Desde el establecimiento del estado de emergencia tras el intento de golpe de estado de 2016, el gobierno turco cerró todas las organizaciones dedicadas a defender los derechos humanos dejando como única excepción la asociación IHD, mencionada anteriormente, debido a que forma parte de la Confederación Europea para los Derechos Universales. El Tribunal Europeo se comprometió a recibir y tratar los casos de presos políticos en Turquía, pero en la práctica no lo han cumplido; desde la asociación y conjuntamente con otras organizaciones internacionales se está preparando una carta de denuncia por este hecho con el objetivo de enviarla próximamente a Estrasburgo.

Selahattin Demirtaş, co-presidente del HDP en prisión de tipo F desde noviembre del 2016 debido a un discurso pronunciado en la celebración del Newroz de 2013, envió una carta al Parlamento Europeo y a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) el pasado 19 de febrero. En esta menciona tanto a Leyla Güven como a los otros participantes en la huelga, quienes así mismo han enviado también misivas a distintos organismos europeos como el Comité de Prevención de la Tortura.

Desde Europa otros tantos políticos y autoridades locales han firmado una petición por Leyla Güven donde afirman que tanto el aislamiento de Abdullah Öcalan, los miembros parlamentarios del HDP careciendo de inmunidad y la criminalización de la representación y participación política de los kurdos, son indicadores de una falta de democracia en Turquía. También se ha sumado a las muestras de apoyo el declarado por sí mismo el catalán Jordi Cuixart, enviando una carta directamente a Leyla Güven donde manifiesta que “ninguna represión podrá parar la lucha por la justicia, la libertad y los derechos humanos”, respondiendo Güven: “querido amigo y compañero, no pierdas nunca la esperanza que llegará el día en que los pueblos serán libres. Nuestra lucha es por la justicia.”

Se trata, pues, de una lucha iniciada en Turquía pero que se ha convertido en una lucha internacional teniendo lugar diferentes huelgas de hambre en territorio europeo. Uğur Şakar, ya fallecido, no es el único caso. Tanto Imam Şiş, en Gales, como otras 15 personas en Estrasburgo, están realizando huelga de hambre desde hace más de 95 días. Dos personas más se encuentran en Holanda, una en Núremberg, dos mas en Kassel, otras dos en Austria, tres en Londres y una en Ginebra. Esta última en frente de las Naciones Unidas.

Las demandas de este movimiento marcado por las huelgas de hambre se presentan como la puerta a reabrir un diálogo por la paz, cerrado en 2015 por parte del actual presidente turco, tras acusar al partido HDP de ser simpatizante con el PKK. Es una demanda que el movimiento pro kurdo considera realista, legal y legítima ya que puede contribuir directamente a la paz y estabilidad respetando los derechos humanos que han sido vulnerados reiteradamente en el estado turco.

En palabras de Demirtaş, “Leyla Güven y las huelgas de hambre son una prueba de fuego para quienes reclaman la paz. Son una postura brillante que señala el camino para derrotar al fascismo. Espero que las personas responsables se tomen el asunto y las demandas en serio antes de que se pierdan más vidas”.

(Fuente: El Salto / Autoras: Coral Salvador y María Asensio)

Francisco Campos

Francisco Campos

Nació en Sevilla en 21 de julio de 1958. Trabaja como administrativo. Es autor del libro "La Constitución andaluza de Antequera: su importancia y actualidad" (Hojas Monfíes, 2017).

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