Patriot Act a la francesa: El gobierno se lanza a una reforma constitucional de recortes en derechos y libertade

Un mes y medio después de los atentados de París del 13 de noviembre, la sociedad civil francesa muestra sus primeros signos de disconformidad frente al establecimiento del estado de emergencia. Las medidas de seguridad excepcionales han permitido, según fuentes gubernamentales, el registro administrativo de 2.700 recintos, el arresto domiciliario de 360 personas y la detención provisional de 287 individuos, aunque ninguno de ellos ha sido procesado por terrorismo. Un balance modesto en comparación con la restricción de las libertades civiles que han comportado.

La facultad de los prefectos franceses –las autoridades administrativas responsables de la seguridad interna– de prohibir una manifestación ha alterado la actividad política de sindicatos y asociaciones. Estas entidades parecen condenadas al silencio si el Gobierno francés decide alargar el estado de emergencia del 26 de febrero previsto inicialmente hasta julio de 2016, cuando concluirá en Francia la Eurocopa de fútbol.

El 23 de diciembre el primer ministro Manuel Valls presentó en el Consejo de Ministros la propuesta de reforma de la Constitución que el presidente François Hollan­de anun­ció el pasado 16 de noviembre para inscribir en ella el estado de emergencia.

Este proyecto, que será debatido en la Asamblea Nacional en enero, no sólo lo extenderá de tres a seis meses, sino que también pretende incorporar en la Consti­tu­ción algunas de las medidas fetiche del Frente Nacional de Marine Le Pen, como la retirada de la nacionalidad francesa a los acusados de terrorismo yihadista que dis­pongan de una doble nacio­na­li­dad. Con­tem­pla, además, un refuerzo significativo del poder policial. Una vez haya concluido el estado de emer­gencia, este cuerpo podría seguir realizando inspecciones administrativas y requisando documentos y armas sin ningún tipo de control judicial.

Vigilancia generalizada

“Estoy en contra de esta sociedad de vigilancia generalizada”, declaró en el medio digital de información local Rue89 Bordeaux el diputado ecologista Noël Mamère, uno de los seis miembros de la Asamblea Nacional que se opusieron en noviembre a la adopción del estado de emergencia. “El Go­bierno prevé que los arrestos domiciliarios y las inspecciones administrativas afecten a cualquier persona cuyo comportamiento sea una amenaza para el orden público. ¿Esto significa que vamos a detener a los militantes antinucleares, a los defensores de los ZAD (zonas a defender)?”, añadió.

El partido Europe Écologie Les Verts (EELV) es la formación de la izquierda francesa que ha expresado un mayor rechazo frente a la restricción de los derechos civiles. Tras ser suspendida por las autoridades, la gran marcha previa a la Conferencia del Clima de París terminó convirtiéndose en una manifestación ilegal, lastrada por los incidentes con la policía y el arresto de 200 manifestantes. Lejos del foco mediático, 24 militantes ecologistas fueron arrestados domiciliariamente durante el trascurso de la COP21, y al menos se produjeron dos inspecciones en locales de asociaciones defensoras del medio ambiente, informó la Agen­cia France-Presse.

Eventos vs. manifestaciones

“La voluntad de manifestarse que prevaleció después de los atentados de enero ha dejado de ser un derecho”, denuncia la Liga de los Derechos Humanos en el texto Sortir de l’état d’urgence, publicado el 17 de diciembre. Según subraya este manifiesto, los prefectos ejercen con una geometría variable su función de garantizar la seguridad pública.

Mientras que grandes acontecimientos deportivos o sociales, como el mercado de Na­vidad de Estras­burgo, que recibirá en torno a unos dos millones de visitantes, se celebran gracias a un costoso despliegue policial y militar, un número elevado de concentraciones civiles no reciben la autorización de la prefectura.

Resulta inquietante el caso, revelado por el diario digital Médiapart, de la prohibición de una manifestación antifascista en la localidad bretona de Pontivy, donde un grupúsculo de extrema derecha organizó un acto antimusulmán y en contra de la acogida de refugiados sólo unas pocas horas después de los atentados del 13 de noviembre.

“Una vez ha pasado la emoción, ha llegado el momento de decir basta”, ha declarado la presidenta de la Liga de los Derechos Hu­ma­nos, Françoise Dumont, en el diario L’Humanité. El líder del Front de Gauche, Jean-Luc Mélen­chon, que al principio apoyó las medidas excepcionales adoptadas por el presidente Hollande, considera que “el estado de emergencia es una herramienta para combatir los movimientos sociales”, declaró en el semanario Ma­rianne. Incluso el ala izquierda del Partido Socialista (PS) se muestra cada vez más crítica con el Go­bierno, y en particular con su voluntad de retirar la nacionalidad francesa a los acusados de terrorismo que tengan una doble nacionalidad.

Medida de extrema derecha

La retirada de la nacionalidad “es una medida inútil, que no tendrá ningún efecto disuasivo frente a los terroristas kamikazes”, ha declarado en una entrevista en Médiapart el profesor de Derecho de la Uni­versidad de Rouen, próximo a la órbita socialista, Jean-Philippe De­rosier. Critica el hecho de que se trate de “una medida defendida por la derecha y la extrema derecha. Al contemplarla, la izquierda está traicionando a su electorado”. El PS, y en particular la ministra de Justicia, Christiane Taubira, se opuso después de los atentados de enero a adoptar tal decisión, que cuestiona asimismo los valores republicanos, al contemplar la retirada de la nacionalidad a ciudadanos binacionales que hayan nacido en Francia.

Tras los atentados del 13N, el presidente François Hollande ha abrazado de forma significativa el programa de la extrema derecha en aras de apaciguar el miedo de un país golpeado por el terrorismo yihadista en tres ocasiones en sólo un año. Con este giro político pretende disputarle el electorado centrista al expresidente Nicolas Sar­kozy, que utiliza desde hace meses un discurso con tintes xenófobos parecido al del Frente Nacional.

Según un sondeo de Ifop del 18 de diciembre, Hollande, por primera vez en los últimos tres años, supe­raría a Sar­kozy en la primera vuelta de las presidenciales de 2017, quedando sólo por detrás de Ma­rine Le Pen. Los objetivos electoralistas del presidente socialista parecen imponer el letargo del activismo francés.

(Fuente: Diagonal / Autor: Enric Bonet)