La mayoría de los beneficiados por la “amnistía” del PSOE serán agentes de la Policía y la Guardia Civil

por Francisco Vílchez · 15/11/2023

La mayoría de las personas que van a beneficiarse de la ley de “amnistía” presentada este lunes por el PSOE en las Cortes serán agentes de la Policía y la Guardia Civil. El artículo 1.e) de la propuesta de ley establece que serán amnistiados los agentes procesados por sus desmedidas actuaciones en el marco del referéndum del 1 de octubre de 2017.

Es difícil establecer con precisión una cifra, pero podrían ser hasta 73 los agentes beneficiados, mientras que en el caso de los catalanes y catalanas no superan las 60 personas.

Establecer una comparativa desde el punto de vista cuantitativo no refleja la singularidad de los casos, habida cuenta de la benevolencia habitual con la que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son tratados en los procesos judiciales en el Estado español. No obstante la sola comparación entre un grupo de hipotéticos beneficiados y otro establece muchas dudas a propósito del carácter y alcance de esta propuesta de ley estatal.

Las penas que están pidiendo las acusaciones a los agentes están entre los dos u los nueve años de cárcel, además de la inhabilitación profesional. Podrían quedarse en muchísimo menos en el caso de que hubiera sentencia condenatoria, cosa poco habitual cuando un agente es denunciado.

Algunos agentes procesados han manifestado su incomodidad porque se les aplique esta la ley de amnistía, sabedores de que en la mayoría de los casos su paso por los tribunales tendría el mismo resultado que esta.

Los 12 miembros de los CDR procesados en la Operación Judas podrían quedare fuera de la “amnistía”

El redactado de la ley de “amnistía” no es tan firme como vende el PSOE. Según Vilaweb la ambigüedad del redactado de la primera parte de la ley -si se mantiene tal cual está- podría dejar fuera a los 12 ciudadanos catalanes detenidos y procesados en la Operación Judas contra los CDR. Pero, por otra parte, parece que existen casos, como el de la Operación Judas del 23 de septiembre de 2019, que no son tan fáciles de relacionar con el texto. Por tanto, si un juez interpretase que no queda incluido en la primera parte, en la de delitos amnistiables, se podría llegar a abrir una rendija, aunque parece un escenario improbable según este medio.

Si no hubiera modificaciones, se prevé que sean amnistiados no sólo la organización y realización de la consulta y el referéndum, sino también otros “posibles actos ilícitos” relacionados, y en un artículo específico dice que quedarían amnistiados actos contra el orden y la paz pública con el propósito, entre más, mostrar apoyo encausados y condenados.

Teniendo en cuenta que la operación Judas, según el relato de la fiscalía, era la preparación de la respuesta a la sentencia contra el procés, es decir, una acción de protesta contra la condena de los responsables del 1-O, podría quedar incluida en esta parte, pero así como en todo ese redactado se mencionan algunos delitos que quedarían amparados por la ley (por ejemplo, desobediencia, desórdenes públicos y atentado contra la autoridad), no se mencionan ni la pertenencia a organización terrorista ni la tenencia ilícita de explosivos, delitos que se atribuye a los procesados. Tampoco otros delitos que afectan a otras causas, como el delito de lesiones o la revelación de secretos. Sí se hace una referencia general a que quedarían amnistiados actos “contra la paz pública”.

Así como algunas partes del texto pueden relacionarse fácilmente con casos concretos, sobre el 23-S es más difícil encontrar referencias indirectas. Por ejemplo, el texto dice que quedarán amnistiados quienes hubieran prestado “asistencia, colaboración, asesoramiento de cualquier tipo, representación, protección o seguridad a los responsables” de los actos cometidos con la intención de “reivindicar, promover o procurar” la independencia, además de los que hubieran contribuido “a la consecución de estos propósitos”, o bien “que hubieran recogido información a estos efectos”.

Ciudadanos catalanes amnistiados

Es difícil cuantificar todas las personas afectadas en Catalunya por la ofensiva judicial española. Hay muchos casos en los que los nombres se solapan en varias causas, pero no serían en todo caso más de sesenta. Los nombres más mediáticos que podrían ser amnistiados son:

Carles Puigdemont. El líder de Junts y ex presidente catalán tiene tres frentes abiertos en los tribunales. En el Supremo, está procesado por delitos de desobediencia y malversación por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. También es uno de los 35 ex altos cargos catalanes encausados en el Tribunal de Cuentas (TCu) por la responsabilidad contable derivada del supuesto desvío de fondos para los gastos del 1-O y de la acción exterior del ‘procés’. Y, por último, la Audiencia Nacional (AN) ha dirigido contra él la causa donde se investiga a la plataforma independentista Tsunami Democràtic.
Oriol Junqueras. El líder de ERC y ex vicepresidente catalán fue condenado en 2019 por el Tribunal Supremo (TS) a 13 años de cárcel e inhabilitación por sedición y malversación, aunque en junio de 2021 se le indultó la pena de cárcel. También está encausado en el TCu.
Artur Mas y Francesc Homs. El expresidente y su ex consejero fueron condenados por el TCu a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones de euros por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. También están en la causa abierta en el TCu por los gastos del 1-O y de la acción exterior del ‘procés’.
Toni Comín (Junts). El ex consejero catalán y eurodiputado está procesado en el TS por delitos de desobediencia y malversación por el 1-O. También está encausado en el TCu.
Clara Ponsatí (Junts). La exconsejera catalana y eurodiputada está procesada en el Supremo por desobediencia por el 1-O. Es otra de los encausados en el TCu.
Lluís Puig (Junts). El exconsejero catalán está procesado en el TS por desobediencia y malversación. También está encausado en el TCu.
Marta Rovira (ERC). La secretaria general de ERC, que permanece exiliada en Bélgica, está procesada en el Supremo por desobediencia por el 1-O. Llarena mantiene la orden de detención nacional en su contra para poder recibir su declaración indagatoria y concluir sumario. Además, está investigada en la AN por ‘Tsunami Democràtic’.
Raúl Romeva (ERC), Jordi Turull (Junts) y Dolors Bassa (ERC). Los tres ex consejeros fueron condenados por el TS a 12 años de prisión e inhabilitación por sedición y malversación. El Gobierno indultó su pena de prisión, pero permanecen inhabilitados por desobediencia y malversación. Serán parte de los juzgados por el TCu.
Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. El ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana y el de Òmnium Cultural, respectivamente, fueron condenados por el TS a 9 años de prisión e inhabilitación por un delito de sedición. El Gobierno también perdonó sus penas de prisión y el Supremo revisó sus casos por la citada reforma penal sustituyendo dicho delito por desórdenes públicos. Son otros de los encausados en el TCu.
Carme Forcadell (ERC), Josep Rull (Junts) y Joaquim Forn (Junts). El Supremo condenó a la ex presidenta del Parlament y los ex consejeros a penas de hasta 11 años y medio de prisión e inhabilitación por sedición. Sus penas de cárcel fueron indultadas por el Gobierno y sus casos examinados tras el último cambio del Código Penal, lo que supuso reemplazar dicho delito por desórdenes públicos. También responderán ante el TCu.
Anna Gabriel. El Supremo procesó a la ex diputada de la CUP en el Parlament por un delito de desobediencia por su supuesta participación en la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de Cataluña.
Meritxell Serret. La consejera de Acción Exterior de la Generalitat también se entregó al Supremo regresando desde Bélgica en 2021 y el pasado abril fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a un año de inhabilitación por un delito de desobediencia por su participación en la organización y celebración del 1-O.
Josep Lluís Alay y Xavier Vendrell. El jefe de la oficina de Puigdemont y el ex consejero de ERC se encuentran investigados en un Juzgado de Barcelona por ‘Voloh’, el caso en el que se indaga en el presunto desvío de fondos públicos al independentismo. También forman parte de los imputados en la AN por ‘Tsunami Democràtic’.
Natàlia Garriga, Josep María Jové y Lluís Salvadó. La consejera catalana de Cultura, el presidente de ERC en el Parlament y ex secretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, y el ex secretario de Hacienda del Govern, respectivamente, están a la espera de juicio en el TSJC por el 1-O.
Miquel Buch. El ex consejero de Interior fue condenado a 4 años y medio de cárcel por designar al mosso d’esquadra Lluís Escolà como cargo de confianza para que escoltara a Puigdemont en el extranjero.
Lluís Escolá. Fue condenado a 4 años de cárcel y 10 de inhabilitación por malversación.

Fuentes: Europa Press / Vilaweb / 20 Minutos.

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Francisco Vílchez

Andaluz de Granada (1980). Grado en Humanidades en la UGR. Pluriempleado en el sector servicios y aficionado a hablar de lo que la prensa no dice ni pío.

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