PSOE y Sumar acordaron aumentar los fondos a la educación concertada en el pacto de gobierno

Este miércoles el diario El País anunciaba que el Gobierno, de la mano del Ministerio de Educación, se dispone a aumentar los fondos que recibe la educación concertada, asumiendo el marco de la patronal que asegura que estos centros están infrafinanciados. Para ello el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, aseguraba a este diario que se establecerá de “forma objetiva” cuál es el coste real del servicio educativo que presta la enseñanza concertada y, tras ello, se procederá a actualizar esta cantidad. A cambio de una subida en la asignación, desde Educación esperan que se eliminen las cuotas que estos colegios hacen pagar a las familias de manera ilegal. 

Este movimiento llevaba tiempo cociéndose, aunque no se había puesto el foco sobre él. Tal y como se puede leer en el pacto de Gobierno entre Sumar y PSOE, en su página 26, ambos partidos se comprometieron a combatir la segregación escolar “mediante la actualización de los módulos y de otros costes de funcionamiento de los centros concertados sostenidos con fondos públicos para asegurar que su oferta es accesible a todas las familias sin peajes ocultos o sesgos de cualquier tipo en la admisión, impidiendo la segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos”.

Para Daniel Turienzo, investigador, doctor en Educación y maestro de primaria, este planteamiento parte del “buenismo”: para acabar con las cuotas, que cobran el 80% de los colegios concertados a las familias según un estudio de CICAE, y la segregación que se produce, hay que aumentar las partidas que se llevan estos centros. “Cobrar cuotas es ilegal y lo lleva siendo desde 1985 que se establece en la legislación. Si desde 1985 se ha hecho impunemente, queda naif pensar que esto se va a perseguir ahora dándoles más dinero y sin ningún mecanismo de penalización”, expresa Turienzo, autor del libro Educafakes. 50 mentiras y medias verdades sobre la educación española (Capitán Swing, 2024).

“Cobrar cuotas es ilegal y lo lleva siendo desde 1985 que se establece en la legislación. Si desde 1985 se ha hecho impunemente queda naif pensar que esto se va a perseguir ahora dándoles más dinero y sin ningún mecanismo de penalización”, expresa Daniel Turienzo

Para Turienzo lo que debiera hacer el Gobierno es perseguir judicialmente a los colegios que cobran cuotas, algo ilegal ,tal y como se indica en el artículo 88 de la LOMLOE. “La normativa establece que si se incumplen los términos del concierto este se puede retirar, pero ningún Gobierno ha tenido la voluntad”, añade. Tampoco entiende que dar más dinero sea un mecanismo para frenar la segregación.  “La segregación escolar es la base del sistema concertado. Este sistema está pensado para que no sea inclusivo, la mayoría de estos centros están en los barrios más ricos. Pensar que ellos quieren voluntariamente ser inclusivos no es una realidad, está en sus propias bases el no serlo”, añade.

Las cuotas que se cobran de manera ilegal

Según el último estudio de CICAE, al que anteriormente se hacía alusión, el 79,4 % de los colegios cobra una cuota base a las familias y en el 72% de los casos no existe voluntariedad, “contraviniendo el derecho a la gratuidad de las enseñanzas obligatorias sostenidas con fondos públicos”. Los centros con titularidad mercantil son los que cobran importes más elevados a las familias, con una cuota promedio de 108,38 euros al mes y los colegios pertenecientes a congregaciones religiosas, que son los más numerosos, son los que cobran menores importes a las familias, con una media de 60,10 euros al mes. Por otro lado, se detectan un 14 % de casos de exclusión si las familias no pagan la cuota, llegando al 31% en algunos centros concertados de la Comunidad de Madrid.

Mientras esto sucede, la financiación que recibe la educación concertada por parte de las administraciones públicas no ha dejado de incrementarse. Según se refleja en el Sistema estatal de indicadores de Educación 2024 el gasto público en conciertos se ha incrementado un 28,5% entre 2011 y 2021, pasando de ser 5.779 millones de euros a 7.426 millones.

Fuente: El Salto.