Solo una de las siete depuradoras andaluzas que no estaba operativa hace tres años se ha puesto en funcionamiento
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó en julio de 2018 sentencia por la que se imponía una multa al Estado español, que crece a razón de algo más de 10 millones por semestre, por la existencia de nueve depuradoras sin funcionamiento. Siete de ellas se encontraban en Andalucía: Matalascañas (Huelva), Alhaurín el Grande (Málaga), Isla Cristina (Huelva), Coín (Málaga), Barbate (Cádiz), Nerja (Málaga) y Tarifa según informa El País.
De momento, solo se ha conseguido poner en marcha la estación de la aglomeración de Tarifa, que trata las aguas residuales de 20.000 habitantes.
El Ministerio español para la Transición Ecológica presentó un calendario en el que se fijaba 2023 como el año en el que estarían listas las depuradoras de las nueve aglomeraciones urbanas afectadas.
La sanción que tiene que afrontar el Estado español por la falta de depuración de las aguas residuales en nueve aglomeraciones urbanas —en las que viven más de 350.000 personas— asciende ya a 53,4 millones de euros. Es la mayor multa de la Unión Europea a la que ha tenido que hacer frente España desde que ingresó en el club comunitario. Continuará creciendo semestre a semestre mientras no se solucionen los problemas de todas estas zonas denunciadas por Bruselas. El inicio de esta sanción se remonta hasta el 31 de diciembre de 2000, fecha en la que todas las aglomeraciones de más de 15.000 habitantes de la Unión Europea debían depurar correctamente sus aguas según una directiva.
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