Marea Turquesa: la lucha por los niños tutelados por la Administracción en el Estado Español
“No hay nada peor que arrebatarle a una madre sus hijos. Es el negocio del dolor”. Así describe una integrante de la Marea Turquesa el drama que viven miles de familias a las que el sistema ha retirado a sus hijos y los ha internado en centros o entregado a familias de acogida. Detrás de esta práctica institucional está la falta de recursos que ha provocado la crisis y un lucrativo negocio.
La Marea Turquesa nació a principios de verano, cuando varias asociaciones de todo el Estado como APNE (Andalucía), Familias del siglo XXI (Madrid), Luchemos por ellos (Valencia) y Mamá Gorila (Catalunya), comenzaron a unirse. “Éramos pequeños grupos luchando cada uno en su zona. Empezamos abriendo grupos privados de chat y luego tuvimos una reunión el 6 de junio en Sevilla. Muchas plataformas feministas nos dan apoyo en todas las ciudades donde estamos presentes”, explican.
Los datos oficiales hablan de cerca de 43.000 niños tutelados en el Estado en 2014, pero la Marea sostiene “que hay muchos más”. “Hemos detectado un aumento muy grande a raíz de la crisis. El 90% de los casos que tenemos son familias vulnerables, sobre todo económicamente, o víctimas de violencia de género. Cuando van a pedir ayuda a los Servicios Sociales, en vez de ayudar, les quitan a los menores. Enmascaran la pobreza apartando a sus hijos de sus padres. En el caso de las familias desahuciadas, si nadie les acoge, en 24 horas les retiran a sus hijos”, denuncian.
Así es como empieza el drama para muchas familias: pidiendo ayuda para alimentar a sus hijos o siendo desahuciadas. Pero las integrantes de la Marea Turquesa hablan de más casos: “Si detectan que tienes pocos recursos económicos, o que no llevas a tus hijos a una guardería que no necesitas, te marcan. Y una vez que ponen el ojo en los niños, ya no hay nada que hacer. A las niñas tuteladas que han sido madres las persiguen toda la vida. Tutelan a los bebés antes de nacer”.
Un lucrativo negocio
Y es que los niños se han convertido en un negocio. El llamado “interés superior del menor” está supeditado al rendimiento económico de su gestión. Los Servicios Sociales están transferidos a las comunidades autónomas, que privatizan los servicios. Empresas, fundaciones y asociaciones
–muchas de ellas católicas, otras dependientes de bancos o multinacionales– se lucran con el negocio del dolor. Un dato: cada niño tutelado supone para sus gestores una inyección de unos 4.000 euros al mes. Centros, puntos de encuentro, familias de acogida, cursos… Todo vale para hacer caja. Las afectadas se encuentran entonces con un personal que no es funcionario, con psicólogos no colegiados y cuya lógica es la de la máxima rentabilidad.
Las madres señalan a empresas como la Fundación Diagrama. “Tiene informes que no son nada imparciales y no hay ningún control sobre esto. Tiene a sus espaldas denuncias por malos tratos”, señalan. También O’Belén, fundada en 1999 por Manuel Ureña, arzobispo emérito de Zaragoza; Manuel Pizarro, expresidente de Endesa; y Javier Morales, director territorial de Ibercaja Madrid, entre otros. Entre sus patronos han figurado Eduardo Pons, de Peugeot; Julio Mateo, de Grupo Lábaro; o Javier Herrero Sorriqueta, de Iberdrola.
O’Belén acumula denuncias de malos tratos, algunas de las cuales motivaron que el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas se dirigiera al Estado español para transmitir su preocupación por los protocolos de medicación, las medidas de aislamiento y falta de transparencia.
Otra entidad es Dianova, especializada en centros de menores con problemas de drogas, cuyo origen se vincula a la asociación El Patriarca, catalogada en Francia como secta; o la Fundación Grupo Norte, que lo mismo gana dinero con la seguridad, la limpieza o el telemárketing, que con el trabajo social. También denunciada por malos tratos, su presidente José Rolando Álvarez, ha sido presidente de Iberaval y consejero de Mapfre Mutualidad.
Quienes sufren este calvario se ven obligadas a aprender derecho si quieren recuperar a sus hijos. Cuando Servicios Sociales decide que hay que retirar a un menor, sin necesidad de que lo diga un juez, la Fiscalía de Menores lo firma sin contrastar la veracidad del informe. A partir de ese momento, tienen dos meses para recurrirlo. Ahí empieza la batalla legal. “Están convirtiendo situaciones de riesgo en desamparo de facto. Y no es lo mismo, porque desamparo es maltrato físico y psicológico grave. Por situaciones de riesgo, a menudo parciales, están retirando a los niños”, sostienen desde los servicios jurídicos de la Marea.
La Marea Turquesa ha empezado a salir a la calle los primeros domingos de cada mes para visibilizar su lucha. El 2 de octubre se manifestaron en Madrid, Barcelona, Bilbao, Mallorca, Sevilla y León. “Juntarse funciona. También hacemos labor política”, reconocen. En el poco tiempo que lleva, la Marea Turquesa ya ha conseguido algunos logros, como parar alguna preadopción o la devolución de visitas.
Seis años luchando por recuperar a Walter
“Cuando un niño es expropiado, su tiempo, sus expectativas de futuro, el tiempo y el futuro de sus padres son colonizados por un ejército de profesionales y voluntarios subvencionados”, explica el filósofo y pedagogo Enrique Martínez Reguera. Esto es lo que le ha pasado a la familia de Ferdinand Kome y Monike Mabakong, a quienes el Servicio de Protección del Menor del Gobierno de Cantabria arrebató su hijo, Walter, cuando contaba seis años de edad, en 2009 y que, desde entonces, siguen luchando para recuperarlo.
El caso de Walter ha sido retratado por Enrique Martínez Reguera en el libro Por si llegas a leernos, querido Walter, que fue presentado el pasado domingo en la parroquia San Carlos Borromeo, en el barrio de Entrevías, en Madrid. La cita, a la que asistió Ferdinand y miembros de la plataforma Marea Turquesa, de familias afectadas por la Ley de Protección Jurídica del Menor, sirvió para poner sobre la mesa el drama que sufren miles de familias a las que la Administración les ha quitado a su hijos, en algunos casos como respuesta a las sospechas de maltrato, pero en otros muchos por la situación de vulnerabilidad de la familia.
“En el 90% de los casos que tenemos, son familias vulnerables, sobre todo económicamente, o víctimas de violencia de género. Cuando van a pedir ayuda a los Servicios Sociales, en vez de ayudar, les quitan a los menores”, explicaban desde la Marea Turquesa en un artículo publicado en este periódico en octubre. En el caso de las familias que se enfrentan a un desahucio, desde esta plataforma apuntan que, si nadie les acoge, “en 24 horas les retiran a sus hijos”.
En el caso de Ferdinand y Monike, la razón que llevó a la Administración cántabra a quitarles a su hijo Walter fue la sospecha de maltrato después de que, en el mismo año, le llevaran varias veces al hospital. “Hasta ahí, la Administración hizo lo que tenía que hacer, pero después fue todo un despropósito”, explica Martínez Reguera. La pérdida de la custodia de su hijo fue acompañada de una causa penal que terminó en absolución después de que el juzgado comprobara que no había maltrato en esta familia. Sin embargo, esto no se tradujo en la recuperación de Walter, que pasó de un centro de menores a ser dado en adopción a una familia, sin contar antes con la familia extensa del menor –sus abuelos reclamaron su custodia en varias ocasiones–, a pesar de que así lo dicta la legislación autonómica, estatal e internacional sobre derechos de la infancia. “Lo último que nos han dicho desde la Administración es que, habiendo pasado tantos años, es mejor para Walter que se quede con la familia adoptiva”, lamenta Ferdinand. Actualmente Walter tiene ya 12 años, y sus padres no han conseguido verle desde que cumplió nueve.
“Sospechamos que la familia adoptiva no sabe nada”, explica Martínez Reguera. “Las comunidades autónomas suelen evitan el enfrentamiento y la comunicación entre las familias biológicas y adoptivas, cuentan horrores de la familia biológica”, continúa.
Durante la transición, la custodia de los menores en desamparo era una transacción “que se realizaba a través de las monjitas”, explica Martínez Reguera en alusión también a los miles de casos de niños robados durante el régimen franquista y los primeros años de la democracia, apuntando que “en España nunca ha habido más tráfico de niños que en los años 80 y 90”. “Ahora, el remedio ha sido mucho peor”, continúa el pedagogo.
Martínez Reguera apunta como culpable a la Ley de Protección del Menor. “Llevamos 40 años comprobando que se está cargando las relaciones humanas”. El filósofo explica que, con esta ley, la Administración, en vez de dar apoyo a las familias, les impone un ejército de técnicos y burócratas. “Los derechos del menor se pierden en todos estos vericuetos”, explica.
Desde la Marea Turquesa han convocado concentraciones en la plaza del Sol durante los días 17, 18 y 19 de diciembre.
(Fuente: Diagonal / Autores: F. Fafatale y Ter García)
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