Málaga y Granada, ciudades de referencia para infiltraciones policiales según agente infiltrada en Catalunya (vídeo)

Lo destapó el programa de TV3 ‘30 minuts’ en su programa emitido este pasado domingo. Un programa de investigación realizado en colaboración con ‘La Directa’ sobre las infiltraciones policiales en los movimientos populares de los Països Catalans. En él se ha revelado la conversación en la que el activista Óscar Campos desenmascara a la policía infiltrada Maria Isern Torres.

En un momento de la conversación ella cita tres ciudades donde hay infiltraciones policiales: Salamanca, Málaga y Granada. Málaga es la segunda ciudad andaluza con mayor población y Granada la cuarta.

María Isern, una polícia infiltrada

A principios de 2020, esta agente policial se hizo pasar por Maria Perelló Amengual y empezó a frecuentar los movimientos sociales de Girona. Ahí conoció a Óscar Campos, con quien comenzó a tener una relación sentimental y lo utilizó para conseguir información.

Una vez salieron a la luz las investigaciones de ‘La Directa’ sobre agentes infiltrados, Óscar empezó a sospechar de esta mujer y, junto a una amiga, comenzó a investigar su pasado. Fueron hasta su pueblo de origen en Mallorca, donde tras preguntar a unos vecinos descubrieron su verdadera identidad.

El día antes de que la infiltración policial de Maria Isern saliese a la luz, Òscar Campos accedió a que los periodistas de ‘La Directa’ grabasen la última videollamada mantenida con ella. A diferencia de otros casos, en los que los policías colgaron y desactivaron el teléfono, Maria Isern mantuvo una larga conversación con él, en la que se confiesa y trata de justificarse.

«Soy de la misma promoción de todos los demás», señala en relación a los demás policías infiltrados que se habían unido, según dice, a la Unidad de Información.

Intenta justificar de alguna forma la relación que habían tenido: «Sé que suena hipócrita o lo que sea, pero es que tú me has conocido de verdad. Te lo juro. Solo te he ocultado que he estudiado Criminología y que soy policía. Tú estás seguro, tu familia está segura, todo tu entorno está seguro. No he dicho nada. Y a ti precisamente te he ayudado. Te he beneficiado más de lo que te he perjudicado», le dice la agente.

Óscar Campos le pide explicaciones, a lo que Maria Isern intenta justificarse revelando un modus operandi de la Policía española en la que este caso es solo uno más. «Hay infiltrados en toda España, ¿lo entiendes? En toda España: Salamanca, Málaga, Granada… Es que vosotros lo habéis asociado todo al independentismo. No es verdad, no es verdad. Deja de pensar en la puta política, no quieras hacer bombo de eso porque las familias se destrozan, he visto a familias destrozadas por eso», señala.

«No me hables de destrozar familias porque tú ya la has destrozado. Me da igual. María, adiós», le dice el activista antes de colgar.

“Estas operaciones son tortura y atentan contra la democracia”

Califican el modus operandi y las prácticas desarrolladas por los policías infiltrados de “tortura” y de operaciones “intencionadas” que han generado un impacto. Hasta ahora ya son tres las querellas interpuestas a raíz de las operaciones de infiltración de los agentes DHP en Barcelona , ​​RMF en Valencia  y Maria IT en Girona, así como una demanda contencioso-administrativa de Òmnium Cultural por el primer episodio de infiltración policial descubierto, el de Marc Hernández Pons, que está pendiente de resolución en el Tribunal Constitucional.

“Conscientes de que el sistema judicial no reparará los daños ni los impactos causados, la acusación judicial pretende generar un precedente, como ocurrió en el caso del Reino Unido “, defiende el grupo Acción contra el Espionaje de Estado, creado en Barcelona después de la publicación de la infiltración del agente DHP bajo la identidad ficticia de Daniel Hernàndez Pons. El colectivo hace referencia a la sentencia que dictaminó, en septiembre de 2021, que una operación secreta de la policía británica había vulnerado hasta cinco derechos fundamentales del activista Kate Wilson, quien había mantenido una relación sexoafectiva con el oficial encubierto Mark Kennedy.

Delito de tortura

Todas las acciones jurídicas impulsadas coinciden en defender que las infiltraciones policiales serían constitutivas de los delitos de tortura y contra la integridad moral y de revelación de secretos, puesto que habría habido una “instrumentalización” de las afectadas para “obtener información reservada y privada”. Pau Pérez-Sales, psiquiatra y director del Centro Sira, que ha ofrecido apoyo y acompañamiento psicológico a las afectadas, también defiende que se habría cometido un delito de tortura. En el documental Infiltrats lo explica de la siguiente manera: “Para considerar el delito de tortura, deben darse tres elementos: un sufrimiento grave, una intencionalidad —propósito de obtener información— y debe hacerlo un funcionario del Estado . Todos los supuestos se dan aquí”.

En relación con la querella del caso de Dani, Fiscalía pidió al juzgado de instrucción 21 de Barcelona que no admitiera a trámite la querella criminal, al considerar que no se había cometido ningún delito. Meses más tarde, con un argumento similar al de Fiscalía, el juzgado de instrucción 21 de Barcelona descartaba también la comisión de ningún delito. Ambos organismos consideran que hubo consentimiento en las relaciones sexoafectivas, que las mujeres afectadas aceptaron las relaciones “libremente, sin violencia ni intimidación”. Irídia y CGT, impulsoras de la querella, recurrieron a la Audiencia de Barcelona las inadmisiones de Fiscalía y el juzgado, y ahora las han elevado al Tribunal Constitucional . En el caso de Girona, bajo la dirección letrada de Benet Salellas, la querella se interpuso en noviembre de 2023 y el juzgado de instrucción no se ha pronunciado todavía. En el caso de Valencia, la acción jurídica, impulsada por Alerta Solidaria, se interpuso el pasado jueves 9 de enero.

“Tanto el juzgado como la Audiencia de Barcelona han avalado y se han hecho suyo el discurso de la Fiscalía, que alega que investigar el caso podría poner en peligro la seguridad del Estado. Se prioriza una cuestión supuestamente securitaria por encima de nuestros derechos fundamentales”, critican desde el grupo de Acción en un comunicado hecho público este lunes. En su caso, hacen énfasis en que “las prácticas de tortura han ido acompañadas de agresiones sexuales perpetradas por el policía infiltrado ”, por lo que denuncian que se trata de un caso de “violencia institucional sexualizada”. “Se ha atentado contra la dignidad y la integridad de las personas. Las infiltraciones conllevan unos daños y unas secuelas irreparables, y exigimos que se investiguen los hechos y que acabe con estas prácticas abusivas”, remachan las afectadas organizadas en Acción.

En el comunicado conjunto se recuerda que los impactos de las infiltraciones son una “cuestión política y colectiva”, porque “responden a una operación de Estado”. Destacan que se trata de “un atentado contra la democracia, los derechos fundamentales y las libertades de todas”, al tiempo que se evidencia que “todo el tejido asociativo es susceptible de convertirse en víctima de este tipo de vulneración de derechos ”. Por eso hacen un llamamiento a la solidaridad y el apoyo mutuo para “generar una respuesta colectiva”. “No normalizamos ni acatamos los ejercicios de violencia en manos del Estado: el conjunto de casos destapados hasta ahora nos demuestran la gran amplitud de colectivos o personas que pueden ser objetivo”, remachan desde Acció.

A través de su cuenta de X —antiguo Twitter—, el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha catalogado las infiltraciones policiales como “prácticas más propias de un estado policial que de un estado de derecho”, y ha pedido que no queden impunes. Por su parte, en declaraciones a 3Cat, Lluís Llach, presidente de la Assemblea Nacional Catalana, ha lamentado que todavía “no haya pasado nada”, en referencia a la impunidad de la que todavía gozan los policías infiltrados, sus superiores jerárquicos y, en última instancia, el ministro de Interior.

Desde Amnistía Internacional, a través de Twitter, han destacado que “identificar como objetivos de infiltración policial a personas, exclusivamente, por su activismo y ejercicio del derecho a la protesta es difícilmente compatible con el derecho internacional de los derechos humanos”. Consideran que estas prácticas son “invasivas” y suponen un “elevado riesgo de vulneración de derechos”, por lo que exigen a las autoridades que se investigan de forma “exhaustiva” los hechos y se reparan las personas afectadas.

Fuentes: TV3 / Directa / Naiz.