Gran Bretaña mantiene la orden de arresto contra Julian Assange pese a que la justicia sueca ya no lo reclama por supuestos delitos
La Justicia británica confirma su decisión de mantener la orden de arresto contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, refugiado en la embajada de Ecuador en esta capital desde 2012, pese a que la justicia sueca ya no lo reclama por supuestos delitos de carácter sexual.
Según un informe del Tribunal divulgado este martes, en el mes de enero el abogado de Assange, Mark Summers, solicitó a la Corte de Magistrados de Westminster suspender el mandato de detención que no permite salir libremente al informático de la delegación ecuatoriana.
El alegato del letrado se basó en que la “orden británica perdió su propósito”, luego de la clausura del caso y la suspensión de un arresto internacional. “Él pasó cinco años y medio en condiciones que, bajo cualquier punto de vista, son similares a una prisión, sin acceso a tratamiento médico o la luz del sol, circunstancias peligrosas para su salud física y psicológica”, agregó Summers.
No obstante, los magistrados decidieron rechazar el levantamiento de la orden de detención y sostuvieron que los argumentos eran “extraños e insostenibles”, pues Assange fue liberado provisoriamente y tenía la obligación de someterse a la custodia del tribunal “en tiempo y forma”.
La sentencia de la Corte de Magistrados de Westminster, que se puede apelar ante instancias superiores, respalda una orden que se dictó cuando Assange violó las condiciones de su libertad condicional en el Reino Unido al entrar en la legación diplomática.
La jueza del distrito, Emma Arbuthnot, dictaminó que la negativa del australiano a presentarse ante la justicia cuando estaba establecido por su libertad condicional, representa una transgresión de la ley. “Si no aporta una causa razonable para no haberse presentado ante el juez, será culpable de un delito”, precisó Arbuthnot, mientras destacó que “una vez frente al tribunal, el acusado tendrá la oportunidad de argumentar esa causa razonable”.
El fundador del portal de filtraciones WikiLeaks se refugió en la embajada de Ecuador en Londres en junio de 2012 para evitar ser extraditado a Suecia, que le reclamaba por supuestos delitos sexuales, aunque la justicia del país nórdico cerró el caso el pasado mayo.
El activista ha rehusado salir de la legación por el temor a que Estados Unidos emita una orden de extradición para cuestionarle por la filtración de miles de cables diplomáticos e información confidencial a través de WikiLeaks. Su equipo legal ha criticado que las autoridades del Reino Unido se niegan a confirmar o negar si Washington ha enviado a Londres una petición en ese sentido.
En julio del 2016, WikiLeaks publicó 20 mil correos pirateados del Partido Demócrata, de Estados Unidos, aunque Assange se declara inocente de las acusaciones. Sin embargo, el fiscal general norteamericano, Jeff Sessions, aseguró el año último, que el arresto del programador es una prioridad.
En diciembre, el Gobierno le concedió a Assange la nacionalidad ecuatoriana y pidió para él estatus diplomático, en un intento por desbloquear la situación y que el activista pudiera salir de su encierro. El Ministerio de Exteriores británico negó ese estatus diplomático y señaló que el “caminó para resolver este problema pasa por que Julian Assange abandone la embajada y se enfrente a la justicia”.
Ecuador confirmó este martes que mantendrá la protección a Julian Assange luego de conocer que Reino Unido ratificara la orden de prisión que pesa contra el fundador de WikiLeaks. “El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana informa de que el Gobierno de Ecuador mantendrá la protección internacional para el ciudadano Julian Assange mientras persista el peligro para su vida”, señala un comunicado de la cancillería.
En el texto se añade que esta decisión se adopta “de acuerdo al mandato constitucional de defensa de los derechos humanos y a los tratados internacionales en la materia suscritos por el país”. El pronunciamiento se da después de que el Tribunal de Magistrados de Westminster decretó que la orden británica de arresto que pesa sobre el ciberactivista sigue siendo válida.
El Gobierno ecuatoriano reiteró también que “mantiene las mejores relaciones con Reino Unido y que se mantendrán los esfuerzos para encontrar una solución satisfactoria para los dos países y respetuosa de los derechos humanos”.
(Fuente: Prensa Latina)
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