Ex trabajadores de Delphi denuncian a la Junta por la formación
Los ex trabajadores de Delphi no se rinden. Este mismo martes se han cumplido 800 días del encierro que un grupo de afectados por el cierre de Delphi mantiene en el edificio de sindicatos de Cádiz para exigir una solución definitiva a la situación del colectivo y lo han “celebrado con una nueva acción, en esta ocasión de carácter judicial.
La Asociación de Extrabajadores de Delphi ha formalizado una denuncia penal contra la Junta de Andalucía como responsable de la supuesta simulación de contratos laborales cuando el colectivo recibía formación. Así, se dirige inicialmente contra los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de contra los consejeros responsables del área de Empleo entre 2007 y 2012: Antonio Fernández y Manuel Recio.
Según ha explicado a Europa Press el gabinete jurídico de la asociación –que aglutina a unos 400 extrabajadores y es independiente de los sindicatos, pues se creó a raíz de la “desconfianza” sobre cómo están llevando este asunto–, la denuncia se ha presentado en los juzgados de Sevilla y está pendiente de que se proceda al reparto de la causa.
Contra Chaves, Griñán y los exconsejeros de Empleo
Se dirige inicialmente contra Chaves, Griñán y contra los exconsejeros de Empleo, así como contra todo aquel al que puedan extenderse las responsabilidades derivadas de los hechos. Es decir, contra “los responsables del sistema de contratos simulados” para el mantenimiento de las prestaciones, que ha tenido un resultado “sumamente perjudicial” para los trabajadores. Consideran que puede haberse incurridos en posibles delitos de prevaricación, simulación de contratos y falsedad documental.
Desde la asociación han recordado que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), con fundamento en un informe de la Inspección de Trabajo, considera simulados dichos contratos laborales, sirviendo dicho informe para sancionar a empresas que impartieron la formación, como Fueca e Inteca, que han reaccionado “demandando a los trabajadores”.
Señalan que dos de los tres juzgados de lo Social que llevan el asunto han desestimado la medida cautelar que solicitaba el SEPE de suspender el subsidio a los afectados, mientras que otro de esos juzgados –el Juzgado de lo Social número 3 de Cádiz– “ha acordado desestimar los recursos presentados por los extrabajadores en una resolución conjunta acumulada” y, por tanto, aplica la medida cautelar. Los juicios están señalados para los años 2017 y 2018.
Además de la suspensión cautelar del subsidio, destacan otros perjuicios como la posible anulación de los periodos de cotización o el dictado de una sentencia que les obligue a devolver las prestaciones. Y todo pese a que la propia Inspección de Trabajo señala en su informe que fueron “ajenos a tal simulación” y que “no intervinieron ni en la elaboración ni en la puesta en marcha de estas iniciativas”.
Sistema “diseñado” por la Junta
Según han resaltado, dicho informe de la Inspección expone que sí se ha comprobado la existencia de “un sistema de subvenciones directas concebido por la Administración de la Junta de Andalucía para dar cumplimiento a sus compromisos políticos con los afectados por el cierre de la factoría”.
En este sentido, agrega que “parte de estas subvenciones se destinó a financiar la simulación de relaciones laborales –con la colaboración de determinadas empresas, asociaciones y fundaciones– para proporcionar prestaciones de la Seguridad Social indebidas a un gran número de extrabajadores de Delphi”.
Según han enfatizado, los perjuicios para los extrabajadores derivados de esta situación es “aún más grave” si se tiene en consideración que para mantenerse en el Dispositivo de Tratamiento Singular “se exigió a cada uno de ellos la firma de un contrato de adhesión individual que implicaba el compromiso de aceptación y cumplimiento de los planes de formación y de las contrataciones laborales que ahora parecen resultar no ajustadas a derecho”.
(Fuente: Andalucía Información)
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